Este es el informe original (Ver VIDEO) publicado en 2013 por la Contraloría General que encendió la polémica por la compra de 103 hectáreas de baldíos de la Nación para extender la hacienda El Ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe.
El
estudio tenía el objetivo de investigar las inversiones oficiales en los
distritos de riego de Atlántico y Córdoba y fue elaborado por el entonces
contralor delegado para asuntos agropecuarios Luis Alberto Higuera.
“Un
distrito de riego es un sistema de abastecimiento y drenaje de agua, es una
serie de canales derivados de una bocatoma en el que el agua entra para regar
los cultivos, pero también tiene canales de drenaje que permiten que las aguas
ya utilizadas o servidas drenen y se evacuen del predio”,
afirmó Alberto Higuera.
Se
trata del distrito de riesgo Mocarí en Montería, Córdoba, que durante
2008 y 2010 recibió subsidios por 15 mil 965 millones de pesos. En el informe
de Higuera se descubrió que luego de ampliar la superficie de El Ubérrimo con
predios baldíos, esta hacienda se favoreció a través del decreto 732 de 2008
firmado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y por el
propio presidente Álvaro Uribe.
Higuera
dice que “se descubre que en el año 2008 este distrito tuvo la segunda mayor
participación en un proyecto de mantenimiento e inversión que hay en el Incoder
para los distritos de riego, es decir, que fue el distrito de riego con la
segunda mayor inversión para el 2008. Se le invirtieron 900 millones de
cinco mil”.
De
los 15 mil 965 millones que el gobierno Uribe invirtió para el distrito de
riego en Montería, le correspondieron 3297 millones a la Sociedad Agropecuaria
El Ubérrimo SAS, de propiedad de Álvaro Uribe y su familia, que fueron
distribuidos de la siguiente manera: en 2008, recibió 903 millones; en 2009,
1404 millones de pesos, y en 2010, 990 millones en subsidios, gracias al
decreto que firmó el exministro Arias.
En
otras palabras, el gobierno Uribe firmó un decreto que le otorgaba subsidios no
reembolsables para beneficio de las propiedades del jefe de Estado y de
su familia.
El excontralor
delegado Alberto Higuera denunció ante la Fiscalía y la Organización
de las Naciones Unidas que ha recibido amenazas de muerte, luego de la
polémica que enfrenta Álvaro Uribe con la actual Contraloría General
por la extensión de su finca El Ubérrimo con predios baldíos de la Nación que
quedaron en su propiedad.
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