Santos recurre a una moral de parroquia, exigiendo respeto a los colombianos. Él, engaña con un mayor embeleco, irradia un para-estado crónico, calculable, con una política exterior de un raquitismo político, guerrerista, bajo espuelas anquilosas y anacrónicas.
2015/
Septiembre 4/ Internacional/ Por; Sara Leukos
Se comieron la carne
y echaron el hueso.
Lázaro Fernando Sirgo Chiang,
Q.E.P.D
Olofista Religión Yoruba. San Miguel del Padrón-Cuba
Muchos
medios nacionales e internacionales, hablan de la crisis de Colombia con respecto al cierre de la
frontera de Venezuela entre el Táchira y Cúcuta[1], pero el tapado mayor está adentro, en Colombia:
el envío de mercenarios y paramilitares hacia Venezuela.[2]
Actualmente,
el presidente Juan Manuel Santos recurre
a los medios a convocar un apoyo de un
lado y de otro, rechazando la vía de un dialogo regional con el gobierno del presente
Nicolás Maduro, el cual se le rebosó la taza de tanta agresión paramilitar en la frontera del Táchira.[3]
Santos,
ante el cierre recurre a una moral de
parroquia, exigiendo respeto a los colombianos que, según él, les han violado
los derechos de colombianos en la frontera. Él, engaña con un mayor embeleco, irradia
un para-estado, crónico, calculable,
con una política exterior de un raquitismo político, guerrerista, bajo espuelas
anquilosadas y anacrónicas.
I El Estado de
Colombia, no está en crisis, es un Estado crónico.
Los
colombianos, que bajo un dolor histórico
personal y colectivo, viven de duelo en duelo, de carencias, de
desconfianza atisban hacia un “Pater
Familiae” imagen a soportar las carencias
y desafectaciones, propiciadas por la implantación hegemónica de una economía y
un modelo deshumanizado. El presidente no
ignora, engaña; que mejor con la
crisis de Frontera con Venezuela, para enviar
el mensaje de duelo de patriotas, reenviando
amor por esa patria, con la creación que
existe un Estado en Colombia que protege y garantiza los derechos civiles, baluarte que
no lo es. Una falacia y un irrespeto
hacia una población- víctima de disposiciones de una política de Estado que no
logra liberar las graves violaciones de derechos humanos, la corrupción, la hegemonía
de los gremios y el desplazamiento forzado
de colombianos por motivos económicos, políticos y sociales hacia Venezuela y
otros países.
En
medio de la irresponsabilidad política de
Santos, sobre el tema fronterizo con el gobierno de Venezuela, los colombianos
luchan por un estado democrático, insisten sobre la incapacidad política, la negligencia
y las improcedentes acciones que ejerce el
Estado de Juan Manuel Santos, sobre los crímenes de lesa humanidad, delitos políticos, corrupción y males
institucionales al interior del país, todo bajo un terrorismo de Estado. Santos y su corpus burocrático de estado,
no resuelve aún el tema de las falsas
judicializaciones, el tema de tierras, el esclarecimiento de los 100
líderes asesinados de Marcha Patriótica, el asesinato de líderes de
Congreso de los pueblos, afros, indígenas y campesinos, el
cierre, el despido de
trabajadores y la muerte de 25
sindicalistas en su periodo, dice mucho de su Estado. Este tema,
no le interesa, ni mucho, ni menos, como
tampoco el circuito escabroso
de asesinatos
extra-judiciales. No existe información
por parte del estado, sobre lo que
sucedió con más de 45 mil desaparecidos entre jóvenes, mujeres, hombres,
de quiénes son los responsables, ni
mucho menos inicia una sanción o una plataforma
de búsqueda, diseñada y
participativa para ejercer una política pública, en miras al esclarecimiento
de la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas. Esto le
corresponde a un Estado en democracia o por lo menos en esa vía; cuando está hablando de Paz, con los
movimientos insurgentes colombianos.
Por
ahora, a Juan Manuel Santos, sus
instituciones gubernamentales y militares,
no le interesa nada de ello. Ante este panorama, ¿una mesa
de Paz con los movimientos insurgentes,
será la solución social? ¿Será posible
la Paz que habla Santos, cuando continúa
y consolida mediante la aplicación de un Plan de Desarrollo, basado
sobre una política pública privatizadora, diseñada solo por los gremios económicos
y corporativos hasta el año 2018, si
se tiene en cuenta que numerosos
territorios viven en el hambre, la
miseria y la entrega de los recursos energéticos?
La
persecución a líderes de movimientos
sociales, indígenas, afros, campesinos,
el poco esclarecimiento sobre las fosas comunes en el territorio, el fenómeno de la desaparición forzada, el
incumplimiento y dilación de los acuerdos a la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular en relación a los diversos proyectos
productivos, y toda la desestabilización progresiva por el cierre y despido de trabajadores,
incluye un Estado crónico que no logra avizorar internamente una apuesta por la Paz.
Actualmente,
no existe información clara y precisa sobre qué sucedió, quiénes son los
responsables, ni mucho menos sanción sobre los miles de desaparecidos, sobre las
falsas judicializaciones, los asesinatos de líderes afros, indígenas,
campesinos por parte de las fuerzas militares y agentes al servicio del Estado,
y sobre los innumerables delitos políticos. Mientras esto ocurre, consolida la
herencia de un modelo paramilitar al interior del país, con transferencia hacia
la frontera del Estado en Venezuela.
II Territorialización
Paramilitar en el estado de Táchira
En
1999, miles de colombianos, una población flotante, desplazada,
desarraigados por el hambre y la miseria
son acogidos por el presidente Hugo
Chávez Frías. En este contexto existen estudios realizados por la Asociación
Colombianos en Venezuela, (ACOV), en el
año 2002 entraron 23.000 colombianos; en el año de 2003 la cifra aumentó a
69.000. Se calcula que entre 2002 y 2009 han ingresado 480.000 colombianos.[4]
Son
desplazados que se adhieren progresivamente y territorialmente, en un contexto geográfico hacia
la frontera de Venezuela entre Cúcuta y el estado de Táchira y Zulia. Los colombianos
desamparados por el estado Colombiano, son acogidos de buena fe por el
gobierno de Venezuela, dándoles garantías de vida y otros colombianos desplazados por el gobierno de Colombia, se confluyen en la frontera en bandas de paramilitares
en el estado del Táchira, en los
municipios de Bolívar y Morelia, buscando consolidar un proyecto contra-económico:
instaurando mafias para la economía del petróleo
fronterizo, la cual, genera grandes divisas, diría más que el narcotráfico.
Infografía de teleSUR
Los grupos de paramilitares, instalados por el gobierno colombiano en la frontera, hacen parte de una economía del petróleo, en una red circular en los estados fronterizos de los estados de Táchira y Zulia, cuyos gobiernos son de derecha y opositores al gobierno de Venezuela. Allí, se instaló un circuito económico: cambios de divisas, corrupción, contrabando de gasolina, captación de productos venezolanos hacia Cúcuta, intercambio de divisas, mercancías ilegales, narcotráfico, creación de plataformas para formar corporativismo entre la población al servicio de los paramilitares. Es la implantación de redes locales económicas, por parte de miembros paramilitares colombianos, se inserta y genera un corporativismo en diversas redes, es decir, una territorialización paramilitar. Toda una imposición de mafias de fronteras, a través del mercado del petróleo.[5]
Cartografía
Paramilitar
Esta
instalación de territorialización
paramilitar transnacional, requirió
un plan de implementación a través de una cartografía
paramilitar.[6]
En el estado de Táchira, esta cartografía
temática, se realizó, bajo un empadronamiento cartográfico en detalle,
logístico, de identificación de ciudadanos, bajo un trabajo local, con el fin
de insertar estos grupos de manera ilegal, en la comunidad fronteriza[7], para
llevar progresivamente una penetración territorial de paramilitares. Esta
significación fronteriza, consolida una
hegemonía económica, de manera ilegal con el fin de desestabilizar el paso
fronterizo hacia el estado de Táchira y viceversa. Desde Colombia, con esta cartografía
corporativa, se implementa el Modelo Paramilitar
Transnacional (MPT), transfiriendo hacia la frontera, la aplicación de un
empadronamiento al servicio de grupos paramilitares.
Esto
conlleva a una territorialización del mercado cambiario en la frontera.
Mientras
esto ocurre, la democracia virtual en
Colombia, Santos se significa bajo un estado crónico, sin resolver temáticas
sociales y no logra avanzar, situando su
política de Estado sobre la consolidación de las grandes oligarquías, la
burguesía industrializada y grupos económicos que sostienen el corpus del ejército
paramilitar en algunos departamentos
y fuera de ellos. El paramilitarismo, se
sabe, no se sostiene solo.
En
medio de las tormentas sociales, Juan
Manuel Santos, mientras habla de un
proceso de Paz con los movimientos insurgentes FARC-EP y avanza hacia una mesa con el ELN, consolida un
estatuto quo represivo, paramilitar con
gran proyecto económico del capitalismo gota
a gota, sin gritar, vociferar y alardear como lo hacía su antecesor: Álvaro Uribe
Vélez. Si para ello tiene que poner una
cruz a más de un colombiano, lo hará. Él como eslabón de una familia hegemónica
y sin escrúpulos quiere pasar a la historia como un hombre de bien, de paz, demócrata,
así sea que esa paz cueste lo que cueste, como lo expresaría un día: “la Paz se consigue a las buenas o
las malas”[8]. Entonces,
cabría preguntarse: ¿Cuál es la Paz que habla Santos, si no combate los
organismos paramilitares?
Santos
no es ningún Beato, ni un santo con nimbo, es un hombre recubierto, aciago, con un retoricismo
discursivo militar y guerrerista. En ese trazo, se configura toda su alianza
con el paramilitarismo nacional, trasladando
a la frontera de Táchira y sus
municipios más próximos el Modelo Paramilitar Transnacional (MPT), esto sin duda,
tiene una importancia externa en temas sensibles de su eje y proyecto político:
1. Su consolidación regional: el petróleo y
las concesiones económicas de los territorios a países multilaterales, como
respuesta al modelo neoliberal, que propugnando un paramilitarismo interno en
Colombia y fronterizo en contra del territorio venezolano. El petróleo es el objetivo.
2. El proyecto de extracción en la Mega-Minería es
la afirmación de lo iniciado por Álvaro Uribe Vélez, su prioridad es la entrega
de los territorios a las multinacionales en la
explotación de los hidrocarburos: la
extracción minera, y lo recursos hídricos para entrar en concesión de
privatización. Se evidencia en su
periodo la selección de asesinatos
de líderes, miembros de sectores
populares y la muerte de 25 sindicalistas durante su periodo.
3. La consecución de los TLC, acuerdo económicos
multilaterales, afianzando su política exterior al servicio de un modelo
capitalista, con aplicaciones de estrategias neoliberales y cambiaras en
detrimento de un modelo de desarrollo social y participativo. En ese trazo, las
comunidades de base, las organizaciones populares, los sectores campesinos,
afros e indígenas, no son tomados a consideración con sus propuestas. Están
fuera de allí.
Juan
Manuel Santos, como gobernante inescrupuloso, según él, su postura de hombre de paz hay que creerle, pero solo, esa credibilidad reposa en la terminación de cada frase. No es inexperto, ni
ingenuo, todo lo contrario, bien agudo y perseverante en lo que reguardan sus
palabras. No hay confianza mancomunada, con los sectores populares, pues
imperan los asesinatos selectivos, no las masacres. En él, la realidad se
vuelve rebuscada, es una frontera cogitabunda, aparece sostenida bajo una nube gris sobre lo que promete públicamente, y
lo que sostiene como eslabón de una clase dirigente, oligárquica y cerrada. Su
trabajo político actual, es una esfera sostenida, corporativa, privatizadora,
al servicio de los grandes grupos económicos, bajo el modelo capitalista, que bajo
un retoricismo expresa una política de niebla
brumosa, densa y serpentina. Juan Manuel Santos, parece un escarabajo y sin
duda, Álvaro Uribe Vélez, una mosca que revoletea.
La
farsa de Estado que se propugna en Colombia, extiende su cielo nublado hacia Venezuela.
Santos acomoda su pavesa histórica, la convierte
en su nube selectiva y guerrerista, no solo, contra los sectores populares en Colombia,
sino que transfiere la guerra, hacia el
Estado de Venezuela.
[1] La frontera colombo-venezolana tiene aproximadamente 2.219
kilómetros.
[2] El domingo 9 de mayo del 2.004, la inteligencia
del estado venezolano, detectan en la Hacienda Daktari, en una zona montañosa
del Municipio el Hatillo, propiedad del Maya Mero Robert Alonso a un gran grupo
de 153 paramilitares Colombianos que venían siendo entrenados para fraguar un
atentado tipo comando para asesinar al mandatario venezolano, Hugo Chávez.
Ver: http://www.aporrea.org/ddhh/a168381.html
Ver
sobre este punto, la presencia paramilitar en el estado de Táchira y Zulia –
[3] Ver un poco el tema: http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-captura-en-guarimba-a-paramilitar-colombiano-vinculado-a-Uribe--20140409-0053.html
[5] Ver sobre esta reflexión la
entrevista actual del periodista Dick
Emanuelsson- a Juan Carlos Tanus,
coordinador de “Colombianos en Venezuela” sobre los verdaderos motivos del
cierre de la frontera colombo-venezolana en el estado de Táchira. Escuchar la
entrevista completa: https://app.box.com/s/khqaxfyeedrc39ejq6sxa5ic69e4ytek
y http://venezdickema.blogspot.com.co/2015/09/18-millones-colombianos-consumen-la.html?spref=fb
[6] Para este caso es necesario, hacer referencia como en Colombia el trabajo de una cartografía paramilitar, se encubrió en el año de 1.999 con
las mal llamada Cartografía social, que sirvió para la identificación geográfica, es decir,
el empadronamiento de líderes del
sector campesino a nivel nacional. Esta cartografía social, fueron programas llevados a cabo entre universidades, gobiernos departamentales y alcaldías locales. Estos mapas temáticos, fueron la ruta posterior y progresiva en los
territorios, por parte de las Autodefensas (paramilitares) para realizar ejecuciones sistemáticas y corporativas en los
territorios en Colombia.
[7] Versión oral de un líder en frontera.
[8] Ver sobre esta declaración: http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-se-consigue-buenas-o-malas-santos-articulo-438586
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