El
departamento del Chocó representa, quizá, el caso más dramático. Comunidades
victimas del desplazamiento forzado, producto del regreso del paramilitarismo
que entró en disputa de territorios con la guerrilla del ELN, dibujan un escenario de incumplimiento de
los acuerdos de paz por parte del Gobierno colombiano que no actúa y niega la existencia del paramilitarismo.
La
posibilidad de que esto ocurriera siempre estuvo en los análisis. En julio del
año pasado, mientras estuve en La Habana (Cuba) como corresponsal de la
Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU), tuve oportunidad de dialogar con Jorge Torres Victoria (Pablo
Catatumbo), integrante del Secretariado de las FARC. Del diálogo surgieron
dos informes: ‘Las FARC hablan de masacre de La Moralia’
y ‘Hablando de dejación de armas con Pablo Catatumbo’.
Recuerdo
que en el segundo informe, ‘Hablando de dejación de armas con Pablo Catatumbo’, las palabras del
líder guerrillero fueron motivo de controversia para la prensa que, aunque guardó silencio, sus
corresponsales en La Habana sí preguntaron a integrantes de la delegación de paz de las FARC sobre el
significado de las declaraciones de ‘Catatumbo’:
“Muchos
me preguntan: ‘y qué va a pasar con el paramilitarismo’. Yo les digo: ‘ese es
el mayor reto que tiene el Estado y este es el mayor reto que tienen estos
acuerdos [del proceso de paz]’. Si el Estado no es capaz de garantizarle la
vida a los ciudadanos, si el Estado no es capaz de garantizar que haya unas
personas que reclamen sus derechos de manera legal, pues necesariamente volverá
la guerra”.
Para los medios, la frase “volverá la guerra”, en su momento, fue tomada como una amenaza, un ultimátum al Gobierno por si incumplía los acuerdos de paz. Sin embargo, la realidad era otra, las palabras de ‘Catatumbo’ simplemente recordaban las causas que produjeron alzamientos armados en el país, dando origen a guerrillas como las FARC y el ELN.
Y
son esas causas, además de los conflictos sociales, las que ahora se recrudecen.
Asesinatos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como
el afianzamiento armado y territorial del paramilitarismo, nos dicen que el
Gobierno no cumplió con los acuerdos de paz
en lo fundamental: garantías para la oposición política y los
excombatientes que ya empezaron a ser asesinados.
Podrá
pensarse que resulta apresurado realizar tales afirmaciones y que, incluso, es
prematuro decir que el Gobierno traicionó lo pactado en La Habana, pero con más
de ciento cincuenta líderes asesinatos, el no hacerlo y continuar vendiendo una falsa imagen para no generar pánico o una
opinión desfavorable, sería alimentar la mala lectura de quienes piensan
que sin hablar de ello se fortalecerá un proceso político-organizativo, o
mediático, que atraerá votos a las urnas.
El
fortalecimiento político de la lucha social provendrá de enfrentar
decididamente la traición del Gobierno, de visibilizar que el Estado nuevamente
traicionó la voluntad del pueblo que apostó a la paz, esta es una tarea inmediata
para recobrar la confianza y prepararse
para enfrentar a la ultraderecha que, con imagen favorable o desfavorable del
proceso de paz, está lista para culminar la segunda fase de la traición: la
sucesión del poder planificada desde Estados Unidos.
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