Molano alegaba la inconstitucionalidad de la figura, en tanto no incluía la aprobación
de los concejos municipales en su proceso de constitución. Campesinos de todo
el país intervinieron ante la Corte argumentando, no sólo que el proceso era ya
bastante incluyente y participativo, sino que, además, resultaba preocupante
incluir un requisito más para la constitución de ZRC pues, nada más con los
existentes, la dilación e incumplimiento gubernamental han sido los
protagonistas.
Sin
embargo, la Corte se abstuvo de profundizar en la discusión sobre el
centralismo de las políticas o la autonomía de las figuras territoriales, pues
consideró que la demanda interpuesta por el representante uribista no contaba
con los requisitos de certeza y suficiencia. Es decir, para la Corte
Constitucional, Molano no analizó con suficiencia las normas que demandaba y no
logró “suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad” del proceso de
constitución de Zonas de Reserva Campesina.
Vale
la pena mencionar que la demanda, además, incluía argumentos similares en
contra de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, a las que la Corte
también favoreció.
El
representante del Centro Democrático, según el comunicado N° 12, no tuvo la
capacidad de demostrar que la constitución de Zonas de Reserva Campesina
excluye a las entidades territoriales y/o les reste autonomía sobre el
territorio. Se trataría entonces de una demanda mal elaborada, sin argumentos,
sin sustento y que, a la luz del resultado y los acontecimientos previos,
evidencia un interés politiquero antes que jurisprudencial o de derecho.
El
uribismo se ha caracterizado por su abierta oposición a las Zonas de Reserva
Campesina, por lo que no sorprende su ataque a esta figura desde diferentes
frentes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se suspendió la Zona de
Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, quitándole el reconocimiento
legal adquirido. Además, no
se constituyó ninguna zona de reserva nueva, pese a que el Incoder contaba con
cerca de una decena de solicitudes.
Mientras
las Zonas de Reserva Campesina se convertían en algo innombrable, desconociendo
su potencial para redistribuir la tierra y fortalecer la economía campesina,
programas como Agro Ingreso Seguro (AIS) eran enarbolados por el uribismo como
la solución a los problemas del campo. Pero a la postre se comprobó la
corrupción y el detrimento al erario que se produjo con este programa.
Con el pronunciamiento de la Corte, vuelve a quedar en evidencia la persecución que el uribismo ejecuta sobre los campesinos de Colombia, así como su abierta intención de acabar con la única figura jurídica que reconoce al campesinado y que brinda garantías para que pueda ejercer su territorialidad.
Pese a que en esta ocasión la Corte le dio el visto bueno a las Zonas de Reserva Campesina, el uribismo representa los intereses de una clase terrateniente que siente como amenaza la justa redistribución de la tierra. Por ahora, el debate está del lado de los campesinos, pero con el panorama enrarecido que se vive por la implementación del Acuerdo de Paz, no sorprendería que el Centro Democrático reviva esta discusión una y otra vez.
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