En 2014, mientras trabajaba en Pazífico Noticias en Cali, divulgamos los correos del hacker ecuatoriano Andrés Bajaña, quien realizó actividades de espionaje para la inteligencia del ejército y adelantó interceptaciones ilegales para el hacker Andrés Sepúlveda que trabajaba para la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga.
Andrés Sepúlveda hoy se encuentra pagando una condena de diez años al comprobarse que
compró información de inteligencia, realizó espionaje e infiltró las
comunicaciones del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Sin
embargo, el líder del Centro Democrático Oscar
Iván Zuluaga, a pesar de existir un video donde se ve y escucha conversando con Sepúlveda sobre las actividades
ilegales, fue exonerado de cualquier responsabilidad.
Tanto
en el caso de Andrés Sepúlveda como en el de Daniel Bajaña, reina la impunidad.
Porque al igual que en el
paramilitarismo, los financiadores y clase política beneficiada por las
actividades de los hackers, permanecen sin castigo.
El
trato dado a estos casos ha sido el desligarlo políticamente del conflicto colombiano,
cuando en realidad son una continuidad del mismo: una expresión más de la
guerra sucia. Esto se comprueba al analizar los correos de Bajaña y las interceptaciones de Sepúlveda que incluyen a Piedad
Córdoba. Revisando esta información se
comprueba que la oposición política del país también fue objetivo de
infiltración, como continuidad de un conflicto que utiliza la interceptación
ilegal y el sabotaje (recuérdese el caso de las chuzadas del DAS) para estigmatizar,
perseguir y asesinar a los contradictores políticos, víctimas del conflicto
colombiano.
¿Dónde está la clase
política y los financiadores de estos hackers? Reducir estos casos a simples
peleas entre el uribismo y el santismo ha sido la agenda a imponer, cuando realmente
hacen parte de una estrategia de guerra, una forma de paramilitarismo
informático empleada antes, durante y (seguirá) después del proceso de paz con
las FARC.
Hace
pocos meses Andrés Sepúlveda solicitó ingresar a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) que contempla el Acuerdo de Paz para obtener beneficios jurídicos.
Sepúlveda también ha manifestado querer aportar
nueva información a la Fiscalía. La información que guarda y su relación con ataques
a la oposición política (víctimas del conflicto), es de suma importancia para
encontrar a los responsables políticos detrás de los hackers. Sin embargo,
la solicitud de ingresar a la JEP fue negada.
La
información que puede aportar Sepúlveda es de vital importancia para esclarecer
una pequeña parte de la guerra sucia dentro del conflicto colombiano, de la
cual la oposición política ha sido víctima. Su inclusión dentro de la JEP es
ficha clave para descubrir a los responsables políticos y financiadores de este
accionar. Los delitos del hacker Andrés
Sepúlveda sí hacen parte del conflicto colombiano, una forma de violencia que
algunos pretenden ocultar relegándola jurídicamente a un trato delincuencial común.
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