2015/ Marzo 9/ Política Agraria/ Por: Noticias UnoEl Incoder le concedió a empresarios agroindustriales la posesión de las 1.200 hectáreas de terrenos baldíos de la hacienda Bella Cruz en César, que 500 familias de campesinos víctimas de la guerra estaban reclamando.
Los reclamantes de la hacienda Bellacruz, que aseguran haber sido despojados por los paramilitares a finales de los 90, están perdiendo las esperanzas de regresar a éstas porque el Incoder reconoció a otro titular.
Además
de las amenazas de muerte, ellos tuvieron que enfrentarse al lobby que hizo
ante todas las agencias gubernamentales el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.
El
Incoder le concedió a empresarios agroindustriales la posesión de las 1.200
hectáreas de terrenos baldíos de la hacienda Bella Cruz en César, que 500
familias de campesinos víctimas de la guerra estaban reclamando. La decisión
quedó plasmada en la resolución 334 de 2015.
“Fueron
víctimas de desplazamiento forzado y otro tipo de violaciones de derechos humanos
en el año 94 al 96, fecha en la cual se creó un frente paramilitar
específicamente para desalojar y despojar en Bella Cruz”.
La
Comisión Colombiana de Juristas reveló que la decisión del gobierno a favor de
los empresarios se da luego de que el ex magistrado de la Corte Constitucional
Rodrigo Escobar Gil visitara las oficinas del Incoder.
“La
intervención que Escobar Gil tuvo en el caso de Bella Cruz era como abogado
asesor y gestionador de distintas reuniones de alto nivel para tratar de tener
incidencia en la toma de decisiones del Incoder en el caso Bella Cruz”.
La
intervención de Escobar Gil consistió, aparte de elaborar conceptos jurídicos
que permitieran que los empresarios se quedaran con la hacienda Bella Cruz, en
coordinar reuniones con el alto gobierno para que se tomara la decisión en
favor de sus clientes.
“Intervenciones
que él presentó en distintas reuniones en instancias del Incoder, del
Ministerio de Agricultura y de otros altos niveles con el fin de incidir en que
la decisión no afectara los intereses de la empresa privada”.
Desde
2012, los líderes campesinos que están peleando jurídicamente por las tierras
están siendo amenazados.
El
entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que detrás de esas
amenazas pueden estar quienes se apropiaron con violencia de esos predios.
En
1991 el entonces Incora inicio el proceso de aclaración de baldíos, pues
durante años la familia del ex ministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda,
expandió las zonas de pastoreo de su frigorífico, sobre las sabanas comunales
del norte del Cesar.
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