La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en La Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable.
2015/ Mayo 10/ Prisioneros Políticos/ Por: Huber
ballesteros
Una constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario.
Para que sea legítimo, en esté deben converger los diferentes sectores de la
sociedad, dando lugar a un acuerdo que permite la coexistencia de ellos;
en él fijan sus aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales y se
establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha constitución
sean garantizados a los ciudadanos.
Colombia
es de los pocos países del hemisferio occidental que aún no termina de
constituirse como nación y como república. Ha pasado de un siglo a otro sin
resolver sus contradicciones fundamentales: Del siglo XVIII al siglo XIX
pasamos buscando nuestra libertad de la opresión española; del siglo XIX
al siglo XX en una guerra civil denominada de los mil días y del siglo XX
al siglo XXI tratando de resolver un conflicto social armado con más de
cincuenta años de duración y con hondas raíces económicas, políticas y
sociales.
La
tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a
la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y
resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que
este largo conflicto se resuelva mediante una solución política
dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo
ético y político.
Podrán
algunos argumentar, que una Constitución que no cumple un cuarto de
siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que
esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda
en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los
intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada
por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los
últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado
este modelo económico.
La
necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto
social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en La
Habana; deviene de la crisis económica, política, social e
institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis
estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no
logra conjurar.
Un
país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno
quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá
alcanzar la paz; por el contrario, la pobreza la corrupción administrativa, la
falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo
y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los
ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán
permanentemente nuevos elementos causales al conflicto.
En
los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos
creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los
cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para
ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante
el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un
diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos
aún continua, y con el cual el establecimiento pretende obtener un
sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el
sistema político.
En
el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la
justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus
jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control
sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía
legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla
en muchas ciudades del país.
Pero
el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar no son los
únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin
equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca
todos los estamentos del sistema.
La
oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las
empresas transnacionales, maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y
pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria.
La
mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los
servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida
de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control
y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado
de descontento y movilización social permanente.
Son
muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo
discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos
de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad,
legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana,
justicia y otros de similar importancia.
¿Cómo
explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en
donde se exponen ampliamente los DD.HH., de primera, segunda y tercera
generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se
entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y
servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado?
Lo
que debería haberse logrado con la Constitución del 91, aún está
por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los
Derechos Humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el
ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con
garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de
los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que en
nuestro caso están por alcanzarse.
Como
podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y
están sufriendo constantes reveses.
Ante
la falta de voluntad de la clase dirigente, para implementar los cambios,
aparece, como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder,
bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de
profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el
grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad.
Este
conjunto de situaciones problemáticas sumadas a las diversas formas de
resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la
sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus
instituciones, configuran, sin lugar a dudas, un MOMENTO CONSTITUYENTE. Se
nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está
tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político
Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador
de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir
nuestra nación sobre bases nuevas.
Esas
nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste
representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el
estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus
propios intereses y los del capital transnacional.
Solo
del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto
social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución
como república en 1819.
Desatar
ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser
una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un
proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de
nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos
funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con
justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las
discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia
contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de
todos los ciudadanos.
Necesitamos
conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La
mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y
realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría,
salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores
sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no
oligárquicos; pero la nueva Constitución, debe ser el resultado de la más
amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.
Si el presente
es de lucha, el futuro será socialista
Huber
Ballesteros, prisionero político
Cárcel Nacional La Picota, Pabellón de Alta
Seguridad
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