El régimen presidencialista con que se gobierna el país, más parece una monarquía constitucional por la forma como los delfines de la clase política hacen cola para ocupar la silla presidencial y por los poderes ilimitados que se le han dado al jefe de Estado, quien termina gobernando como un dictador.
Integrante
de la Junta Nacional de Marcha Patriótica
Son
muchas las razones que cualquier ciudadano de nuestro país podría mencionar y
que no solo justifican su realización sino que la hacen necesaria.
Veinticuatro
años de haberse promulgado la Constitución del 91 sin que hayamos resuelto los
graves problemas económicos, políticos y sociales que aquejan a nuestra
sociedad, es tiempo suficiente para hacer un balance sobre lo que se pretendió
con su expedición y lo que verdaderamente se ha logrado.
A
juicio de muchos, incluidos algunos exconstituyentes, el haber dado al Congreso
la posibilidad de reformar la Constitución fue un grave error. Con esta
facultad que le delegó el constituyente primario, el poder constituido
(gobierno de la oligarquía y capitalismo) ha modificado la Constitución tantas
veces como sus intereses lo han requerido. Si en algún momento la Constitución
del 91 tuvo la intención de ser un tratado de paz, esta se fue desdibujando con
las modificaciones permanentes que se le fueron haciendo.
Está
probado suficientemente que el Congreso de la República, no es el escenario
idóneo para reformar la Constitución; su compromiso con la violencia, la
corrupción y con todos los males que padece nuestra nación son evidencia
irrefutable de su falta de legitimidad, y de que lo único que han hecho con los
cambios realizados, ha sido plasmar sus intereses personales, de grupo y los
del capital nacional y transnacional, convirtiendo así nuestra carta magna en
una colcha de retazos.
Asamblea
Nacional Constituyente para un nuevo Pacto Social para la Paz
Son
muchas las voces y varios los estamentos de la sociedad que se han pronunciado
favorablemente a esta iniciativa; aunque es de entender que quizás
entre ellos existan diferencias en cuanto a los objetivos, alcances he incluso la manera de conformarla, pero se coincide en
que solo una nueva constitución puede resolver los problemas del modelo económico, el régimen político, el sistema de justicia,
el desarrollo territorial y de falta de justicia social.
Partimos
de dos maneras de llevar cabo una modificación de la Constitución: El Congreso
de la República (poder constituido o constituyente derivado) mediante actos
legislativos; y el Constituyente Primario (el pueblo) en una Asamblea Nacional
Constituyente. En relación al primero puede decirse que si hay una cosa cierta
en este país es el desprestigio del Congreso de la República; muy pocas
personas creen que esta rama del poder público tenga la legitimidad para
reformarse y reformar todo lo que en este país huele a podrido.
El
ejecutivo en todos sus niveles es un nido de corrupción; aunque solo se hable
del carrusel de la contratación en Bogotá es un secreto a voces el que ésta
campea en todos los niveles e instituciones del Estado: Presidencia,
Ministerios, Institutos, Empresas Públicas, Gobernaciones y Alcaldías.
El
régimen presidencialista con que se gobierna el país, más parece una monarquía
constitucional por la forma como los delfines de la clase política hacen cola
para ocupar la silla presidencial y por los poderes ilimitados que se le han dado
al jefe de Estado, quien termina gobernando como un dictador. El poder judicial
se encuentra también en bancarrota; todos sobre la aplicación conocida de la
“justicia” con diferentes raseros, una justicia estratificada que obedece a
intereses políticos y económicos; convertida por los poderosos en un rey de
burlas y siendo en síntesis un instrumento de represión contra los pobres y
contra quienes se oponen al sistema además de una fábrica de absoluciones e
impunidad para los delincuentes de cuello blanco y para aquellos que desde el
Estado o con la complicidad de sus agentes, violan los Derechos Humanos y
cometen toda clase de crímenes.
Como
podemos ver, los tres pilares de la “democracia” burgués, de la llamada
República Liberal han perdido en nuestro caso toda legitimidad.
Una
constitución cuyos principios de soberanía, servicio a la comunidad, Estado
social de derecho, respeto a los Derechos humanos, reconocimiento y respeto a
la diversidad étnica y cultural y protección de las riquezas naturales y culturales
de la nación son en la práctica letra muerta, requiere ser modificada para que
pueda cumplir con estos y otros fines. En vista de que la clase política no
tiene ni el interés ni la legitimidad para liderar un proceso de esta
naturaleza, corresponde al Movimiento Social y Popular, a la izquierda y a los
sectores democráticos asumir la tarea de organizar equipos que impulsen y
convoquen la realización de pre-constituyentes en los distintos niveles
territoriales de la nación. De ellas deben salir las propuestas de contenido de
Nueva Constitución; las formas de convocarla y de cómo integrar una Asamblea
Nacional Constituyente que sea verdaderamente representativa de lo que somos y
representamos como nación.
Una
constituyente que nos dote de una constitución que haga efectiva la soberanía,
la democracia, la paz y la justicia social.
Cárcel
la Picota, Julio 29 de 2015.
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