La estrategia del Estado y su gobierno de “negociar en medio del conflicto armado” ha sido una bomba reservada, no solo para desestabilizar el proceso, sino para intensificar la guerra y causar el destierro de las comunidades.
2014/ Noviembre 19/ Diálogos de Paz/ Por: Marcha Patriótica Valle
Al cumplirse dos años del proceso de paz que se desarrolla en La Habana, se
ratifica la necesidad de volcarnos a las calles para defender los logros obtenidos hasta el momento y exigir que este proceso continúe hasta alcanzar el Acuerdo Final que establezca las condiciones para la democratización real del país, pero sobre todo, para frenar esta guerra que se le ha impuesto a nuestro pueblo.
Aunque ya se han abordado 3 de los 6 puntos de la Agenda General para la Terminación del Conflicto (Desarrollo agrario integral, Participación política y Cultivos de uso ilícito) de los que han surgido preacuerdos de gran importancia para el país, es necesario aclarar que aún quedan aspectos sin resolver –denominados “salvedades”– que ya suman 28 y corresponden precisamente a las cuestiones y discusiones más delicadas, con las que el Gobierno no ha querido asumir compromisos firmes para solucionar los problemas de raíz, por ejemplo, la lucha contra el latifundio, frenar la extranjerización de la tierra, reestructuración democrática del Estado o la revisión de los TLC.
La Marcha
Patriótica comprende que el conflicto colombiano no se limita a la
confrontación armada entre las insurgencias y el Estado, sino que tiene
profundas raíces en el modelo económico, político, social y cultural que se ha
impuesto, por lo que siempre ha reivindicado la necesidad urgente de la
solución política y negociada como mecanismo para construir caminos hacia una
verdadera paz con justicia social. Contrario a esto, los diferentes gobiernos
por más de 50 años, han utilizado e insistido enfermizamente en la guerra y la
acción militar, sin encontrar ninguna solución a la problemática del país,
descargando en el pueblo los costos más altos de su accionar bélico.
La
negativa permanente del gobierno de Juan Manuel Santos de acordar un cese
bilateral al fuego ha motivado que desde los sectores guerreristas y los medios
masivos de comunicación se acepten y se celebren las desmedidas operaciones militares
para asestar golpes contra los altos mandos de la insurgencia, como el
bombardeo a Alfonso Cano (quien fue uno de los principales promotores para
iniciar este proceso de diálogos). No ocurre lo mismo cuando las acciones
militares se desarrollan en sentido contrario, pues inmediatamente se acusa a
la contraparte de cometer actos terroristas que atentan contra el proceso y “no
muestran verdadera voluntad de paz”. En este sentido, la estrategia del Estado
y su gobierno de “negociar en medio del conflicto armado” ha sido una bomba
reservada, no solo para desestabilizar el proceso, sino para intensificar la
guerra y causar el destierro de las comunidades.
Nuestra
lucha siempre ha sido y será ¡POR LA VIDA! y por eso nos oponemos a la guerra a
la que nos quieren condenar indefinidamente algunos sectores como el uribismo,
que están viendo en riesgo sus desproporcionadas riquezas, conseguidas a costa
del sufrimiento y la miseria de miles de compatriotas. Por lo anterior, le
pedimos al Gobierno Nacional y a las FARC–EP, que no se levanten de la mesa
hasta no lograr el tan anhelado Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto, que no cedan frente a las provocaciones de esos sectores
guerreristas que quieren seguir viendo correr ríos de sangre por nuestros campos
y ciudades, y que se acuerde de una vez por todas el CESE BILATERAL AL FUEGO
como garantía para el desarrollo de los diálogos en condiciones de tranquilidad
y esperanza.
Por todo lo anterior, las Constituyentes por la Paz
con Justicia Social y el Frente Amplio por la Paz son herramientas en manos del
pueblo y una necesidad inaplazable para Colombia.
¡El pueblo colombiano exige que se suspenda la
guerra y no el proceso de paz!
Junta Patriótica Departamental
Valle del Cauca
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