Los Wayúu viven sin acceso al agua desde que el río Ranchería, único en la región, se secó en su totalidad. Su caudal está hoy destinado, exclusivamente, a las grandes haciendas del sur de la región y a las operaciones industriales de las minas de carbono.
37 mil niños de los Wayúu sufren por desnutrición. Foto: Reproducción
2015/ Abril 4/ Derechos Humanos/ Por: Marcela Belchior
Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos
Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la
península desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición,
contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos. Datos señalan
que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de inanición.
Según
entidades que acompañan a la población, es difícil dimensionar la tragedia que
ha acometido a los Wayúu. Esto es así porque esa comunidad, de origen
pre-hispánico, carece de la presencia estatal colombiana efectiva. Datos
divulgados por el diario digital alternativo Las 2 Orillas señalan que la mayor
parte de los niños indígenas que mueren en la región no consigue llegar a los
centros de salud más cercanos para ser atendida. Sin medios de transporte,
ellas tendrían que caminar enormes distancias por el desierto.
Por
igual motivo, más de la mitad de ellos ni siquiera son inscriptos en el
registro civil al nacer, tampoco generan declaraciones de óbito, al fallecer.
Lo que imposibilita al gobierno obtener estadísticas reales de la situación en
La Guajira.
Los
Wayúu viven sin acceso al agua desde que el río Ranchería, único en la región,
se secó en su totalidad. Su caudal está hoy destinado, exclusivamente, a las
grandes haciendas del sur de la región y a las operaciones industriales de las
minas de carbono. Actualmente, en su lecho transitan automóviles y animales de
carga. Con esto, la etnia vive en condiciones de miseria, careciendo de alimentos
y servicios básicos, como un acueducto y salud, además de electricidad y
educación.
Desigualdad
social y degradación ambiental
La
región de La Guajira, con una población de 500 mil personas, recibió en los
últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares de incentivo para la
extracción de sus recursos naturales (carbono y gas), además de un monto anual
que deviene del Presupuesto Federal de Colombia. No bastando el destino
desigual de recursos para las poblaciones, de acuerdo con Las 2 Orillas, la mayor
parte de esos recursos termina siendo desviada en esquemas de corrupción que
dominan las administraciones públicas locales.
Según
el medio alternativo, el gobierno colombiano destina recursos del Presupuesto
Federal para la etnia Wayúu. Sin embargo, los fondos no llegan a los indígenas.
El Programa de Alimentación y Nutrición (PAN) para La Guajira, por ejemplo,
destinado a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones en
condiciones de extrema pobreza, tiene una inversión anual de más de 15 millones
de dólares, pero se encuentra enganchado a redes de corrupción, que detienen
ese dinero ilegalmente. Denuncias de portavoces de los indígenas señalan que
esos fondos terminan siendo utilizados en la captación de votos en campañas
políticas.
En
medio de todo este contexto, la Defensoría del Pueblo, órgano gubernamental
encargado de la defensa de los derechos humanos de la población, llegó a
calificar la situación como "crisis humanitaria”. El último mes de
febrero, representantes del pueblo Wayúu recurrieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados
Americanos (OEA), para que tutele la garantía de sus derechos fundamentales.
Los
indígenas reivindican que la CIDH establezca medidas cautelares urgentes que
permitan recuperar el uso del único río que hay en la región y, con esto,
contener la actual mortandad por inanición, principalmente de niños y ancianos.
La pretensión es que la comunidad vuelva a tener acceso al recurso natural y
disfrute, de manera segura, prioritaria y exclusiva, del agua. Para ello,
requieren la apertura inmediata de las compuertas de la represa para la
población y que la industria utilice otras fuentes públicas de agua, como las
subterráneas.
Sepa
más sobre el contexto del pueblo Wayúu a través del documental inédito "El río que se robaron”, del periodista colombiano Gonzalo Guillén. La producción,
con imágenes y testimonios de las víctimas, será utilizada como prueba judicial
ante la CIDH sobre los hechos denunciados.
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