Este evidente caso de persecución y censura no
termina aquí. Boro está acusado también de un delito de “atentado a la autoridad”
y dos delitos de “lesiones”. A finales de marzo del año 2014 Boro acudió a
Madrid para cubrir las llamadas “marchas de la dignidad” y a la movilización “Jaque
al Rey”, siendo víctima de un montaje policial. El juicio en su contra ya tiene
fecha, el próximo 16 de abril del 2018 Boro será juzgado por cubrir la
represión que sufrió él y muchas más personas el 29 de marzo de 2014.
Andrés
Rodas: Hola Boro, en primer lugar, gracias por conceder esta entrevista a REMAP.
El pasado 30 de noviembre inició el juicio por la llamada “Operación Araña”. ¿Por
qué te acusaron de enaltecimiento del terrorismo en ese operativo policial?
Boro LH: La acusación viene a raíz de la
llamada “Operación Araña”, que fue una operación policial que, en cuatro fases,
terminó con la detención de 76 personas usuarias de las redes sociales y que
fuimos acusadas de “enaltecimiento al terrorismo” y, en algunos casos, de
“humillación a las víctimas del terrorismo” por comentarios y publicaciones en
Twitter y Facebook.
En mi caso, fui detenido el 6 de noviembre del
2014. Agentes de paisano de la Guardia Civil se presentaron en mi domicilio y
me llevaron al cuartel, unas horas después quedé libre tras negarme a declarar
ante la Guardia Civil.
En la acusación se remarcaban distintas
publicaciones de mi cuenta personal de Facebook. Hay que decir que la mayoría
de esas publicaciones ni siquiera habían sido publicadas por mi cuenta, sino
que eran compartidas desde otras cuentas. En las distintas publicaciones había
críticas contra la violencia policial, citas de personajes históricos,
denuncias de la criminal política de dispersión carcelaria o apoyos a presos
políticos en huelga de hambre por sus derechos humanos. Todo ello era, según el
fiscal, “constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo”. Recuerdo
que una de las afirmaciones más aberrantes del fiscal fue decir que la estrella
roja de cinco puntas era “enaltecimiento”.
¿Cómo
avanza ese proceso de judicialización?
Más de tres años después, por fin llegó el
juicio, el pasado 30 de noviembre. La Audiencia Nacional (AN) es un Tribunal de
excepción heredero del Tribunal de Orden Público (TOP) de la época franquista.
En la mal llamada ‘Transición española’ cambiaron el nombre y el escudo de la
bandera, pero no todo lo demás. Y eso es lo que queda muy claro cuando se entra
en esta arcaica institución.
Durante el juicio me preguntaron si había
escrito yo esas publicaciones. Publicaciones de 4, 5 años atrás que eran casi
todas compartidas. Pese a no poder recordar si yo las había compartido,
argumenté todas ellas ante las preguntas de la Fiscalía, dejando claro que
cosas como criticar la cruel política de dispersión, reivindicar los derechos
humanos para los presos políticos o criticar la violencia y abusos policiales,
no es delito, o al menos no debería serlo en un Estado que se autodefine como
“democrático” y “de derecho”.
En mi alegato final denuncié la persecución política que ha supuesto la “Operación Araña” y toda la escalada represiva que la ha continuado. Reivindiqué el derecho a la libertad de expresión y dije que mi error había sido el haberme creído el artículo 20 de la Constitución española, que es el que recoge dicho derecho. Terminé mi intervención recordando al compañero Alfredo Remírez, primer twittero preso del estado español, dejando claro que donde debía estar era en su casa con su familia y no en la cárcel por opinar en las redes sociales.
En mi alegato final denuncié la persecución política que ha supuesto la “Operación Araña” y toda la escalada represiva que la ha continuado. Reivindiqué el derecho a la libertad de expresión y dije que mi error había sido el haberme creído el artículo 20 de la Constitución española, que es el que recoge dicho derecho. Terminé mi intervención recordando al compañero Alfredo Remírez, primer twittero preso del estado español, dejando claro que donde debía estar era en su casa con su familia y no en la cárcel por opinar en las redes sociales.
Actualmente estoy a la espera de la inminente
sentencia, por la que podría ser condenado a un año y ocho meses de cárcel, así
como a doce años de inhabilitación absoluta y dos años de libertad vigilada.
¿Cuántas
personas han sido o están siendo juzgadas en el Estado español por el simple
hecho de opinar?
Como decía antes, las “operaciones araña” se
saldaron con 76 personas detenidas, cuyos casos fueron separados por todos los
juzgados de la Audiencia Nacional, creando un juicio para cada uno de ellos.
Estas operaciones sirvieron para abrir la puerta a la más descarada persecución
política contra disidentes: activistas sociales, anarquistas, comunistas, independentistas.
Tras ellas, la represión por motivos de libertad de expresión se ha
multiplicado exponencialmente. Los juicios y las condenas han sido una
constante durante este año que acaba de terminar.
A los ya nombrados delitos de “enaltecimiento” y “humillación”, se une ahora la acusación genérica de “delito de odio” por cosas como criticar la violencia policial, manifestarse en contra de grupos fascistas… en definitiva, cualquier opinión contraria al régimen español es susceptible de ser denunciada como “delito de odio”.
Llevamos varios años con esta tendencia, que
fue incrementada con la entrada en vigor de las leyes mordaza, en julio de
2015. Pero lo que hemos vivido este año, en lo que a libertad de expresión se
refiere, no tiene parangón. El ataque es total, los juicios y las condenas se
han multiplicado alarmantemente, tenemos ya al primer twittero preso del Estado
español cumpliendo condena. En definitiva: están amordazando a un país entero.
¿Por qué
el Estado español realiza este tipo de persecución a personas que piensan
diferente al orden establecido?
La persecución al disidente político no es algo
nuevo en el Estado español, que tiene un interminable currículum en este
sentido. Pero en los últimos tiempos parece que lo que el Estado ha hecho es
agrandar la lista de posibles víctimas de esta represión. El Estado se ha
dotado de las nuevas legislaciones mordaza para perseguir adversarios políticos
con la amenaza de grandes penas de cárcel, multas de miles de euros…
Hay que remarcar que este tipo de persecución solamente se centra en los que el gobierno considera sus adversarios políticos, gentes de izquierda, anarquistas o independentistas. En ningún caso se están investigando las numerosas amenazas a activistas políticos o la humillación a las víctimas del fascismo que diariamente se realizan desde grupos de extrema derecha, tanto a través de las redes sociales como por cualquier otra vía.
Hay que remarcar que este tipo de persecución solamente se centra en los que el gobierno considera sus adversarios políticos, gentes de izquierda, anarquistas o independentistas. En ningún caso se están investigando las numerosas amenazas a activistas políticos o la humillación a las víctimas del fascismo que diariamente se realizan desde grupos de extrema derecha, tanto a través de las redes sociales como por cualquier otra vía.
Actualmente en el Estado español este tipo de
conductas por parte de grupos fascistas gozan de una absoluta impunidad. Y no
me estoy refiriendo sólo a los comentarios y amenazas, también la gran mayoría
de las agresiones fascistas, racistas, homófobas… están quedando impunes, o en
el mejor de los casos tratadas con una gran benevolencia por parte de la judicatura.
¿Este
tipo de acoso es algo generalizado en España?
Como decía antes, el Estado español tiene una
lista muy larga en materia de violación de derechos humanos fundamentales y de
persecución al disidente. Pero si bien en épocas anteriores se centraba en
personas y activistas con nombre y apellidos, o en sectores concretos de
población, ahora la ola represiva se ha expandido como una mancha de aceite.
Este acoso, que siempre ha existido, se ha
generalizado en los últimos años hasta el punto de que ya nadie que exprese una
opinión contraria al régimen está a salvo.
Además de esta tendencia al alza de la
represión de los últimos años, la situación se ha agravado en los últimos meses
a raíz de los acontecimientos en Cataluña. El Estado se ha sentido atacado y ha
puesto toda la carne en el asador para silenciar y reprimir al pueblo catalán y
a tod@ aquel que ha sido lo suficientemente valiente en el resto del estado para
haberse solidarizado con él. La salvaje violencia policial del 1 de octubre así
lo demuestra, y todas las denuncias que han venido después por criticar la
represión de aquel día, también lo ponen de manifiesto.
La
llamada “ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana” es más conocida
como “ley mordaza” en el Estado español, ¿cuáles son las reivindicaciones
ciudadanas que más se han visto afectados por la implementación de ésta ley?
Lo primero que hay que decir es que, a parte de
la ley de Seguridad Ciudadana, entraron en vigor simultáneamente el Nuevo
Código Penal y el Pacto antiterrorista. Entre estas tres nuevas baterías
legislativas han creado todo un entramado legal para perseguir a activistas
políticos y amordazar a la sociedad entera.
Los ejes que estas leyes se han propuesto
atacar son principalmente tres:
- Los movimientos sociales. Estas leyes han
analizado todas las herramientas utilizadas por los movimientos sociales en sus
protestas (manifestarse ante edificios públicos, protestar contra los numerosos
desahucios de viviendas, realizar distintas acciones…) y las han convertido de
facto en ilegales.
- Los medios de comunicación. Para controlar
las distintas informaciones (sobre todo las de medios no alineados con el
régimen y los partidos que lo sustentan) también se han puesto en marcha
distintas leyes orientadas a cercenar la libertad de información. Una de las
más flagrantes es esa que prohíbe “la difusión de imágenes no autorizadas de
funcionarios de las Fuerzas de Seguridad”. Para tapar la creciente violencia
policial prohíben hacer fotos de sus intervenciones. Como si hacer una foto de
un funcionario público, realizando un trabajo público, en un espacio público,
fuera delito. Es demencial.
- Libertad de expresión. El tercer eje se ha
centrado en amordazar a la sociedad en general, ordenando detenciones y
denuncias masivas por simples comentarios o pensamientos políticos contrarios
al régimen. Twitteros, humoristas, artistas, periodistas, cantantes de rap…
todos han pasado por la Audiencia Nacional. Como decía antes, el incremento de
este tipo de persecución es alarmante e inaceptable en un estado que dice
respetar los derechos humanos, pero que en realidad ha prohibido de facto
varios de ellos, como el de la libertad de expresión o el de libertad
ideológica.
¿Qué
cortinas de humo o distractores usa el Estado español para mantener a la
mayoría de su población adormecida?
Para los medios de comunicación del capital, cualquier
excusa es buena para tapar las miserias del Estado español y sus clases
dirigentes. Que tengamos un país gobernado por un partido político heredero
político del franquismo, corroído por cientos de casos de corrupción y que no
respeta los más básicos derechos humanos, no es noticia para muchos medios de
comunicación, concretamente para los que están alineados con el Régimen.
Así, pueden pasar de puntillas sobre lo que
pasa aquí; pero estar meses bombardeando televisivamente con la situación en
Venezuela, con los acontecimientos de Cataluña, o cuando no hay algo lo
suficientemente grande, lo inventan. Una bronca en un bar de un pueblo navarro
con Guardias Civiles implicados, o una paliza a una neonazi en un bar en
Murcia, por citar algunas, pueden ser noticias que sirvan para el bombardeo
mediático, para crear unos enemigos, unos “malos” a los que señalar. Y mientras
tanto nos olvidamos de que la corrupción de las altas esferas políticas es una
plaga que está desangrando al pueblo.
¿Qué
ocurrió el 29 de marzo en Madrid?
El 29 de marzo de 2014 me encontraba presente
en Madrid para cubrir una movilización contra la monarquía llamada “Jaque al
rey”. Veníamos de un contexto tenso y difícil, así como altamente represivo.
Una semana antes había tenido lugar una masiva manifestación llamada “Las
marchas de la dignidad” con la participación de más de millón y medio de
personas en Madrid. Esa jornada acabó con disturbios al atacar la Policía
Nacional a la manifestación, antes de que acabara el acto final. Durante toda
la semana se llevaron a cabo distintas movilizaciones y acciones en Madrid, que
acababan aquel día 29 con la movilización antimonárquica.
Al llegar, observamos que la Policía tenía
rodeada a la manifestación, no dejando que saliera. Además, desde el primer
momento hubo una gran tensión, con amenazas, empujones por parte de la Policía
tanto a manifestantes como a prensa. El papel de la prensa alternativa en
aquellos días había sido crucial denunciando la salvaje represión de la actuación
policial durante las marchas, y aquel día la Policía la tomó con los medios de
comunicación, sobre todo con los independientes.
Al desconvocar la marcha los organizadores ante
la presión policial, la gente fue echada de la Plaza entre golpes, empujones,
insultos y amenazas. Pero además comenzaron a perseguir a activistas y
periodistas a través de todo el Paseo del Prado. Nos habíamos alejado ya unos
800 metros del lugar de la convocatoria e íbamos a donde habíamos aparcado el
coche para marcharnos. Fue entonces cuando vimos un grupo de policías
persiguiendo y empujando a varias personas, entre ellas compañeros de prensa,
así que saqué la cámara y nos acercamos para informar de lo que estaba
ocurriendo. En ese momento empezaron a dar golpes y empujones a mi compañera,
así que me di la vuelta y traté de ponerme en medio para detener la
injustificada agresión. Un policía me empujó y salió corriendo tras de mí, yo
corrí, y unos metros después me tiraron al suelo y un agente comenzó a
estrangularme. Compañeros de la prensa corrieron para grabar la escena, y la
policía los fue recibiendo a base de porrazos y golpes: cámaras rotas,
compañeros periodistas tirados en el suelo, uno de ellos inconsciente, y yo con
un policía encima que casi me dejó sin respiración.
Una vez expulsados los periodistas y conmigo ya
engrilletado e inmóvil en el suelo, el agente me propinó un puñetazo en la cara
que me dejó el ojo hinchado varios días. Al llevarme al furgón policial para
trasladarme a comisaría pude ponerme a gritar delante de las cámaras “¡Soy
periodista! ¡Esto es una detención ilegal!”.
Hay
pruebas audiovisuales que demuestran que no incitaste a la violencia, tampoco
se aprecia que agredas a algún agente de la autoridad. ¿Crees qué esas pruebas
pueden ser cruciales para frenar el montaje judicial?
Los vídeos son esenciales, demuestran mi
inocencia y la falsa acusación de la policía (según los cuáles yo agredí a dos
de ellos, causándoles lesiones en la rodilla, la mano y en un diente). Existen
varios videos, desde ángulos distintos, que captan toda la escena, y por eso
les va a ser muy difícil probar sus acusaciones. Los videos no mienten, lo que
ocurrió aquel día es que tenían muchas ganas de cebarse con la prensa crítica e
independiente, y me tocó a mí tras haber estado toda la semana cubriendo las
protestas de Madrid. Pero además dada la absurda e increíble acusación que me
hacen, los vídeos ponen también de manifiesto una realidad que está a la orden
del día en España: la de los montajes policiales.
¿Cuál es
la condena total que están pidiendo contra ti?
Por el caso del 29 de marzo en Madrid, la
acusación pide 6 años de cárcel y 6.200 € de indemnización a los dos agentes de
Policía que me acusan falsamente. Esta petición fiscal se suma al año y 8 meses
que me piden por el otro caso, el de la “Operación Araña”.
Si soy condenado en el primer juicio, el de la
operación araña, no entraría en prisión por ser una condena menor de dos años y
carecer de antecedentes penales, pero entonces ya tendría antecedentes cuando
llegue el otro juicio. Tengo la certeza de que, a raíz de la primera detención
en la protesta de Madrid, fui incluido en la llamada Operación Araña,
precisamente para “fabricarme” esos antecedentes penales. El mío no es un caso
aislado, muchas de las personas encausadas en la Operación Araña lo han sido
por que la Policía conoce de su participación y militancia en movimientos populares
y sociales. Se utilizan los comentarios en las redes sociales como excusa para
perseguir a activistas concretos, con nombre y apellidos.
¿Hay personas
condenadas a prisión que hayan sido imputadas por cargos similares a los tuyos?
En el caso de la “Operación Araña”, como
comentaba, ya tenemos al primer twittero preso del Estado español, el compañero
Alfredo Remírez. Además, hay muchas otras personas condenadas, muchas de las
cuáles no han ingresado por no tener antecedentes penales y tener una condena
inferior a dos años. Otros están en peligro de entrar inminentemente en
prisión, algunos por comentarios en redes sociales, otros por hacer canciones de
rap con letras reivindicativas…
En cuanto al otro caso, tenemos muchos casos de
represión a periodistas críticos e independientes, medios de comunicación
cerrados por orden judicial… Tenemos los flagrantes casos de los diarios Egin,
Egunkaria, Ardi Beltza, por los que ya ingresaron varios periodistas en
prisión. Y más cercano en el tiempo tenemos el caso de Pitu, periodista que
cumplió un año y medio en prisión por su participación en el medio navarro
Apurtu.org, que fue cerrado por orden de la Audiencia Nacional. Pitu estuvo un
año y medio en prisión sin tener juicio. Tiempo después, el Estado desestimó la
acusación y concluyó que no había motivos suficientes para haber cerrado aquel
medio. Pero Pitu ya había pasado año y medio preso y el medio ya había sido
cerrado.
Por
último, ¿consideras que la desobediencia civil es necesaria para realizar un
cambio estructural en el Estado español?
La desobediencia civil es siempre necesaria
para cambiar leyes injustas, esto nos lo ha enseñado la historia y todas las
luchas populares emancipadoras. Pero, además, en el caso del Estado español,
ante su propia naturaleza imperialista y heredera del franquismo, se torna en una
herramienta imprescindible.
Los recientes acontecimientos a raíz del
proceso independentista catalán, han dejado de manifiesto que el Estado no
acepta las vías democráticas, y que está usando descaradamente a la policía y
la judicatura para perseguir a sus adversarios políticos.
En dicho contexto, sólo movimientos claramente
rupturistas y que utilicen la desobediencia civil como una de sus principales
herramientas, podrán cambiar la grave situación de retroceso en cuanto a las
libertades y el respeto a los derechos humanos que estamos viviendo a día de
hoy en el Estado español
Boro,
gracias de nuevo por conceder esta entrevista a REMAP, desde Colombia y el
pueblo latinoamericano en general, os enviamos un abrazo de fortaleza y
esperanza, así mismo queremos transmitir nuestra solidaridad a todos aquellos
pueblos que están en el sendero de la lucha por su emancipación.
¡Muchas gracias a vosotros! ¡Un abrazo desde
Euskal Herria al pueblo latinoamericano y a tod@s l@s integrantes de la Guerrilla
de la comunicación!
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