El Estado colombiano, nuevamente a través de sus Fuerzas Militares, pretende encubrir sus acciones irregulares para ocultar estos graves hechos en contra de campesinos y afrodescendientes en un nuevo caso de "falso positivo" presentándolo como la baja de tres insurgentes de las Farc.
2014/ Noviembre 24/ Derechos Humanos/ REMAP
Como lo registró la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), los hechos ocurrieron el 13 de noviembre en el municipio Francisco Pizarro del
departamento de Nariño. Ese día la vereda Yari, ubicada en la rivera del Río Cualdá, sufrió un ataque indiscriminado por tierra y aire donde participaron la Fuerza de Tarea Pegaso, la Brigada Contra
el Narcotráfico, la División de Aviación y Asalto Aéreo, la Cuarta Brigada de
la Infantería de Marina y agentes de la Policía Nacional. (Ver denuncia)
Las
acciones de la Fuerza Pública tuvieron como epicentro, reporta la REDDHFIC, una
vivienda con once campesinos afrodescendientes que desde hace más de cuatro
años trabajan como cortadores de madera. Producto de las acciones militares,
que incluyó bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, dos de ellos, Dailer
Chanel Palacio Ledesma y José Arsenio Castro, perdieron la vida, mientras que
siete de ellos quedaron heridos presentando heridas en varias partes del
cuerpo, así como también se produjo la detención arbitraria del campesino
Carlos Sánchez, a quien la Fuerza Pública trasladó hasta las instalaciones del
Ejército en el municipio de Tumaco dejándolo incomunicado por tres días.
Las
acciones militares en contra la población civil además provocaron el
desplazamiento de cerca de 180 personas, momentos que agentes del Estado
aprovecharon para realizar allanamientos ilegales donde se produjo el robo de 8
millones de pesos en efectivo y la sustracción de víveres avaluados en 6
millones.
Pero
los hechos son todavía más graves. Testimonios de la comunidad aseguran que uno
de los campesinos asesinados, José Arsenio Castro, fue visto por última vez con
vida, herido y retenido por el Ejército, y a quienes repetidamente solicitaba
atención médica. Sin embargo, un día después, José Arsenio era presentado como un
integrante de las Farc dado de baja. Un nuevo caso de “falso positivo” que,
advierte la REDDHFIC, podría haber costado la vida a un campesino más, en tanto
que el primer informe del Ejército presentó un balance de tres guerrilleros muertos
en momentos que el labriego Carlos Sánchez permanecía desaparecido e
incomunicado por las Fuerzas Militares. Asegura esta organización de derechos
humanos que el caso es delicado, “en el
entendido que en el informe oficial de dicho operativo que realizó el Ejercito,
señalan: ‘se dieron de baja a tres (3) guerrilleros’, no obstante días siguientes dicha Institución rectifican lo antes dicho
registrando que fueron dos (2) los supuestos guerrilleros muertos”. (Ver denuncia)
Por
este caso las organizaciones sociales y de derechos humanos han exigido
justicia y protección para la población de la vereda Yari. También han
responsabilizado al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel
Santos y al gobernador de Nariño, Raúl Delgado, por las violaciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y al Derecho Internacional de los derechos Humanos (DIDH). Del
mismo modo han denunciado a los mandos de la Fuerza Pública responsables de los
operativos y ataques contra la población civil: el general Mario Augusto
Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército; el brigadier general Luis
Fernando Rojas Espinoza, comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso; y el teniente
coronel Javier José Pérez Watts, comandante de Policía de Nariño.
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