El juez denuncia persecución política y asegura que a pesar de que hoy se le acusa del delito de prevaricato por acción, hasta el momento ni él ni su abogado han logrado descubrir cuál fue su error.
2016/ Febrero 12/ PaZífico Noticias/ Por: Natalia Vinasco
Muy temprano Edgar Zúñiga Hormiga, quién se desempeñó durante varios años como Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías en Cali, llegó hasta el Palacio de Justicia acompañado de su familia, para entregarse a las
autoridades; la razón: la condena que le impusieron por haberle otorgado el
beneficio de detención domiciliaria en el año 2010 a un hombre implicado en un
homicidio.
Según
el juez la sentencia condenatoria en su contra no es más que una persecución
política debido al trabajo comunitario en defensa de los derechos humanos que
ha adelantado durante toda su carrera; además de su oposición a las políticas
del gobierno nacional, especialmente al de Álvaro Uribe Vélez.
Zúñiga
Hormiga asegura que a pesar de que hoy se le acusa del delito de prevaricato
por acción con circunstancias de agravación, hasta el momento ni él ni su
abogado han logrado descubrir cuál fue su error.
Con
grandes limitaciones debido al constante impedimento por parte de los
funcionarios de seguridad del Palacio de Justicia para que nuestro equipo
filmara la diligencia, acompañamos al juez quién bajo la vigilancia de dos
agentes de la policía procedió a firmar un acta de compromiso frente a la orden
de captura que se generó en su contra.
Finalmente
el juez fue conducido a la Cárcel de Villahermosa para seguir con los trámites
que definirá dónde pagará su condena.
El
juez Zúñiga llevaba 28 años al servicio de la rama judicial.
Con ganancias promedio anuales de 145.000 millones de pesos, la venta de Isagén constituye el referente más claro de un país donde el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio.
Isagén
es… bueno, lo fue, una empresa rentable y productiva del Estado que pasó a
manos de la multinacional canadiense Brookfield Asset Management que ahora
posee el 57.6% de las acciones. Subastadas por el Gobierno el trece de enero,
con un solo ofertante, la Brookfield, la venta de la participación mayoritaria
del Estado sobrepasa el calificativo de “un pésimo negocio”, como acertadamente
lo juzgan diversos analistas.
La
venta de Isagén refleja el tipo de política estatal que originó la guerra en el
país y la profundiza en lo social. Más allá del análisis financiero, necesario,
y que agradecemos quienes evitamos cifras y porcentajes, está el trasfondo
político que incluye elementos coyunturales que atraviesan los diálogos de paz
en La Habana. Y de fondo, como la agudización de las causas que provocaron los
alzamientos armados del país.
Claro
fue el Gobierno en Oslo (Noruega) durante la constitución de la mesa de diálogo
con las FARC, el 18 de octubre de 2012, cuando a través de Humberto de la Calle
manifestó: “Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”. Las
declaraciones serían el preludio de la continuidad de la política neoliberal
que entrega el patrimonio y la soberanía nacional a intereses extranjeros, al
tiempo que incrementa impuestos y disminuye la inversión social. La crisis de
la red hospitalaria y la Reforma Tributaria que incrementará el IVA al 19%, son
solo ejemplos mínimos de esta política donde la paz ha sido vaciada de aquello
que pondría fin a la guerra: la justicia social.
El
saqueo del país, entregando empresas como Isagén al capital extranjero, derrumba
la excusa bajo la cual las empresas del Estado se venden argumentando
inviabilidad económica e ineficiencia. Nadie adquiere algo que no es rentable.
Tal es el caso de las empresas de servicios públicos que suman billonarias
ganancias que hoy están en poder del capital transnacional.
Pero
con Isagén se acabaron las excusas. Con ganancias promedio anuales de 145.000
millones de pesos, su venta constituye el referente más claro de un país donde
el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio, como
consecuencia de la privatización y entrega del bien público a intereses
privados. Esta es la política del Gobierno que, de igual modo como operó con
Isagen, ofrece el país en subasta sin que las campañas en redes sociales puedan
detener aquello que solo se frena con el pueblo protestando en las calles.
La
venta de Isagén es una señal preocupante para los diálogos de paz. Es un hecho
que expele un olor nauseabundo que viola los acuerdos alcanzados en materia de
justicia social con las FARC en La Habana. Pero no es de asombrarnos esta
situación, en tanto que el Gobierno nunca mintió con respecto a sus intenciones:
“Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”, recordemos que fueron
sus palabras desde el inicio de los diálogos. No hace parte de su política dar
solución a la injusticia e inequidad que provocaron el surgimiento de las guerrillas
es Colombia. Todo lo contrario. Su interés es profundizar éstas causas mientras
posa para la prensa internacional con su máscara de buena voluntad.
La
paz del Gobierno es sinónimo de saqueo y traición; recordarlo es fundamental
para entender que los acuerdos alcanzados en La Habana se están incumpliendo,
antes de entrar en vigencia, con hechos como la venta de Isagén. Corresponde al
movimiento social en Colombia prepararse para luchar en las calles por la
justicia social que garantice la paz a los diálogos en La Habana, y la mantenga
triunfando sobre la inequidad y la injusticia después de “la firma de la paz”.
El abogado Juan Pablo Riveros anunció que si el funcionario insiste en mantenerse en su cargo pese a este fallo formulará una denuncia penal contra él y los integrantes del consejo directivo de Comfenalco.
2016/ Febrero 9/ Corrupción/ Por: PaZífico Noticias
Después de varios meses de espera, finalmente la Procuraduría dio a conocer el resultado del fallo en segunda instancia sobre la investigación que adelantaba
contra el director de Comfenalco, Valle Felice Grimoldi por los malos manejos
de los recursos de esa caja de compensación. El abogado Juan Pablo Riveros
representante del exauditor de esa entidad Juvenal Andrade quién fue el
encargado de destapar estas irregularidades, criticó que pese a la ratificación
del fallo Grimoldi continúe en su cargo.
Juan
Pablo Riveros reiteró que la continuidad de Grimoldi en el cargo sigue
representando un riesgo para los vallecaucanos.
Aunque
inicialmente la Procuraduría había anunciado una inhabilidad por 10 años
finalmente sólo la ordenó por 6. El jurista explicó por qué.
Además de la inhabilidad, la Procuraduría también le impuso una multa de 24 millones
de pesos a Felice Grimoldi. El abogado Juan Pablo Riveros anunció que si el
funcionario insiste en mantenerse en su cargo pese a este fallo formulará una
denuncia penal contra él y los integrantes del consejo directivo de Comfenalco
por fraude a resolución judicial, interés indebido en celebración de contratos
y usurpación de funciones públicas.
Una de las críticas de la insurgencia se da en torno al número de personas requeridas para la aprobación del plebiscito. De 33’820.199 ciudadanos actos para votar, solo se requiere de 4’396.626 personas que voten afirmativamente.
Iván Márquez, jefe delegación de paz de las FARC. Foto: APA | Archivo
Este
lunes, en una carta abierta las FARC ratificaron su desacuerdo con el plebiscito
aprobado por el Congreso de la República como mecanismo para refrendar los
acuerdos aprobados en el proceso de paz que adelanta el Gobierno y esta organización
guerrillera en La Habana.
Afirma
la insurgencia que el plebiscito viola el Acuerdo General que establece las
reglas del proceso de paz, anotando que el punto sexto determina que son “las
partes en la Mesa de Dialogo los competentes para definir el sistema de
refrendación que se aplicará a los acuerdos que finalmente se alcancen”.
Para
las FARC, al ser el plebiscito una iniciativa unilateral del Gobierno, “puesta
en marcha inconsultamente, no solo desatiende la palabra empeñada en la Agenda,
sino que constituye una aplicación de instituciones constitucionales y legales
fuera de lugar, so pretexto de darle al plebiscito condiciones y alcances de
los que carece por naturaleza”.
La
postura de la guerrilla no es nueva. Durante el proceso de paz las FARC han propuesto
la realización de una nueva Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos,
calificando como “improcedente” el plebiscito del Gobierno.
“No
es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas,
refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino
alguno para reformar” la Constitución Política, sostienen las FARC. Y agregan: “No
en vano indica ésta en el artículo 374 que: ‘La Constitución Política podrá ser
reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo
mediante Referendo’. Inadecuada entonces, resulta la decisión unilateral del
Gobierno y del Congreso de crear la ficción de un ‘plebiscito refrendatorio’”.
Otra
de las críticas de la insurgencia se da en torno al número de personas
requeridas para la aprobación del plebiscito. De 33’820.199 ciudadanos actos
para votar, solo se requiere de 4’396.626personas que voten afirmativamente para que tenga validez, algo que para
las FARC “entraña un serio
déficit democrático al fijar un menguado umbral del 13% del censo electoral”.
Concluye la carta llamando al Gobierno a que se ciña a lo pactado en el Acuerdo
General para buscar “conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata
implementación de todo lo acordado en La Habana una vez se firme el Acuerdo
Final”, no sin antes calificar el plebiscito como “un engañoso mandato”, que
después de aprobado trasladaría “todo lo acordado y lo que resta por acordarse
en la Mesa de La Habana a la llamada Comisión Legislativa en vía de creación,
al propio Congreso si fuere del caso, al ejecutivo ‘y los demás órganos,
instituciones y funcionarios de Estado’, a fin de delegarles lo que fuere ‘de
la órbita de sus respectivas competencias’, según lo dicho en el texto
conciliado por las cámaras”.
Enrique Santiago dijo que según el protocolo II de los convenios de Ginebra, la amnistía la puede conceder los que están en el poder para todos los que hayan tomado parte en el conflicto.
El general en retiro Jorge Enrique Mora, del equipo negociador del Gobierno
dijo que la fecha del 23 de marzo no es camisa de fuerza para que se firmen
los acuerdos de paz y que lo importante es consolidar el proceso.
De
otra parte, el asesor jurídico de las Farc en La Habana, el español Enrique
Santiago dijo que su reunión con el General en retiro, Rito Alejo del Río,
condenado por el asesinato del campesino Marino López en 1997, fue para
explicar los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz y para
decirle que es viable la amnistía para militares procesados que no hayan
cometido crímenes de lesa humanidad.
Santiago,
quien estuvo esta semana en un foro de presos políticos ante profesores de la
Asociación de Educadores del Distrito en Bogotá, dijo que según el protocolo II
de los convenios de Ginebra, la amnistía la puede conceder los que están en el
poder para todos los que hayan tomado parte en el conflicto.
En
La Habana los negociadores del gobierno y la guerrilla presentarán esta
semana el informe sobre paramilitarismo.
Más de 80 integrantes de Fensuagro se registran como prisioneros políticos en 2015, varios de ellos en espera de juicio y todos llevados a prisión mediante falsos positivos judiciales, Huber Ballesteros Gómez, es uno de ellos.
CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL
LIBERTAD PARA HUBER BALLESTEROS GÓMEZ
Palmira, Valle del Cauca. Febrero 4 de 2016
La Junta
Directiva Departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle
del Cauca, ASTRACAVA, las subdirectivas de Florida, Pradera, Ginebra, Guacarí,
Buga, Tuluá y Sevilla, como las organizaciones campesinas pertenecientes al
proceso de Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC, organizaciones que
son integrantes del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano,
PUPSOC, de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares,
CONAP, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, de
la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de la Federación Sindical Mundial,
FSM, del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, CLOC y de la Vía Campesina
Internacional, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que:
1). La
detención arbitraria de nuestro compañero Huber de Jesús Ballesteros Gómez el
pasado 25 de Agosto de 2013, es parte de una política deliberada por el
gobierno nacional de persecución política, estigmatización, y criminalización
tanto de la protesta social, como del pensamiento crítico, dirigida contra las
organizaciones agrarias, sindicales y populares y sus principales dirigentes.
2). La
detención de Huber se dio en el contexto del Paro Nacional Agrario de 2013, en
un momento particularmente crítico para el gobierno nacional toda vez que el
Paro y las sucesivas movilizaciones que le precedieron, como las desatadas
entre 2014 y 2015, hacen parte de una tendencia ascendente de las luchas sociales
que han puesto en cuestión la legitimidad del gobierno nacional, sus
equivocadas políticas para los distintos sectores sociales, como de la
capacidad de los entes estatales para solucionar las demandas de los
movimientos sociales y populares.
3). Los
argumentos que dieron paso a la detención de Huber carecen de argumento
jurídicos a la luz de cualquier entendido en la materia. Aunque la fiscalía ha
tomado como veraces tanto las declaraciones del guerrillero desmovilizado alias
Olivo Saldaña, quien actuó como cómplice del ex comisionado de Paz y hoy
prófugo de la justicia Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del
frente guerrillero Cacica Gaitana, y la información contenida en los
computadores de los comandantes de las FARC – EP abatidos, la Corte Suprema de
Justicia, ha desestimado ese material como acerbo probatorio, como quiera que,
por un lado, Olivo Saldaña engañó al Estado y al pueblo colombiano fabricando
una falsa desmovilización, enlodando con mentiras a los dirigentes agrarios como
Huber, con el objetivo de disminuir el tiempo de su condena y por otro, como se
ha dicho en reiteradas oportunidades, los entes gubernamentales competentes
violaron la cadena de custodia con los computadores de las FARC, razón por la
cual éstos han sido utilizados como la mítica lámpara de Aladino para
judicializar a todo aquél que se presente como contradictor político del
régimen colombiano, en una “cacería de brujas”, que a la fecha no tiene término
ni fin.
4). El
movimiento popular en su conjunto, prestigiosos académicos críticos del régimen
y en particular las organizaciones agrarias han sido víctimas del ensañamiento
del gobierno nacional en contra de sus integrantes, de hecho, FENSUAGRO ha
reportado que desde su fundación, a mediados de los años setenta, hasta la
actualidad más de 1.500 campesinos afiliados han sido desaparecidos y
asesinados, por otra parte, en 2015 más de 80 de sus afiliados se registran
como prisioneros políticos, varios de ellos en espera de juicio y todos
llevados a prisión mediante falsos positivos judiciales, Huber Ballesteros
Gómez, es uno de ellos. El gobierno nacional debe generar verdaderas muestras
de paz y apertura democrática dejando en libertad a los miles de prisioneros
políticos.
5).
ASTRACAVA y la CCVC se unen a las centenares organizaciones sociales,
personalidades, académicos, de Colombia y el mundo entero que desde el 25 de
Agosto de 2013 exigimos la libertad inmediata de Huber Ballesteros Gómez por
cuanto los cargos que se le imputan no son más que una falsa argumentación en
represalia por los más de treinta años de lucha de nuestro compañero en favor
de las comunidades empobrecidas, excluidas, marginadas y atropelladas por el
Estado colombiano.
Si el
presidio es el precio que deben pagar quienes trabajan por una Colombia
democrática y en paz, no habrán cárceles, ni jueces, ni papel suficiente para
encerrar, sentenciar, o escribir las condenas, de los cientos de miles de
integrantes de los movimientos sociales que día a día asumen el ejemplo de vida
y de lucha de dirigentes sociales como Huber Ballesteros Gómez.
Libertad para los prisioneros políticos.
No más montajes judiciales contra los luchadores
sociales.
Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.
La población infantil en la Guajira es la más afectada. | Foto: El Espectador
2016/ Febrero 5/ Por: teleSUR
La
Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que
tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La
Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de
los embates de la desnutrición.
Luego que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en
Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel
Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región
caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.
Denunció
que unos tres mil niños de la étnia wayúu viven en condiciones precarias por la
carencia de recursos para su subsistencia.
“Esos
hombres y mujeres, que representan el 44.9 por ciento de la población radicada
en La Guajira, perdieron valiosas hectáreas de tierra y el acceso al río
Ranchería como resultado de la expansión de los programas mineros”, explicó.
La
dramática situación de los niños que mueren por desnutrición en Colombia
continúa y se extiende, amenazando con convertirse en un problema endémico. Así
lo alertó la Defensoría del Pueblo de ese país tras conocerse la muerte de un
pequeño de un año en el departamento de Arauca (norte) donde seis niños más
están en riesgo de correr con la misma suerte.
EN CONTEXTO
Activistas
y voceros de las agrupaciones aborígenes denuncian que el desabastecimiento de
agua y la escasez de alimentos causaron el fallecimiento de cuatro mil 770
pequeños de origen wayú, durante los pasados ocho años.
Colombia
es un país que aspira ingresar al club de los países ricos, La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuya misión es “promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor
del mundo”.
Pero
lo cierto es que en esa nación muere cada 33 horas un menor de cinco años por
hambre, según estimaciones del Instituto Nacional de Salud de Colombia.
EL DATO: En La Guajira las
más de 400 mil personas que conforman la comunidad wayúu viven los 365 días del
año con temperaturas de entre 35 y 42 grados. Deben soportarla sin el
suministro de agua, porque desde que se instaló -hace más de 10 años- una
empresa minera en la región, han ido disminuyendo las garantías para que se
pueda tener acceso al líquido. Las muertes son la evidencia del drama que en
esa zona se vive.
Así, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha dictaminado que el fundador de WikiLeaks "tiene derecho a su libertad de movimiento y a una compensación".
2016/ Febrero 5/ Por: RT
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha dictaminado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido "detenido
arbitrariamente" en la Embajada de Ecuador en Londres, pidiendo al Reino Unido y a Suecia que pongan fin a la privación de libertad de Assange.
"El
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (…) considera que el señor
Julian Assange fue detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", indica el comunicado.
Se trata de un informe "vinculante", por lo que los Estados están
obligados a cumplirlo.
Además,
el grupo ha concluido de que el fundador de WikiLeaks "tiene derecho a su
libertad de movimiento y a una compensación". "El Grupo de Trabajo
considera que el señor Assange ha sido sometido a diferentes formas de
privación de la libertad: detención inicial en la prisión de Wandsworth [en
Londres] que fue seguida de arresto domiciliario y su confinamiento en la
Embajada ecuatoriana", añade el informe.
El
panel ha dictaminado que la detención de Assange "fue arbitraria"
porque fue "mantenido en aislamiento durante la primera etapa de la
detención" y que "la falta de diligencia" del fiscal sueco en
sus investigaciones dio lugar a la "detención prolongada de Assange".
Además,
el grupo ha pedido a las autoridades británicas y suecas que "evalúen la
situación" del fundador de WikiLeaks y que "garanticen su seguridad e
integridad física" y "faciliten el ejercicio de su derecho a la
libertad de movimiento de una manera conveniente". "El Grupo de
Trabajo también considera que se debe poner fin a la detención", concluyen
los expertos.
Cabe
destacar que WikiLeaks apunta que el único miembro del grupo de trabajo sobre
la detención arbitraria de la ONU que se opuso al dictamen publicado este
viernes ha sido el ucraniano Vladímir Tochilovsky.
Este
jueves WikiLeaks publicó
en su cuenta de Twitter un mensaje de Julian Assange: "Me entregaré a la
Policía británica si la ONU anuncia que pierdo mi causa". El fundador de
WikiLeaks había presentado una queja contra Suecia y el Reino Unido al Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU el 12 de septiembre de 2014.
Los
fiscales suecos iniciaron a mediados de 2010 una investigación contra Julian
Assange después de que dos mujeres acusaran al fundador de WikiLeaks
de acoso sexual. En diciembre de ese mismo año el activista australiano fue
detenido en Londres a instancias de Estocolmo, que pedía su entrega para
enjuiciarlo en Suecia. Sin embargo, poco después el Reino Unido lo puso en
libertad bajo fianza. En junio de 2012 Assange solicitó refugio en la Embajada
de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia.
RCN se encargó de divulgar versiones editadas de un fiscal costarricense, quien luego aclaró lo publicado por el medio colombiano.
Las hermanas del miembro de la delegación de paz, Pablo Catatumbo, fueron atacadas nuevamente por RCN | Foto: EFE (Archivo)
2016/ Febrero 3/ Por: teleSUR
Las
hermanas de Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, comandante de
las FARC - EP, desmintieron que las supuestas casas y haciendas de lujo
mencionadas por RCN en Costa Rica le pertenecen a éstas.
Nancy
y Betty Torres Victoria desmintieron las versiones divulgadas por RCN,
encargado de difundir información sobre presuntos documentos de la Fiscalía de
Colombia, que indican que las hermanas son testaferros de Pablo Catatumbo por
bienes en Costa Rica valorados en más de 30 millones de dólares.
Durante
una entrevista concedida a teleSUR, las hermanas del comandante insurgente,
aseguraron que no es la primera vez que viven acusaciones en su contra además,
aseguran que las mismas corresponden a un hecho de persecución política.
Ya
en 2009 RCN se encargó de difundir versiones en las que aseguraba que las
hermanas Torres Victoria pertenecían al grupo guerrillero, tras las
declaraciones del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón sin embargo,
la justicia colombiana las declaró libres de delito.
El
derechista medio colombiano divulgó que éstas poseen condominios en San José,
uno de ellos llamado El Grecal, que pertenecería a familiares de ‘Pablo
Catatumbo’, y otro identificado como Lomas de Granadilla, tras unas presuntas
declaraciones del fiscal costarricense Celso Gamboa.
Al
respecto, una de ellas aclaró que viven en Costa Rica desde hace 18 años
"luego de huir de Colombia, cuando secuestraron a mi hermana, la
desaparecieron, desde entonces nos declararon objetivo militar", relató
Nancy.
El
fiscal de Costa Rica agregó que la versión que se dio a conocer por RCN,
"es muy diferente a lo consultado por el periodista colombiano, no
manejamos cifras ni nombres de sitios donde se supone que hay inversiones. Siempre
estamos en contacto con Colombia por estos y otros temas pero no podemos
precisar cifras exactas"
Al
respecto, Betty Torres Victoria se preguntó "dónde está la
investigación" al tiempo que aseguró estar dispuesta responder a la
justicia costarricense.
"Yo
quiero entregar documentos, yo quiero decir que las FARC nunca nos han dado un
peso a esta familia y si lo diera, tampoco lo vamos a recibir (...) además yo
quiero que demuestren cuál de esas propiedades está a mi nombre", precisó
Betty.
Sobre
los presuntos viajes de Nancy, dados a conocer por RCN, aseguraron que fueron
dados a conocer de forma irresponsable, asimismo denunciaron que no tuvieron
derecho a réplica ante las acusaciones.
Por
otra parte, las hermanas Torres Victoria señalaron que las versiónes del fiscal
Gamboa fueron sacadas de contexto.
En
una entrevista a Diario Extra, el mismo fiscal aclaró que "ninguno de los
datos se puede confirmar, hay que señalar que nosotros de momento no estamos
investigándolo, y si hubiera una investigación sería por parte de la Fiscalía
de Colombia, a quienes le aportaríamos información si ellos lo solicitan".
El
fiscal costarricense aclaró en teleSUR que es común la presencia de refugiados
provenientes desde Colombia.
En
ese sentido, Gamboa argumentó que "hay una gran cantidad de familiares de
miembros de las FARC que han pedido refugio en Costa Rica, pero no se puede
asegurar que ellos tengan relación con los negocios de sus parientes",
destaca Diario Extra.
Agregó
que "muchos de ellos (familiares) están en condición migratoria regular,
pues huyen de Colombia precisamente para evitar tener relación con sus
familiares metidos en esos negocios”, dijo.
Por
otra parte, aclaró al corresponsal de teleSUR que "no han acreditado"
el hecho de que las FARC tengan inversiones en Costa Rica, hecho que ha sido
corroborado en anteriores oportunidad
EL DATO
En
2002, el ahora expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, involucró a una de
las hermanas de Pablo Catatumbo, Amparo Torres Victoria, ante la justicia
canadiense de ser jefe de la diplomacia de las FARC, hecho desmentido tiempo
después y por el cual, la organización rebelde exige que se reconozca la
persecución política durante 25 años contra esta familia.
Detenido y torturado por informar con objetividad sobre la barbarie israelí, Muhammad Al-Qiq decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 25 de noviembre para denunciar al mundo su situación.
Un llamado urgente en
defensa del periodista palestino que está al borde de la muerte
Por
favor recuerde su nombre. Se llama Muhammad al-Qiq, tiene 33 años y se está
muriendo en la cárcel cumpliendo una huelga de hambre. Es periodista y ejerce
la profesión en Palestina, un territorio ocupado y horadado por la violencia
del invasor israelí desde 1948. Una nación que ha sufrido todo tipo de
atropellos década tras década, y que por estos días asiste a una nueva vuelta
de tuerca de la represión sionista contra quienes se rebelan a su dominio. En
Gaza y en Cisjordania, miles de jóvenes protestan de diversas formas, y muchos
de ellos son asesinados vilmente. Otros son detenidos. Todo ello frente al
silencio de la mal llamada “comunidad internacional” o la manipulación de los
medios corporativos, que no es lo mismo pero es igual.
Sin
embargo, no todos callan. Muhammad Al-Qiq, como haría cualquier reportero que
se respete a sí mismo, venía informando día a día para el canal “Al Majd”,
sobre lo que veían sus ojos y sentía su cuerpo, con sólo dar un recorrido por
las calles de Ramalah o de Jerusalén: niños golpeados y detenidos por arrojar
piedras contra tanques, mujeres jóvenes asesinadas a las que se les “planta” un
cuchillo para justificar el crimen, campos con cultivos de olivos arrasados,
casas demolidas por pura venganza, ciudades como Hebrón o campos de refugiadas
como Jenín, bloqueados militarmente y su población sufriendo todo tipo de
humillaciones.
Precisamente,
el informar con objetividad sobre la barbarie israelí, es el “ delito” por el
que fue detenido y torturado Al-Qiq hace tres meses en su casa de Ramallah.
Numerosas denuncias de organismos de derechos humanos palestinos e
internacionales advirtieron que el periodista fue colocado en una posición
conocida como la banana -con la espalda sobre una silla y atado de pies y manos
por debajo de la misma–, permaneciendo en una posición forzada durante 15 horas
en las que sufrió violencia sexual por parte de los interrogadores. Luego de
sufrir esas sevicias lo enviaron a una de las tantas cárceles-tumbas que Israel
posee para martirizar aún más a un pueblo que no está dispuesto a bajar la
cabeza ante su prepotencia.
Pero
hay algo más, Al-Qiq, como tantos otros palestinos y palestinas sufre un tipo
de detención que se denomina “administrativa”, una figura que permite a las
autoridades israelíes mantener bajo custodia indefinidamente a miles de “
ospechosos” sin presentar cargos ni iniciar un proceso judicial, como hacen
habitualmente las dictaduras militares. Frente a esta injusticia y convencido de
que si no luchaba por su libertad su suerte estaba prácticamente echada, este
joven periodista decidió ponerse en huelga de hambre el pasado 25 de noviembre,
para denunciar al mundo su situación. A partir de ese momento se intensificaron
las medidas represivas y de presión contra el detenido. En dos oportunidades,
el 30 de diciembre y el 17 de enero, jueces sionistas prorrogaron su
encarcelamiento y rechazaron la apelación presentada por los abogados del
Al-Qiq. Su situación de salud comenzó a agrietarse, y en un momento las
autoridades israelíes decidieron trasladarlo al centro médico de la ciudad
israelí de Afula, donde el colega detenido ratificó su voluntad de continuar la
huelga de hambre “hasta conseguir mi libertad”. Si esto no sucediera “estoy dispuesto
a morir”, expresó.
Muhammad
Al-Qiq ya lleva 64 días peleando por su dignidad, negándose a recibir vitaminas
ni tratamiento médico. Quizás evocando el martirio por el que pasó hace décadas
otro luchador como él, pero irlandés, llamado Bobby Sands, ha planteado
claramente que no quiere que se lo alimente contra su voluntad. Pero estar
preso en Israel significa bordear la orilla del infierno en la tierra, y es por
eso, que le fue impuesto a Al-Qiq otra forma de tortura. Permaneció cuatro días
atado de pies y manos a una cama, consciente, mientras enfermeros militares le
inyectaban líquidos a la fuerza. Ahora directamente lo han amenazado con
empezar alimentarlo aplicando esta metodología, algo que él y sus defensores
han repudiado enfáticamente.
Desde
Argentina, la tierra que vio nacer y caer en combate a otro periodista ejemplar
como Rodolfo Walsh (ejemplo entre otras cosas, de solidaridad con Palestina) va
este mensaje de urgencia para que en Latinoamérica y el mundo, allí donde haya
personas que crean que los derechos humanos son una propuesta de autodefensa
frente a la barbarie, nos movilicemos por la vida y la libertad de Muhammad
Al-Qiq. Él, con su actitud valiente pone sobre la superficie un escenario en el
cual miles de presos y presas palestinas, muchos de ellos niños niñas, se
encuentran como rehenes de las tropas de ocupación de su pueblo.
No,
no es una nota más la que estoy escribiendo, sino la expresión epistolar de un
grito de impotencia frente a lo que no debería ser irreversible: SALVEMOS LA
VIDA DE MUHAMMAD AL-QIQ y la de tantos hombres y mujeres palestinas que viven
en estado de excepción.
