La
Revista Semana describe la forma como el paramilitarismo opera en el Bajo Cauca,
mientras el Gobierno guarda silencio y oculta el problema dando el nombre de “Bacrim” (Bandas Criminales) a los grupos
paramilitares que continúan amenazando y asesinando a la oposición política en Colombia.
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Bajo Cauca. Foto: Oscar Jaimes Ríos/Gobernación
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2014/
Septiembre 15/ REMAP/ Por: SEMANA/
SEMANA estuvo en la zona en donde fue asesinado el periodista Luis Cervantes y encontró sitios de tortura, extorsiones, homicidios y sobre todo la ley del silencio impuesta por alias Darío y las nuevas Bacrim.
Terror
en el Bajo Cauca
La
pena de muerte contra Sixto Manuel Peralta estaba anunciada. Comenzó a circular
de boca en boca en los alrededores del corregimiento de Piamonte, en el
municipio de Cáceres (Antioquia), y se hizo realidad en junio cuando un hombre
lo degolló a machete, en plena vía pública, frente a varios miembros de la
comunidad. El cuerpo quedó tendido, durante varias horas, como un aviso
para quienes se atrevan a quedarse con la plata de una vacuna, dice un funcionario
de esa población.
Al
cuerpo de este joven no se le practicó levantamiento, necropsia, ni fue velado.
Ni siquiera hay una denuncia por su muerte en la Fiscalía. Su cadáver, tal como
lo confirmó SEMANA con cuatro fuentes distintas, fue recogido en el camino
entre Piamonte y la vereda La Granja, y luego acomodado en un cajón de madera
que donó la Alcaldía. Fue enterrado en medio de la más completa
prudencia. Todo, porque además de la ley del terror, tienen la del silencio.
Hoy
nadie se atreve a pronunciar el nombre del joven ni de la barbarie a la que
están siendo sometidos. No hay registros de su muerte en la Alcaldía, en el
Concejo, ni en la funeraria. Los familiares de Sixto también se guardaron para
sí el crimen. “Muy lamentable lo que le ocurrió a esa familia, pero, ¿y usted
por qué sabe eso? Si eso se supone que no lo sabe nadie”, dijo un funcionario
local a los enviados de SEMANA.
La
decisión de callar vino de Darío, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas
de Colombia que ejerce un poder omnipresente en un territorio de más de 3.000
hectáreas al que se accede cruzando el río Cauca, desde un muelle ubicado a 15
minutos por carretera de Caucasia. Al amparo de la humedad y del sopor, no se
ven hombres armados. Pero sí las miradas tensas de los campaneros que alertan
sobre la presencia de desconocidos.
Para
pasar al otro lado, prohibido para los forasteros, hay que subirse a un viejo
ferry cuyos encargados (extorsionados permanentemente por las bandas
criminales) cobran entre 40.000 y 450.000 pesos según el carro. Cruzar es
llegar a predios herméticos donde están las haciendas del extraditado Carlos
Mario Jiménez, alias Macaco, dominadas por los hombres de Darío pese a estar en
manos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De acuerdo con
solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras de Caucasia se
cuentan en más de 80 las fincas que supuestamente Macaco despojó.
Pero
más allá de Piamonte, el fortín de Darío, está Guarumo, un paraje colindante
con el río que según un fiscal adscrito al Gaula de la Policía ha sido
utilizado como campo de torturas. El miedo a hablar es tanto que la madre de un
joven desaparecido y asesinado en Guarumo ha preferido ocultarles lo ocurrido a
algunos miembros de su familia. Cuando le preguntan simplemente dice que
no ha vuelto. “Algún día la gente sabrá lo que hacen con los muchachos, los
niños y los adultos allá. Los matan, los pican y los tiran al río. Eso es lo
que hacen”, dice.
La
Fiscalía poco a poco se ha ido enterando de otros casos. Hace un par de meses
una mujer de una ONG divisó desde la orilla del río una parte de un brazo que
flotaba en el río Nechí. En la fotografía que tomó se puede ver que la
extremidad lleva un tatuaje que coincide con el de un joven desaparecido en el
corregimiento de Puerto Bélgica, de Cáceres. Por reportes que reposan en la
Fiscalía, se sabe que el 27 de febrero de 2014 vieron por última vez con vida a
dos jóvenes cuyo nombre SEMANA se reserva para proteger a las víctimas. Uno de
los dos tenía un tatuaje similar al fotografiado.
De
alias Darío, el hombre que genera tanto miedo, dicen que no supera los 40
años y que tiene cédula de un municipio de Cundinamarca, en la misma tierra
donde nació Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excomandante de las AUC
recordado en Tarazá por haber mandado a matar campesinos a tiempo que construía
hospitales y hacía obras sociales. Y no es coincidencia que sean coterráneos.
Con el propósito de edificar en la década del noventa el Bloque Mineros de las
AUC, Vanoy se llevó para Tarazá a un puñado de paisanos de confianza a los que
llaman Los Caparrapos.
Ahora
en el Bajo Cauca el control ilegal simplemente ha cambiado de nombres. Una vez
Macaco y Vanoy se sometieron al proceso de Justicia y Paz (ambos fueron
extraditados) los mandos medios comenzaron una puja que tuvo su momento más
duro en 2010. Urabeños, Rastrojos y un grupo de los Paisas se disputaban la
zona a muerte. Con el tiempo, según fuentes de inteligencia de la Policía, el
territorio quedó dividido en franquicias otorgadas por el Clan Úsuga, el de los
Urabeños. Alias León, Darío, 6-7 y Morroco se reparten desde distintos flancos
el poder en iguales cantidades.
Ese
poder se nutre de la minería ilegal, las extorsiones y la coca. Para 2012, en
el Bajo Cauca se concentraba la mitad de estos cultivos de todo Antioquia,
según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas. Esa
droga termina en el golfo de Urabá y Córdoba.
Pero
ahora lo grueso está en la minería. Cifras de la Agencia Nacional minera
indican que el año pasado se explotaba 23.605 hectáreas, de 349.000 que poseen
títulos mineros. Sin contar lo ilegal. Sobre el río Nechí, por ejemplo, hay 41
puntos detectados. Una retroexcavadora paga 3 millones de pesos mensuales en
vacunas a los ilegales, dicen en Caucasia. También “hay unas 400 dragas de
minería que también tienen que aportar”, denuncia un exfuncionario
público. Y a eso se le suma el chantaje al erario: pedían el 12 por ciento para
dejar construir los parques educativos de Tarazá y Cáceres, proyectos insignia
del gobernador Sergio Fajardo.
Alias
Darío ha intentado incluso influir en las decisiones políticas en la región. El
21 de julio pasado citó a los concejales de Cáceres a una reunión en la isla La
Amargura, más allá de Piamonte, con el ánimo de impedir que aprobaran la
construcción del comando de Policía y un empréstito que solicitó el alcalde por
4.000 millones de pesos.
Leiderman
Ortiz, periodista del diario La Voz del Pueblo, hizo la denuncia. “Cuando la
Policía fue, la reunión se había acabado. Apenas quedaron las sillas en fila”,
cuenta. Los concejales lo niegan, pero el periodista se reafirma. Atreverse a
hablar en un lugar donde todos callan le ha salido caro. Su casa, en un sector
popular, es un búnker blindado que ya recibió el impacto de una granada de
fragmentación.
Por
el lado de Tarazá tampoco escampa. Allá, en el territorio de alias Morroco fue
asesinado el periodista Luis Cervantes y el exalcalde Reinaldo Posso Muñetón,
mano derecha de Héctor Leonidas Giraldo, el actual burgomaestre, quien ha
recibido amenazas. Y todo aquello sigue ocurriendo en medio del silencio. Un
silencio que parece un mal chiste si se leen las estadísticas oficiales de la
Policía de Antioquia: durante 2014 no se reportan denuncias por extorsión.
Porque la orden de Darío y sus hombres es no hablar. Y mucho menos de los
muertos.
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