La subordinación de EMCALI a los intereses privados pasa necesariamente por la influencia que ejercen empresarios y banqueros sobre los gobernantes de turno que dicen defender el interés general pero que en los hechos se plegan a los sectores económicos y políticos dominantes pertenecientes al gran capital.
2014/ Noviembre 19/ Veeduría Ciudadana/ Por: Betty Jiménez y Pablo Borrero
El
proceso de marchitamiento de EMCALI deviene de tiempo atrás y su
acrecentamiento ha sido mayor con la intervención del gobierno nacional durante
más de trece años, a la cual debe sumarse lo ocurrido en la etapa actual en que
la empresa retornó a manos de la municipalidad.
Al
igual que otras empresas del Estado, EMCALI también se encuentra en el ojo del
huracán de las políticas de privatización inspiradas en la concepción
neoliberal que auspicia el deterioro y apropiación del patrimonio público y
reduce su acción política e institucional a la simple regulación que poco ó
nada ha contribuido a impedir los abusos de los monopolios que hoy manejan los
servicios públicos.
Dicho
proceso se ha venido cumpliendo con mayor rigor en la medida en que se ha
concentrado en manos de los monopolios el control y manejo de los servicios
públicos en la ciudad de Cali sometiendo a la empresa a competir en desigualdad
de condiciones con grandes consorcios privados, especialmente después de que se
aprobara la denominada ley de TICs, que le quitó el carácter de servicio
público domiciliario a la telefonía y le abrió el camino al sector privado para
que de paso pudiera utilizar la infraestructura de las empresas del Estado sin
tener que hacer mayores inversiones de capital para su expansión en el
territorio tal como ha sucedido con la utilización de las redes de fibra óptica
que posee EMCALI al respecto.
La
subordinación de EMCALI a los intereses privados pasa necesariamente por la
influencia que ejercen empresarios y banqueros sobre los gobernantes de turno
que dicen defender el interés general pero que en los hechos se plegan a los
sectores económicos y políticos dominantes pertenecientes al gran capital, para
quienes el verdadero propósito es obtener el máximo de ganancias con el mínimo
costo posible con la explotación de los servicios públicos.
Los
gobernantes que ceden con mayor presteza a las presiones del sector privado
tienden en la práctica a limitar la autonomía e independencia de las empresas
públicas y a restringir su actividad operativa tal como viene sucediendo con
EMCALI que ha comenzado a marchitarse en la medida en que sus unidades de
negocios pierden capacidad para competir en el mercado de los servicios
públicos. Esta situación ha sido advertida por los usuarios y por los
trabajadores a quienes no se les suministra los medios de trabajo
indispensables para realizar su labor, en tanto crece la actividad de las
empresas privadas que cada vez se expanden ante la mirada complaciente de los
directivos y administradores de EMCALI.
A
todo lo anterior hay que agregar la transferencia de la actividad comercial y
operativa en favor de un sinnúmero de contratistas privados a quienes no les
interesa la suerte de la empresa y desarrollan su actividad de manera
deficiente e inoportuna, generándose con ello un malestar generalizado en la
comunidad de usuarios de los servicios públicos.
Por
otra parte, en esta etapa de la existencia de EMCALI se ha venido consolidando
lo que podría calificarse como la unión
personal entre el sector público y el privado en virtud de la cual
integrantes del sector privado pasan al sector público y viceversa, generándose
un verdadero contubernio casi siempre en beneficio del sector empresarial
ligado a los grandes negocios de la ciudad y del capital financiero nacional e
internacional.
Ante
la probable escisión del componente de Telecomunicaciones revive la propuesta
de privatizar la empresa por la vía de la tercerización en la prestación del
servicio públicos de acueducto lo cual significa la entrega a varios operadores
privados del manejo y control del agua, tal como se hizo en la capital de la
república en donde se parceló su distribución por zonas. Mientras tanto, los
estudios y proyectos para la generación de energía de que tanto se habla se
encuentran archivados o paralizados en los anaqueles de los tecnócratas de
EMCALI obligada a tener que comprar energía costosa en la bolsa para atender a
los usuarios del régimen regulado a quienes les incrementaron el costo del
servicio de energía so pretexto del cambio climático que finalmente no se
produjo con el frustrado advenimiento del fenómeno del niño, circunstancia ésta
que no le impidió a la administración para sostener el precio del consumo del
kw hora a los usuarios del sistema no regulado del cual hacen parte grandes
industriales y comerciantes.
Entretanto
fluyen en el limbo jurídico y tecnológico de EMCALI toda clase de argumentos
dirigidos a justificar su privatización y la escisión de Telecomunicaciones que
de manera organizada y planificada viene haciendo carrera con la complacencia
de las viejas y nuevas bancadas mayoritarias del Concejo Municipal que en el
pasado aprobaron la privatización del alumbrado público y de la recolección de
basuras y del transporte público, etc.
Ante
este despropósito que conlleva al despojo del patrimonio público de EMCALI los
caleños y vallecaucanos tienen el deber moral y político de apersonarse del
asunto teniendo en cuenta que los costos de la privatización se reflejarán más
temprano que tarde en la factura de los servicios públicos, según lo indica la
experiencia vivida con los costos que hoy tienen que pagar los usuarios con la
privatización del alumbrado público que anteriormente era cubierto por EMCALI,
el alto costo de la recolección de basuras en manos privadas, y el valor del
cargo fijo aplicable a los servicios públicos domiciliarios con lo cual se
aumenta considerablemente el valor de la factura que se debe pagar mensualmente.
Desde
luego que no basta con indignarse y esperar a que EMCALI sea privatizada y el
componente de Telecomunicaciones escindido. La Constitución Política garantiza la participación ciudadana en
los asuntos que afectan directa ó indirectamente a los ciudadanos en materia
económica, política, social, administrativa, cultural, ambiental, etc., lo que
implica que los ciudadanos pueden acudir al mecanismo de la CONSULTA POPULAR que en todo caso podrá
adelantarse con ó sin la aprobación de
las autoridades municipales en desarrollo del derecho fundamental del
pueblo de ejercer su soberanía,
valiéndose para ello de los mecanismos de participación democrática
establecidos en la norma fundamental y leyes de la república, como la mejor
manera de defender el patrimonio público de EMCALI en interés de todos los
usuarios de los servicios públicos en la ciudad de Cali.
Veeduría
Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
Cali, Noviembre 14 de 2014
*Foto: Diario ADN
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