2014/ Noviembre 4/ Paramilitarismo/ Por: REMA-ACCP
De acuerdo a denuncia pública del 21 de octubre del 2014, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DHOC, señaló que en el departamento del Meta, concretamente en el municipio de Puerto Rico, en desarrollo de acciones militares arbitrarias y sistemáticas “integrantes del ejército nacional realizan señalamientos, actos de pillaje y amenazas en contra de integrante de la Junta Patriótica Meta (Marcha Patriótica), voceros de la MIA departamental, defensores de derechos humanos de DHOC y líderes campesinos”.
Según
la denuncia, el pasado mes de agosto, en momentos en que el señor Kevin
Ascencio Medina, se dirigía a Puerto Rico - Meta, un supuesto desmovilizado,
cuyo nombre corresponde al de Jorge Enrique Agudelo, y que apodan Pipe, lo
amenazó a él y al “señor Daza”, “[…] dígale a ese (hp) que se cuide el culo
porque ya nosotros lo tenemos ubicado”, al tiempo que aseguraba que la
mayoría de los dirigentes populares de la asociación campesina Agrocafre,
contaban con procesos de investigación, según él delincuente por nexos con
las FARC - EP.
Así
mismo el desmovilizado quien parece ahora fungir como paramilitar, le advirtió
al señor Kevin, que en Puerto Rico – Meta, “habían muchos paramilitares y
que además sabían que el señor Daza reside en Villavicencio”. Todas estas
amenazas las realizó en compañía de un oficial de la SIJIN de la Policía
Nacional, quien lo increpó con una serie de preguntas sobre algunos pobladores
de la región, mientras lo acusaba de ser el médico de la guerrilla.
El
otro amenazado, Edilberto Daza Bejarano, es integrante de la Junta Patriótica
del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica en el Meta, vocero de la MIA
(Mesa de Interlocución y Acuerdo) con el gobierno nacional, que surgió en el
marco del pasado Paro Agrario y Popular en el año 2013, y es también defensor
de los derechos humanos y líder campesino.
Por todo lo anterior, la Fundación DHOC, responsabilizó al Estado colombiano y al comandante de la Séptima Brigada, por las reiteradas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas por integrantes de las fuerzas armadas, unidades Militares y Policiales.
Los
defensores de derechos humanos exigieron al Estado colombiano, “El inmediato
cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y
acatamiento del Derecho Internacional Humanitario ha formulado la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y demás organismos internacionales”. De la misma forma
exigieron también adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los
derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica,
de los integrantes de DHOC “que se está viendo afectada por la acción
arbitraria de las fuerzas irregulares y regulares del Estado Colombiano”.
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