La
tragedia que hoy enluta a Colombia deja como saldo, hasta el momento, la muerte
de más de 200 personas, cientos de personas heridas y desaparecidas, familias
enteras que lo perdieron todo. Este hecho al que autoridades y medios de
comunicación oficiales han catalogado como desastre natural, requiere un
análisis más profundo.
El
departamento del Putumayo es una de las regiones con mayores índices de
deforestación en el país; según informes de corpoamazonía más de 9 mil hectáreas
han sido convertidas en potreros, zonas usadas para la ganadería extensiva o
para cultivos de uso ilícito. Para el director de esa corporación, esta es una
de las principales causas de lo ocurrido ya que “cuando quitamos la cobertura
vegetal, la tierra, que está compuesta en gran parte por ceniza volcánica, se
impregna de humedad y con el agua de lluvia se causan estragos”.
Coorpoamazonía
además plantea que este acontecimiento no solamente estaba advertido, sino que
se hubiera podido evitar, puesto que hace nueve meses se habían realizado
estudios en los que se evidenciaba que el uso inadecuado del suelo podría
desatar una tragedia como la que ocurrió: "advertimos que esto podía pasar
por el uso inadecuado de los suelos que agrava este tipo de eventos. Además,
indicamos que varios municipios amazónicos, incluido Mocoa, no habían
actualizado su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Por eso ha sido complejo
concertar e implementar los determinantes ambientales en esta zona”.
Este
desastre que actualmente vuelca la solidaridad de Colombia, debe llevarnos a la
reflexión frente a la necesidad de revisar prácticas que están acabando con el
entorno natural; el monocultivo, la minería, la extracción forestal, no pueden
seguir siendo prácticas avaladas por las políticas del Gobierno Nacional,
mientras que la protección de páramos, reservas y bosques son señaladas y
estigmatizadas, tal como ocurrió con la consulta popular en Cajamarca, en la
que la población unánimemente dijo no a la minería.
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