Nuestra historia ha sido la de la edificación de una República mediante un sistema excluyente en lo económico y en lo político, agravado por el hecho de adoptar como política de Estado la persecución, el encarcelamiento y el exterminio de los opositores políticos.
Prisionero
Político, integrante de la Junta Patriótica Nacional
del Movimiento Político y
Social Marcha Patriótica
¿Qué nos espera
después de firmarse un acuerdo de paz?
A
juzgar por las posiciones que el establecimiento ha mantenido durante estos
tres años largos del proceso de diálogos en La Habana, aunque se llegue al
acuerdo para la terminación del conflicto, la lucha de la oligarquía por
mantener sus privilegios seguirá siendo muy fuerte; algo que resulta apenas
lógico, la duda que nos queda por despejar realmente es ¿si está dispuesta a
renunciar a los métodos tramposos y criminales que ha utilizado durante cerca
de doscientos años y que le han merecido el título de la oligarquía más
violenta de América Latina?
Su
insistencia en una paz barata, desconoce de hecho que el conflicto social y
armado colombiano tiene unas causas económicas, políticas y sociales que es
necesario remover si queremos que la paz sea cierta y duradera.
Veamos
tres aspectos que han sido la constante en las posiciones de los representantes
del establecimiento, que quizá de manera equivocada nosotros hemos situado en
la derecha y ultraderecha y digo que quizá equivocadamente, porque en lo
fundamental ellos representan los mismos intereses de clase.
1. “No estamos
negociando el modelo económico, el modelo político ni la estructura de las
Fuerzas Armadas” Juan Manuel Santos.
Según
lo dicho por el Presidente de la República, el establecimiento no está
dispuesto a ceder en nada de lo que para el pueblo constituyen las causas que
generaron y alimentan el conflicto colombiano. O acaso ¿no son la pobreza
creciente, la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades
consecuencias del modelo económico?
En
materia de tierras, tema tratado y pre-acordado en el punto uno de la agenda de
diálogos, se acordó el desarrollo de una Reforma Rural Integral (RRI) como
elemento básico para la transformación de las condiciones de los pobladores
rurales; pero contrario al espíritu de lo acordado, el PND 2014 - 2018 formula
varios programas, pero en lo atinente a tierras, a pesar de que el gobierno
repite insistentemente que está dispuesto a firmar el acuerdo de paz con las
FARC-EP y se ha comprometido a desarrollar una serie de programas en lo
relativo a dotación de tierras y desarrollo rural, esto no se encuentra
contemplado en el escrito, siendo ley que lo que no aparezca en el PND, tampoco
puede ser presupuestado. Nos encontramos entonces, ante un gran “conejo” a los
Diálogos de Paz.
Por
su parte, el proyecto de ley de presupuesto para el 2016 vuelve a dejar el
campo como la cenicienta con un recorte de 1.6 billones con respecto al
destinado para el presente año a programas de desarrollo rural, desconociendo
además lo acordado con las comunidades rurales que convergen en la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Como
complemento perverso a las anteriores medidas económicas, la Fiscalía y la
Superintendencia de Notariado y Registro han emprendido una contrarreforma
agraria por vía judicial, criminalizando dos de las formas legitimas a través
de las cuales las comunidades rurales, (indígenas, afrocolombianos y mestizos
campesinos) han accedido a la tenencia de la tierra (la ocupación de baldíos de
la nación y la recuperación de tierras abandonadas o inadecuadamente
explotadas), fenómenos que se produjeron ante el desinterés y la falta de
voluntad del Estado.
El
ordenamiento y equipamiento de los territorios urbanos para beneficiar el
comercio y los servicios ligados al sistema financiero junto con la insistencia
de profundizar un modelo económico (neoliberal) fracasado a nivel planetario,
cuyos desastres económicos, sociales, ambientales y culturales tienen hoy en
crisis a las economías de los llamados países desarrollados y que en nuestro
país fue impuesto mediante la violencia estatal y para-estatal, siembra muchas
dudas sobre las reales intenciones de la oligarquía y el gobierno que la
representa en la mesa de La Habana, pues resulta obvio que el gobierno Santos representa
en la mesa no a todos los colombianos sino a su clase, y busca por todos los
medios que los resultados de esta negociación no afecten sus intereses.
“La
construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto,
requiere de una amplia democracia que permita que surjan nuevas fuerzas en el
escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los
grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por
tanto la representación de las diferentes visiones. Es importante ampliar y
cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar
la paz” (Extraído del documento conjunto de preacuerdos de La Habana, mesa de
diálogos FARC-EP y Gobierno Nacional. Participación política: apertura
democrática para construir la paz).
¿Cómo entender o
interpretar las contradicciones, en las que se hunde frecuentemente el gobierno
nacional?
Contradicciones entre lo que plantea y acuerda en la mesa de diálogos y lo que
pone de manifiesto a través de comunicación.
Nuestra
historia ha sido la de la edificación de una República mediante un sistema
excluyente en lo económico y en lo político, agravado por el hecho de adoptar
como política de Estado la persecución, el encarcelamiento y el exterminio de
los opositores políticos: Antonio José de Sucre, Bolívar, Rafael Uribe Uribe,
Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, la
Unión patriótica y la Marcha Patriótica que entre otros casos componen lo más
representativo de una larguísima lista de crímenes de Estado. Un Estado que
asesina, persigue y encarcela a la oposición política no es legítimo, ni
democrático, ni mucho menos viable.
Si
la oligarquía no está dispuesta a permitir un cambio profundo en las reglas de
juego del sistema político, una verdadera apertura hacia un sistema
democrático, convertirá a la paz, aun cuando se hayan firmado los acuerdos, en
una quimera.
¿Cómo
puede un país pasar la página del largo conflicto social armado, sin realizar cambios
en la concepción y estructura de sus fuerzas armadas y de policía?
¿Cómo
podremos transitar del pos-acuerdo al pos-conflicto si las instituciones
gubernamentales y en especial las Fuerzas Armadas y de Policía insisten en
considerar a los militantes de izquierda, a los sindicalistas y a las
organizaciones sociales como enemigos del Estado?
Sin
lugar a dudas, la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno,
engendro gringo aplicado en los manuales operativos y de instrucción de la
fuerza pública colombiana es la responsable del terrorismo de Estado que se
convirtió en política del establecimiento desde hace más de 50 años.
La
paz, para ser real y duradera, requiere por lo tanto que haya una verdadera
abolición de toda esa doctrina, acompañada de la transformación de las
instituciones castrenses, de policía, de los entes de Fiscalía y del aparato de
judicial y represivo en su conjunto.
2. “La paz debe
hacerse sin impunidad, los jefes de las FARC deben ir a la cárcel”. (Procurador
General de la Nación, voceros del Partido Conservador y del partido Centro
Democrático).
Al
plantear esto, la oligarquía colombiana descarta de plano reconocer la
responsabilidad que le cabe en la generación de las causas del conflicto, en la
adopción de una política de guerra contra el pueblo y en los crímenes de Estado
cometidos mediante instituciones legales e ilegales.
¿Quién
sino la oligarquía colombiana con el apoyo de los gobiernos de los EE.UU en los
últimos cincuenta años son los responsables de los miles de asesinatos,
desaparecidos y de los millones de desplazados?
Vistas
las cosas de esta manera, no es posible que se hable solo de la responsabilidad
de una de las partes involucradas en el conflicto armado, a menos que como
pareciera obvio, el establecimiento confunda una negociación de paz con una
rendición de la insurgencia y un sometimiento a la “justicia”.
Para
la mayoría de los colombianos, muy a pesar de lo que pregonan Caracol y RCN
(multiplicadores de la ultraderecha) la verdad, como forma de justicia debe ser
una responsabilidad de las partes. La reparación y las garantías de no
repetición deben ser asumidas por el Estado, responsable del surgimiento de la
insurgencia armada como respuesta a la falta de democracia en lo político, de
la exclusión social y económica y de la violencia que ha ejercido por mano
propia en respuesta al descontento popular.
3. “Los jefes de
las FARC, no podrán participar en política” (Partidos como Centro Democrático,
Partido Conservador, grandes medios de comunicación y Procurador General de la
Nación).
Si
la vía armada fue la única que les quedó a un grupo de colombianos para preservar
la vida y reclamar los derechos económicos, políticos y sociales del pueblo
como lo dicen las FARC-EP en el que denominaron: Programa Agrario de los
guerrilleros escrito en 1964, y hoy se les dice a quienes con base en ese
programa han continuado la lucha armada, que no existen aún garantías, ni se
está en la idea de generar transformaciones de fondo en el modelo que lo
excluyó ¿Bajo qué argumento se pretende llegar a un acuerdo de paz, terminar
con el conflicto y lograr la reinserción de los alzados en armas a la vida
constitucional?
Este
planteamiento de una parte de establecimiento, carente de lógica, busca en lo
fundamental que la insurgencia, además de prescindir del uso de las armas para
la lucha política por el poder, renuncie a la lucha política misma, abandone
sus postulados y objetivos y quede como un grupo de parias “disfrutando del
perdón y los supuestos beneficios que le otorgue el régimen”.
Un
acuerdo de paz que pretenda superar el conflicto, debe comprometer una apertura
democrática que haga efectivos los derechos de la oposición y garantice la
actividad política de todos los excombatientes de la insurgencia para que
puedan seguir presentando sus planteamientos, debatir sobre los grandes
problemas del país y buscar el favor popular para alcanzar sus objetivos
políticos.
Son
muy halagadores, los vientos de paz que soplan desde La Habana y los que se
darán desde otro lugar de América Latina con el inicio de los diálogos con el
ELN, pero persisten aun los peligros de que la paz, no se logre o no sea tan
real, estable y duradera.
El
reto de lograr un acuerdo es tan grande como lo es el de efectuar lo acordado,
la oligarquía hará hasta lo imposible para que su implementación modifique lo
menos posible su statu quo.
Corresponde
a la izquierda, a los demócratas y al Movimiento Social y Popular, apoyar e
impulsar el avance de los diálogos hasta alcanzar un acuerdo que ponga fin al
conflicto, así como corresponde continuar de manera decidida y unitaria
trabajando para lograr su materialización, permitiendo lograr esa paz con
democracia y Justicia Social que anhelamos la inmensa mayoría de los
colombianos.
Cárcel
la Picota Bogotá D.C. Septiembre de 2015
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