Varios objetivos promueve la Constituyente de exiliados. Exigir participación en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC, es uno de ellos. Para lograrlo consolidarán una “organización gremial de todos los exiliados perseguidos por el Estado” que será “interlocutor ante organismos multilaterales, Estados, gobiernos y organizaciones sociales”, según expresa la convocatoria del encuentro.
Y no es lo único que plantean. Además recuerdan que el Estado
colombiano debe asumir responsabilidad por el exilio que padecen.
“Los
exiliados señalamos la responsabilidad del Estado colombiano por acción o por
omisión de nuestro desplazamiento forzado fuera de las fronteras patrias. Consideramos
que en la implementación de los acuerdos,
el Estado debe resarcir el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios
materiales, psicológicos”.
Otro
tema que tratarán es en el punto de víctimas que incluye el Acuerdo de Paz, el
cual, a su vez, establece la conformación de una Comisión de la Verdad para
esclarecer responsabilidades en los crímenes cometidos durante el conflicto colombiano.
Al
ser directamente víctimas del conflicto, los exiliados políticos se proponen impulsar
la Comisión de la Verdad, afirmando que la Constituyente constituye “un espacio para la reconstrucción de la memoria histórica como elemento de reflexión,
que contribuya a la consolidación de las garantías de no repetición, a la reconciliación y la construcción
de una paz estable y duradera”.
Pero
para que la paz en Colombia sea estable y duradera, es necesario el regreso de
quienes abandonaron el país para salvar su vida. De allí la exigencia de políticas
que finalmente garanticen su retorno:
“Los exiliados perseguidos por el Estado, debemos exigir una política estatal de retorno digno, con todas las garantías de protección y seguridad para nuestra integridad física, así como todos los derechos sociales, económicos y políticos que nos merecemos como ciudadanos”.
“Los exiliados perseguidos por el Estado, debemos exigir una política estatal de retorno digno, con todas las garantías de protección y seguridad para nuestra integridad física, así como todos los derechos sociales, económicos y políticos que nos merecemos como ciudadanos”.
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