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Foto: Red Libre Periodismo |
Integrando sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas, los medios
dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que gobierna: son los medios ahora parte de la élite.
Por: Alexander Escobar
Ocultar el paramilitarismo en Colombia es una política estatal. A pesar de las amenazas
a organizaciones sociales, los asesinatos selectivos y el desplazamiento
forzado de comunidades, negar el accionar paramilitar en estos crímenes es una
directriz gubernamental para los medios de comunicación privados que reproducen
el manual de estilo de la Presidencia de la República, cuya línea editorial ordena
emplear el calificativo de “bandas criminales” (bacrim) para los grupos
paramilitares.
Convertidos
en corporaciones mediáticas, los medios privados sostienen el tipo de modelo
económico y político al cual pertenecen y perpetúan gobierno tras gobierno. Integrando
sectores de la economía que financian campañas presidenciales y legislativas,
los medios dejaron de ser simples reproductores de intereses de una élite que
gobierna: son los medios ahora parte de la élite.
Conglomerados
económicos como la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Santo
Domingo y la Organización Ardila Lule son algunos ejemplos de cómo la
diversificación de la economía incluyó a los medios de comunicación como un
sector estratégico para sus fines económicos y políticos. Siendo dueños de
empresas en sectores como el financiero, agroindustrial, minero-energético,
inmobiliario, y hasta de equipos de futbol como el Club Atlético Nacional de Medellín,
estos tres conglomerados también tienen en su poder a RCN Televisión, RCN
Radio, Caracol Televisión, City TV, Blu Radio y los periódicos El Tiempo, El
Espectador y ADN, por nombrar solo algunos.
Gobiernos
y dueños de medios establecen de esta manera una relación inseparable para
perpetuarse en el poder y legislar en favor del modelo neoliberal que entrega
el patrimonio público y la soberanía a intereses extranjeros. La venta de
Isagén, la precariedad del salario mínimo y aumento del IVA es una pequeña muestra de esta política que degrada las condiciones de vida del
pueblo colombiano.
Ver: La venta de Isagén es la paz del Gobierno
Ver: La venta de Isagén es la paz del Gobierno
Las
corporaciones mediáticas se muestran, entonces, como extensiones del Gobierno que
actúan acorde a sus necesidades políticas y propagandísticas. En distintos
escenarios, como el actual contexto de guerra y paz, se configuran en oficinas
de prensa gubernamentales que fragmentan, parcializan y tergiversan información.
Dentro
del campo de la sicología de masas el Gobierno aprendió a manipular el lenguaje
para silenciar y petrificar la memoria. Quizá uno de sus mayores logros reside
en ocultar los antecedentes del terrorismo de Estado. Porque negar las
estructuras paramilitares, al tiempo que las menciona y omite bajo el
calificativo de “bandas criminales”, es una sutil forma de negar los hechos sin
dejar de mencionarlos para evadir su responsabilidad en la conformación del
paramilitarismo.
Transformar
las estructuras paramilitares en “bandas criminales” aparece como el guión a
seguir por los medios de comunicación, el cual reproducen presentando los
hechos como un problema de delincuencia organizada y no como la expresión del
terrorismo de Estado que recurre al paramilitarismo para perpetuar a una élite,
o a sus testaferros políticos, en el poder.
Línea
por línea, palabra por palabra, los medios privados convierten a periodistas y
presentadores en personajes que actúan en una obra donde improvisar la palabra
“paramilitarismo” puede ocasionar la pérdida del papel protagónico y la
respectiva censura para trabajar en otros medios. Es una obra de teatro escrita
por el Gobierno que no admite cambios. “Bandas criminales” será siempre el
término a emplear.
Pero
los antecedentes superan el engaño. Siendo el paramilitarismo la máxima
expresión del terrorismo de Estado, sus orígenes involucran a integrantes de la
Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962 visitaron el
país recomendando la conformación de grupos paramilitares. Como lo relata el
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el informe
realizado por el General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela
de Guerra Especial de Fort Bragg, incluía un suplemento de carácter secreto que
recomendaba “impulsar sabotajes y/o
actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del
comunismo”, en caso de ser necesario.
Sin
embargo el paramilitarismo no se conformó exclusivamente para amenazar y
asesinar a partidarios del comunismo. Más allá del carácter ideológico, la
estrategia paramilitar busca borrar el pensamiento crítico y cualquier proceso
organizativo o comunidad que cuestione al Gobierno y los intereses de los
conglomerados económicos nacionales o trasnacionales.
Todo
sucede bajo una estrategia de ocultamiento de la verdad y evasión de
responsabilidades que trae efectos negativos al proceso de paz y genera
desconfianza en las organizaciones sociales, en tanto que la negación del
paramilitarismo deja entrever la falta de voluntad política del Gobierno para
su desarticulación. Es una desconfianza que crece al comprender que superar el
conflicto colombiano requiere no solo de poner fin a las estructuras
paramilitares, sino también a la política que las crea cada vez que las
requiere para perpetuarse en el poder.
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