Esta fascitización desde el Estado deberá desestructurarlo el presidente Juan Manuel Santos. El Estado creó el paramilitarismo, lo promocionó y a él le corresponde acabarlo, no a los movimientos insurgentes FARC-EP y ni al ELN, esa responsabilidad no le corresponde a los movimientos alzados en armas.
2015/
Octubre 2/ Paramilitarismo/
Por: Sara Leukos
Chaque époque rêve la suivante...- Michelet, Avenir ! Avenir.
Walter Benjamin
En
Colombia el paramilitarismo está reinante.
Las
fuerzas militares, han hecho del paramilitarismo una seguridad nacional y una instalación de toda una doctrina de
pensamiento militar.[1]
Esta doctrina ha conllevado a diversas eliminaciones, desapariciones forzadas, persecuciones políticas, desplazamientos de miles de ciudadanos y numerosas judicializaciones de corte político en
Colombia. El paramilitarismo, no es solo
una facción militar, es todo un pensamiento para-criminal, el cual introduce y
sostiene mecanismos sistemáticos de fascitizacion, bajo una represión y
eliminación, donde organismos del gobierno y agentes externos responden a toda
una política de Estado nacional.[2] Cabe
resaltar, la sombra militar, bien tenebrosa
en la época del periodo presidencial de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), quien
recurrió al decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, que sería conocido como ‘Estatuto de seguridad, éste sirvió para
encarcelar a miles de jóvenes, perseguir al
movimiento social y desaparecer a miles de ciudadanos que bajo
escuadrones de muerte y respaldado por su
famosito estatuto, jóvenes de
universidades, miembros de sindicatos, líderes campesinos, indígenas,
afros, se vieron abocados a la más humillante segregación, tortura, encarcelación,
judicialización y muerte en muchos
casos. La criminalidad bajo un orden
legal, es decir, una para-fascitización en toda su estela estatal.
Así,
Colombia en aras de la seguridad nacional, el Estado ha postulado y legitimado
su seguridad bajo desplazamientos, desapariciones forzadas, judicializaciones y,
lo más terrible, para un territorio: la extensión geográfica de miles de fosas comunes per secula seculorum.
Se
preguntan, ¿qué ha cambiado el Estado hasta ahora? Nada. Hoy día se continúa legalizando
la represión y persecución bajo decretos punitivos[3] y
de otro lado, se agencian grupos armados, delincuenciales, para perseguir y
asesinar en nombre del bien.
En
el actual proceso de paz con el
movimiento insurgente FARC-EP y la apertura
de mesa de paz con el ELN, es un gran reto
el tema del paramilitarismo.
El
paramilitarismo en el acontecimiento de la
Paz, diría, es la maceta principal
para beber y comer en paz. Se debe desestructurar toda una para-fascitizacion
del Estado en Colombia. El paramilitarismo es una nidada deshumanizada de para-funcionarios,
burócratas, para-legislación, políticos regionales, narcotraficantes, gremios
económicos, ultrajadores de la vida, predicadores de moral y sometedores gota a gota a miles de
ciudadanos. Uno de los gestores y amparadores del ejército paramilitar (Auto-defensas)
ha sido el actual senador actual Álvaro
Uribe Vélez, que durante su gobernación y
bajo su periodo periodo presidencial gestó y proporcionó el más execrable
genocidio político y el etnocidio a las comunidades indígenas, afros y campesinas del territorio nacional. Allí, está el punto más álgido de la Paz. Es
necesario su desmonte desde el Estado, para alcanzar una vida cotidiana, permitiendo
un lenguaje hacia lo humano, lo posible en las sendas
colectivas para ejercer una vida
política y dialógicamente en una
verdadera justicia. Sí, eso no se cumple, la Paz se logra con acuerdos-lateralizados,
pero el curso de la vida política, tendrá otras vertientes para encausarse en
el tiempo.
La niebla que
cubre el Estado es tan densa como la que cubre el tiempo del
paramilitarismo.
Por eso el monstruo
se encuentra entre nosotros
como mensajero
del más real humanismo
Walter Benjamin
En
Colombia, durante demasiado tiempo se ha puesto el énfasis a la creatividad
política del Estado. Esa vergonzante creatividad del mal, ultrajadora, y
funesta como metal ideal de la vida. Es claro que existe una diferenciación
sobre ciertos hechos políticos realizados por la insurgencia y otra, muy
distinta, por los organismos del Estado y agentes civiles al servicio de éste, como
por ejemplo en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de
organismo de las fuerzas militares y agentes civiles al servicio del Estado.[4] No
es equiparable el actuar de los movimientos en rebelión, con los crímenes
cometidos por el Estado.
Los
movimientos insurgentes FARC- EP y el ELN se han levantado en armas ante el genocidio,
persecución, la pobreza y los mecanismos de violencia del Estado perpetrados
por varias décadas en Colombia. Son movimientos en rebelión no delincuenciales,
los cuales, como organización en rebelión han trazado un gran proyecto político
desde hace más de medio siglo. No hay que enlodarse. Las FARC-EP, está
negociando entre otros temas, la cuestión de tierras, la participación política,
reparación a las víctimas, sustitución de cultivos, y de manera estructural su
seguridad, la dejación de armas, finalización
y verificación del conflicto.
Se
atisba un gran modelo de Paz restaurativa para Colombia, pero uno de los grandes
retos será derribar el gran tacón prusiano que avisa con todo su modelo filofascista:
el paramilitarismo.
El
paramilitarismo actual no cesa de proclamar que la crisis en Colombia, de
este siglo, es un conflicto económico,
de ideología doctrinal, presenta una búsqueda de la unidad como idea-fuerza básica en su
discurso de cara al exterior.
El paramilitarismo emplea la violencia como
medio para los fines del Estado. Este se halla en la perfecta combinación de unión de
pensamiento y acción de carácter filofascista, con razones políticas y tácticas.
Esta fascitización desde el Estado
deberá desestructurarlo el presidente Juan Manuel Santos. El Estado creó
el paramilitarismo, lo promocionó y a él le corresponde acabarlo, no a los
movimientos insurgentes FARC-EP y ni al ELN, esa responsabilidad no le
corresponde a los movimientos alzados en armas.
Es
un reto avanzar, sobre los mecanismos que se trazan por el modelo de Paz restaurativa. Es decir, combatir esa
ideología negativa a que los explotados deben permanecer de cara y lado, recostados
a toda una fuerza represora. Allí el paramilitarismo, hay de derribarlo no solo
como una fuerza armada, sino como una monopolización de la violencia, bajo toda
una línea de pensamiento en la sociedad colombiana, que atraviesa la imposición
en: lenguajes mediáticos, acciones legislativas, decretos punitivos, persecuciones
judiciales, la imposición de una violencia jurídica, la instalación de una economía
moral, el monopolio político local de una vieja clase dirigente anacrónica, es
decir, combatir el modelo de desarrollo
restringido, segregacionista y monopolizado. Es primordial adentrase en ese
gran consenso de la Paz y no bajo situaciones de orden moral, cuando es al Estado
que le corresponde responder por sus acciones militaristas y criminales.
Hay
que generar una reflexión sobre el orden jurídico que no contempla el proceso
de Paz, es decir, las leyes que el
derecho protege en su poder, donde la Ley se nos revela amenazante, recayendo
en los ciudadanos, que se hallan en diverso espacios sociales, políticos y
organizativos.
Sin
duda este trazo de la Ley amenazante, es
un tema de toda una sociedad y no exclusiva del proceso de Paz con los movimientos
insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del
Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
En
esta instancia los movimientos sociales y sus líderes deben tener claro toda la advertencia histórica de
lo que significa las huellas y la permanencia de una Paz con justicia social,
de un lado, la proclamación de Paz por parte de los movimientos alzados en
armas y, de otro lado, el tendón histórico que ejerce el Estado hacia las
persecuciones y judicializaciones a líderes del movimiento social. El Estado
debe proteger los derechos de los ciudadanos y dar garantías de convivencia. No
hay que confundirse con recostar la responsabilidad a los movimientos
insurgentes, de lo que el Estado ha dejado de hacer por más de 100 años. El Estado tiene una responsabilidad proteger y amparar los derechos de los
ciudadanos y desmontar el negocio de la guerra de las grandes oligarquías monopolizadoras de los territorios.
“Quienes
aseguran que pueden predecir el destino
que toca a las personas a partir de unos
signos dicen que de algún modo el
destino se encuentra ya presente para el que sabe verlo, para quien halla en sí
mismo un saber inmediato del destino.-Walter Benjamin 1921.”
[1]
Ver sobre este punto la reflexión del analista Horacio Duque , sobre el tema de
la doctrina de seguridad nacional: http://anncol.eu/index.php/opinion/item/2067-horacio-duque
Para recordar al
presidente Julio Cesar Turbay Ayala, con el decreto 1923 de 1978
(estatuto de seguridad) y el de
Cesar Gaviria de decreto 1994, de
Vigilancia y Seguridad, firmado por el
entonces ministro de Justicia Rafael Pardo. Legalizando toda un doctrina
de seguridad militar y poniendo al orden
todo un mecanismo de
para-fascitización s
[2]
Ver sobre este punto los artículos de José Antonio Gutiérrez :
http://www.anarkismo.net/article/16405
http://www.anarkismo.net/article/15844
http://www.anarkismo.net/article/17240
[3] En
este sentido se han dictado en el código penal, diversas tipificaciones desde 1936, 1970, 1980, 2000 decretos punibles y sancionatorios.
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol50_1/05delitos.pdf
[4]
Sobre este tema de la ejecuciones
extrajudiciales, llamadas falsos positivos, hay toda la que quiera el lector
distribuida en diversos medios
periodísticos y textos.
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