Líderes de sectores democráticos y de izquierda e integrantes del Frente Amplio por la Paz de Colombia se reunieron en La Habana con la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Durante
la reunión discutieron la posibilidad de convocar a un acuerdo social y
político por la paz y la constituyente como mecanismos de refrendación y
sostenibilidad de paz.
"Asimismo,
instamos al Gobierno Nacional y a las FARC-EP a conformar a la mayor brevedad
la comisión para la creación del estatuto de la oposición y a que integren la
misión encargada de la reforma electoral previstas en el punto dos de los
acuerdos de La Habana", precisa un comunicado.
"La
posibilidad de acabar con la guerra en Colombia hoy es una realidad. El
compromiso y la responsabilidad de construir un nuevo país en paz es de todas y
todos los colombianos", agrega la misiva.
"Llegó
la hora de la paz, de la unidad, de la reconciliación y de construir un país al
alcance de los sueños de las próximas generaciones", finaliza el
comunicado.
En contexto
El
Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aceptó el
pasado lunes la solicitud que hizo Colombia para crear una misión internacional
que permita verificar el alto al fuego entre el Gobierno y las FARC-EP.
El
Estado colombiano y las FARC-EP acordaron la semana pasada establecer un
mecanismo de verificación con la participación de entes extranjeros. Esto como
parte de los diálogos de paz que se realizan en La Habana, Cuba, desde 2012.
Colombia
lleva más de medio siglo sumida en un conflicto que ha dejado unos 300 mil
muertos y millones de desplazados internos y refugiados en Estados vecinos,
entre ellos Venezuela y Ecuador.
Integrando sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas, los medios
dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que gobierna: son los medios ahora parte de la élite.
Ocultar el paramilitarismo en Colombia es una política estatal. A pesar de las amenazas
a organizaciones sociales, los asesinatos selectivos y el desplazamiento
forzado de comunidades, negar el accionar paramilitar en estos crímenes es una
directriz gubernamental para los medios de comunicación privados que reproducen
el manual de estilo de la Presidencia de la República, cuya línea editorial ordena
emplear el calificativo de “bandas criminales” (bacrim) para los grupos
paramilitares.
Convertidos
en corporaciones mediáticas, los medios privados sostienen el tipo de modelo
económico y político al cual pertenecen y perpetúan gobierno tras gobierno. Integrando
sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas,
los medios dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que
gobierna: son los medios ahora parte de la élite.
Conglomerados
económicos como la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Santo
Domingo y la Organización Ardila Lule son algunos ejemplos de cómo la
diversificación de la economía incluyó a los medios de comunicación como un
sector estratégico para sus fines económicos y políticos. Siendo dueños de
empresas en sectores como el financiero, agroindustrial, minero-energético,
inmobiliario, y hasta de equipos de futbol como el Club Atlético Nacional de Medellín,
estos tres conglomerados también tienen en su poder a RCN Televisión, RCN
Radio, Caracol Televisión, City TV, Blu Radio y los periódicos El Tiempo, El
Espectador y ADN, por nombrar solo algunos.
Gobiernos
y dueños de medios establecen de esta manera una relación inseparable para
perpetuarse en el poder y legislar en favor del modelo neoliberal que entrega
el patrimonio público y la soberanía a intereses extranjeros. La venta de
Isagén, la precariedad del salario mínimo y aumento del IVA es una pequeña muestra de esta política que degrada las condiciones de vida del
pueblo colombiano. Ver: La venta de Isagén es la paz del Gobierno
Las
corporaciones mediáticas se muestran, entonces, como extensiones del Gobierno que
actúan acorde a sus necesidades políticas y propagandísticas. En distintos
escenarios, como el actual contexto de guerra y paz, se configuran en oficinas
de prensa gubernamentales que fragmentan, parcializan y tergiversan información.
Dentro
del campo de la sicología de masas el Gobierno aprendió a manipular el lenguaje
para silenciar y petrificar la memoria. Quizá uno de sus mayores logros reside
en ocultar los antecedentes del terrorismo de Estado. Porque negar las
estructuras paramilitares, al tiempo que las menciona y omite bajo el
calificativo de “bandas criminales”, es una sutil forma de negar los hechos sin
dejar de mencionarlos para evadir su responsabilidad en la conformación del
paramilitarismo.
Transformar
las estructuras paramilitares en “bandas criminales” aparece como el guión a
seguir por los medios de comunicación, el cual reproducen presentando los
hechos como un problema de delincuencia organizada y no como la expresión del
terrorismo de Estado que recurre al paramilitarismo para perpetuar a una élite,
o a sus testaferros políticos, en el poder.
Línea
por línea, palabra por palabra, los medios privados convierten a periodistas y
presentadores en personajes que actúan en una obra donde improvisar la palabra
“paramilitarismo” puede ocasionar la pérdida del papel protagónico y la
respectiva censura para trabajar en otros medios. Es una obra de teatro escrita
por el Gobierno que no admite cambios. “Bandas criminales” será siempre el
términoa emplear.
Pero
los antecedentes superan el engaño. Siendo el paramilitarismo la máxima
expresión del terrorismo de Estado, sus orígenes involucran a integrantes de la
Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962 visitaron el
país recomendando la conformación de grupos paramilitares. Como lo relata el
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el informe
realizado por el General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela
de Guerra Especial de Fort Bragg, incluía un suplemento de carácter secreto que
recomendaba “impulsar sabotajes y/o
actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del
comunismo”, en caso de ser necesario.
Sin
embargo el paramilitarismo no se conformó exclusivamente para amenazar y
asesinar a partidarios del comunismo. Más allá del carácter ideológico, la
estrategia paramilitar busca borrar el pensamiento crítico y cualquier proceso
organizativo o comunidad que cuestione al Gobierno y los intereses de los
conglomerados económicos nacionales o trasnacionales.
Todo
sucede bajo una estrategia de ocultamiento de la verdad y evasión de
responsabilidades que trae efectos negativos al proceso de paz y genera
desconfianza en las organizaciones sociales, en tanto que la negación del
paramilitarismo deja entrever la falta de voluntad política del Gobierno para
su desarticulación. Es una desconfianza que crece al comprender que superar el
conflicto colombiano requiere no solo de poner fin a las estructuras
paramilitares, sino también a la política que las crea cada vez que las
requiere para perpetuarse en el poder.
La Veeduría Social exhortó a Gobierno y FARC a declarar el cese al fuego bilateral recomendando que en éste se incluya "al ELN como un gesto importante de inicio de las negociaciones con dicho grupo insurgente".
Veeduría Social en los diálogos de paz en La Habana. Foto: Archivo | APA
La Veeduría Social, conformada por organizaciones sociales y religiosas para verificar la tregua unilateral declarada por las FARC el 20 de julio de 2015, denunció
este viernes que grupos paramilitares operan “con la complacencia de las
fuerzas militares”, en alusión a los municipios de Cáceres, El Bagre y el
corregimiento de Puerto Claver en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, “en
los cuales, desde el mes de septiembre del 2015, se ha presentado un proceso
progresivo de paramilitarización de la zona”, aseguró la veeduría a través de un comunicado.
De
igual forma denunciaron “situaciones de afectación de parte de la Fuerza
Pública” y presencia paramilitar en los departamentos de “Córdoba, Antioquia,
Chocó, Valle del Cauca, Meta, entre otros, lo cual ha producido asesinatos,
desaparición forzada y desplazamiento; así como la judicialización arbitraria
de dirigentes sociales”.
El
comunicado se da luego de las medidas legislativas y políticas del Gobierno que
para la veeduría “ensombrecen el ambiente favorable para la salida política
negociada del conflicto armado y que van en contravía de los acuerdos
alcanzados en La Habana”, refiriéndose a privatizaciones como la venta de
Isagén y la ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social),
“que han propiciado el rechazo de amplios sectores sociales y políticos que
plantean el desarrollo de procesos de movilizaciones sociales de rechazo”.
También
se da a pocos días de que Gobierno y FARC solicitaran al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas verificar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas
dentro del proceso de paz que se desarrolla en La Habana, lo cual ven como un
paso importante en “el proceso formal de verificación que ayudará a prevenir
que las situaciones denunciadas en este pronunciamiento sigan sucediendo”, afirmó
la Veeduría Social que ratificó estar
lista para acompañar el proceso de verificación:
“Nuestro
compromiso es seguir desarrollando esta tarea, en perspectiva de una cese
bilateral al fuego y de la implementación de los acuerdos pactados entre las
partes, en que estamos dispuestos a seguir incluyendo a otras organizaciones y
comunidades”, anuncia el comunicado que resaltó “los seis meses ininterrumpidos
de cese unilateral al fuego declarado por las FARC-EP”.
La
Veeduría Social además exhortó a Gobierno e insurgencia a declarar el cese al
fuego bilateral recomendando que en éste se incluya “al ELN como un gesto
importante de inicio de las negociaciones con dicho grupo insurgente y una
forma de superar los errores de pasadas negociaciones que se realizaron de
manera fragmentada”.
El documento de investigaciónse socializará el 11 de febrero a las dos de la tarde en el auditorio principal de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué. El 18 de febrero se expondrá en La Habana.
Luego
de cuatro meses de intenso trabajo por parte de los investigadores del proyecto
Qantu, la recopilación de la información ha llegado a su fin y el documento de
investigación ya tiene fecha, hora y lugar para su lanzamiento.
Hablaron
las víctimas, y el documento de investigación del proyecto Qantu, denominado
"Para no volver a la guerra, una mirada desde el territorio", expone
su preocupación y posterior reflexión sobre lo que será Colombia después de la
firma de los acuerdos de paz en La Habana.
De
esta forma se determinaron una serie de conclusiones y recomendaciones que
apuntan a orientar al gobierno nacional y a las FARC a trabajar por la no
repetición del conflicto armado.
Comunidades
que han vivido la violencia en más de 15 municipios del país, a donde llegaron
los 12 investigadores, manifestaron que temas como la reconciliación, la
educación, la salud, el empleo, proyectos productivos, entre otros, son claves
para el trabajo que ejecutará el gobierno en el proceso de pos acuerdo, dichos
temas se convirtieron, dentro del documento de investigación, en una constante
dentro del marco de recomendaciones que expusieron las personas encuestadas y
quienes son protagonistas en este documento que además será llevado a la mesa
de negociación en Cuba el 19 del próximo mes.
Anterior
a la entrega, el documento de investigación tendrá un evento de lanzamiento que
se realizará el próximo 11 de febrero a las dos de la tarde en el auditorio
principal de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué, y el cual
contará con la participación de personalidades de la política nacional, medios
de comunicación local y nacional, y como panelistas invitados: Alejandro Toro,
director de la fundación para una nueva vida, Funuvida, fundación encargada de
la ejecución del proyecto e investigación y Fernando Esteche, presidente del
movimiento Quebracho de Argentina, y docente de la Universidad de La Plata.
Pese a las múltiples movilizaciones que se realizaron a finales del año 2015 en rechazo a la crisis del HUV, hoy con el cambio de gobierno departamental y local, la situación sigue siendo crítica. Así lo manifestaron los estudiantes de la Universidad del Valle.
No obstante las promesas de la gobernadora Dilian Francisca Toro, de mejorar la red pública hospitalaria, los estudiantes aseguran que no confían en sus
intenciones.
Los
estudiantes trabajan por retomar las jornadas de movilización y pedagogía
acerca del estado del Hospital Universitario, pues, según ellos, la ciudadanía
continúa desconociendo la verdadera situación del centro asistencial la cual
pretende ser maquillada por la actual administración.
La estrategia consistió en cambiar el objeto legal del fondo ganadero que era el de fomento de la ganadería, por el de adquirir tierras baratas compradas a campesinos que estaban bajo presión de los paramilitares.
El
mayor accionista del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Molina Velarde,
miembro de su junta directiva en la época en que el clan Castaño Gil
despojaba de sus tierras a los campesinos, está condenado a 16 años y 8 meses
de prisión por esos hechos y a pagar una multa de quince mil millones de pesos
para reparar a sus víctimas. Se encuentra en la Picota hace un año.
Molina
y su esposa María Cristina Buelvas que también es accionista importante del
Fondo, adquirieron en 2005 el 20.31% de su propiedad. Esta pareja posee las
sociedades BMV Ltda., y CBM Ltda. Las cuales son también accionistas del Fondo.
Molina
fue condenado junto a Sor Teresa Gómez, cuñada del clan Castaño, en octubre
pasado tras aceptar responsabilidad en la estrategia trazada para intimidar
campesinos.
Otro
gran accionista del Fondo Ganadero de Córdoba, de acuerdo a documentos
oficiales, es el empresario Luis Gallo Restrepo con 3 millones 700 mil
acciones. El condenado exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio
confesó
La
estrategia planeada por Gallo Restrepo consistió en cambiar el objeto
legal del fondo ganadero que era el de fomento de la ganadería, por el
de adquirir tierras baratas compradas a campesinos que estaban bajo presión de
los paramilitares para luego liquidar el fondo y repartirse las tierras.
Un
tercer accionista de más de tres millones de acciones es Carlos Sotomayor Hodeg.
Este fue representante del propio Ministerio de Agricultura en el Fondo,
en 1997, cuando se compraron fraudulentamente la mayor parte de las tierras de Urabá
y era el gerente del mismo cuando fue capturado en febrero de 2014 junto a
Molina y a Gallo.
El siguiente mensaje es la respuesta a una serie de preguntas planteadas a Hubert Ballesteros por James Jordan de la Alianza para la Justicia Global. Ballesteros fue arrestado durante la negociación del Paro Nacional Agrario de 2013 y acusado de rebelión. Él también estaba sirviendo en el comite ejecutivo de
FENSUAGRO, la mayor federación del país de trabajadores agrícolas
sindicalizados y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federación
sindical general de Colombia.
Camarada
James, es un placer saludar a través de ustedes, los colectivos de solidaridad,
movimiento obrero y los trabajadores de los Estados Unidos y todo el pueblo de
América del Norte. Entendemos y conocemos la diferencia que existe entre la
posición y la opinión de la gente de América del Norte y las posiciones
reprochables y actividades de su gobierno no sólo en el interior de los Estados
Unidos, sino a nivel mundial. Por lo tanto, los presos políticos ofrecemos un
abrazo fraterno a todos los trabajadores y todo el pueblo de América del Norte.
Es
un placer para mí responder a estas preguntas que el camarada James Jordan me
envió, que hago en mi condición de preso político, miembro del Comite Ejecutivo
de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Nacional
Unitaria de Trabajo de Agrícola Trabajadores (FENSUAGRO) y la Marcha Patriótica
(Marcha Patriótica) movimiento político.
Permítanme
analizar el tema de los acuerdos de paz y las posibilidades en el marco del
acuerdo sobre el punto de víctimas. Eso también se ocupa del tema de la
Justicia de Transición para la paz. Debo decir que efectivamente el acuerdo
sobre el punto de la justicia transicional firmado recientemente entre el
gobierno colombiano y los insurgentes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), contempla la posibilidad de
que [los presos políticos] tendrá la oportunidad para acceder a beneficios
tales como el perdón para aquellos que pueden estar en este momento condenado y
el de la amnistía y el cese de los procedimientos para aquellos cuyos casos
están pendientes. [Esto sucedería] una vez que se firmen los acuerdos y poner
en práctica los tribunales que se aplicarán la justicia especial acordado entre
las partes. En Colombia hay alrededor de 10.000 presos políticos dividido entre
los presos de conciencia y prisioneros de guerra.
La
segunda de las preguntas de James era si fui arrestado durante las actividades
de una huelga. Básicamente me encontraron en Bogotá oficiando como parte de la
Comisión Nacional de Negociación 2013 de la Huelga Agraria cuando me
detuvieron. Me acusó de los delitos de rebelión y de la recaudación de fondos
para el terrorismo. Los cargos fueron establecidos como parte de un montaje
judicial por personajes pagados por el Ministerio Público y la Policía Nacional
con el fin de poner freno a lo que en ese momento se estaba desarrollando en
una de las huelgas de agricultores más importantes en los últimos 30 años. A
partir de ese momento me encontraba confinado en la cárcel de La Picota en una
detención que en todas luces es ilegal. Todas las condiciones establecidas del
debido proceso y la presunción necesaria y obligatoria de inocencia que lo
establecido por la ley, la Constitución Nacional y la legislación internacional
de derechos humanos han sido violados dentro de este proceso.
Mi
detención, entonces, es parte de una política de represión y criminalización de
la protesta social en Colombia que se ha aplicado durante muchos, muchos años.
Se ha llevado a muchas personas a las cárceles del país, muchos pusieron en
libertad después de haber pasado dos, tres o cuatro años o más en la cárcel.
Esperamos que la firma de los acuerdos de paz podría cambiar la concepción
impuesta por el Pentágono estadounidense. Con esto queremos decir que el
enemigo interno y lo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, a través
del cual la Policía, el Ejército, el DAS (servicio de inteligencia colombiano),
los jueces y abogados son educados y adoctrinados en el Comando Sur de los
Estados Unidos y en la Escuela de las Américas. Será necesario que mantengamos
el desarrollo de la lucha social y popular, ya que la firma del acuerdo de paz
es apenas el comienzo de la construcción de una paz real y duradera con
justicia social. Vamos a seguir haciendo esto, nos mantendremos exigiendo
nuestros derechos como trabajadores y como la población colombiana a través de
los mecanismos que permiten a nuestra estructura de trabajo de la organización,
tales como el paro, la huelga y la movilización.
Otra
de las preguntas es, ¿es posible después de los acuerdos de paz, para los
sectores de izquierda democrática y ser capaz de llegar a la unidad? Desde que
entramos en este trabajo con mucha experiencia, hemos tenido diferentes
propuestas. En este momento particular venimos trabajando para fortalecer lo
que hemos denominado el Frente Amplio para la Paz, la Justicia Social y la
Democracia. En este sentido, hemos dado pasos muy importantes dado que el
Frente ha convertido en garante y promotor de los Diálogos de Paz. Además de
esto, a través de la petición de las FARC-EP que servimos como observadores del
alto el fuego unilateral que en varias ocasiones ha sido decretada por la
insurgencia y que por su parte se mantiene en vigor. Aspiramos a convertir ese
Frente Amplio para la Paz en el escenario de la lucha política y la unidad
hacia la disputa por el poder con la burguesía colombiana. Eso no es fácil!
Obviamente existen diferencias de personajes políticos e ideológicos. Esto es
natural en la izquierda colombiana y con los sectores populares que se
organizan en sindicatos, el movimiento indígena, el movimiento
afrodescendiente, y otros sectores sociales. Pero venimos trabajando
diligentemente para que el Frente Amplio podría ser el lugar de encuentro para
todos aquellos que cuestionan la dirección de este país y que podemos ser una
fuerza que puede disputar por el poder con el bloque hegemónico de la
oligarquía que ha hecho uso de los beneficios de la energía en nuestro país de
alrededor de 200 años.
En
cuanto al tema de la UP, yo soy uno de los sobrevivientes del genocidio contra
la Unión Patriótica (Unión Patriótica). Entré siendo muy joven. He ocupado
cargos de elección popular, en el momento elegido como representante de la
Unión Patriótica. Consideramos que efectivamente la situación de un genocidio
podría volver, volver a repetirse después de la firma de los acuerdos. Debemos
tener en cuenta lo que en este momento actual puede evitar que esto suceda de
nuevo.
El
número uno es que, en todo caso, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25
años y el tema de los Derechos Humanos ha llegado a ser muy importante. Existen
muchas organizaciones y colectivos tanto a nivel nacional así como a nivel
internacional que son vigilantes que lo que se especifica en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de cumplirse. Es decir que ningún Estado,
ningún gobierno, ni la estructura de este gobierno como las fuerzas militares
en este tiempo tienen la impunidad cuando se enfrentan a los graves crímenes
contra la humanidad perpetrados por ellos en la represión de la oposición
política. Esto nos anima a creer que a pesar de que tienen la intención; no va
a ser tan fácil. Obviamente, también, nuestra experiencia que hemos adquirido
en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos nos va a ayudar para que un
episodio de esa manera no se puede repetir. Pero vuelvo a decir que sí, nos
sentimos miedo porque el gobierno no quiere discutir en la mesa de diálogo de
la estructura de las Fuerzas Armadas y la Policía, no quiere hablar de la
doctrina de estas fuerzas armadas que da lugar a la formación de los organismos
paraestatales que conocemos como el paramilitarismo en Colombia. Se trata de un
fondo de riesgo, pero la paz que arriesgan y estamos dispuestos a asumir por el
bien de la construcción de una nueva sociedad y un nuevo país para los
colombianos.
Es
cierto lo que James expresa en sus notas de la entrevista, que el gobierno o
los gobiernos de los Estados Unidos, o, es decir, el estado de América del
Norte, es un actor en el conflicto colombiano, y un actor de primer orden, la
patrocinador principal y, por qué no decirlo, uno de los principales
beneficiarios de la guerra en Colombia. Somos conscientes de que este no es el
sentido de los pueblos de América del Norte, pero obviamente sabemos que es en
el interés de las empresas transnacionales, en los intereses económicos de la
oligarquía norteamericana que ha promovido la violencia en Colombia y no sólo
en Colombia sino en toda América Latina y el mundo.
Esperamos
que el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos a demostrado por la paz en
Colombia no se concentra en la ayuda económica, ni en la ayuda tecnológica,
sino en un cambio de actitud y el respeto a la soberanía del Pueblo y sobre
todo en la soberanía del pueblo colombiano a decidir su propio futuro.
Y
como su compañero también indicó en sus notas, la solidaridad internacional
desempeñará un papel sumamente importante en el mantenimiento de la paz y en
garantizar el respeto de los derechos de los colombianos y en particular para
los que forman la oposición en Colombia. El movimiento obrero norteamericano,
los colectivos que se han formado en suelo estadounidense y que el apoyo a la
causa de la paz en Colombia y el mundo tienen la tarea muy importante de
ejercer la vigilancia y la vigilancia no sólo hacia la intervención de su
propio gobierno, pero hacia el gobierno colombiano . Se debe cumplir con todo
lo que se ha acordado para que no se repita el conflicto colombiano, pero
terminará precisamente porque los acuerdos se cumplen. Asimismo, el desarrollo
de las transformaciones económicas, políticas y sociales que son para una paz
justa, duradera con justicia social para el nuevo futuro de los colombianos.
Doy
las gracias a James por la oportunidad de esta entrevista. Doy las gracias a
todos los que han escuchado y extiendo desde la cárcel La Picota un abrazo
fraterno a todos ustedes. Espero que algún día, cuando recupere mi libertad
puede ser capaz de cumplir con todas sus organizaciones sindicales y sus
dirigentes agradecer personalmente a todos por el trabajo de solidaridad que ha
mostrado a favor de la libertad de los presos políticos y el respeto de los
derechos humanos en Colombia.
Mientras el circo del fútbol moderno discute sobre quién fichará a cuál jugador o cuáles son los
guayos de la temporada, algunos discretamente ponemos el retrato de un vasco calvo y gordito en nuestro santoral de los futbolistas literalmente zurdos.
Agustín Gómez Pagola con el Atlético de Madrid. Foto: Marca.com
2016/ Enero 25/ Por: Lucas Carvajal
Quique
Peinado, periodista deportivo español, lanzó en 2013 el interesante libro
“Futbolistas de izquierdas”. Se trata de una muy buena recolección de relatos
sobre jugadores de balompié que, de una manera otra, escribieron con la zurda
su vida política. El primero de ellos empieza con una frase digna del
dramatismo que solo el fútbol nos regala: “Si los comunistas creen que el
fútbol es el opio del pueblo, el Partido Comunista de España en los 60 era un
campo de amapolas”.
La
historia en cuestión es la de Agustín Gómez Pagola, ciudadano de la República
Española, nacido en 1922 en la ciudad vasca de Rentería. En plena Guerra Civil,
el adolescente Agustín huía a la Unión Soviética para salvar su vida: fue uno
de los famosos niños de la Guerra, cientos de jóvenes de familias republicanas
que marcharon a Moscú ante la inminencia de la victoria franquista.
En
la URSS, Agustín se convirtió en un ejemplar futbolista del naciente sistema
deportivo socialista, jugando con el Torpedo de Moscú y con la selección
soviética. Goleador, capitán y stajanovista de las canchas, al lado de sus
méritos deportivos guardaba Agustín un honor mucho más discreto: era militante
del Partido Comunista de España en el exilio y organizador clandestino de una
militancia desperdigada por el mundo entero. Mientras viajaba con su club o su
selección, nuestro héroe militaba silenciosamente en el exilio comunista
español.
Después
de inscribir su nombre con letras doradas en la historia del Torpedo de Moscú,
un Agustín mayorcito volvió a España tras ser fichado brevemente por el Atlético
de Madrid. Corría el año del 56 y Franco abría las puertas para quienes
quisieran huir del país de los Soviets. Entonces la clandestina militancia
comunista de nuestro héroe encontró la mejor tapadera posible: las rayas
rojiblancas del equipo colchonero.
Ya
retirado de la práctica profesional, Gómez Pagola se dedica a entrenar equipos
de juveniles en Euskadi mientras organiza y coordina a la resistencia comunista
vasca, siempre en silencio, sin notoriedad alguna. En 1961 es capturado por las
fuerzas de seguridad, torturado y liberado gracias a una campaña internacional.
Exiliado en Venezuela, continúa en el trabajo internacional de su Partido,
siendo integrante del Comité Central.
Con
la aparición de la tendencia eurocomunista en los partidos de Europa
Occidental, Gómez Pagola se ubica en el bando de quienes la rechazan y se
enfrenta decididamente a Santiago Carrillo en el Comité Central del PCE.
Carrillo, secretario general, promueve el antisovietismo y la concertación
política. En 1969 la lucha interna lleva a que el sector eurocomunista expulse
a los dirigentes del sector marxista-leninista, Gómez Pagola incluido. La
llamada “escisión pro-soviética” de la que Agustín participa, conformaría el
Partido Comunista de España (VIII-IX Congreso) del que surgiría el actual
Partido Comunista de los Pueblos de España. En 1975, atacado por una enfermedad
terminal, fallece nuestro héroe en Moscú. Sus restos descansan en el cementerio
de Donskoi, paradójicamente cerca de la tumba de Solzhenitsin. La vida de
Agustín Gómez Pagola, repleta de peligros y de sacrificios, contrasta
radicalmente con los arquetipos de futbolistas que se nos presentan día a día.
La última entrega del Balón de Oro es paradigmática: jugadores-modelos pisan la
alfombra roja, saludan a sus patrocinadores y llenan los bolsillos de sus
representantes.
¿De
qué era producto Gómez Pagola? ¿De los horrores de la Guerra Civil y el
franquismo? ¿De la férrea cultura conspirativa de los comunistas de la
posguerra? ¿De la Guerra Fría? Seguramente algo habrá de cada uno de estos
elementos. Pero un fútbol ajeno a mercantilismos, afín al sentir colectivo de
los clubes y los seleccionados, algo habrá tenido que ver.
Y
así, mientras el circo del fútbol moderno discute sobre quién fichará a cuál
jugador o cuáles son los guayos de la temporada, algunos discretamente ponemos
el retrato de un vasco calvo y gordito en nuestro santoral de los futbolistas
literalmente zurdos. Sí, allí, al lado de la foto del Doctor Sócrates que
exigía ganar o perder, pero siempre en democracia. O de la de ese Cantoná
enemigo del capital financiero. O arribita de la de Caszely negándose a darle
la mano a Pinochet. Y así, entre tantos héroes y de tantos sueños de alcanzar
de un fútbol distinto, nos comprometemos en ser militantes de la talla de
Gómez Pagola.
*Lucas
Carvajal es integrante de la delegación las FARC que adelanta con el Gobierno
colombiano el proceso de paz que se desarrolla en La Habana.
El alcohol que no deja resaca, los medicamentos que curan enfermedades hepáticas o los bombones antitabaco son algunos de los misteriosos logros de la ciencia norcoreana.
A
continuación les presentamos las siete invenciones científicas de que está
orgulloso uno de los países más cerrados del mundo, según la BBC.
Un
tipo de alcohol que no provoca resaca
De
acuerdo con la información del periódico oficial del país, el 'Pyongyang
Times', Corea del Norte elaboró una bebida alcohólica que contiene hasta 40 grados
de alcohol pero no da resaca. Entre los ingredientes de esta bebida se
encuentra la raíz de 'gingseng' y el arroz que debe sustituir al azúcar. Las
autoridades del país aseguran que este licor tiene un evidente efecto curativo.
Bombones antitabaco
Los
científicos norcoreanos anunciaron en 2011 la invención de unos bombones
especiales que ayudan a dejar de fumar. Según la prensa estatal, estos dulces
son efectivos y también ayudan limpiar el organismo de sustancias tóxicas.
Medicina
para curar el hígado
La Agencia
Telegráfica Central de Corea (KCNA por sus siglas en inglés) anunció los
ensayos exitosos de un fármaco capaz de hacer frente a una variedad de
enfermedades hepáticas graves. Sus efectos se basan en el uso de protoporfirina
natural obtenida de sangre animal.
Según
los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pionyang, el
nuevo medicamento se emplea para el tratamiento de la hepatitis, la cirrosis y
otras enfermedades graves del hígado.
Una
bebida que estimula el cerebro
Se
trata de un zumo producido por la empresa estatal Moranbong Carbonated Fruit
Juice Joint Venture que asegura, aunque no se sabe si mucho o poco, el aumento
del número de células cerebrales. Está hecha con más de 60 tipos de
microelementos de 30 especies diferentes de plantas medicinales. Además, según
sus fabricantes, posee antioxidantes que retrasan el envejecimiento de la piel
y ayudan a prevenir enfermedades degenerativas.
Pintura
de camuflaje militar
Corea
del Norte ha desarrollado también una pintura de camuflaje para armas
antiradar. La invención es un secreto, pero expertos de Corea del Sur tuvieron
acceso a un ejemplar de un folleto informativo que explica que la pintura puede
ayudar no solo a encubrir supuestamente tecnología armamentística, sino también
edificios.
Una
tableta sin Internet
La
tableta norcoreana, de nombre Samjiyon, utiliza el sistema operativo Android y
cuenta con distintos materiales audivisuales de propaganda de Corea del Norte
preinstalados. Además, con la tableta se puede jugar al análogo norcoreano del
popular juego Angry Birds. No obstante, carece evidentemente de
conexión a Internet.
Un
generador de fallos técnicos
Otra
invención de Corea del Norte es un generador de interferencias con capacidad,
según fuentes oficiales del país, de cambiar el curso de las armas de
precisión.
El
dispositivo tiene capacidad para apartar de su objetivo y hacer caer en lugares
equivocados a las bombas guiadas y misiles de crucero a disposición, por
ejemplo, de EE.UU. De acuerdo con la información del periódico surcoreano
'Chosun Ilbo', este generador tiene capacidad para afectar a la tecnología que
funciona a base de la orientación por satélite.
El Vicefiscal Jorge Perdomo anunció,en días pasados, nuevos procesos penales por delitos de carácter político, en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos que acusan al Gobierno de “fabricar montajes judiciales”.
Ricardo Téllez, delegación de paz de las FARC. Foto: Archivo | APA
Este viernes, desde La Habana las FARC valoraron como un hecho positivo las declaraciones del Fiscal General Eduardo Montealegre, quien propuso excarcelación “para los condenados y procesados por hechos del conflicto, no solamente para los casos en que padezcan problemas de salud, indicando que existen vías en el ordenamiento jurídico, para ello incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz”, afirmó Ricardo Téllez de la delegación de paz de la insurgencia.
Sin
embargo, contrarias a las afirmaciones de Montealegre resultan las
declaraciones del Vicefiscal Jorge Perdomo que en días pasados anunciaba nuevos
procesos penales por delitos de carácter político, en medio de las denuncias de
organizaciones de derechos humanos que acusan al Gobierno de “fabricar montajes
judiciales” contra líderes sociales que terminan acusados de rebelión.
“Reconocemos
la intención del Fiscal de ponerse a tono con el proceso de paz y con los
acuerdos del Estado colombiano de desescalamiento del conflicto, aunque aún
persistan acciones en contravía de estos fines como el anuncio en días
anteriores del vicefiscal Perdomo de 1500 nuevas investigaciones penales contra
civiles pretendiendo procesarlos por delitos políticos”, aclaró la organización
guerrillera.
Las
declaraciones de las FARC se dan un día después de la liberación de 17
guerrilleros que integran la lista de los 30 que serán indultados por el
Gobierno. Para la insurgencia, decisiones de este tipo significan “llevar el
acordado desescalamiento del conflicto al terreno jurídico”, que requiere de “la aprobación de nuevos indultos” de parte de la Presidencia de la República.
Finalizó
la insurgencia recordando que “en potestad de la autoridad del Fiscal General
está la extinción de la responsabilidad penal para los miles de condenados y
procesados por delitos políticos y de protesta social, así como la inhibición
de la Fiscalía para nuevas investigaciones penales por rebelión y hechos del conflicto
armado, incluyendo el fin de la expedición de más órdenes de captura derivadas
de estos procesos”.
Para Humberto Vélez es necesario el desmonte de las estructuras paramilitares que han desangrado a nuestro país durante décadas. Vélez asegura que sin la desarticulación de estos grupos armados es imposible hablar de paz.
2016/ Enero 22/ Por: PaZífico Noticias
El
Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad del Valle,
Humberto Vélez, se refirió al tema del posconflicto en Colombia. Aseguró que
los acuerdos en La Habana son un paso significativo para alcanzar la paz pero
anotó que el país entero se debe preparar para asumir los desafíos del
posacuerdo.
Para
este catedrático es necesario el desmonte de las estructuras paramilitares que
han desangrado a nuestro país durante décadas. Vélez asegura que sin la
desarticulación de estos grupos armados es imposible hablar de paz.
Humberto
Vélez puntualizó en la necesidad de trabajar en la consolidación de la justicia
social, para conseguir una paz integral y duradera.
Este
analista afirmó que los puntos acordados en La Habana entre el Gobierno y las
FARC deben articularse con la academia, con el sector campesino y las
comunidades de base para la construcción de un nuevo modelo de país que
garantice la paz, la equidad y la justicia social.
A las siete personas asesinadas por paramilitares, se suman otras acciones de estos grupos que incluyen extorsión a pequeños y medianos comerciantes, el desplazamiento forzado de diez veredas, y el secuestro “por más de 20 horas” de los habitantes de la vereda El Coral (El Bagre).
Diálogos de paz transucrren en medio de denuncias por paramilitarismo. Foto: Archivo/ APA
En un comunicado, la Compañía Gerardo Guevara de las FARC manifiesta que en El
Bagre, municipio del departamento de Antioquia, la organización guerrillera
combate a grupos paramilitares que operan en la subregión del Bajo Cauca.
Asesinatos y desplazamiento forzado son algunos hechos denunciados por la
insurgencia.
“Le
informamos a la comunidad del Guamocó y sus alrededores que en el área general
de Puerto Claver en El Bagre nuestra organización viene confrontando
decididamente las estructuras criminales y bandas paramilitares que se han
ensañado contra las gentes humildes de estas regiones”, afirma el comunicado dado a conocer este jueves en la página web de la organización guerrillera.
También
afirman los insurgentes que a menos de un mes de iniciado el año, “han sido
asesinados los labriegos Jair Suárez de 20 años y Francisco Moreno de 84, que
se unen a 5 campesinos más ultimados y desaparecidos en el mes de diciembre”.
A
las siete personas asesinadas, se suman otras acciones paramilitares que incluyen extorsión a pequeños y medianos comerciantes, el
secuestro “por más de 20 horas” de los habitantes de la vereda El Coral (El
Bagre), y hostigamientos que provocaron el desplazamiento forzado de los
pobladores de 10 veredas hacia Puerto Claver y El Bagre, según lo establece el comunicado.
Estos
hechos se dan en contraste con las afirmaciones del Gobierno y Fuerza Pública
que persisten en denominar al paramilitarismo como “bandas criminales (bacrim)”,
calificativo que en distintos medios es replicado ocultando la gravedad de la
situación, y que ponen en riesgo el proceso de paz adelantado en La Habana
entre el Gobierno y las FARC desde hace más de tres años.
“El
Gobierno y sus voceros en la Mesa de Diálogo deben entender que no podrá darse
la transformación de una organización armada en movimiento político abierto
para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no
se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de Banda Criminal”,
concluyen los insurgentes.
