Pero ni las grandes personalidades se han salvado, como es el caso del señor Sigifredo López Tobar, el cual ustedes ya conocen el escándalo que hubo. En este contexto se produce la detención arbitraria mediante un montaje judicial del aquí libretista Hugo Horacio Ramírez Burgos, líder campesino y educador de este municipio presentado como colaborador de las FARC.
2014/ Septiembre 4/ REMAP/ Prisioneros Políticos/
Por: Hugo Horacio Ramírez Burgos, prisionero político
de conciencia
Líder campesino, integrante de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA
Análisis sobre el tema de víctimas y el sector
campesino e indígena del municipio de Pradera, Valle del Cauca [Descargar]
No hay mejor medio de
encontrar la libertad que luchar por ella
Simón Bolívar
De manera atenta y respetuosa me dirigió a ustedes con
el fin de contar algunos episodios que han ocurrido, específicamente en la zona
rural debido al conflicto político, social y armado que se ha presentado desde
hace ya mucho tiempo en las regiones más alejadas y olvidadas por parte del
Estado colombiano.
El municipio de Pradera, Valle del Cauca, está ubicado
geográficamente al sur del Valle, en el cual hay aproximadamente 54 mil
habitantes de diferentes razas o etnias, dentro de las cuales podemos nombrar
campesinos, indígenas y afrodescendientes, como los principales que habitan.
Los límites de este municipio son: al norte con el municipio de Palmira, al sur
con el municipio de Florida, al oriente con el municipio de Candelaria y al
occidente con el departamento de Tolima (Cordillera Central).
La economía de este municipio depende esencialmente de
lo agropecuario, en gran variedad, especialmente su producción viene de la zona
rural. Es un municipio demasiado rico en agua, flora y fauna, compuesto por una
zona de páramo llamada “Páramo de las Tinajas”. Los habitantes de la zona
urbana dependen del trabajo en el monocultivo de la caña de azúcar a través del
Ingenio Central Castilla, el cual es muy mal pago, como es el caso de los
corteros de caña, que en su gran mayoría son afrodescendientes, ciudadanos que
en últimas les ha tocado ceder su terreno a este ingenio porque se vieron
acorralados, y no tenían cómo poner a producir sus parcelas, o sea terminaron
empleados de esta empresa. Por otro lado, los campesinos e indígenas se
desplazan hacia la parte alta de la montaña para buscar su estabilidad
familiar, buscando así mecanismos para la producción de alimentos en gran
variedad, señalando entonces que la gran mayoría de esta población son de escasos
recursos y su estratificación es de nivel 0 y 1 y la gran mayoría tiene muy
bajo nivel académico.
En este orden de ideas, dando a conocer algunos
pormenores de nuestro municipio, nombraremos a continuación más o menos la
historia de los grupos insurgentes que han operado en la región.
En los años 80 aproximadamente, empiezan a hacer
presencia los grupos insurgentes o guerrilleros como: M-19, Movimiento Jaime
Bateman Cayón, ELN y FARC. Desde esos mismos años estos grupos insurgentes
realizaban sus reuniones en diferentes corregimientos, explicando por qué
estaban alzados en armas y cuáles eran las causas de su presencia armada no
solo en este municipio sino en todo el país (lo que ocurre es que a este
municipio llegaron en este año). Para esta época únicamente había presencia de
los grupos insurgentes.
Después de los años 80 empieza a hacer presencia el
Ejército Nacional. Desde ese mismo momento empiezan los enfrentamientos entre
el Ejército y los insurgentes de estas regiones y con esto la problemática para
toda la población civil campesina e indígena. En medio del enfrentamiento se da
inicio a un conflicto político, social y armado, ocasionando desplazamiento de
la población a la zona urbana mientras cesaba el fuego, para nuevamente ir de
regreso a las comunidades de origen. Pero con este conflicto lo que se
ocasionaba solamente era el desplazamiento, era la pérdida de todos los
animales y demás enseres que poseían estos habitantes de diferentes regiones,
además de la estigmatización o señalamiento por parte del Estado, o sea se
producía conflicto para ocasionar desplazamiento. Esa era la “estrategia del
Estado”.
Desde ese mismo momento se empiezan a evidenciar
víctimas del conflicto armado, reunidas así entre campesinos e indígenas, que
son los que vivían a diario el enfrentamiento entre las parte involucradas. El
gobierno adelanta a través de las fuerzas militares del Ejército y la Policía,
supuestamente un control de las zonas para sacar de esos lugares a los grupos
guerrilleros antes mencionados, argumentando así que causaban demasiado daño a
las comunidades.
Pero el control o persecución no lo orientaron contra
los grupos insurgente, sino contra la comunidad campesina e indígena que
habitaba la región, de esa manera empezaban las persecuciones y asesinatos
selectivos de integrantes de estas comunidades, a través de la fuerza
(supuestamente legal) F2 del Ejército y la Policía. Miremos entonces la
historia, si es que en verdad el gobierno ha hecho presencia para combatir los
grupos insurgentes y de esta manera sacarlos o exterminarlos de estas zonas. La
historia nos cuenta otro capítulo. Desplazamiento, persecución, desapariciones,
asesinatos, señalamientos, estigmatización, detenciones. ¿A quién? A campesinos
e indígenas de los cuales tenemos varios ejemplos desde ese momento hasta
ahora:
En la zona rural alta de montaña se produce en 1985 el
señalamiento y asesinato del líder campesino Gildardo Ramírez Ramírez a manos
de las fuerzas “regulares” F2. Él trabajaba como agricultor de una finca de la
vereda Bolo Blanco. Un día que bajó a la zona urbana del municipio a comprar
alimentos para sus familiares fue asesinado; luego de 15 días fue encontrado en
un cañal vía Florida con muchas señales de tortura, entre ellas ácido en su
rostro, que quedó totalmente irreconocible. En esa época se hicieron varias
denuncias ante las instituciones municipales, departamentales y nacionales por
parte de su esposa, familiares, amigos y conocidos ante las autoridades
competentes, pero el crimen aún está en la impunidad.
A mediados de los años 90, es perseguido y luego
asesinado el señor José Dielber Ramírez Burgos, también trabajador de la zona
rural, asesinado a manos del gobierno, únicamente por vivir y trabajar en esta
región de conflicto. Luego es encontrado con señales claras de tortura por los
lados de Yumbo-Valle. Se hacen múltiples denuncias en la Personería, Fiscalía,
Procuraduría, etc., remarcando que José Dielber era hijo de Gildardo Ramírez
Ramírez, quien había corrido años atrás con la misma suerte. Este crimen también
sigue en la absoluta impunidad.
Por esos años continúa el conflicto en las regiones de
alta montaña, municipio de Pradera-Valle, hay enfrentamientos constantes entre
partes intervinientes. A mediados del año 2000, aparecen las AUC
(paramilitares), llegan a estas regiones. Era lo único que le faltaba a este
municipio. Empiezan a hacer presencia en La Buitretra (municipio de Palmira),
luego pasan hacia El Arenillo y desde esos lugares se desplazan hacia los
corregimientos de Los Pinos, La Carbonera, El Retiro, El Nogal, La Feria, San
Isidro, El Líbano, San Antonio, Potrerito, Bolo Blanco y Bolo Azul, entre
otros.
Estos grupos paramilitares del Bloque Calima, a mando
del señor alias H.H, se despliegan por todas las regiones ocasionando cualquier
cantidad de atropellos a las familias que allí habitaban como son:
desplazamientos, persecuciones, desapariciones, señalamientos, hurtos,
violaciones a las menores de la región, reclutamientos forzados, asesinatos
masivos de campesinos e indígenas, total violación de los derechos humanos a la
integridad de los habitantes de estas regiones. Es muy fácil señores verificar
todos estos atropellos, los cuales fueron denunciados en su momento ante todas
las entidades encargadas del tema y aun no hay respuesta de ello. Estas denuncias
reposan en los registros a nivel municipal, departamental y nacional como medio
probatorio.
Pero lo peor no es esto, las fuerzas armadas del
Ejército y la Policía empiezan a operar de manera conjunta con las AUC, como es
el caso de los batallones Agustín Codazzi y Pichincha, ambos del Valle y
financiados por el sector industrial y grandes comerciantes de Cali, Tuluá,
Buga, Pradera, Florida, entre otros. Se suponía que la tarea del Ejército era
proteger a la población civil, no unirse a los atropellos de las AUC del Bloque
Calima.
De esta manera se agudiza aún más la problemática en
estas regiones, ya la población civil perdía las esperanzas de encontrar la
tranquilidad, el Ejército se unía a uno de los grupos más sanguinarios del
país, como son los paramilitares, se aumentan más los enfrentamientos entre los
diferentes bandos en constante conflicto político, social y armado en estas
regiones. ¿Quiénes eran los más afectados? Nadie más que campesinos e
indígenas.
Entonces, ¿será que no hay suficientes elementos para
decir que estas poblaciones sí son víctimas del conflicto armado? Pero es que
esto no lo estamos inventado! hay suficiente material probatorio para demostrar
los argumentos aquí expuestos y el mismo gobierno conoce de esta situación a
través de sus medios de comunicación como televisión y radio, además de las
denuncias y códigos de desplazamiento de todos los habitantes.
Se continúa la presencia de los grupos guerrilleros,
el gobierno no es capaz con ellos, pero sí es capaz de matar, de perseguir y
señalar a todo aquel que viva en las zonas de conflicto, para demostrar
entonces sus avances frente a este fenómeno y demostrar así sus positivos de
combate a los grupos insurgentes y entonces mostrar falsos positivos,
asesinando, desapareciendo y deteniendo masivamente, diciendo que hacen parte
de los grupos insurgentes a todos los campesinos e indígenas de estos
corregimientos. En realidad sí somos víctimas del conflicto armado en Colombia.
Pero analicemos, señores encargados del tema de
víctimas, ¿será que en realidad el gobierno ha dado un golpe contundente a
estas estructuras guerrilleras de estas regiones o más bien quiere justificar
sus acciones en pobres inocentes incapaces de esta región como son los
indígenas y campesinos?
Fortaleciendo aún más este relato, analicemos las
detenciones masivas que ha realizado el Estado colombiano a campesinos,
indígenas, afrodescendientes, educadores, transportadores, líderes comunales,
entre otros, queriendo demostrar así que hacen parte de las redes de apoyo de
los grupos guerrilleros que hacen presencia en las regiones, pero a través de
sus falsos montajes judiciales para dar resultados a la opinión pública, todos en su mayoría
les ha tocado soltarlos, como son los casos de los afro; los corteros de caña
que por estar en una movilización reclamando sus derechos fueron señalados como
colaboradores del sexto frente de las FARC; los indígenas del resguardo Kwet
Wala y su líder Luis Ángel Perdomo, el cual fue señalado como comandante del
mismo; los transportadores Tiberio Enrique Morero, Roberson Barcia y otros,
también señalados como transportadores de alimentos del mismo frente; la muerte
del señor Calima Muñoz como transportador de leche de los corregimientos más
distantes. Pero ni las grandes personalidades se han salvado, como es el
caso del señor Sigifredo López Tobar, el cual ustedes ya conocen el escándalo
que hubo. En este contexto se produce la detención arbitraria mediante un
montaje judicial del aquí libretista Hugo Horacio Ramírez Burgos, líder campesino y educador de este municipio presentado
como colaborador de las FARC.
Esto lo realiza el gobierno con el fin de mostrar sus
resultados a la opinión pública a nivel nacional e internacional, dizque está
combatiendo a los grupos insurgentes. ¿Será que sí?
Con esta pequeña argumentación le pregunto a los
señores encargados del tema de víctimas, entonces quienes son las verdaderas
víctimas del conflicto? Serán los policías o soldados o más bien los habitantes
de estas zonas rurales que han sufrido el constante conflicto sin portar un
arma. Como estos ejemplos hay muchos más en la zona rural y urbana, pero ni el
gobierno municipal, departamental o nacional se han pronunciado ante esta
situación.
Con estos elementos materiales probatorios, solicitamos
que se tenga en cuenta a las minorías campesinas e indígenas para esta
discusión con el gobierno en el actual proceso de paz que cursa en La
Habana-Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano.
Tenemos mucho por contarle al país y a los países acompañantes
de este proceso, que Pradera y Florida han sido estigmatizados por el Estado
colombiano como municipios guerrilleros, pero la realidad es otra. Son
municipios pujantes de gente buena, trabajadora, honrada pero que en realidad
necesitan otras condiciones de inversión social para así encontrar una paz
duradera con justicia social para todos sus habitantes. Les ruego entonces
señores encargados del tema de víctimas que luchemos por incluir a las
verdaderas víctimas (campesinos e indígenas) del conflicto armado de este
municipio.
De otro lado señores, no incluyan a aquellos
paracaidistas que quieran aterrizar y sacar provecho de estos diálogos que se
están desarrollando entre las FARC y el gobierno colombiano.
Por último, señores delegados del tema de víctimas,
recojamos las denuncias concretas que se puedan demostrar por medio de
campesinos e indígenas y que no se le dé credibilidad a los politiqueros de
turno del municipio, que lo único que quieren es sacar provecho de la
coyuntura, como es el caso del actual alcalde del municipio de Pradera Adolfo
León Escobar Pineda, que quiere meter a todos sus aliados como víctimas del
conflicto y ni siquiera conoce las zonas rurales donde se ha presentado el
mismo conflicto.
Por todo esto, necesitamos que se pelee la
representación de estas comunidades (campesinos e indígenas) en este importante
tema de víctimas entre el gobierno y las FARC, el cual se adelanta en La
Habana, Cuba.
Documento escrito desde la cárcel de mediana y alta
seguridad de Palmira, Valle del Cauca “Villa de las Palmas”.
Atentamente:
Hugo Horario Ramírez Burgos
Líder campesino, educador del municipio de Pradera e
integrante de ASTRACAVA
TD: 22065 - NUI: 377151 - Patio No. 01 - Pasillo D,
celda No. 12
Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Palmira, Valle del Cauca, Agosto de 2014
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