Datos del informe: 671 personas desplazadas, 1.500 confinadas, 15 asesinatos selectivos, 35 amenazas individuales, dos atentados individuales, dos ataques de carácter colectivo, 20 detenciones arbitrarias, una ejecución extrajudicial y un allanamiento ilegal.
2015/ Marzo 10/ Cumbre Agraria/ Por: Agencia EFE
El colectivo presentó un informe que recopila amenazas, ataques, hostigamientos e incluso asesinatos contra varios de sus miembros.
Organizaciones de indígenas, campesinos y afrodescendientes colombianos que integran la
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunciaron este martes ser
víctimas de una persecución "sistemática" por defender sus
derechos humanos, una actividad por la que han recibido hasta 110
"acciones bélicas" desde enero.
Así
lo aseguró este colectivo en la presentación en Bogotá de un informe que
recopila amenazas, ataques, hostigamientos e incluso asesinatos contra
varios de sus miembros.
"En
estos 70 primeros días del año hemos registrado 110 acciones bélicas, 16
amenazas colectivas más cuatro que hemos recibido hoy, todas están
documentadas y denunciadas ante la Fiscalía", afirmó el Consejero Mayor de
la Organización Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, que
denunció inacción por parte de las autoridades judiciales.
Arias
abrió así una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por al menos cinco
portavoces de diferentes colectivos de afrodescendientes, campesinos e
incluso víctimas de Estado que formaron la Cumbre Agraria en diciembre de
2013, cuando decidieron unirse para reclamar con mayor fuerza sus derechos.
Otros
datos que resalta el informe son 671 personas desplazadas, 1.500 confinadas,
15 asesinatos selectivos, 35 amenazas individuales, dos atentados individuales,
dos ataques de carácter colectivo, 20 detenciones arbitrarias, una ejecución
extrajudicial y un allanamiento ilegal.
Se
trata de ataques que atribuyen a paramilitares pero también a agentes del
Estado, causantes de unos atropellos que "día a día se vienen
profundizando mucho más", afirmó Arias.
"Hay
toda una estrategia de terrorismo que se viene produciendo contra quienes
nos oponemos a ciertas acciones del Gobierno y el Estado colombiano",
sostuvo el Consejero Mayor, el primero en exigir una respuesta contundente del
presidente Juan Manuel Santos.
"Exigimos
del Gobierno un pronunciamiento claro frente a toda esta estrategia de
reparamilitarización", afirmó.
A
su voz se unió la de Aída Avella, portavoz del partido político de
izquierdas Unión Patriótica, casi extinguido en los años 80 y 90 por los
miles de asesinatos que sufrieron sus miembros a manos de los paramilitares.
"Nos
parece que hay un plan, completamente sistematizado, y muy grande, que viene
de parte de la institución. Nos sentimos como en los años 80 y 90. Todos
los días amenazas, pero también crímenes, y esto nos preocupa muchísimo",
declaró.
El
pasado 3 de octubre, en la instalación de la Mesa de la Cumbre, el Gobierno se
comprometió con este conglomerado de organizaciones a mantener reuniones
periódicas para avanzar en las reclamaciones de los derechos universales de
estas comunidades: el acceso a la tierra y el respeto a sus derechos humanos.
Sin
embargo, según expuso el portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina (Anzorc), César Jerez, el Ejecutivo "viene incumpliendo de
manera sistemática" e incluso "planificada" con estas promesas.
En
este sentido, el colectivo acusó que el ministro de Interior, Juan Fernando
Cristo, abandonó una reunión de la mesa de derechos humanos de la Cumbre,
algo que impidió avanzar con los trabajos.
"Que
el Gobierno le cumpla a la Cumbre Agraria, porque de lo contrario nos vamos a
tener que ver de nuevo en las carreteras del país", advirtió Jerez, en
alusión a la huelga agraria con la que los campesinos colombianos pusieron en
aprietos al Ejecutivo de Santos en agosto y septiembre de 2013.
Ver también: Informe de la Cumbre Agraria denuncia plan de exterminio
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