2018
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Desde el 11 de diciembre, comunidad del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Paez se declaró en “asamblea permanente” dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Florida (Valle del Cauca). Continuas amenazas de grupos armados que operan bajo estructuras paramilitares les obligó a tomarse las instalaciones de la Alcaldía hasta encontrar una solución




“Denunciamos que hay quienes quieren sembrar el terror sobre nuestros territorios y acabar con nuestra cultura, por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de defender nuestro territorio, por el hecho de defender el buen vivir. Hemos sobrevivido al genocidio, a la exclusión, a la estigmatización, mientras tanto nada ha avanzado en el Gobierno Nacional”, afirma la comunidad indígena.

Hasta el momento las discusiones con la Alcaldía de Florida para hallar soluciones a la crisis humanitaria que padece la comunidad del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Paez, han sido infructuosas, hechos que se agravan por las recientes amenazas que recibieron este miércoles, 12 de diciembre.

“Eran las 7:00 p.m., cuando la señora Enelia Mestizo Ramos consejera mayor del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, recibió una llamada telefónica vía celular donde la insultaron, y a todos los mingueros los amenazaron de muerte”, denuncia el Reguardo, informando que el señor Argemiro Bubu Ramos, quien integra la mesa municipal de víctimas del conflicto armado, también fue amenazado.

Desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, en Colombia se reportan más de 400 lideresas y líderes sociales asesinados, reportándose un incremento luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de la FARC que después de salir de los territorios que ocupaba, y al no existir un plan del Estado colombiano para brindar seguridad e inversión social, son territorios que hoy son objeto de disputa y ocupación por estructuras paramilitares y la guerrilla del ELN.


“Nos están matando, pero estamos dispuestos a vivir. La paz nos está costando la vida. En el marco de los Acuerdos con las FARC, nuestras autoridades ancestrales han ratificado nuestra posición de autonomía territorial en contra del accionar de los grupos armados que pretenden someter la vida y libertad de los habitantes de nuestros territorios, hechos que hemos denunciado reiteradamente a lo largo de los años y que aún no encuentran eco en los gobiernos de turno”, recuerda la comunidad.

Redacción REMAP

Enorme preocupación y rechazo provocaron las declaraciones de Diego Isaza Zapata, Personero Delegado para los Derechos Humanos de la ciudad de Palmira que participó en la Conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos, realizado el 10 de diciembre en la Cámara de Comercio de este municipio.

“Y critico cuando se derogó la Constitución de 1886”, afirmó el funcionario de la Personería, quien rechazó la Constitución de 1991 porque “en su primer artículo, como Estado de Derecho que somos, se quitó el imperio de toda fuerza y de toda ley del nombre de Dios”.

Las palabras del funcionario generaron rechazo inmediato, puesto que están en contravía de sus funciones como delegado para los Derechos Humanos que debe separar cualquier imposición doctrinal religiosa, independientemente del culto de donde provenga, de las funciones del Estado, separación que se dio gracias a la Constitución de 1991.

Pero más desconcertante resultó cuando el funcionario, sin criterio alguno y sin analizar y sin estudiar un sinnúmero de guerras, crímenes e injusticias, comprobadas históricamente, y ocurridas antes de la construcción de los evangelios, afirmara que “la primer víctima de violación de Derechos Humanos fue Jesús”.

Finalmente, las organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos y comunidad que presenció la intervención del Personero Delegado para los Derechos Humanos, Diego Isaza Zapata, consideraron que el funcionario “no es garantía para las comunidades que debería defender”, al punto que muchas personas del público exigieron su renuncia, y otras lo definieron como “un fascista confeso”.

Redacción REMAP

-Neo: Why do my eyes hurt?
-Morpheus: You've never used them before
The Matrix, 1999

The mirage of a society presented as democratic, imposes images of a world so different to the real one, like virtual realities, preaching changes under the illusion of a sterile pacifism. We attend a prefabricated social order where the mental territories were invaded, colonized and dominated until becoming in a meekness who accepts subhuman living conditions as normal. 

Spanish version: Democracia virtual  
 
Revolutionary movements thought that hunger would create conditions for people uprisings. But today hunger is calmed with welfare programs, creating a society of beggars that kiss the hand of the master.

Italian version: Democrazia virtuale

Democracy is a media invention which controls people, making them believe that countries are transformed without struggle, without risking their lives in real actions. Thereby, societies forget the struggles of their dead, to whom in life were hated because they dared to desecrate the new crowd idol; that “Virtual Democracy” imposes pacifism to people, while spread violence against those who question the State structures of class domination.

It doesn’t matter the speech; Virtual Democracy always brings death. Whether the libretto is of peace or war, assassinating the political opposition is not optional, it is a general rule that holds in power the political class. Images of white doves or rifles and camouflaged clothing are dramatic turns of the booklet, imposing hatred and blood for a period of time and then imposing forget in the name of peace. 

Protest, rebellion and people uprisings receive sentence of death. Pacifism forbids rioting, and any de facto action that confronts the political class. Even from the family, protest and rebellion are demonized and transformed into shame, into something that must be repudiated and punished. Generation after generation have been drinking of this doctrine, reproduced from the family, which accepts repression as a necessary fact, and crimes against political opposition as unimportant events.

By: Alexander Escobar / Traduction: Byron Salazar

Under this scenario, reflectors and lights of pacifism are mixed demobilizing the struggles against the smiling oppressor, who’s wearing the suit that hides the vilest forms of iniquity. But the lights do not completely blind. Part of the public leaves the show. The seats are slowly unoccupied. The discourses of non-violence are sterile, attacking only the victims of State terrorism, because the State never renounces to deploy violence against the people.

El 15 de noviembre, estudiantes de distintas universidades, centros educativos y diversos sectores de la sociedad del municipio de Palmira (Valle del Cauca) fueron atacados por la Fuerza Pública mientras exigían presupuesto para la educación, y del mismo modo protestaban contra la pretensión del Gobierno colombiano de imponer impuestos a la canasta familiar.

Leer: Evitan masacre contra estudiantes en Palmira

REMAP dialogó con estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle, cuyos testimonios dejan al descubierto que la Fuerza Pública violó acuerdos y atacó cuando todo estaba controlado y se protestaba de manera pacífica.

Las protestas realizadas en Palmira (Valle del Cauca) que exigen presupuesto para la educación pública y rechazan la imposición del IVA a la canasta familiar, dejaron este jueves, 15 de noviembre, un saldo cuatro estudiantes heridos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Por el momento, no se reporta ningún detenido.

El caso de mayor gravedad lo presenta un estudiante con una herida en su cabeza que permanece en observación, y cuya lesión está siendo valorada para identificar el tipo de arma utilizada por el ESMAD.



Es de recordar que, durante las protestas, al igual que en otras ciudades del país, los estudiantes han denunciado la utilización de armas no convencionales y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD.

Y el caso de Palmira reviste un agravante, en tanto que el ESMAD esperó hasta llegada la noche para confrontar a los estudiantes. Por fortuna, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, y la Personería del municipio mediaron para evitar una “masacre”.

El otro hecho de gravedad se presentó en la Clínica Palma Real de esta ciudad, donde dos personas de civil, que decían pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se negaron a identificarse e intimidaron a una estudiante que se rehusó a darles información e impedir que interrogaran al joven herido.

Por estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales han lanzado una alerta temprana por el riesgo que corre la vida de los estudiantes y frente a las posibles judicializaciones que pueda emprender el Estado colombiano para reprimir la protesta social, y hacen un llamado a la comunidad internacional para estar atentos, solidarizarse y rechazar la represión y asesinatos contra líderes y lideresas sociales que suman más de trescientos.

Nota: REMAP lamenta utilizar este tipo de imágenes, pero no hay otra forma de presentar la violencia del Estado contra la protesta social en Colombia.

Redacción REMAP

Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.

Y en Palmira, ciudad del suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa del Territorio y el Agua.

Las torres de energía traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.

Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua, acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma Salcedo.


Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.

“Dentro de las irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es decir, no se tiene claridad por parte de la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de Planeación de Palmira

Salcedo además denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en cuanto a la forma en la que el Grupo de Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”, siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.

Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.

“La administración municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche, de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.

Por: Alexander Escobar

Alcaldías, gobernaciones y la Casa de Nariño se transformaron en oficinas de prensa y propaganda. Escándalos de corrupción, acompañados de estupidez administrativa e incapacidad, terminan olvidados bajo el photoshop de asesores de imagen y community managers que imponen fotografías de mandatarios y funcionarios públicos abrazando niños y mascotas, o tocando algún instrumento musical para ocultar la crisis social y humanitaria que vive Colombia.

Pero miles son las fotos que no publican en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. En cualquier rincón de Colombia, sin mucho esfuerzo, es fácil encontrar imágenes que son descartadas por las oficinas de prensa de la política neoliberal.

A dos horas y media del Puerto de Buenaventura, navegando por mar y río, encontramos una de esas fotos no publicadas. Se trata de la foto descartada por la alcaldía de Buenaventura: la foto del colegio de la vereda San José.

Colegio de la vereda San José
San José es una vereda de Puerto Merizalde, corregimiento de Buenaventura ubicado en la cuenca del río Naya. Es una zona donde luego de firmado el Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, de forma irresponsable algunos reportajes no pararon, y no paran, de anunciar “el fin de la guerra” y la llegada de “los tiempos de paz”.

Sin embargo, lo cierto es que la guerra permanece en la cuenca del río Naya, al igual que permanecen sus habitantes resistiendo mientras esperan que la paz y la justicia social se materialicen, y dejen de ser solo excusas para multimillonarios proyectos de oenegés que se enriquecen con discursos de paz elaborados.

La ausencia de justicia social se palpa en infinidad de problemáticas que afrontan estas comunidades. Larga es la lista, como la ausencia de agua potable, pero el estado del colegio de la vereda San José ilustra el trato que reciben quienes habitan la Colombia profunda.

San José es vereda del corregimiento Puerto Merizalde
El colegio está devastado, mostrando una estructura que recuerda territorios azotados por la guerra. No obstante, no fue un enfrentamiento militar el responsable de su desmantelamiento. El conflicto social, reflejado en la profundización de la política neoliberal, es el verdugo de las comunidades del río Naya que habla a través de alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República.

Hace aproximadamente un año el colegio dejó de funcionar. Dos años atrás empezó a deteriorarse hasta quedar en estado de total abandono. La alcaldía de Buenaventura siempre ha tenido conocimiento de la situación; sin embargo, no ha tomado medidas para devolver el colegio a la comunidad, y sus funcionarios tampoco se han acercado a la vereda para verificar su estado.

El colegio está ubicado en la cuenca del río Naya
Las imágenes del colegio de la vereda San José constituyen una muestra de cómo el conflicto social permanece en Colombia, se profundiza y aleja a sus habitantes de mejores condiciones de vida. La cuenca del río Naya además es testimonio de que la guerra no terminó. Sus habitantes son gente alegre que resiste a pesar de la adversidad y la crisis social y humanitaria que viven. Del mismo modo son comunidades que prefieren no hablar del tema y, como regla general, evitan quedar registrados en alguna fotografía.

Esta realidad del territorio son fotos que no publican oficinas de prensa y propaganda de los entes gubernamentales. Porque estas son imágenes que habitan en la memoria de las comunidades, que resisten al secuestro del olvido y, generación tras generación, recuerdan que la paz y la justicia social son fotos aún no tomadas.

Por: Alexander Escobar


El Desarrollo Rural en el en el Valle del Cauca, será el tema de la Audiencia Pública convocada por los congresistas la Bancada de FARC*

Cali, 18 de octubre de 2018 – En el corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, símbolo de resistencia y de paz territorial, se realizará la Audiencia Pública que abordará las difíciles condiciones de las y los campesinos del Valle del Cauca. 

El evento que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a partir de las 9:00 a.m., tiene como objetivo abordar desde la voz de las comunidades, las problemáticas desprendidas del abandono estatal, la corrupción y otros lamentables fenómenos que han afectado las condiciones de vida de este sector de la población, en la idea de que las instituciones competentes asuman compromisos concretos para intervenir sobre estas situaciones.

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es fundamental escuchar a quienes afrontan día a día las difíciles condiciones que se viven en el campo colombiano. Recordemos que “en el marco de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana, el desarrollo rural es pilar fundamental para la consolidación de la paz, y sostenemos que la implementación de las medidas contenidas en él, aportará decisivamente al mejoramiento de las condiciones del campo vallecaucano”, señaló Luis Alberto Albán Urbano, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. 

La agenda de la audiencia que ha sido construida de mano de las organizaciones campesinas, sociales y populares, que claman soluciones efectivas por parte del estado colombiano, abordará los temas de: proyectos productivos, formalización y tenencia de la tierra, vías rurales, Zonas de Reserva Campesina, conectividad y acceso a internet, entre otros.  

Se han convocado a instituciones y entidades competentes como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Vías, Gobernación del Valle y Alcaldías del departamento. 

Desde estas curules que están al servicio de la gente del común, invitamos a campesinos, campesinas, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, a este importante espacio de debate y construcción conjunta.




En el marco de las manifestaciones estudiantiles que están transcurriendo en todo el país por la defensa de la educación pública y en contra de las políticas del actual gobierno que afectan  la financiación de las universidades, se presentan amenazas que ponen en riesgo la vida de líderes y miembros del movimiento estudiantil.

Por una parte en el municipio de Yumbo, estudiantes de la sede de la Universidad del Valle se encontraban realizando una jornada informativa acerca del paro indefinido  declarado por la Asamblea  Regional  de  la  Universidad del  Valle cuando fueron amenazados por una funcionaria del municipio; la denuncia de la Federación de Estudiantes Universitarios plantea: “Los estudiantes en medio de su acción  pedagógica  pacífica se ven increpados por la Sra, Amanda Castañeda, conocida por su influencia en distintos sectores del municipio, la cual los amenaza verbalmente, calumnia públicamente al denominarlos «vagos marihuaneros» y posteriormente los estigmatiza por redes sociales a través de publicaciones en las cuales cuestiona la autonomía universitaria de los estudiantes de la Universidad del Valle y su derecho a la movilización; en sus reiteradas amenazas en contra de los estudiantes alude a que va perjudicarlos físicamente por medio de su asociación con pandilleros aledaños a la Universidad del Valle sede Yumbo”. Esta situación de  señalamiento pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por otra parte en la ciudad de Palmira el sábado 6 de octubre es amenazado Carlos Andrés Ipial, representante estudiantil ante el Comité de Regionalización de la Universidad del Valle, ese día  recibió una llamada telefónica en la cual un hombre le dice: "le estamos siguiendo la pista, lo mejor es que se quede callado, eso acá no va a pasar". La intimidación verbal a través del teléfono móvil se repite en dos ocasiones más y posterior a eso, el registro del número celular del cual recibe la amenaza desaparece del teléfono móvil.

En el contexto actual es  importante y necesario tener en cuenta que estos casos no son hechos aislados, sino que hacen parte de una campaña de persecución a líderes y lideresas sociales que se viene dando en todo el territorio nacional  y que hasta la fecha  ha cobrado  la vida de más 3oo líderes sociales en dos años y medio.

El pasado 6 de julio  denunciábamos las amenazas contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia,  sede Palmira, que se unían a panfletos y ataques a campesinos e indígenas en los municipios de Pradera y Florida, evidenciando una “relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda”.  [1]

A continuación reproducimos  las denuncias realizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios


Este viernes, 5 de octubre, se realizará Popayán (Cauca) la Audiencia Pública por la vida y el territorio del suroccidente a partir de las 8:00 a.m. en la Casa de La Moneda.

La Audiencia tendrá como tema central la persecución política y los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, cuya cifra crece sin que el Estado colombiano tome medidas para parar este genocidio.

Esta jornada es la primera que se realiza en el país y hace parte de las audiencias públicas “Colombia por la Vida”, promovidas por la Convergencia Alternativa integrada por congresistas de lista de la Decencia, Alianza Verde, Polo Democrático, UP, FARC y MAIS.

“Son audiencias en las cuales van a participar miles de personas para escuchar sus necesidades y problemas más sentidos y para emplazar a todas las autoridades tanto del orden local y regional, como del orden nacional, a que atiendan con soluciones concretas estas problemáticas”, explicó el senador Iván Cepeda Castro.

La Audiencia además espera contar con representantes del Gobierno, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“Las bancadas de oposición ejercemos de esta manera también nuestro rol de control político que no se restringe simplemente al ámbito parlamentario, sino que puede realizarse también en los territorios”, concluyó el senador.

Para inscribirse en la Audiencia Pública visitar el siguiente enlace:

Redacción REMAP 

En marzo de 2017 el municipio de Ginebra (Valle del Cauca) firmó con el Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali un contrato por $1.499.175.639 para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable. En total cinco plantas fueron construidas para los acueductos rurales de los corregimientos Cocuyos y Juntas, y las veredas El Jardín, Valledupar y Loma Gorda. (Ver contrato)

Pero al poco tiempo de construidas, las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar, puesto que las plantas no cuentan con las características necesarias para funcionar de manera óptima, algo que queda constatado al comprobar que, de las cinco plantas instaladas, ninguna está funcionando.

Otra situación que preocupa son los posibles sobrecostos en la construcción. Expertos en el tema, como Álvaro Noreña, representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Costa Rica, manifiesta que los costos no coinciden con los análisis de un grupo de profesionales que asesoran a la Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca (Fecoser).

“Según los análisis que hemos hecho con ingenieros sanitarios, profesionales en ese tema de tratamiento de aguas, y teniendo en cuenta que son poblaciones rurales, la conclusión es que en promedio una planta de estas se puede construir entre 50 y 60 millones de pesos”, afirma Noreña.

De comprobarse lo anterior, estaríamos hablando de sobrecostos por más de mil millones de pesos en las cinco plantas de tratamiento construidas en Ginebra.

El grupo de profesionales también visitó las zonas donde fueron instaladas las plantas, dejando como resultado un análisis técnico que detalló 15 irregularidades expuestas por la comunidad el 24 de agosto en sesión del Concejo de Ginebra y en presencia del Alcalde del municipio.

Entre las irregularidades encontradas, detallan que la comunidad desconoce el proyecto que se ejecutó en su territorio y que no hubo capacitación para el manejo de las plantas de tratamiento, algo que también preocupa, puesto que uno de los argumentos para otorgar los cerca de $1.500 millones, según estudio previo presentado por la Alcaldía, es que al Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali “presentó una propuesta con sentido social”. (Ver estudio previo)

A la fecha la administración municipal, en cabeza del alcalde Jhon Jairo Aragón, no ha emitido pronunciamiento luego de tener conocimiento pleno de los hechos. Y mientras tanto, las cinco plantas de tratamiento siguen sin funcionar…


Irregularidades y hallazgos detectados por el equipo de profesionales de Fecoser: 

1. Desconocimiento del proyecto por la comunidad beneficiada.
2. No se ha capacitado el personal para su manejo.
3. No se conocen manuales de operación de los sistemas.
4. No se ha implementado la desinfección del agua.
5. Se desconocen las características físico-químicas y bacteriológicas del agua a tratar
6. Se desconocen las pruebas de tratabilidad, si se requiere de un coagulante químico.
7. Se desconoce si hay sistemas de aforo de caudales de ingreso al sistema
8. Se desconoce el criterio tomado para la escogencia de la presente alternativa de diseño.
9. Se desconocen estudios hidrológicos para el abastecimiento de agua en todas las épocas del año.
10. Se desconocen estudios geológicos por vulnerabilidad del terreno en la ubicación de los sistemas de tratamiento.
11. Se desconocen los estudios de tarifas para la sostenibilidad del acueducto.
12. Se desconocen los estudios de demanda de agua de la población beneficiada.
13. Se desconocen los programas para uso eficiente y ahorro del agua.
14. Las plantas no se encuentran funcionando; por consiguiente, no han sido entregadas, oficialmente, a los respectivos acueductos. Se supone que viene la puesta en marcha y el seguimiento a los diferentes procesos y la entrega de las memorias técnicas.
15. Para el recibido de estos sistemas es muy importante que se solicite a la Gobernación un acompañamiento técnico, a manera de interventoría. Esta puede delegar en funcionarios de la Oficina técnica de vivienda, desarrollo y servicios públicos o Vallecaucana de Aguas o la UES.

Redacción REMAP


9/05/2018 ,
En la comunicación alternativa resulta habitual llegar con lapiceros y aerosoles en las manos y, al poco tiempo, terminar con una cámara grabando documentales y protestas. De igual modo no es difícil descubrir que los medios alternativos, quizás en un 99%, están conformados por personas que no han pasado por escuelas de periodismo o comunicación social. Lo bello de estas particularidades invitan a pensar la comunicación alternativa como una vivencia, antes que representarle bajo definiciones y conceptos.

Debates y discusiones han surgido alrededor de qué puede definirse como medio popular, como medio alternativo… del mismo modo que surgieron preguntas sobre si es mejor ser popular que alternativo. Aunque esto ayudó a desnudar la instrumentalización que, en algún momento, movimientos y organizaciones sociales daban a los medios, en tanto que los limitaban a la reproducción de comunicados, eventos y líneas ideológicas, con el tiempo las discusiones se distanciaron de buscar elementos comunes que posibiliten puntos de encuentro mínimos.

Buscando en lo sencillo

Sucede con frecuencia pasar por alto aquello que está cercano: la inmersión en lo complejo, muchas veces, luego de llevarnos a hallazgos importantes, finalmente nos deja en una fosa donde cada quien gira sobre sí mismo presumiendo de conceptos que se erigen como imperios inexpugnables, cercados por intelectuales, convertidos en comité de aplausos, que refuerzan sus murallas con artimañas del lenguaje.

El poder hablar de ello es una consecuencia de la literatura. En una época de escribir ensayos, citar autores, y ser esclavo de estándares académicos de las normas APA (American Psychological Association), en algún momento realicé un giro dramático y terminé encontrándome con las palabras de Oscar Wilde: “Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de lo complejo” (Una mujer sin importancia, 1893).

Desde entonces la mirada sobre las cosas cambió, sin entendimiento pleno de ello, pero tratando de vivirlo, del mismo modo que ahora pueden vivirse las discusiones sobre la comunicación alternativa y popular.

Alternativo y popular

Nunca he concebido “lo alternativo” por fuera de “lo popular”, y nunca he visto lo popular como algo ajeno a lo alternativo. Más que pertenecer a una época, o a una generación, hago parte de una tradición de luchas que vive lo alternativo como escenario para la transformación de la sociedad, y que siente en lo popular los rostros donde habitan las luchas, el sudor y sangre del pueblo.

En este sentido, tanto en lo alternativo como en lo popular vivimos implícita la lucha por cambiar las condiciones de vida de la sociedad, del pueblo. Este factor de alto contenido político es quizá un punto de encuentro fundamental cuando hablamos de comunicación popular y comunicación alternativa, puesto que sus experiencias están ligadas a la lucha contra las estructuras de poder que mantienen el statu quo.

Sin embargo, con el tiempo, discursos de la academia se amoldaron a las imposiciones provenientes del dinero de la cooperación internacional, representado en líneas de trabajo de oenegés e instituciones que financian tesis de grado, investigaciones y proyectos, en su gran mayoría, con incidencia en poblaciones del sector rural.

De este modo, lo alternativo y popular quedó convenientemente amoldado a “lo comunitario”, “lo ciudadano”, “lo autónomo”, “lo propio”, en una generalización de interpretaciones, conceptos y definiciones que le presentan solo como experiencias comunicativas internas de comunidades y grupos humanos en relación a sus saberes, contextos y cotidianidad.

Aunque visibilizar, conocer y aprender de estas experiencias es de vital importancia, además porque pueden encontrarse prácticas contrahegemónicas, hablar de comunicación alternativa y popular implica abordar la lucha contra los intereses particulares de una clase dominante perpetuada en el poder, gobierno tras gobierno, a través de un Estado cuyo modelo político y económico se sostiene gracias a la barbarie e iniquidad.

Recordemos que algo similar sucedió con la Educación Popular. Al existir una preocupación por tratar de definirle de forma “correcta”, en muchos sectores de la academia le redujeron a experiencias educativas y pedagógicas descentralizadas, al tiempo que fue vaciada de toda intencionalidad y decisión política de su propuesta “popular”. La Educación Popular más que un método, una pedagogía, surgió como propuesta política de lucha contra el sistema, contra el statu quo desde la educación.

Por eso quizá sea momento de volvernos a lo sencillo, de escapar por instantes de la complejidad de conceptos y definiciones, y dedicarnos a contemplar el rostro del pueblo para hallar en lo popular y alternativo un punto de encuentro de sus luchas. Es momento de concentrar la mirada en las experiencias: en qué hemos fallado y por qué reincidimos en lo mismo; qué nos ha faltado; en qué hemos tenido éxito…

El momento de pulir conceptos sobre la disputa del poder desde la comunicación alternativa y popular puede esperar; es momento de plantear y replantear estrategias, de redefinir el curso de la historia a partir de la experiencia y no a partir de conceptos que empezaron a suplantar al pueblo y su memoria.

Por: Alexander Escobar

Imagen: Andrés Rodas.
Debemos definir la corrupción política como un proceso impulsado por parte de individuos inmorales totalmente permeados por el sistema neoliberal, que buscan un beneficio propio a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, anteponiendo el capital al ser humano. En este contexto, la principal consecuencia de la corrupción política es la indiferencia generalizada de la población, e incluso el rechazo a la actividad política y al Estado, es decir, el no reconocimiento de la población en su papel de sujetos políticos.

Es evidente que la corrupción es mala, y que es uno de los elementos que más efectos nocivos causan a la sociedad; sin embargo, gran parte del pueblo colombiano la ha normalizado como un ejercicio cotidiano de la sociedad y cultura de Colombia, de tal manera la corrupción provoca que la apatía de la población colombiana hacia la política se generalice y se incremente cada vez más. Este no es un fenómeno casual, es un objetivo primordial que responde a los intereses de las élites políticas y económicas nacionales e internacionales.

La apatía política, por consiguiente, conviene a esas élites, pues si existe apatía política, no existe ningún control al poder estatal y a las acciones de los líderes políticos que conforman ese poder, es decir, no se ejerce un control y sanción a la corrupción política desde las bases de un país, los ciudadanos. El sistema hegemónico usa varias tácticas e instrumentos para generar, precisamente, el rechazo hacia la política, estos pueden ser: promesas electorales incumplidas, anteponer los intereses partidistas a los de la gente del común, el doble lenguaje moral de sus dirigentes, la banalización de la política convirtiendo a ésta en una especie de show televisivo de concurso de talentos, entre otros.

Por lo tanto, para analizar la corrupción hay que tener en cuenta dos elementos, uno referente a la cultura política y los orígenes por los cuales la población muestra absoluta apatía o desconocimiento en su papel como sujetos políticos y la relación que tienen respecto al ejercicio de la política como ciudadanos, y otro referente a la normalización de la corrupción en la cotidianidad de la sociedad que pasa directamente por la falta de control político por parte de la sociedad civil con sus gobernantes.

La apatía política se puede ver reflejada en la abstención electoral, frente a esta realidad es necesario reivindicar la política desde los movimientos sociales como un eje transformador de la sociedad actual: mayor justicia social, libertad, igualdad; este cambio se debe dar mediante la democracia participativa impulsada por las masas compuestas de seres humanos éticos, capaces de asegurar un sistema justo, con la finalidad de construir una mejor sociedad conformada de individuos morales involucrados en política que sean capaces de situar al ser humano por encima del capital y de denunciar cualquier injusticia y acto de corrupción, provenga de donde provenga.


Referencias bibliográficas:
Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente… la ética? (Spanish). (2014). Recerca, 14. 143-148.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “Moral y política (I)”, pág. 10 – 18.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “El humanismo hoy”, pág. 65 - 71 

Por: Andrés Rodas   


Hace más de un mes José Edgar Otero Medina, líder campesino del corregimiento La Diana, jurisdicción del municipio de Florida en el departamento Valle del Cauca, fue amenazado por grupos paramilitares que cambian de nombre a conveniencia según el lugar donde operan.


Desde entonces el líder campesino no cuenta con ninguna garantía de seguridad. A la fecha, ha recibido dos amenazas. Y este martes, 7 de agosto, la situación se agudizó cuando hombres ubicados en la vía que comunica al municipio de Florida con el corregimiento La Diana, le esperaban para emboscarle.


“El día 7 de agosto, después de asistir a una reunión, ya no pude llegar a mi parcela como normalmente lo hago: personajes en moto me esperaban en la vía”, denunció el líder campesino.

Por fortuna, José Otero, quien se desplazaba en su carro, logró escapar gracias a que una de las personas que le acompañaba divisó a los sujetos y le avisó al líder campesino. Al notar que el carro de Otero cambiaba de rumbo, los hombres empezaron a gritar “¡Ya no viene el carro de Otero! ¡Ya no viene el carro de Otero!”.

La situación es sumamente preocupante. Hasta el momento la Alcaldía de Florida y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no han actuado para garantizar la vida del líder campesino.

“A la fecha sobre la investigación de la Fiscalía, en relación al caso, no se sabe aún nada. De lo que está haciendo la alcaldía, tampoco sabemos nada en relación a estas amenazas. La Unidad (Nacional) de Protección no llega. Solo cuento con la preocupación y la buena voluntad de la Defensoría del Pueblo”, afirma Otero.



Este tipo de casos se repiten en Colombia una y otra vez, mientras el Estado colombiano niega la existencia del paramiltarismo y no brinda garantías para la oposición política. 

Leer: El paramilitarismo que no existe

“La pregunta que hago es: ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la institucionalidad actúe realmente?”, se pregunta el líder campesino.

Más de cuatrocientas lideresas y líderes sociales asesinados en menos de tres años es el saldo de un país que en la forma parece democrático, pero que en el fondo es la barbarie de un modelo político y económico que se sostiene gracias al accionar del Terrorismo de Estado.

Por: Redacción REMAP

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