Se propone a la Mesa de Diálogos de La Habana – Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP, promover este tipo de Cabildos Abiertos en cada uno de los municipios en donde ha campeado la violencia, como medio para hacer más eficaz la labor de las entidades competentes del Estado, pero fundamentalmente para que la ciudadanía ejerza el derecho y el deber de buscar la paz.
2014/ Octubre 15/ Derechos Humanos/ Por: Organizaciones campesinas
DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON EL CABILDO SOBRE LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CAMPESINA. TULUÁ, OCTUBRE 14 DE 2014.
Reviste
singular relevancia que en uno de los municipios más violentos del departamento
la ciudadanía haya optado por llevar a cabo un cabildo que indaga sobre la paz,
los derechos humanos y las luchas que adelantan los campesinos y campesinas,
máxime cuando se alcanzan terribles actos de inhumanidad como los acaecidos en
el municipio en los últimos años, hechos que recuerdan la barbarie de León
María Lozano, el cóndor, en la época de la Violencia, pájaro que asoló los
campos de una buena parte del departamento y que tuvo como epicentro a nuestro
querido municipio de Tuluá.
Esta
violencia que produjo una catástrofe humanitaria de enormes proporciones en el
país entero y que modificó la configuración del poblamiento en las zonas
rurales, se extendió por todos los años cincuenta y sesenta, derivó en éxodos
campesinos hacia tierras inexploradas, conllevando a la colonización de selvas
y montañas y a la ampliación de la frontera agrícola, con las consecuencias
ambientales y sociales que esto representa.
Hablar
de paz, de derechos humanos y luchas campesinas implica entonces recordar que
la Violencia y la subsiguiente violación a los derechos humanos en la historia
de Colombia, tiene una tendencia a ser cíclica, cada cierto tiempo se acentúan
los asesinatos, desapariciones, amenazas, persecuciones, detenciones
arbitrarias, violación de los derechos de las comunidades. Desde los años
cuarenta y hasta la actualidad, cada una de las décadas pasadas han
dejado la imborrable huella de la violencia en la memoria de las comunidades.
Así ocurrió a inicios del siglo XXI, cuando el proyecto paramilitar de las
Autodefensas Campesinas de Colombia, AUC, del Bloque Calima, comandadas por el
Sr. Ever Veloza o HH, que en su paso por Tuluá dejara un panorama de
desolación, agravio, muerte, desplazamiento forzado, ruptura/desarraigo forzado
del campesino con su tierra, los cultivos y los animales, vidas enteras
dedicadas al trabajo que se esfuman en un segundo por acción de la
violencia.
Violencia
que en muchas ocasiones le es funcional a la planificación estratégica del
Estado y a los intereses de las empresas por instalar inversión de capital en
ciertos territorios o ampliar las inversiones existentes, así ocurrió en la
cordillera central en los municipios de Tuluá, Buga, San Pedro y Palmira.
Las
comunidades campesinas no olvidamos que tres años después de la desmovilización
del Bloque Calima en 2004, entre los años 2007 y 2010 al mismo tiempo que EPSA
y las empresas subsidiarias avanzaban en la construcción de las denominadas
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, paralelamente las comunidades campesinas sufríamos
de un permanente hostigamiento físico y psicológico por parte de la fuerza
pública, hurto de ganado, de gallinas, de alimentos, destrucción de cercos,
ocupación de bienes protegidos de la comunidad, combates, allanamientos
ilegales, aparición de hombres encapuchados patrullando conjuntamente con las
Brigadas Móviles del Ejército, acoso a las jóvenes campesinas por parte de los
soldados, intentos de violación, ametrallamientos aéreos de los cultivos,
detenciones arbitrarias, montajes judiciales y el asesinato del Labriego Cesar
Cuadros Leal en la vereda Culebras corregimiento de Monteloro en Julio de 2008
a manos de la Brigada Móvil No 20, son prueba suficiente de que un nuevo ciclo
de violencia que provocó zozobra y temor en las comunidades se había instalado.
No
ha sido sino por la valiente acción de las comunidades que se ha avanzado en
materia de protección de los derechos humanos, proceso de denuncia que ha hecho
eco en los organismos internacionales encargados de proteger los Derechos
Humanos de las comunidades. No podemos negar del acompañamiento de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH,
como tampoco del papel importante del Comité Internacional de la Cruz Roja
Internacional, CICR; más sin embargo, si podemos decir, que en muchos casos nos
hemos encontrado con funcionarios poco interesados en escucharnos, quienes a
veces, con dolo actúan de manera poco diligente en los procesos de apoyo y
seguimiento a las denuncias que formulamos como organizaciones campesinas,
hechos violatorios con claros responsables que duermen plácidamente durante
largos periodos en la Procuraduría y en la Fiscalía Nacional de la República,
sin que se sancione Penal o disciplinariamente a los implicados, mientras que
las víctimas son perseguidas, sus teléfonos chuzados, los seres queridos
amenazados, los campesinos estigmatizados, las organizaciones campesinas y
defensoras de derechos humanos señaladas incluso por altos mandos militares y
políticos acomodados, quienes piensan más en sus bolsillos y estatus, antes que
en corregir y sancionar a la tropa por los hechos violatorios cometidos.
Esta
es una forma de violencia más sutil pero no por ello menos nociva; en efecto
esta violencia genera impunidad. Impunidad que es muestra de la incapacidad y
la falta de voluntad del Estado para identificar e individualizar a los
responsables de las masacres, de los hechos violatorios, de las violaciones al
Derecho Internacional Humanitario que a diario comete la Fuerza Pública en las
regiones campesinas del municipio, del departamento y la nación entera.
Impunidad que desgasta a las comunidades y a las organizaciones que ven a veces
como inoficiosa la tarea de la denuncia, por cuanto saben que la denuncia será
simplemente almacenada en anaqueles del olvido. Impunidad porque el victimario
es juez y a la vez parte, en tanto los afectados son citados a las brigadas
militares para “resolver” asuntos que debieran ser resueltos por medio de las
entidades competentes, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la
Fiscalía. Impunidad porque las entidades competentes se han desacreditado por
su propia mano, puesto han intentado favorecer intereses de victimarios
acusados de delitos de lesa humanidad, como sucedió con el coronel Robinson
Gonzáles del Río y el Magistrado Villaraga del Consejo Superior de la
Judicatura, siendo este solo uno de cientos de casos similares. Intentos de
generar impunidad como consecuencia de los distintos intentos del Ministerio de
Defensa de tramitar en el Congreso de la República leyes para que los delitos
de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares sean juzgados y
sentenciados por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria.
El
Cabildo Abierto sobre la paz, los derechos humanos y la lucha campesina,
pretende evitar que la violencia sea olvidada y las víctimas desahuciadas.
Pretende evitar la desesperanza de comunidades enteras.
El
sueño de la paz con justicia social no podrá ser materializado jamás si se
mantienen intactas las estructuras del Estado encargadas de velar por la vida,
la justicia, la verdad, la reparación, la reintegración y las garantías de no
repetición. Verá la luz la paz con justicia social el día en que autoridades y
la ciudadanía, puedan acordar con cordura los cambios que la sociedad
necesita, siendo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente el medio
para lograr una nueva constitución que fortalezca los deberes y derechos de los
ciudadanos para el beneficio de los pueblos de esta nación y que elimine los
denominados “micos” que se le han colgado para el beneficio de unos
cuantos.
Este
Cabildo Abierto, es el necesario espacio de la ciudadanía que pretende que las
entidades competentes se encarguen verdaderamente de hacer justicia, para que
se garantice la verdad y para que los hechos que generan violencia no se
repitan nunca más en las tierras del municipio, del departamento y por qué no,
de la nación entera. De ahí deviene su trascendencia.
Consideramos
finalmente proponer a la Mesa de Diálogos de La Habana – Cuba entre el Gobierno
y las FARC-EP, promover este tipo de Cabildos Abiertos en cada uno de los
municipios en donde ha campeado la violencia, como medio para hacer más eficaz
la labor de las entidades competentes del Estado, pero fundamentalmente para
que la ciudadanía ejerza el derecho y el deber de buscar la paz, derecho y
deber que ha sido ratificado por el artículo 22 de la Constitución Política de
Colombia.
Los
colombianos tenemos el derecho y el deber de promover los cambios necesarios
para que esta Colombia patria querida pueda hacer verdadero el sueño de la paz
con justicia social. Exigimos a las partes dialogantes que se comprometan a
lograrlo.
Coordinación Campesina del Valle del
Cauca, CCVC.
Asociación de Trabajadores Campesinos
del Valle del Cauca, ASTRACAVA.
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