Los garantes de Cuba y Noruega leyeron el comunicado con los puntos alcanzados en el acuerdo sobre justicia y víctimas. Este convenio es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al fuego.
2015/ Septiembre 23/ Diálogos de Paz/ Por: teleSUR
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano firman este miércoles un acuerdo de justicia y víctimas en La Habana, Cuba, en el marco de las mesas de negociación para el proceso de paz.
Tras
culminar la reunión privada entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
el de Cuba, Raúl Castro, y el jefe de
las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timoleón Jiménez' o
'Timochenko', los garantes de los Diálogos de Paz por Cuba y Noruega, dieron
a conocer los puntos del acuerdo sobre la justicia para las
víctimas del conflicto:
1.
El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso
con los acuerdos logrados hasta la fecha: "Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integral", "Participación política:
Apertura democrática para construir la paz" y "Solución al Problema
de las Drogas Ilícitas".
2.
A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los
derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y
duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará
una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las
víctimas.
3.
En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción
Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para
la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos,
y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más
altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz
es acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la reparación de las
víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos
cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos,
garantizando la no repetición.
4.
El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de
acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia
posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el
alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las
conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los
delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre
otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la
libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las
ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto
de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la
Paz.
5.
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los
que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a
los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del
conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6.
La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno
para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo
hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia,
fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las
investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas
por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la
información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7.
Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial
satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la
mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos
que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la
sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que
garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las
mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la
satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes
reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de
5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones
especiales. Las personas que hagan
dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con
pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a
la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir
con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el
tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a
reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán
condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8.
Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción
Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas
y garantizar la no repetición.
9.
En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará
sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días
luego de la firma del Acuerdo Final.
La
firma del acuerdo de justicia y víctimas cuenta con la presencia del presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos, quien llegó a La Habana con representantes del
Congreso y miembros de la subcomisión técnica de justicia. También
está presente el mandatario cubano, Raúl Castro.
CONTEXTO
Este
convenio es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al
fuego, una medida que fue aprobada por el Congreso colombiano luego de fijar en
la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional,
con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla
para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los
derechos humanos.
La
medida fue aprobada luego de que las víctimas del conflicto exigieran que se hiciera
justicia, algo que fue apoyado por el Gobierno colombiano. Las FARC-EP
rechazaban el marco jurídico para la paz. Sin embargo, esta fue una herramienta
que sin duda abrió las puertas a la posibilidad de que la guerrilla pueda tener
penas reducidas de prisión, a manera de sanción.
Las
partes discutieron sobre este tema por varios meses. Aunque todos los puntos de
la agenda son neurálgicos, este acuerdo de justicia transicional es
imprescindible para firmar la paz y lograr la mayor cantidad de justicia
posible en una negociación política, según el Gobierno colombiano.
Fue
como finalmente, El 11 de septiembre, el jefe negociador de las FARC-EP, Iván
Marquez, adelantó que la firma del acuerdo estaba en puertas, pero fue la
exsenadora colombiana y defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba,
quien confirmó la firma del documento que se realizó este miércoles en La
Habana.
Este
fue la primera reunión entre el jefe máximo de la guerrilla de las FARC,
Timoleón Jiménez ("Timochenko) y el presidente Santos desde que iniciaron
los diálogos de paz en La Habana en 2012.
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