Paro Nacional se agudizará por incumplimiento del Gobierno
Este martes, 31 de octubre, voceros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) brindaron declaraciones a la prensa sobre el estado del Paro Nacional Indefinido (PNI) que completa ocho días.
Los voceros denunciaron incumplimiento por parte del Gobierno que se comprometió a reinstalar
formalmente la Mesa de Interlocución y Acuerdo para discutir el Pliego de Exigencias del PNI, violando
lo acordado el pasado jueves, 26 de octubre, donde en reunión con el ministro
del Interior, Guillermo Rivera, se establecieron compromisos que fueron violados este lunes por funcionarios del Gobierno.
Frente
a estos hechos, los dirigentes de la MIA informaron que en el trascurso de esta
se semana se incrementará “la actividad
de movilización” en departamentos como Cauca, Antioquia, Putumayo, en la región
del Catatumbo “y en otros departamentos del país donde los procesos
organizativos que integramos la Mesa Nacional tenemos presencia”, afirmó Huber
Ballesteros, vocero de la MIA
La
MIA además denunció represión de la Fuerza Pública contra el Paro
Nacional que ha dejado varios manifestantes heridos y algunos detenidos, y exigió
garantías frente el anuncio de capturas que se
avecinarían para líderes y lideresas de las movilizaciones.
“Hacemos
un llamado al tema de las garantías. Esperamos que salir a las carreteras, a
exigir que seamos escuchados, no se convierta en un delito”, manifestó Olga
Quintero de la MIA, quien agregó que lo que “se requiere son las capturas de los que están matando a los líderes
sociales en este país”, cuya cifra se acerca a las doscientas personas
asesinadas en menos de dos años.
El
Paro Nacional Indefinido (PNI) inició el 23 de octubre exigiendo al Gobierno que
cumpla con el Acuerdo de Paz de La Habana, el cual presenta, expresa
Ballesteros, “un atraso de más del 90% de la implementación tanto normativa
como en territorio”.
Del
mismo modo el PNI también exige garantías para la oposición política en
Colombia, lo cual implica que cese el
terrorismo de Estado representado, principalmente, en la negativa del Gobierno
de no reconocer la existencia del paramilitarismo ni tomar medidas para
combatirlo, y por los crímenes cometidos por la Fuerza Pública contra la población
civil.