La entrevista se da en momentos en que surgen críticas de algunos sectores militares que no están de acuerdo con la aplicación de la JEP para la Fuerza Pública.
Para el jurista, estas posturas se dan porque
pueden estar “pésimamente asesorados”, o “por un mal conocimiento de lo que
es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, y en
concreto la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Santiago explicó que gracias
al Derecho Internacional Humanitario, el Acuerdo de Paz permite “a los servidores públicos en general, pero en
especial a las fuerzas de orden público, un tratamiento equivalente a la
amnistía”, algo que en la Constitución colombiana solo estaba contemplado
para el delito político, en este caso, para la guerrilla.
“Si
bien la amnistía en el Acuerdo está prevista expresamente para los rebeldes, de
hecho se aplican medidas equivalentes en
la aplicación del Protocolo
adicional II de la Convención de Ginebra, concretamente el artículo 6 (punto
5), que permite la aplicación de la amnistía más amplia posible a la terminación
de un conflicto armado”, agregó, aclarando que todo procede respetando “los límites que establece el Derecho Internacional
como delitos no amnistiables”.
También indicó que, aunque el Acuerdo de Paz “obviamente tiene un componente de derecho
penal sancionador”, uno de los puntos importantes radica en que la amnistía se
da dentro del marco de la reparación a las víctimas y el esclarecimiento de las
responsabilidades durante el conflicto.
En
el Acuerdo la amnistía solo es posible si hay verdad, porque “su finalidad esencial no es castigar al
infractor, es reparar a las víctimas, es que se conozca la verdad de lo
ocurrido, es decir, es el cumplimiento de lo que las partes establecieron
como principios orientadores de la discusión del punto de Víctimas”, afirmó Santiago.
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