Los
hechos ocurrieron este martes en los municipios de Sevilla y Tuluá, cuando
miembros del CTI ingresaron “solicitando
información sobre un ‘panfleto que anda circulando en las redes sociales’,
refiriéndose a la convocatoria para la donación de víveres”, y empadronaron
a Everto Marín (Sevilla), Isabel López y Harold Ordoñez (Tuluá), responsables
de las organizaciones y centros culturales donde se reciben las ayudas, informó la Comisión.
Por
estos actos de hostigamiento y señalamiento los actos del CTI de la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica ha exigido al Estado que responda y proteja “los
derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica,
la intimidad personal, a la libre movilidad” de estas tres personas, y de
igual manera para todos los integrantes de las organizaciones y procesos
culturales a los que pertenecen.
La
campaña de solidaridad con las zonas veredales (donde las FARC dejarán las
armas y transitarán a la vida social, política, económica y cultural del país) es
una iniciativa de las organizaciones que
integran Marcha Patriótica, y a la cual se han sumado otros procesos sociales
debido a la crisis humanitaria desatada por incumplimiento del Gobierno en
la adecuación de las zonas.
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