Con presencia de la Secretaría de Paz y Reconciliación de la Gobernación del Valle, el PNUD, la OEA-MAPP, la Defensoría del Pueblo, la administración municipal y la Pastoral Social de Palmira, este viernes, 28 de julio, en el Concejo Municipal de Palmira se realizó la Jornada Pedagógica sobre la implementación del Acuerdo de
Paz donde integrantes de las FARC, de la zona veredal ‘Marquetalia cuna de la
resistencia’ (Tolima), intercambiaron opiniones con los asistentes y hablaron de
los retos que afronta la implementación.
“Hubo
buena asistencia. Vi un ambiente de reconciliación y de perdón, inclusive por
parte de un militar activo que estuvo retenido por las FARC dos años, y tuvimos
un acto de reconciliación”, afirmó ‘Sergio Hernández’ de la comisión pedagógica
de las FARC.
Para
la Pastoral Social de Palmira el balance también fue positivo, y recordó la
importancia de fortalecer escenarios de participación para la paz con justicia
social.
“Nosotros
seguimos apostándole a construir incidencia con las comunidades, a trabajar por
el tema de gobernanza y a que sean las mismas comunidades las que puedan llevar
sus propuestas a todos estos escenarios de participación que se han abierto”, expresó
Luz Emilse Romero de Pastoral Social de Palmira.
A
la jornada pedagógica asistieron organizaciones sociales, cívicas y
comunitarias, y personas sin ningún tipo de filiación política que felicitaron la
decisión de las FARC de hacer política sin armas para la reconciliación y
construcción de país a través de la palabra
“Felicitamos
la llegada de los compañeros de Marquetalia haciendo estos procesos de
pedagogía; y esperamos que lleguen más compañeros y nos ilustren sobre estos
acuerdos porque esa va a ser la base fundamental para aclimatar la paz en
nuestros territorios”, manifestó el médico Victor Hugo Mafla.
Desde Tolima llega a Palmira la comisión de pedagogía de las FARC de la Zona Veredal ‘Marquetalia Cuna de la Resistencia’, ubicada en el municipio de Planadas. La visita hace parte del trabajo de pedagogía de paz que adelantan en el departamento del Valle del Cauca en conjunto con gobiernos municipales, organizaciones sociales y comunitarias.
Ciudades
como Tuluá y Buga ya fueron visitadas arrojando un balance positivo. Dudas e inquietudes
sobre el Acuerdo de Paz y los retos de su implementación han sido despejadas
gracias a los foros y conversatorios adelantados durante la visita al
departamento.
Ahora el turno es para
Palmira. Este viernes, 28 de julio, la población palmirana podrá despejar dudas
y participar activamente de la Jornada Pedagógica sobre la implementación del
Acuerdo de Paz que tendrá lugar en las instalaciones del Concejo Municipal a
partir de las 5:00 p.m.
La
Jornada Pedagógica cuenta con acompañamiento de la Secretaría de Paz de la
Gobernación del Valle, el PNUD, la OEA-MAPP, la Defensoría del Pueblo, la
administración municipal y la Pastoral Social de Palmira que este viernes
también estarán presentes junto a los anhelos de paz y reconciliacion del país.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional abrió el camino a la legalización del proxenetismo, la inducción a la prostitución y Trata de Personas al introducir el rango de “Trabajo o empleo sexual”.
La práctica de esclavizar a las personas humanas data de épocas prehistóricas, posiblemente los avances agrícolas hicieron posible la institucionalización de la esclavitud dentro de “sociedades organizadas” que requerían de esclavos para determinadas funciones; para obtenerlos creaban guerras mediante las que “conquistaban” a otros pueblos, en otros casos, algunos individuos se vendían a sí mismos o vendían a miembros de su familia para pagar deudas pendientes, en otros, era la pena para aquellas personas que cometían algún delito, y en el caso de las mujeres eran entregadas para cumplir “servicios sexuales” como concubinas a sus amos que, en la mayoría de casos, eran reyes o personas con demasiado poder, así esta incluso contado
en el antiguo testamento de la Biblia.
Según
Friedrich Engels, “cuando Colón descubrió
más tarde América, no sabía que a la vez daba nueva vida a la esclavitud,
desaparecida desde hacía mucho tiempo en Europa, y sentaba las bases de la
trata de negros”[1] con el fin de
imponerles el trabajo más duro en la conquista e invasión del nuevo continente
descubierto. Resulta evidente que para determinar la existencia de esclavitud
basta con descubrir los elementos de control y propiedad, que por lo general
van acompañados de amenaza, de violencia, de ejercicio de poder sobre
situaciones de necesidad y vulnerabilidad en las que se encuentran las personas
La
Trata de Personas es la Esclavitud moderna o la Esclavitud del siglo XXI. Dentro
de este flagelo encontramos los elementos de control y propiedad, por ejemplo,
cuando se es retenido por su empleador o empleadora, cuando hay venta de niños,
niñas y adolescentes para ser explotados en contextos de prostitución, cuando
se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de una mujer y le imponen la
esclavitud sexual, entre otros elementos de control y propiedad que priva a
seres humanos de su libertad de escoger y controlar sus propias vidas, bien a
causa de las circunstancias o situaciones, o mediante una acción directa, para
someterlas a un tercero, entre otras.
Aunque
durante años los países han venido luchando y creando normatividades, acuerdos,
convenios y tratados internacionales para eliminar la esclavitud y ahora sus
formas contemporáneas, sigue existiendo una lista de circunstancias agravantes,
de violaciones de los derechos fundamentales que acompañan a la esclavitud del
siglo XXI, entre los más graves encontramos la privación de la identidad, la
obligación de cambiar de región o país o el ejercicio de coerción sobre la
víctima; en algunos casos se impone el impedimento a ejercer su derecho a
contraer matrimonio o a fundar una familia, en particular cuando se trata de
mujeres a las que se obliga a ser amantes o concubinas de los hombres que las
tienen bajo su control (matrimonio servil), o son explotadas en la
prostitución.
Por
lo anterior es que los primeros instrumentos internacionales relativos a la
trata de personas que se centraban, principalmente, en los casos de
reclutamiento y transporte de mujeres y niñas con fines de prostitución a
través de fronteras internacionales, con y/o sin su consentimiento, y aunque el
concepto de Trata de Persona fue unificado en el actual Convenio para la
represión de la trata de Personas en el que quedo incluido los diferentes fines
de este flagelo, el consentimiento de la víctima sigue careciendo de
importancia y, por consiguiente, los Estados firmantes están obligados a
castigar la concertación tanto voluntaria como involuntaria, máxime si se trata
de la prostitución de otra persona.
Por
lo anterior, el Preámbulo del Convenio mencionado, define la prostitución como
una práctica “incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana”,
por tanto, no es necesario que la captación sea transfronteriza para poder
calificarla como delito de Trata de Persona, de conformidad con el artículo 17 de
dicho convenio, y es por ello que los Estados partes están obligados a castigar
la concertación tanto voluntaria como involuntaria de la prostitución de otra
persona.
No
obstante a lo anterior, el Estado colombiano, aunque ha avanzado en materia
legislativa contra el flagelo de la Trata de Personas, en materia de
prostitución se viene rajando, al elevarla a través de la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional al rango de “Trabajo
o Empleo sexual”, abriéndole el camino a la legalización del proxenetismo y
a la inducción a la prostitución que hasta el momento son considerados delitos
dentro del Código Penal Colombiano, y así debería seguir siendo porque “El estrés postraumático que padece una
prostituta es irreparable y superior al de los veteranos de guerra del Vietnam”,así lo señaló la psicóloga forense
Odette Terol en una jornada organizada por la Asociación de Mujeres por la paz
Mundial[2].
Los
avances obtenidos judicialmente en la prevención, protección y persecución de
la Trata de Personas en Colombia han sido producto de los líderes y lideresas
que arriesgan sus vidas en los territorios, dentro de las que se encuentra
Claudia Yurley Quintero Rolón, quien desde la Corporación Anne Frank, ha posicionado
a nivel nacional la importancia de luchar en contra de este flagelo. Sin
embargo, por posiciones “jurídicas”, como
la tomada por la Corte Constitucional últimamente que consideran a las mujeres
prostituidas como “Trabajadoras Sexuales”,aumenta los rangos de lucha, máxime
cuando a través de un lobby jurídico
publicitario está haciendo que las Bacrim y las mafias de proxenetas se
aprovechen de la situación de vulnerabilidad en las que están llegando las
mujeres venezolanas a Colombia y que éstas sean reclutadas [ahora de manera
legal y/o “licita”] para el supuesto “ejercicio consentido” de la prostitución.
La
Trata de Personas tampoco se limita a la explotación sexual, nos preocupa el
flagelo de los trabajos forzados en el contexto de la minería, la
instrumentalización y utilización de niños y niñas para cometer delitos, el
tráfico de órganos, son modalidades que existen, poco se investigan y deben
preocuparnos, ya que destruyen la vida de cientos de colombianos.
Por
todo lo anterior, invitamos a cada uno de los colombianos y colombianas a
unirse a la lucha contra este flagelo y este 30 de julio Día Internacional de
la Lucha Contra la Trata de Personas, declarado así desde el 18 de diciembre de
2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 68/192[3], participemos activamente
en nuestras redes sociales con el hashtag #PazSinEsclavitud, pidiendo que en
estos tiempos de paz, derrotemos la esclavitud y hagamos de Colombia un país
libre.
Por: Gustavo Mestre Cubillos
Gustavo
Enrique Mestre Cubillos
Director
JurídicoCorporación Anne
Frank
[1] Friedrich
Engels. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre
Una comisión integrada por el senador Iván Cepeda, delegados de las FARC, la Coalición Larga Vida a las Mariposas y Voces de Paz, visitó este domingo la cárcel de Villahermosa de Cali para verificar la situación de
los prisioneros políticos que desde hace 21 días están en huelga de hambrey que el pasado 13 de julio fueron víctimas de un ataque por prisioneros vinculados con el paramilitarismo, en complicidad con la guardia del INPEC,
según denunció la Corporación Colectivo de Abogados Suyana.
Durante la visita,
los delegados de las FARC entregaron cartas de familiares, excombatientes y amigos a los prisioneros y verificaron la
información del ataque sufrido que dejó a trece prisioneros heridos.
“De los 13 prisioneros heridos en Villahermosa por ataque de
internos vinculados a paramilitares, 7 eran indígenas y 6 miembros de las FARC”, señaló ‘Pablo Catatumbo’, integrante del Estado Mayor Central de las FARC, en su cuenta
de Twitter.
La protesta de los
prisioneros políticos de las FARC se da en todo el país por el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte
del Gobierno colombiano que no ha hecho efectiva la Ley de Amnistía
aprobada hace más de seis meses en el Congreso de la República, incumplimiento que
mantiene a más de 2.000 integrantes de las FARC en prisión.
Plantón en solidaridad en las afueras de la cárcel
Otra
de las integrantes de la delegación de las FARC fue Camila Cienfuegos, integrante
del Estado Mayor Central que a través de Twitter también mostró su preocupación
por todos los prisioneros recluidos en este centro penitenciario.
“A los prisioneros de Villahermosa no se les
presta digna atención en salud. Hay casos en los que han esperado más de un año
para remisión”, afirmó ‘Cienfuegos’,
quién además denunció que en la cárcel de Villahermosa se presenta una
sobrepoblación del 210%.
“Villahermosa tiene capacidad para 1.800
internos, actualmente hay 6.500. Registran una sobrepoblación del 210%”,indicó ‘Cienfuegos’.
Al
concluir la visita, finalmente Catatumbo se dirigió a la prensa exigiendo al
Gobierno que cumpla la Ley de Amnistía, del mismo modo que llamó “a la Fiscalía General de Nación para
que estos hechos, de agresión que hubo contra los compañeros nuestros, no se
queden en la impunidad”, concluyó ‘Catatumbo’.
Este viernes, ‘Jesús Santrich’, integrante del Estado Mayor Central de las FARC, fue hospitalizado en la clínica Shaio de Bogotá después de completar 19 días de huelga de hambre junto a más de 1.400 excombatientes que permanecen encarcelados, y que exigen al
Gobierno cumplimiento de la Ley de Amnistía para más de 2.000 prisioneros
políticos cobijados por el Acuerdo de Paz.
Aunque la Ley de
Amnistía fue aprobaba en el Congreso de la República el 30 de diciembre de
2016, luego de más de seis meses, los jueces del país, salvo algunas excepciones,
no la aplican a cabalidad, un hecho que las FARC califican como "negligencia del
sistema judicial”.
“Lamentamos que las vidas de nuestros camaradas estén en graves riesgos
de salud por causa de la negligencia del sistema judicial, estos casos, como el
que ahora presenta nuestro compañero, no deberían estar ocurriendo”, declaró la dirección de las FARC este viernes.
La huelga de hambre
fue declarada desde el 26 de junio. Problemas de salud como los que presenta ‘Santrich’,
ponen en riesgo la vida de los
prisioneros que completan 20 días en huelga de hambre y cuya responsabilidad
recae en el Gobierno por no cumplir el Acuerdo de Paz. Esto constituye,
señalan las FARC, “un mensaje negativo hacia el mundo de la falta de compromiso
del Estado colombiano en el cumplimiento de lo acordado”.
Las FARC cumplieron
con el Acuerdo de Paz dejando las armas el 27 de junio. La comunidad
internacional ha sido testigo del cumplimiento de la guerrilla con sus
compromisos; pero no ve el mismo compromiso en el Gobierno que incumple de
manera reiterada. Para la ONU, por ejemplo, que en este momento integrantes de las FARC
permanezcan encarcelados va en contravía de la paz, tal como lo afirmó en comunicado del 13 de julio.
“La detención de los miembros de las FARC-EP
en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso
de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación
de armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación
de la paz”, indicó la ONU.
Este jueves el Colectivo de Abogados Suayana informó que varios prisioneros políticos de las FARC ubicados en el patio 4 de la cárcel Villahermosa de Cali se encuentran heridos producto de enfrentamientos con presos sociales que disputan el control de este patio. En total son 13 las personas heridas, entre las cuales hay dos presos sociales heridos de gravedad.
Suyana
además denunció que los hechos ocurrieron gracias a la complicidad de la
guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
“Estos
hechos se enmarcan en una fuerte disputa por el control del patio 4 del EPMSC
Cali, donde históricamente se han agrupado los prisioneros políticos.
Presuntamente la confrontación fue iniciada por un grupo de presos sociales,
quienes contaron con el apoyo de la guardia”, señala Suyana en un comunicado.
La
situación se da en medio de la huelga de hambre realizada por los
prisioneros políticos de las FARC como protesta frente al incumplimiento del
Acuerdo de Paz por parte del Gobierno que no ha hecho efectiva la ley de
indulto y amnistía aprobada por el Congreso de la República desde hace más de
seis meses.
El
colectivo de abogados también advierte que se encuentra en riesgo la vida de
los prisioneros políticos, que en horas de la tarde fueron trasladados al
Pasillo Especial Indígena de la cárcel de Villahermosa.
Por
estos hechos Suyana exige a la dirección del centro penitenciario, “ordenar la
atención inmediata de los prisioneros heridos e iniciar las investigaciones que
permitan la pronta sanción disciplinaria de los guardianes que protagonizaron
abuso de fuerza y extralimitación en sus tareas como funcionarios del INPEC”.
Del
mismo modo, solicitan “que se generen en el menor tiempo las
condiciones de seguridad necesarias para que los prisioneros políticos, que
fueron ubicados en el Pasillo Especial Indígena, regresen al patio 4”.
Diecisiete días en huelga de hambre completan los prisioneros políticos de las FARC que permanecen recluidos en las cárceles del país, debido al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno que no ha hecho efectiva la ley de indulto y amnistía
aprobada en el Congreso de la República hace más de seis meses.
Mediante
un video, publicado en la cuenta de Twitter de ‘Jesús Santrich’, integrante del
Estado Mayor Central de las FARC, este miércoles, 12 de julio, excombatientes
de esta guerrilla informaron la situación a 17 días de iniciada la huelga de
hambre.
“Al
momento se encuentran 1.892 prisioneros políticos en desobediencia a nivel
nacional, de los cuales 1.406 se
encuentran en huelga de hambre (1.377 hombres, 29 mujeres); cosidos los labios,
tenemos 11 compañeros; dentro de la desobediencia participan 139 adultos
mayores”, señala
el informe.
A
la fecha, ya son 32 los centros penitenciarios
y carcelarios que se suman a las protestas exigiendo al Gobierno cumplimiento
del Acuerdo de Paz. Día a día aumenta el número de prisioneros y cárceles en
desobediencia.
“La
novedad del día de hoy es que se une la cárcel de Pitalito (Huila) con 22
compañeros en huelga de hambre”, concluyen los exguerrilleros que exigen “la libertad inmediata de nuestros prisioneros
políticos”, teniendo en cuenta que las FARC dejaron las armas cumpliendo a
cabalidad con el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el Gobierno aún no cumple sus
compromisos.
Trece días completan en huelga de hambre los prisioneros y prisioneras de las FARC que permanecen en las cárceles debido al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno.
La ley de amnistía e indulto aprobada en diciembre pasado no ha sido aplicada, y después de más de seis meses de incumplimiento, los prisioneros políticos de las FARC se declararon en huelga de hambre,
sin que los medios cubran debidamente esta dramática y vergonzante situación
para un país que presume de democrático y civilizado.
Sus
quebrantos de salud ya son evidentes y requieren atención inmediata. Jesús
Santrich, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, quien también se
declaró en huelga de hambre, el día de
ayer no salió en su cuenta de Twitter a dar el informe habitual sobre la
situación de los prisioneros. Su salud se deteriora y sus compañeros debieron
dar informe sin él.
“El
camarada Jesús Santrich, debido al agotamiento que va sufriendo por la huelga que
viene desarrollando también de hambre en solidaridad con nuestros prisioneros
políticos, no pudo estar en el día de hoy”, afirmaron sus compañeros en Twitter durante el informe que cerró la noche de este viernes.
Las
cifras de los prisioneros en huelga de hambre son escandalosas y preocupantes,
y llenan de indignación por la gravedad que ello conlleva, y cuyo despliegue
informativo no está a la par de la gravedad de esta situación. Hasta el día de
ayer, según el último informe, 1.784 prisioneros se encuentran en
desobediencia, de los cuales 1.341
continúan en huelga de hambre. “Tenemos
35 compañeros que tienen cosidos los labios”, agrega el informe.
A
pesar de ello, la solidaridad crece. Y quienes le apostamos a la paz, seguimos
firmes exigiendo al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la liberación
inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos de la insurgencia. Las FARC ya cumplieron dejando las armas,
ahora el Gobierno debe dejar la corrupción, el terrorismo de Estado, que crece
con el paramilitarismo, y cumplir lo pactado.
Nadie lo tenía en los análisis. Pensar en pedagogía, proyectos productivos, el nuevo partido de la guerrilla, entre otros temas, era algo común al pensar en el proceso de transición de los excombatientes de las FARC a la vida en sociedad. Pero había otros temas que la solidaridad permitió que trascendieran.
Y fruto de la solidaridad surgieron brigadas para visitar las zonas veredales
donde los excombatientes se preparan para la vida civil. Así nació una brigada que no estaba en los análisis de la paz, una
conformada por zootecnistas y veterinarios que visitaron la zona veredal de La
Elvira, ubicada en el municipio de Buenos Aires en el departamento del
Cauca.
“El
objetivo de esta brigada es concientizar a los dueños tenedores de mascotas
para que lleven a cabo actividades que los conviertan en unos dueños responsables:
como sus vacunaciones, sus desparasitaciones a tiempo y, adicionalmente, la
esterilización”, explica Mauricio Velasco, zootecnista de la Universidad
nacional.
Aunque al inicio hubo resistencia al proceso de
esterilización, finalmente los dueños de las mascotas, en su mayoría,
entendieron la importancia de realizarlo. Mauricio nos cuenta los beneficios
que ello trae.
“Es muy importante hacerlo ya que, como se
encuentran en un medio rural, la idea es
poderles brindar esta atención médica para que no haya problemas de
sobrepoblación, de enfermedades de transmisión sexual y problemas de peleas
o marcaciones del territorio”.
Hechos
de gran importancia trajo el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. Beneficiar a perros y gatos, algo que
estaba por fuera de cualquier análisis, también vino acompañado de la mirada diferente
que ahora la sociedad tiene de la guerrilla, una versión muy distinta a la
de los medios de comunicación.
“Los
medios de pronto tergiversan un poco la información. Ya cuando uno está aquí,
ve la calidez de las personas, las ganas de salir adelante y mucho empuje y
mucha sensibilidad”, afirma Velasco.
Las
FARC han cumplido con el Acuerdo de Paz dejando las armas. Sin embargo, el
Gobierno no cumple. Tal es el caso de los prisioneros políticos: más de 2000 excombatientes permanecen encarcelados,
muchos en huelga de hambre hasta que el Estado cumpla su palabra. Mientras
esto ocurre, la sociedad continúa luchando y acompañando las zonas veredales
para que el Gobierno no nos robe la paz.
Con
mucha preocupación las comunidades indígenas y campesinas de la zona rural de los municipios de Pradera y Palmira en el Valle del Cauca, han denunciado, en las últimas semanas, presencia de grupos armados en su territorio, según algunos testimonios se trata de paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas de
Colombia”.
Las denuncias de la comunidad tuvieron lugar durante un Consejo Municipal de Desarrollo Rural y en presencia del alcalde del municipio de Pradera Henry Devia, además fueron
llevadas hasta instancias nacionales. Al respecto, el
alcalde de Pradera señaló en los medios de comunicación que el señalamiento lo hizo
"un integrante de un resguardo
indígena, porque hay preocupación en razón de que han visto presencia de
personal armado que no corresponde ni a las Fuerzas Militares ni a la
guerrilla. Dicen que son de las 'fuerzas gaitanistas', lo que implica que a
través del Gobierno departamental y el Gobierno Nacional se tomen las medidas para
que haya tranquilidad, máxime cuando el municipio de Pradera es una de las
zonas priorizadas en el tema de los acuerdos con la guerrilla”.
Las acusaciones han sido realizadas
por campesinos e indígenas de las veredas La Fría y El Arenillo y llegaron hasta
la Secretaria Departamental de Seguridad, Noralba García, quien puso en
conocimiento de mandos militares la situación manifestada en un reciente
consejo municipal de seguridad rural.
También en otras zonas del país
como Antioquia, Nariño y Chocó han denunciando la presencia de este
grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas”, quienes están amenazando a
líderes sociales, generado alerta en la Defensoría del Pueblo y en
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Representantes de diversos estamentos como la
Organización de Estados Americanos, la Unidad Nacional de Víctimas, la Mesa Municipal
de Víctimas de Pradera, el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de
Palmira y líderes sociales de la zona, se han reunido para recoger estas
inquietudes y buscar las rutas a seguir para hacer acompañamiento a la
comunidad, quienes están en un proceso de reparación como víctimas del
paramilitarismo en los años noventa.
En estos espacios la comunidad ha manifestado
que siente temor por la presencia de un nuevo actor armado en su territorio.En
la memoria de los habitantes todavía está latente la época de terror que vivieron
con la presencia de paramilitares en su territorio.
Es importante recordar que en el año de 1999
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por los hermanos Castaño, conformaron el bloque Calima en el Valle del Cauca, llegando a contar con seis frentes. Uno de ellos se denominó “Frente La
Buitrera”, ya que el centro de operaciones de este grupo fue instalado en el
corregimiento La Buitrera de Palmira, allí constituyeron el tristemente reconocido “Chalet de la muerte”. luego de haberse apropiado de la finca La Esmeralda,
donde cientos de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Luego
de asesinarlas, sus víctimas fueron enterradas en fosas comunes.
Para la comunidad es preocupante que en pleno
proceso de reconocimiento y reparación como víctimas del paramilitarismo
aparezca un nuevo actor armado a causar terror en su territorio.La experiencia
vivida ha dejado desconfianza frente a los organismo locales que deberían defender
los derechos de la población, pero que en muchos casos se han hecho los sordos
ante los llamados de la comunidad, por esto solicitan el acompañamiento
departamental, nacional e internacional ante esta nueva amenaza que se cierne
en su territorio.
