Hoy la gran mayoría de los prisioneros/as políticos colombianos son población no combatiente, presos/as políticos de conciencia y presos/as políticos en razón del conflicto interno armado. Estos últimos pertenecen a la oposición política perseguida por el Estado colombiano.
2015/ Septiembre 16/ Por: Liliany Obando
Una proximación en el contexto de las conversaciones de paz
En Colombia sí existen prisioneros/as políticos. En el actual contexto de conversaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC – EP y ante el eventual inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, su reconocimiento es una necesidad imperiosa, pues no se entendería que se llegara a un acuerdo de cierre del conflicto y los miles de prisioneros/as políticos quedaran tras las rejas y menos que quienes fueron injustamente condenados -los condenados inocentes- no tuvieran la posibilidad de la revisión de sus casos y de esta forma, de una reparación, así sea tardía.
En Colombia sí existen prisioneros/as políticos. En el actual contexto de conversaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC – EP y ante el eventual inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, su reconocimiento es una necesidad imperiosa, pues no se entendería que se llegara a un acuerdo de cierre del conflicto y los miles de prisioneros/as políticos quedaran tras las rejas y menos que quienes fueron injustamente condenados -los condenados inocentes- no tuvieran la posibilidad de la revisión de sus casos y de esta forma, de una reparación, así sea tardía.
La
cruenta y larga data del conflicto
interno armado colombiano ha hecho que la naturaleza de quiénes se encuentran
hoy en las cárceles como prisioneros/as políticos sea cada vez más
compleja. No se trata exclusivamente de
aquellos hombres y mujeres combatientes miembros de las insurgencias a quienes
el derecho internacional define como prisioneros de guerra, sino que hoy la
gran mayoría de los prisioneros/as políticos colombianos son población no
combatiente, presos/as políticos de conciencia y presos/as políticos en razón
del conflicto interno armado. Estos últimos pertenecen a la oposición política
no armada, son defensoras y defensores de derechos humanos, pensadores/as
críticos, o hacen parte de los movimientos sociales, de los sindicatos, del
movimiento estudiantil, de las organizaciones campesinas, indígenas, de las
negritudes, etc.
Esta
es una trágica realidad que entre otras se explica claramente por una política
de desnaturalizar el delito político y convertir el universal derecho a la
rebelión en un delito, el cual es usado como arma para perseguir a quienes se
encuentran en la oposición, bien sea armada o legal. Por esta vía, miles de prisioneros/as
políticos ni siquiera están siendo judicializados o condenados por delitos
políticos propiamente dichos, como la rebelión, sedición y asonada y sus
delitos conexos, tal como establece el sistema penal colombiano, sino que les
son imputados cargos que se salen de la órbita del delito político, de manera
independiente, hablamos de delitos comunes graves como el terrorismo, el
secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores, el
narcotráfico, etc. Incluso, por la
fraudulenta imputación de éste último delito, el del narcotráfico, algunos
prisioneros/as políticos han terminado extraditados hacia Estados Unidos,
aunque que la Constitución Política colombiana prohíbe la extradición por
delitos políticos.
De
esta forma, asistimos a un panorama en el que gravemente estudiantes y
académicos son mostrados como terroristas; líderes sindicales como
financiadores del terrorismo y un sinnúmero de campesinos/as y luchadores sociales como narcotraficantes.
Pero también están los cientos de
prisioneros políticos de guerra, muchos de ellos con graves mutilaciones
sufridas en el momento de su captura en combate, o enfermos terminales, que
bien merecerían un trato acorde al Derecho Internacional Humanitario. Unos /as
y otros/as afrontando larguísimos procesos y condenas en condiciones
inhumanas. De las mujeres presas
políticas varias son madres, hayan sido combatientes o no combatientes, varias
además son madres cabeza de familia, lo que tiene una especial implicación casi
siempre ignorada, y muchas comparten el presidio con sus menores de 3 años.
Para ellas, el sistema penitenciario y carcelario y el aparato judicial
funcionan en masculino, pues una justicia diferencial y de género, pese a las
varias leyes conquistadas por mujeres para las mujeres, es en la práctica
inexistente.
No
todos los prisioneros/as políticos se encuentran en privación de la libertad
intramural, algunos/as pocos se encuentran en detención domiciliaria u otros en
o prisión domiciliaria, y aunque sustancialmente se mejoran sus condiciones
comparadas a las que se viven de las degradantes prisiones colombianas, las
deficiencias y perversiones del sistema judicial permanecen.
Pero
también están los ex prisioneros/as
políticos que se encuentran en
libertades parciales: libertades por vencimiento de términos, libertades
provisionales, y libertades condicionales, quienes en esta condición sufren el
acoso, la estigmatización, la persecución, la obstaculización de beneficios
judiciales adquiridos y falta de oportunidades para reconstruir sus vidas.
Pero
también es necesario entender que, especialmente en el caso de los
prisioneros/as políticos, las condenas no se limitan a la privación física de
la libertad, sino que se les imponen penas accesorias, como la destitución de
cargos públicos o inhabilidades para ejercer este tipo de cargos, por vía
administrativa y la exigencia de pagos de onerosas multas fiscales, que
usualmente son cobradas por una “unidad de víctimas”, que los/as convierte así,
en victimarios.
Todo
esto soportado por un aparato judicial que aplica el derecho penal del enemigo
para sus opositores y una sociedad carcelera como resultado, entre otras, de la
manipulación de los grandes los medios oficiales. Resultan de esta manera
siendo funcionales a unos legisladores que sancionan leyes más punitivas y
nuevos tipos penales, por una parte, y que justifican la negación de facto de
principios básicos en el ejercicio de la justicia como el debido proceso, la
presunción de inocencia, la defensa técnica, etc., por la otra. Todo esto en su conjunto hace más gravosa la
situación de los miles de prisioneros/as políticos colombianos.
Como
si este panorama no fuera lo suficientemente difícil, y como consecuencia de
todo lo anterior, no existe hasta el momento, un censo, lo suficientemente
veraz, de cuántos son los prisioneros/as políticos -de conciencia y de guerra-.
Las instituciones basan sus censos casi que únicamente en quienes están siendo
procesados por el delito de rebelión. Entre las organizaciones defensoras de
prisioneros/as políticos y los mismos prisioneros/as políticos tampoco hay un consenso en torno a cuántos
son realmente. Existen algunos censos
parciales, por tipo de organización política o social, pero no existe un censo
unificado nacional de todos/as los prisioneros/as políticos. Algunas organizaciones hablan de unos 4.500
prisioneros/as políticos, entre
combatientes y población civil, y otros de alrededor de unos 9.500. Las FARC – EP, en la vocería de Iván Márquez,
han sostenido que del total de prisioneros/as políticos, aproximadamente un 90%
son población no combatiente o presos/as de conciencia, es decir, que los/as prisioneros/as políticos de guerra sumarían
un 10% del gran total.
Es
por esto tan importante, que en el marco de un acuerdo de justicia en lo
relativo a la situación de los prisioneros/as políticos, exista un censo e
informe de la situación de los prisioneros/as políticos lo suficientemente
riguroso, lo suficientemente incluyente, como para ningún prisionero/a político
y/o ex prisioneros/a político que se considere injustamente condenado, quede
por fuera de las alternativas planteadas en un acuerdo de justicia entre las
partes, llámense indultos, amnistías, revisión o las que llegaren a aprobarse.
Esa es una tarea urgente y requiere de un gran esfuerzo de construcción
colectiva.
Un
buen cierre del conflicto exige no sólo que los prisioneros/as políticos que
han sido combatientes y los colaboradores
de las insurgencias puedan recuperar su libertad, sino que, y especialmente,
los miles de prisioneros/as políticos de conciencia y por razón del conflicto
también puedan hacerlo. La sociedad en su conjunto debe además disponerse para
recibirlos/as de manera constructiva y positiva en un escenario que se plantea
la construcción de una Colombia en paz, incluyente y abierta al debate y la
diferencia.
_____
*Para
efectos de este artículo hablamos de prisioneros/as políticos para definir toda
la amplia gama de personas privadas de la libertad por motivaciones políticas
por su pensamiento o acción legal o alzada en armas, bien sean procesados o
condenados.
**Liliany
Obando es socióloga, defensora de derechos humanos, ex prisionera política.
Fuente:
http://www.inspp.org/news/political-prisoners/quines-son-los/as-prisioneros-polticos-colombianos
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