2018
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Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.

Y en Palmira, ciudad del suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa del Territorio y el Agua.

Las torres de energía traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.

Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua, acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma Salcedo.


Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.

“Dentro de las irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es decir, no se tiene claridad por parte de la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de Planeación de Palmira

Salcedo además denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en cuanto a la forma en la que el Grupo de Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”, siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.

Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.

“La administración municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche, de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.

Por: Alexander Escobar

Alcaldías, gobernaciones y la Casa de Nariño se transformaron en oficinas de prensa y propaganda. Escándalos de corrupción, acompañados de estupidez administrativa e incapacidad, terminan olvidados bajo el photoshop de asesores de imagen y community managers que imponen fotografías de mandatarios y funcionarios públicos abrazando niños y mascotas, o tocando algún instrumento musical para ocultar la crisis social y humanitaria que vive Colombia.

Pero miles son las fotos que no publican en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. En cualquier rincón de Colombia, sin mucho esfuerzo, es fácil encontrar imágenes que son descartadas por las oficinas de prensa de la política neoliberal.

A dos horas y media del Puerto de Buenaventura, navegando por mar y río, encontramos una de esas fotos no publicadas. Se trata de la foto descartada por la alcaldía de Buenaventura: la foto del colegio de la vereda San José.

Colegio de la vereda San José
San José es una vereda de Puerto Merizalde, corregimiento de Buenaventura ubicado en la cuenca del río Naya. Es una zona donde luego de firmado el Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, de forma irresponsable algunos reportajes no pararon, y no paran, de anunciar “el fin de la guerra” y la llegada de “los tiempos de paz”.

Sin embargo, lo cierto es que la guerra permanece en la cuenca del río Naya, al igual que permanecen sus habitantes resistiendo mientras esperan que la paz y la justicia social se materialicen, y dejen de ser solo excusas para multimillonarios proyectos de oenegés que se enriquecen con discursos de paz elaborados.

La ausencia de justicia social se palpa en infinidad de problemáticas que afrontan estas comunidades. Larga es la lista, como la ausencia de agua potable, pero el estado del colegio de la vereda San José ilustra el trato que reciben quienes habitan la Colombia profunda.

San José es vereda del corregimiento Puerto Merizalde
El colegio está devastado, mostrando una estructura que recuerda territorios azotados por la guerra. No obstante, no fue un enfrentamiento militar el responsable de su desmantelamiento. El conflicto social, reflejado en la profundización de la política neoliberal, es el verdugo de las comunidades del río Naya que habla a través de alcaldías, gobernaciones y la Presidencia de la República.

Hace aproximadamente un año el colegio dejó de funcionar. Dos años atrás empezó a deteriorarse hasta quedar en estado de total abandono. La alcaldía de Buenaventura siempre ha tenido conocimiento de la situación; sin embargo, no ha tomado medidas para devolver el colegio a la comunidad, y sus funcionarios tampoco se han acercado a la vereda para verificar su estado.

El colegio está ubicado en la cuenca del río Naya
Las imágenes del colegio de la vereda San José constituyen una muestra de cómo el conflicto social permanece en Colombia, se profundiza y aleja a sus habitantes de mejores condiciones de vida. La cuenca del río Naya además es testimonio de que la guerra no terminó. Sus habitantes son gente alegre que resiste a pesar de la adversidad y la crisis social y humanitaria que viven. Del mismo modo son comunidades que prefieren no hablar del tema y, como regla general, evitan quedar registrados en alguna fotografía.

Esta realidad del territorio son fotos que no publican oficinas de prensa y propaganda de los entes gubernamentales. Porque estas son imágenes que habitan en la memoria de las comunidades, que resisten al secuestro del olvido y, generación tras generación, recuerdan que la paz y la justicia social son fotos aún no tomadas.

Por: Alexander Escobar


El Desarrollo Rural en el en el Valle del Cauca, será el tema de la Audiencia Pública convocada por los congresistas la Bancada de FARC*

Cali, 18 de octubre de 2018 – En el corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, símbolo de resistencia y de paz territorial, se realizará la Audiencia Pública que abordará las difíciles condiciones de las y los campesinos del Valle del Cauca. 

El evento que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a partir de las 9:00 a.m., tiene como objetivo abordar desde la voz de las comunidades, las problemáticas desprendidas del abandono estatal, la corrupción y otros lamentables fenómenos que han afectado las condiciones de vida de este sector de la población, en la idea de que las instituciones competentes asuman compromisos concretos para intervenir sobre estas situaciones.

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es fundamental escuchar a quienes afrontan día a día las difíciles condiciones que se viven en el campo colombiano. Recordemos que “en el marco de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana, el desarrollo rural es pilar fundamental para la consolidación de la paz, y sostenemos que la implementación de las medidas contenidas en él, aportará decisivamente al mejoramiento de las condiciones del campo vallecaucano”, señaló Luis Alberto Albán Urbano, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca. 

La agenda de la audiencia que ha sido construida de mano de las organizaciones campesinas, sociales y populares, que claman soluciones efectivas por parte del estado colombiano, abordará los temas de: proyectos productivos, formalización y tenencia de la tierra, vías rurales, Zonas de Reserva Campesina, conectividad y acceso a internet, entre otros.  

Se han convocado a instituciones y entidades competentes como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Colombiano Agropecuario, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Nacional de Vías, Gobernación del Valle y Alcaldías del departamento. 

Desde estas curules que están al servicio de la gente del común, invitamos a campesinos, campesinas, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, a este importante espacio de debate y construcción conjunta.




En el marco de las manifestaciones estudiantiles que están transcurriendo en todo el país por la defensa de la educación pública y en contra de las políticas del actual gobierno que afectan  la financiación de las universidades, se presentan amenazas que ponen en riesgo la vida de líderes y miembros del movimiento estudiantil.

Por una parte en el municipio de Yumbo, estudiantes de la sede de la Universidad del Valle se encontraban realizando una jornada informativa acerca del paro indefinido  declarado por la Asamblea  Regional  de  la  Universidad del  Valle cuando fueron amenazados por una funcionaria del municipio; la denuncia de la Federación de Estudiantes Universitarios plantea: “Los estudiantes en medio de su acción  pedagógica  pacífica se ven increpados por la Sra, Amanda Castañeda, conocida por su influencia en distintos sectores del municipio, la cual los amenaza verbalmente, calumnia públicamente al denominarlos «vagos marihuaneros» y posteriormente los estigmatiza por redes sociales a través de publicaciones en las cuales cuestiona la autonomía universitaria de los estudiantes de la Universidad del Valle y su derecho a la movilización; en sus reiteradas amenazas en contra de los estudiantes alude a que va perjudicarlos físicamente por medio de su asociación con pandilleros aledaños a la Universidad del Valle sede Yumbo”. Esta situación de  señalamiento pone en riesgo la integridad de los estudiantes.

Por otra parte en la ciudad de Palmira el sábado 6 de octubre es amenazado Carlos Andrés Ipial, representante estudiantil ante el Comité de Regionalización de la Universidad del Valle, ese día  recibió una llamada telefónica en la cual un hombre le dice: "le estamos siguiendo la pista, lo mejor es que se quede callado, eso acá no va a pasar". La intimidación verbal a través del teléfono móvil se repite en dos ocasiones más y posterior a eso, el registro del número celular del cual recibe la amenaza desaparece del teléfono móvil.

En el contexto actual es  importante y necesario tener en cuenta que estos casos no son hechos aislados, sino que hacen parte de una campaña de persecución a líderes y lideresas sociales que se viene dando en todo el territorio nacional  y que hasta la fecha  ha cobrado  la vida de más 3oo líderes sociales en dos años y medio.

El pasado 6 de julio  denunciábamos las amenazas contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia,  sede Palmira, que se unían a panfletos y ataques a campesinos e indígenas en los municipios de Pradera y Florida, evidenciando una “relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda”.  [1]

A continuación reproducimos  las denuncias realizadas por la Federación de Estudiantes Universitarios


Este viernes, 5 de octubre, se realizará Popayán (Cauca) la Audiencia Pública por la vida y el territorio del suroccidente a partir de las 8:00 a.m. en la Casa de La Moneda.

La Audiencia tendrá como tema central la persecución política y los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, cuya cifra crece sin que el Estado colombiano tome medidas para parar este genocidio.

Esta jornada es la primera que se realiza en el país y hace parte de las audiencias públicas “Colombia por la Vida”, promovidas por la Convergencia Alternativa integrada por congresistas de lista de la Decencia, Alianza Verde, Polo Democrático, UP, FARC y MAIS.

“Son audiencias en las cuales van a participar miles de personas para escuchar sus necesidades y problemas más sentidos y para emplazar a todas las autoridades tanto del orden local y regional, como del orden nacional, a que atiendan con soluciones concretas estas problemáticas”, explicó el senador Iván Cepeda Castro.

La Audiencia además espera contar con representantes del Gobierno, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

“Las bancadas de oposición ejercemos de esta manera también nuestro rol de control político que no se restringe simplemente al ámbito parlamentario, sino que puede realizarse también en los territorios”, concluyó el senador.

Para inscribirse en la Audiencia Pública visitar el siguiente enlace:

Redacción REMAP 

En marzo de 2017 el municipio de Ginebra (Valle del Cauca) firmó con el Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali un contrato por $1.499.175.639 para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable. En total cinco plantas fueron construidas para los acueductos rurales de los corregimientos Cocuyos y Juntas, y las veredas El Jardín, Valledupar y Loma Gorda. (Ver contrato)

Pero al poco tiempo de construidas, las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar, puesto que las plantas no cuentan con las características necesarias para funcionar de manera óptima, algo que queda constatado al comprobar que, de las cinco plantas instaladas, ninguna está funcionando.

Otra situación que preocupa son los posibles sobrecostos en la construcción. Expertos en el tema, como Álvaro Noreña, representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de Costa Rica, manifiesta que los costos no coinciden con los análisis de un grupo de profesionales que asesoran a la Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca (Fecoser).

“Según los análisis que hemos hecho con ingenieros sanitarios, profesionales en ese tema de tratamiento de aguas, y teniendo en cuenta que son poblaciones rurales, la conclusión es que en promedio una planta de estas se puede construir entre 50 y 60 millones de pesos”, afirma Noreña.

De comprobarse lo anterior, estaríamos hablando de sobrecostos por más de mil millones de pesos en las cinco plantas de tratamiento construidas en Ginebra.

El grupo de profesionales también visitó las zonas donde fueron instaladas las plantas, dejando como resultado un análisis técnico que detalló 15 irregularidades expuestas por la comunidad el 24 de agosto en sesión del Concejo de Ginebra y en presencia del Alcalde del municipio.

Entre las irregularidades encontradas, detallan que la comunidad desconoce el proyecto que se ejecutó en su territorio y que no hubo capacitación para el manejo de las plantas de tratamiento, algo que también preocupa, puesto que uno de los argumentos para otorgar los cerca de $1.500 millones, según estudio previo presentado por la Alcaldía, es que al Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali “presentó una propuesta con sentido social”. (Ver estudio previo)

A la fecha la administración municipal, en cabeza del alcalde Jhon Jairo Aragón, no ha emitido pronunciamiento luego de tener conocimiento pleno de los hechos. Y mientras tanto, las cinco plantas de tratamiento siguen sin funcionar…


Irregularidades y hallazgos detectados por el equipo de profesionales de Fecoser: 

1. Desconocimiento del proyecto por la comunidad beneficiada.
2. No se ha capacitado el personal para su manejo.
3. No se conocen manuales de operación de los sistemas.
4. No se ha implementado la desinfección del agua.
5. Se desconocen las características físico-químicas y bacteriológicas del agua a tratar
6. Se desconocen las pruebas de tratabilidad, si se requiere de un coagulante químico.
7. Se desconoce si hay sistemas de aforo de caudales de ingreso al sistema
8. Se desconoce el criterio tomado para la escogencia de la presente alternativa de diseño.
9. Se desconocen estudios hidrológicos para el abastecimiento de agua en todas las épocas del año.
10. Se desconocen estudios geológicos por vulnerabilidad del terreno en la ubicación de los sistemas de tratamiento.
11. Se desconocen los estudios de tarifas para la sostenibilidad del acueducto.
12. Se desconocen los estudios de demanda de agua de la población beneficiada.
13. Se desconocen los programas para uso eficiente y ahorro del agua.
14. Las plantas no se encuentran funcionando; por consiguiente, no han sido entregadas, oficialmente, a los respectivos acueductos. Se supone que viene la puesta en marcha y el seguimiento a los diferentes procesos y la entrega de las memorias técnicas.
15. Para el recibido de estos sistemas es muy importante que se solicite a la Gobernación un acompañamiento técnico, a manera de interventoría. Esta puede delegar en funcionarios de la Oficina técnica de vivienda, desarrollo y servicios públicos o Vallecaucana de Aguas o la UES.

Redacción REMAP


9/05/2018 ,
En la comunicación alternativa resulta habitual llegar con lapiceros y aerosoles en las manos y, al poco tiempo, terminar con una cámara grabando documentales y protestas. De igual modo no es difícil descubrir que los medios alternativos, quizás en un 99%, están conformados por personas que no han pasado por escuelas de periodismo o comunicación social. Lo bello de estas particularidades invitan a pensar la comunicación alternativa como una vivencia, antes que representarle bajo definiciones y conceptos.

Debates y discusiones han surgido alrededor de qué puede definirse como medio popular, como medio alternativo… del mismo modo que surgieron preguntas sobre si es mejor ser popular que alternativo. Aunque esto ayudó a desnudar la instrumentalización que, en algún momento, movimientos y organizaciones sociales daban a los medios, en tanto que los limitaban a la reproducción de comunicados, eventos y líneas ideológicas, con el tiempo las discusiones se distanciaron de buscar elementos comunes que posibiliten puntos de encuentro mínimos.

Buscando en lo sencillo

Sucede con frecuencia pasar por alto aquello que está cercano: la inmersión en lo complejo, muchas veces, luego de llevarnos a hallazgos importantes, finalmente nos deja en una fosa donde cada quien gira sobre sí mismo presumiendo de conceptos que se erigen como imperios inexpugnables, cercados por intelectuales, convertidos en comité de aplausos, que refuerzan sus murallas con artimañas del lenguaje.

El poder hablar de ello es una consecuencia de la literatura. En una época de escribir ensayos, citar autores, y ser esclavo de estándares académicos de las normas APA (American Psychological Association), en algún momento realicé un giro dramático y terminé encontrándome con las palabras de Oscar Wilde: “Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de lo complejo” (Una mujer sin importancia, 1893).

Desde entonces la mirada sobre las cosas cambió, sin entendimiento pleno de ello, pero tratando de vivirlo, del mismo modo que ahora pueden vivirse las discusiones sobre la comunicación alternativa y popular.

Alternativo y popular

Nunca he concebido “lo alternativo” por fuera de “lo popular”, y nunca he visto lo popular como algo ajeno a lo alternativo. Más que pertenecer a una época, o a una generación, hago parte de una tradición de luchas que vive lo alternativo como escenario para la transformación de la sociedad, y que siente en lo popular los rostros donde habitan las luchas, el sudor y sangre del pueblo.

En este sentido, tanto en lo alternativo como en lo popular vivimos implícita la lucha por cambiar las condiciones de vida de la sociedad, del pueblo. Este factor de alto contenido político es quizá un punto de encuentro fundamental cuando hablamos de comunicación popular y comunicación alternativa, puesto que sus experiencias están ligadas a la lucha contra las estructuras de poder que mantienen el statu quo.

Sin embargo, con el tiempo, discursos de la academia se amoldaron a las imposiciones provenientes del dinero de la cooperación internacional, representado en líneas de trabajo de oenegés e instituciones que financian tesis de grado, investigaciones y proyectos, en su gran mayoría, con incidencia en poblaciones del sector rural.

De este modo, lo alternativo y popular quedó convenientemente amoldado a “lo comunitario”, “lo ciudadano”, “lo autónomo”, “lo propio”, en una generalización de interpretaciones, conceptos y definiciones que le presentan solo como experiencias comunicativas internas de comunidades y grupos humanos en relación a sus saberes, contextos y cotidianidad.

Aunque visibilizar, conocer y aprender de estas experiencias es de vital importancia, además porque pueden encontrarse prácticas contrahegemónicas, hablar de comunicación alternativa y popular implica abordar la lucha contra los intereses particulares de una clase dominante perpetuada en el poder, gobierno tras gobierno, a través de un Estado cuyo modelo político y económico se sostiene gracias a la barbarie e iniquidad.

Recordemos que algo similar sucedió con la Educación Popular. Al existir una preocupación por tratar de definirle de forma “correcta”, en muchos sectores de la academia le redujeron a experiencias educativas y pedagógicas descentralizadas, al tiempo que fue vaciada de toda intencionalidad y decisión política de su propuesta “popular”. La Educación Popular más que un método, una pedagogía, surgió como propuesta política de lucha contra el sistema, contra el statu quo desde la educación.

Por eso quizá sea momento de volvernos a lo sencillo, de escapar por instantes de la complejidad de conceptos y definiciones, y dedicarnos a contemplar el rostro del pueblo para hallar en lo popular y alternativo un punto de encuentro de sus luchas. Es momento de concentrar la mirada en las experiencias: en qué hemos fallado y por qué reincidimos en lo mismo; qué nos ha faltado; en qué hemos tenido éxito…

El momento de pulir conceptos sobre la disputa del poder desde la comunicación alternativa y popular puede esperar; es momento de plantear y replantear estrategias, de redefinir el curso de la historia a partir de la experiencia y no a partir de conceptos que empezaron a suplantar al pueblo y su memoria.

Por: Alexander Escobar

Imagen: Andrés Rodas.
Debemos definir la corrupción política como un proceso impulsado por parte de individuos inmorales totalmente permeados por el sistema neoliberal, que buscan un beneficio propio a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, anteponiendo el capital al ser humano. En este contexto, la principal consecuencia de la corrupción política es la indiferencia generalizada de la población, e incluso el rechazo a la actividad política y al Estado, es decir, el no reconocimiento de la población en su papel de sujetos políticos.

Es evidente que la corrupción es mala, y que es uno de los elementos que más efectos nocivos causan a la sociedad; sin embargo, gran parte del pueblo colombiano la ha normalizado como un ejercicio cotidiano de la sociedad y cultura de Colombia, de tal manera la corrupción provoca que la apatía de la población colombiana hacia la política se generalice y se incremente cada vez más. Este no es un fenómeno casual, es un objetivo primordial que responde a los intereses de las élites políticas y económicas nacionales e internacionales.

La apatía política, por consiguiente, conviene a esas élites, pues si existe apatía política, no existe ningún control al poder estatal y a las acciones de los líderes políticos que conforman ese poder, es decir, no se ejerce un control y sanción a la corrupción política desde las bases de un país, los ciudadanos. El sistema hegemónico usa varias tácticas e instrumentos para generar, precisamente, el rechazo hacia la política, estos pueden ser: promesas electorales incumplidas, anteponer los intereses partidistas a los de la gente del común, el doble lenguaje moral de sus dirigentes, la banalización de la política convirtiendo a ésta en una especie de show televisivo de concurso de talentos, entre otros.

Por lo tanto, para analizar la corrupción hay que tener en cuenta dos elementos, uno referente a la cultura política y los orígenes por los cuales la población muestra absoluta apatía o desconocimiento en su papel como sujetos políticos y la relación que tienen respecto al ejercicio de la política como ciudadanos, y otro referente a la normalización de la corrupción en la cotidianidad de la sociedad que pasa directamente por la falta de control político por parte de la sociedad civil con sus gobernantes.

La apatía política se puede ver reflejada en la abstención electoral, frente a esta realidad es necesario reivindicar la política desde los movimientos sociales como un eje transformador de la sociedad actual: mayor justicia social, libertad, igualdad; este cambio se debe dar mediante la democracia participativa impulsada por las masas compuestas de seres humanos éticos, capaces de asegurar un sistema justo, con la finalidad de construir una mejor sociedad conformada de individuos morales involucrados en política que sean capaces de situar al ser humano por encima del capital y de denunciar cualquier injusticia y acto de corrupción, provenga de donde provenga.


Referencias bibliográficas:
Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente… la ética? (Spanish). (2014). Recerca, 14. 143-148.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “Moral y política (I)”, pág. 10 – 18.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “El humanismo hoy”, pág. 65 - 71 

Por: Andrés Rodas   


Hace más de un mes José Edgar Otero Medina, líder campesino del corregimiento La Diana, jurisdicción del municipio de Florida en el departamento Valle del Cauca, fue amenazado por grupos paramilitares que cambian de nombre a conveniencia según el lugar donde operan.


Desde entonces el líder campesino no cuenta con ninguna garantía de seguridad. A la fecha, ha recibido dos amenazas. Y este martes, 7 de agosto, la situación se agudizó cuando hombres ubicados en la vía que comunica al municipio de Florida con el corregimiento La Diana, le esperaban para emboscarle.


“El día 7 de agosto, después de asistir a una reunión, ya no pude llegar a mi parcela como normalmente lo hago: personajes en moto me esperaban en la vía”, denunció el líder campesino.

Por fortuna, José Otero, quien se desplazaba en su carro, logró escapar gracias a que una de las personas que le acompañaba divisó a los sujetos y le avisó al líder campesino. Al notar que el carro de Otero cambiaba de rumbo, los hombres empezaron a gritar “¡Ya no viene el carro de Otero! ¡Ya no viene el carro de Otero!”.

La situación es sumamente preocupante. Hasta el momento la Alcaldía de Florida y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no han actuado para garantizar la vida del líder campesino.

“A la fecha sobre la investigación de la Fiscalía, en relación al caso, no se sabe aún nada. De lo que está haciendo la alcaldía, tampoco sabemos nada en relación a estas amenazas. La Unidad (Nacional) de Protección no llega. Solo cuento con la preocupación y la buena voluntad de la Defensoría del Pueblo”, afirma Otero.



Este tipo de casos se repiten en Colombia una y otra vez, mientras el Estado colombiano niega la existencia del paramiltarismo y no brinda garantías para la oposición política. 

Leer: El paramilitarismo que no existe

“La pregunta que hago es: ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la institucionalidad actúe realmente?”, se pregunta el líder campesino.

Más de cuatrocientas lideresas y líderes sociales asesinados en menos de tres años es el saldo de un país que en la forma parece democrático, pero que en el fondo es la barbarie de un modelo político y económico que se sostiene gracias al accionar del Terrorismo de Estado.

Por: Redacción REMAP

Del 3 al 5 de agosto la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) discutió la política de comunicaciones que se verá reflejada en el buen vivir de sus procesos y la población colombiana en general.

Las discusiones se dieron en el marco del Encuentro Nacional de Comunicaciones de la CACEP que, a través de metodologías participativas, de construcción colectiva, cumplió el objetivo de definir lineamientos políticos en materia de comunicaciones para el sector campesino, indígena y afrodescendiente. Del mismo modo posibilitó construir una estrategia comunicativa y un plan de trabajo para incorporar los lineamientos a la política trazada por la CACEP, algo que espera fortalecer el accionar de la Cumbre Agraria en las regiones y a nivel nacional.

Otra experiencia importante radicó en la dinamización de propuestas como Radio Carajo, propuesta que se estableció como metodología para intercambiar experiencias, saberes, y fortalecer lazos afectivos.

“Radio Carajo sirvió para mostrarle a la gente que los procesos comunicativos agilizan, tejen, visibilizan y fortalecen a las comunidades, y de igual manera sirven para limar asperezas”, expresó con entusiasmo una de las comunicadoras populares que asistió al Encuentro.

Aunque la propuesta radial solo fue un ejercicio, una experiencia metodológica, para muchos de los procesos participantes esta podría ser una importante estrategia comunicativa que podría llegar a materializarse.

“Radio Carajo fue un éxito total. ¡Está del carajo! Y creo que Radio Carajo, si se llegase a implementar, podría ser una plataforma de visibilización de las comunidades, para que las mismas regiones puedan enviar sus iniciativas comunicativas y, así, fortalecer el proceso de la Cumbre Agraria”, expresó otros de los comunicadores populares.

De esta manera, con experiencias y propuestas novedosas, concluyó en medio de abrazos y armonizaciones, el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que seguirá afianzando las luchas de los pueblos para el buen vivir.

“El encuentro permitió cumplir los objetivos planteados y traducirlos en estrategias que se incorporarán al plan de trabajo, algo que constituye un elemento importante que repontecializará a la Cumbre Agraria”, indicaron las vocerías del Encuentro.

Oficina de Prensa
Encuentro Nacional de Comunicaciones
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Oficina de Prensa

Con nutrida asistencia de procesos y medios de comunicación alternativa, este viernes, 3 de agosto, inició el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con actividades que se extenderán hasta el 5 de agosto para definir lineamientos de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.

El encuentro es un logro de la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular de 2016, proceso de movilización donde el Gobierno, fruto de las negociaciones, acordó facilitar los mecanismos necesarios para la construcción de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.


“El objetivo de este encuentro es dar unos lineamientos generales de la política de comunicaciones desde el mundo rural, donde nos encontramos los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Se trata de plantear, a partir de nuestra cultura, esas necesidades que tenemos en materia de legislación, infraestructura, fomento y financiación para el fortalecimiento de las formas propias de comunicar”, explicó Verónica Luna, integrante del Equipo Operativo y la Subcomisión de Comunicaciones de la Cumbre Agraria.


No obstante, el encuentro se da en medio de incumplimientos del Estado, en tanto que previamente debían realizarse siete encuentros regionales, tres sectoriales y uno nacional, pero el Gobierno no facilitó los recursos necesarios.

“Durante dos años el Gobierno no manifestó voluntad política para el desarrollo de los encuentros, y solo hasta este año (2018) avaló su realización con mucho menos presupuesto del requerido; por tanto, la Cumbre se vio obligada, por problemas de tiempo y presupuesto, a realizar solo tres encuentros sectoriales y uno nacional”, indicó Nidia Quintero de Fensuagro, vocera política de la Cumbre Agraria.


Para la Cumbre Agraria esta situación, aunque dificultó la labor, no fue impedimento para avanzar en el diseño de la política de comunicaciones.

“Al final del día el balance es positivo. El trabajo por regiones permitió identificar problemáticas comunes y plantear desafíos de cara al momento político que atraviesa el país. De acuerdo a la agenda se avanzó en objetivos estratégicos para la comunicación del mundo rural que servirán para proyectar el plan de trabajo en los siguientes del encuentro”, concluyó Verónica Luna.

Este martes, 31 de julio, las victimas del paramilitarismo del departamento del Valle del Cauca conmemoraron en La Moralia, corregimiento de Tuluá, 19 años de la resistencia a la estrategia paramilitar que, a través del Bloque Calima de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a miles de personas en el suroccidente colombiano entre 1999 y 2004.


El homenaje a las víctimas del paramilitarismo se realiza desde el año 2012 bajo el nombre Memoria y dignidad campesina, y es organizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

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Memoria y dignidad campesina significa para el campesinado vallecaucano una forma de resistir al olvido, una lucha de la memoria que exige justicia, verdad y reparación frente a 19 años de impunidad.


“La reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las razones de los asesinatos. Aún no sabemos qué objetivos tenían “los paras” (paramilitares) para asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes”, expresó Astracava a través de una declaración.



Al evento asistieron, además de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, la Mesa de Víctimas, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá, la Secretaría de Paz del departamento, delegados de la ONU, el PNUD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otros.


“La dinámica de la guerra no fue ajena al área rural de Tuluá y con ella el dolor y la muerte que ocupó este territorio; sin embargo, la dignidad y capacidad de resistencia de la comunidad en los días más oscuros de la acción paramilitar sigue brillando como inigualable ejemplo y mayor homenaje a las víctimas”, recordó en una carta Luis Alberto Albán ('Marcos Calarcá'), representante a la Cámara por la FARC.

Año tras año, la impunidad ha sido tema relevante en Memoria y dignidad Campesina, porque a pesar de existir testimonios de exparamilitares en la Fiscalía que, desde aproximadamente una década, vinculan a sectores de la economía y la clase política con la financiación del paramilitarismo, a la fecha no se conoce proceso alguno de la rama judicial contra quienes auspiciaron el accionar paramilitar del Bloque Calima.


“Queremos saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental, así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos paramilitares”, reclamó Astracava

Nombres de militares, de empresas como el Ingenio San Carlos y sus exgerentes Maria Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, son algunas de las menciones de exparamilitares que les vincula como financiadores.


“Queremos saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante varios años ‘libertad de acción’. Tenemos derecho a que esta historia sea contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien años de soledad y despojo”, agregó la organización campesina.


Las organizaciones asistentes al evento resaltaron que uno de los instrumentos para que la verdad conduzca a la justicia y reconciliación del país, lo constituye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo emanado gracias al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la exguerilla de la FARC.

No obstante, la Corte Constitucional quitó el carácter de obligatoriedad a empresarios y políticos de comparecer ante la JEP. Pero, aun así, diversas organizaciones e instituciones insisten en que es necesario que concurran a declarar sobre sus responsabilidades en la estrategia paramilitar.


“Yo confío en la importancia de un instrumento como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hago un llamado a esos sectores para que comparezcan a la JEP, entre otras cosas porque es una oportunidad que tienen para evitar ser tomados por la Corte Penal Internacional”, afirmó Fabio Cardozo, secretario de Paz de la Gobernación del Valle.


Para Astracava otro un punto importante de la JEP radica en que está basada en modelo de justicia restaurativa, y no vengativa, que aporta para que la sociedad colombiana pueda reconciliarse, algo que también requiere, por parte del Gobierno, del cumplimiento del Acuerdo de Paz:


“No creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si nos basáramos en esa forma de hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello, la reparación integral a las víctimas debe incluir programas de dotación gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz”.


En Colombia el paramilitarismo continúa blindado por la impunidad. Los asesinatos cometidos en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004 por el Bloque Calima, no son los únicos que permanecen sin castigo. Los recientes asesinatos cometidos contra más de 400 líderes y lideresas sociales son la continuidad de esta política paramilitar que, gobierno tras gobierno, opera para sostener a un modelo político y económico criminal.

Redacción REMAP

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