Con ganancias promedio anuales de 145.000 millones de pesos, la venta de Isagén constituye el referente más claro de un país donde el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio.
2016/ Febrero 10/ Por: AlexanderEscobar
Isagén
es… bueno, lo fue, una empresa rentable y productiva del Estado que pasó a
manos de la multinacional canadiense Brookfield Asset Management que ahora
posee el 57.6% de las acciones. Subastadas por el Gobierno el trece de enero,
con un solo ofertante, la Brookfield, la venta de la participación mayoritaria
del Estado sobrepasa el calificativo de “un pésimo negocio”, como acertadamente
lo juzgan diversos analistas.
La
venta de Isagén refleja el tipo de política estatal que originó la guerra en el
país y la profundiza en lo social. Más allá del análisis financiero, necesario,
y que agradecemos quienes evitamos cifras y porcentajes, está el trasfondo
político que incluye elementos coyunturales que atraviesan los diálogos de paz
en La Habana. Y de fondo, como la agudización de las causas que provocaron los
alzamientos armados del país.
Claro
fue el Gobierno en Oslo (Noruega) durante la constitución de la mesa de diálogo
con las FARC, el 18 de octubre de 2012, cuando a través de Humberto de la Calle
manifestó: “Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”. Las
declaraciones serían el preludio de la continuidad de la política neoliberal
que entrega el patrimonio y la soberanía nacional a intereses extranjeros, al
tiempo que incrementa impuestos y disminuye la inversión social. La crisis de
la red hospitalaria y la Reforma Tributaria que incrementará el IVA al 19%, son
solo ejemplos mínimos de esta política donde la paz ha sido vaciada de aquello
que pondría fin a la guerra: la justicia social.
El
saqueo del país, entregando empresas como Isagén al capital extranjero, derrumba
la excusa bajo la cual las empresas del Estado se venden argumentando
inviabilidad económica e ineficiencia. Nadie adquiere algo que no es rentable.
Tal es el caso de las empresas de servicios públicos que suman billonarias
ganancias que hoy están en poder del capital transnacional.
Pero
con Isagén se acabaron las excusas. Con ganancias promedio anuales de 145.000
millones de pesos, su venta constituye el referente más claro de un país donde
el pueblo es condenado a vivir como extraño en su propio territorio, como
consecuencia de la privatización y entrega del bien público a intereses
privados. Esta es la política del Gobierno que, de igual modo como operó con
Isagen, ofrece el país en subasta sin que las campañas en redes sociales puedan
detener aquello que solo se frena con el pueblo protestando en las calles.
La
venta de Isagén es una señal preocupante para los diálogos de paz. Es un hecho
que expele un olor nauseabundo que viola los acuerdos alcanzados en materia de
justicia social con las FARC en La Habana. Pero no es de asombrarnos esta
situación, en tanto que el Gobierno nunca mintió con respecto a sus intenciones:
“Aquí no venimos a negociar el modelo de desarrollo del país”, recordemos que fueron
sus palabras desde el inicio de los diálogos. No hace parte de su política dar
solución a la injusticia e inequidad que provocaron el surgimiento de las guerrillas
es Colombia. Todo lo contrario. Su interés es profundizar éstas causas mientras
posa para la prensa internacional con su máscara de buena voluntad.
La
paz del Gobierno es sinónimo de saqueo y traición; recordarlo es fundamental
para entender que los acuerdos alcanzados en La Habana se están incumpliendo,
antes de entrar en vigencia, con hechos como la venta de Isagén. Corresponde al
movimiento social en Colombia prepararse para luchar en las calles por la
justicia social que garantice la paz a los diálogos en La Habana, y la mantenga
triunfando sobre la inequidad y la injusticia después de “la firma de la paz”.
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*Artículo
publicado en Al Galope,
órgano informativo del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Valle del Cauca. Edición No. 7 (Noviembre 2015 – Enero 2016)
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