La situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.
Coregimiento La Moralia, Tuluá. Audiencia Humanitaria realizada el 7 de junio de 2014
2015/ Junio 18/ Derechos Humanos/ Por: Marcha Patriótica
La
Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
rechaza de manera contundente los señalamientos de los que vienen siendo
víctimas integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del
Cauca ASTRACAVA, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, del Proceso
de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de nuestro movimiento
político y social.
En
repetidas ocasiones la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha
alertado y denunciado ante la comunidad nacional e internacional las acciones
de señalamiento, hostigamiento y amenazas provenientes de un perfil de Facebook denominado “Resistencia Civil”, desde el cual a partir del 9 de febrero de 2015
se han hecho de manera irresponsable e intimidatoria afirmaciones que ponen en
riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal de los señores Harold
Ordoñez, Alonso Valencia y Heriberto Niño, integrantes de Marcha Patriótica y
líderes reconocidos entre las comunidades campesinas de la zona media y alta
del municipio de Tuluá, así como de Norbey Palacio, periodista amigo del campesinado
y candidato al Concejo Municipal de Tuluá. Igualmente, en diferentes espacios
que se han desarrollado con participación de instituciones municipales
–Personería y Alcaldía– instituciones departamentales –Defensoría del Pueblo
regional Valle del Cauca-, organismos internacionales –Comité Internacional de
la Cruz Roja CICR y Organización de Naciones Unidas ONU– y Fuerza Pública,
hemos expresado la profunda preocupación que nos embarga por la situación
descrita, sin que hasta el momento haya algún resultado que arroje información
útil sobre el perfil de Facebook mencionado.
Todo
lo anterior se presenta en un contexto donde las violaciones a los derechos
humanos de las comunidades han sido constantes, particularmente por parte del
Batallón de Alta Montaña No. 10, que desde su llegada a la zona ha protagonizado múltiples abusos y atropellos contra el campesinado. Es
preocupante que el manejo del perfil de Facebook se haga desde el corregimiento
de Barragán, donde está ubicada la base militar de este batallón. Actualmente,
Tuluá es una de las zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial
implementado por el gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, las
comunidades campesinas han desarrollado un proceso de constitución de una zona
de reserva campesina (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis
humanitaria.
La
situación de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el
municipio de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que
padece nuestro movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco
años de existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones,
desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.
Una
vez más hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para
que, en cumplimiento de sus funciones como garantes de los derechos
constitucionales, ejerzan un efectivo acompañamiento a las comunidades
campesinas y a sus líderes, frenando los señalamientos y estigmatización que
históricamente se han presentado en el municipio de Tuluá contra las
comunidades, y que lastimosamente siguen estando a la orden del día. Es
necesario recordar que en el corregimiento La Moralia se produjo en 1999 la
primera incursión paramilitar del Valle del Cauca, protagonizada por el Bloque
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, que realizó cerca de 60
masacres, dejando más de 800 personas asesinadas y una infinidad de familias
desplazadas a sangre y fuego. Todo lo anterior con la participación directa
(por acción y omisión) de las fuerzas militares adscritas al Batallón Palacé
del municipio de Buga, como lo demuestran las investigaciones adelantadas por
la Fiscalía y los testimonios de los paramilitares que participaron en estas
nefastas acciones[1].
Insistimos
en la importancia de dar pasos contundentes en la construcción de la paz que
Colombia anhela. En un contexto donde existe la posibilidad de llegar a un
acuerdo para poner fin al conflicto armado que ha azotado al país por más de
medio siglo, y considerando que las formas de violencia estatal contra la
población civil cumplen un papel fundamental en la perpetuación del conflicto,
no pueden seguirse presentando violaciones a los derechos humanos y es el
Estado y sus instituciones los principales responsables de evitarlo.
¡SEGUIMOS EN MARCHA POR LA SEGUNDA Y
DEFINITIVA INDEPENDENCIA,
POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, LA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Y EL CESE BILATERAL AL FUEGO!
Valle
del Cauca, Colombia. Junio 17 de 2015
[1]
Ver documental Memoria y Dignidad Campesina: https://www.youtube.com/watch?v=bTDONECensc
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