febrero 2018
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En una investigación realizada por un periodista que hace parte de la Liga Contra el Silencio, se dio a conocer que entre los meses de julio y septiembre del 2017, la empresa Postobón, realizó un experimento con más de 3 mil niños y niñas de comunidades Wayúu en la Guajira para evaluar los efectos de ciertos productos. Informaron que esto se hizo sin claridad sobre los protocolos que exige el Ministerio de Salud y no han presentado los resultados del estudio.

La Liga Contra el Silencio, iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa y una alianza de diferentes medios de comunicación, publicó esta investigación en el portal de información VICE donde se lee que Postobón “distribuyó de lunes a viernes un combo que incluye dos bebidas: una gasificada, con sabor a “mora azul” y otra que contiene avena y mango, empacada en una cajita de cartón en cuya presentación aparece un oso sonriente y bonachón, están identificados con la marca Kufu”.

Estos productos, que no fueron certificados como productos nutricionales ni naturales y que fueron distribuidos entre una “población altamente vulnerable como la de La Guajira”, para La Liga, “produce cuestionamientos éticos”. Afirmaron que “algunos niños involucrados en la campaña fueron sometidos a pruebas de laboratorio” y que “Postobón no solicitó la autorización necesaria” ante el Ministerio de Salud.

Postobón realizó pruebas de laboratorio a los niños

De acuerdo con Senai Alvarado, director de la Liga Contra el Silencio, esta historia, como muchas otras, “están siendo silenciadas y son relevantes”. El periodista que estuvo en La Guajira “visitó los colegios donde la empresa estuvo repartiendo estas bebidas que no han salido al mercado”.

Indicó que a un grupo de esos niños y niñas “se les realizó pruebas de laboratorio a las cuales todavía no se ha tenido acceso”. Enfatizó en que el Ministerio de Salud le exigió a la empresa “que le entregara un protocolo de investigación por lo que están haciendo pruebas con seres humanos y el Ministerio no ha recibido este protocolo”. (Le puede interesar:"Asesinan líderes que denuncian al ICBF y al Cerrejón")

Niños y niñas son de las comunidades indígenas Wayúu

Alvarado confirmó que los niños que recibieron estas bebidas hacen parte de diferentes comunidades Wayúu y la publicación periodística establece que el experimento se desarrolló en la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo, “que tiene veintisiete sedes” y “la sede principal recibe a 1.200 estudiantes, 200 de los cuales están internados”.

Además, los “combos" también fueron distribuidos en los resguardos que acogen a 1.452 estudiantes al igual que en instituciones educativas como la “Divina Pastora, en Riohacha, y al Internado Indígena de Nazareth, en Uribia”. Esto lo definió Postobón como "una estrategia para contribuir a la nutrición de los niños” y “como un aporte a la prevención de la deserción escolar”.

Postobón manifestó que el trabajo se hizo con responsabilidad

En la publicación, manifestaron que la empresa de gaseosas emitió una nota institucional en donde indica que las bebidas distribuidas hacen parte de un proyecto social diseñado para “acompañar los planes alimenticios de los niños y niñas”. Se lee que Postobón le respondió a DeJusticia que “Kufu no es un suplemento nutricional, y mucho menos un medicamento". (Le puede interesar:"No solamente son niños, es todo el pueblo Wayúu el que está mueriendo")

Además, la empresa le dijo a La Liga que “lo que hizo con los niños Wayúu fue un “seguimiento técnico” y que hoy analiza “la información producto del seguimiento”. En esa misma comunicación, Postobón enfatizó en que el trabajo desarrollado con el estudio se hizo de forma integral toda vez que realizaron “talleres y capacitaciones sobre estilos de vida activos”.

Finalmente, Alvarado indicó que la investigación se realizó teniendo en cuenta la denuncia que estableció el centro de investigación y de derechos humanos DeJusticia en el diario El Espectador. Con esto, La Liga Contra el Silencio retomó la investigación y en el terreno y lograron desarrollar la historia.

Por: Contagio Radio | Foto: Liga Contra el Silencio / Las2Orillas 

Hay algo que a mí me duele en el alma: ver cómo mochaban los cultivos, eso es un asesinato. Eso siempre me ha dolido a mí en la vida. Con tanta hambre que hay en un país como Colombia, por cada árbol que usted mocha está asesinando a cien personas.

Yo estaba escondido, mirando todo, llorando, impotente. Viendo cómo sacaban a mi mujer, a mi mamá, a mi hermano, a la gente. Si tan siquiera hubiera tenido un palo para tirarle al ESMAD, me hubiera sentido un poco feliz. Pero hasta eso me quitaron.

Mi familia tenía más o menos 50 reses, sembrábamos maíz, yuca, vivíamos del pancoger, con eso le di estudio a mi hija. De esas 25 hectáreas dependía todo este corregimiento: los propietarios de las tierras, los arrendatarios, los que vendían la leche, los que hacían el quesito. Todos nos beneficiábamos. Si nosotros perdemos esas tierras que hemos trabajado por más de 50 años, a la mayoría nos toca irnos de acá. El día del desalojo el pueblo quedó en silencio, como si hubieran matado a alguien.

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Son más de un centenar de campesinos iracundos, afligidos, insumisos. No es la primera ni la última vez que intentan recuperar lo que les arrebataron: los predios San Felipe y Altamira. La mayoría lleva trapos sobre la cabeza y un machete o una estaca en la mano.

Una parte del grupo peregrina durante cuarenta minutos por un camino entorchado de verdes y serenos pastizales. El resto irrumpe por los potreros para flanquear la casa. Nadie sabe qué se va a encontrar -tal vez llueva gas lacrimógeno, quizá suenen disparos al interior de esas cuatro paredes naranjas- pero todos, como yo, van preparados para lo peor.

En la parte trasera de la casa, un hombre echa varios barriles en la canasta de una moto y abandona el predio antes de que los guayaberos se hagan con el control territorial del lugar. Más tarde nos enteramos que con él escaparon varias armas cortas.

Una pareja con dos bebés en brazos, un anciano con el esternón desnudo que no aparenta sus 67 años, y un joven de 18 años son inmovilizados sin violentar su integridad física. Tienen los ojos aindiados, harapos sucios, y la mirada perpleja de quien nunca ha sido dueño de su propio destino.

Mientras los guardias campesinos interrogan a los ocupantes del predio, los dueños legítimos sacan las pertenencias de la casa: colchones, la ropa de los retenidos, un ventilador, un aire acondicionado, elementos de arriería, frenos para caballos, ollas, el esqueleto de una cama, una escopeta y 28 cartuchos que, según reconocieron los ocupantes del predio más tarde, habían sido traídos hasta la finca por Rodrigo López Henao el 13 de diciembre del año pasado, después de que la fuerza pública desalojara violentamente a las personas que allí se encontraban trabajando.

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A orillas del río Magdalena, uno de los cementerios vivos más grandes del país, queda El Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches, Santander. Si este río hablara, solo hablaría de muertos, de llanto, de dolor, de injusticias, de victimarios impunes.

En El Guayabo vivimos una familia de casi 600 personas; en invierno, las calles de tierra se convierten en lodazales; los niños solo pueden estudiar hasta octavo de bachillerato; los enfermos de gravedad los llevamos a Simití porque Puerto Wilches está a 3 horas en lancha; las gallinas desfilan por las salas de las casas; los marranos casi siempre están empantanados; los vallenatos de Diomedes Díaz son nuestro himno nacional; nos burlamos de nuestro propio miedo. Aquí nunca viene el Estado, solo el ESMAD y la fuerza pública para atacar a los campesinos.

Antes de que Rodrigo López apareciera el 17 de septiembre del 2002, los paramilitares ya habían entrado a la comunidad. Los campesinos les teníamos que pagar una vacuna de diez mil pesos por hectárea, veinte mil pesos por cabeza de ganado y dos mil pesos por cada bulto de lo que usted cultivaba. Los campesinos resistimos, dijimos “no, aquí mandamos nosotros”. Ellos maltrataban a la gente, la llevaban obligada a los paros, les pegaban, y nos sacaban de las tierras. Llegaban cada cinco días haciendo disparos, la base paramilitar la tenían en Vijagual, a veinte minutos de aquí. Siempre la intención de ellos fue venir a asesinar a alguien… pero cuando venían a matar preguntaban: “¿qué es lo que pasa en este pueblo que cuando uno viene a asesinar las ganas de matar se le quitan?”. Ellos no entendían por qué siempre se ponían a tomar.

Mi nombre es Erick, Erick Yesid Payares, líder del corregimiento El Guayabo. Estoy motilado con una precisión milimétrica. Soy alto y macizo. A veces voy por la vida descalzo. Han intentado matarme tres veces. Hace unos años emitieron una orden de captura en mí contra, estuve seis meses y tres días huyendo de la autoridad. Me presenté a la Fiscalía y en estos momentos tengo libertad condicional. Sonrío, sonrío todo el tiempo, porque tal vez sea el mayor acto de rebeldía contra tantas injusticias.

Yo era un pelado muy penoso, le huía a la gente. Era el 2002. Estábamos en los playones y nos avisaron que había llegado el dueño de la tierra, un tal Rodrigo López Henao acompañado por un inspector de policía que en estos momentos tiene detención domiciliaria. Cuando escuché que ese señor estaba tratando a la comunidad de guerrillera, diciendo que al papá lo habíamos desplazado nosotros con la ayuda de 60 hombres armados de la guerrilla… de mí salió como una rabia: “Ellos no son guerrilleros. Guerrillero usted que llegó con los paramilitares y trataron de asesinar al señor Alfredo, ¿no se acuerda?”, le dije. Ese día comenzó mi liderazgo.

En el 2012 apareció Rodrigo López con unos procesos jurídicos, con amenazas, con ayuda del poder político. Cuando salió la ley de víctimas, la 1448, Rodrigo fue incluido como víctima de desplazamiento forzado. Nos tocó hacer incidencia en Bogotá. Le expusimos el caso a la Unidad de Víctimas, gracias a Dios se demostró que fue él quien llegó con los paramilitares y lo excluyeron de la ley. También tenía las tierras blindadas en el registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente. Restitución de Tierras también le tumbó eso. Los representantes del Gobierno que participan de la mesa de interlocución han dilatado las medidas para darle solución a la problemática. Llevamos cinco años en este litigio jurídico y los abogados dicen que puede tardar diez años más.

Después que le desalojaran la finca a 'El Profe', el 11 de noviembre del 2014, ese señor metió 11 tipos armados haciéndolos pasar como una empresa de seguridad privada, pero eran puros paracos. Amenazaban a la comunidad, hacían retenes, atropellaban a la gente. Instalamos un campamento humanitario como acto de resistencia, porque estaban mochando los cultivos de cacao, las matas de plátano. Apenas alcanzamos a estar un mes en el campamento. Tener doscientas personas en un campamento requiere recursos, apoyo político, y no lo hubo. Los 11 paramilitares, que todo el tiempo estuvieron ahí, se dieron cuenta de nuestra debilidad. Tumbaron el campamento, pero la comunidad reaccionó. Ellos comenzaron a hacer disparos y la comunidad tomo la decisión de entrar, eran como 300 personas. Ellos salieron corriendo y los rescató el Ejército.

En varias oportunidades hemos retenido personas armadas en los predios. Más tardamos en dejarlos a disposición de la Policía de Vijagual o Barrancabermeja, que ellos en dejarlos libres. El pasado cinco de enero el señor Rodrigo López volvió con un grupo de hombres armados a amedrentar a la comunidad. Y el ocho de enero miembros del Ejército y la Policía llegaron hasta el corregimiento para fotografiar, requisar y empadronar a los campesinos que estaban trabajando en las parcelas.
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El capitán del Ejército acaba de llamar al celular de Erick para informarle que llegará en la madrugada a El Guayabo. Rodrigo López denunció que guerrilleros encapuchados del ELN secuestraron en horas de la mañana a sus trabajadores, ellos, diligentes y oportunos como siempre, quieren corroborar si la información es cierta.

Amanecemos invadidos por casi 40 miembros de la Policía, el Ejército y el Gaula. Los que llevan fusiles miran como robots que no parecen tener ni un átomo de humanidad. Dan miedo, pero también producen acidez estomacal. La comunidad los increpa tratándoles de hacer entender que desconfían de ellos, que esta no es su casa, que no son bienvenidos, que no son guerrilleros.

Aunque el plan era hacer entrega de los detenidos y del arma a representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la ONU, estos nunca atendieron el llamado. No queda otra opción que dejarlos a disposición de los invasores. Los retenidos les aseguran a los funcionarios que no están secuestrados y que la comunidad ha sido hospitalaria con ellos. Firman un acta en la cual dejan constancia que quieren quedarse en el pueblo hasta que tengan las garantías de una entidad civil. Horas más tarde –a espaldas de la comunidad y desconociendo el acta que ellos también firmaron– la Policía y el Gaula convencen a los retenidos y se los llevan en una de sus lanchas.

Los ánimos están caldeados. La comunidad se siente traicionada una vez más. Para hacer entrega del arma y los cartuchos también se hace un acta. El capitán de la Policía se quita los guantes y manipula la escopeta con un cinismo retador. Consumado el acto de entrega, el capitán del Ejército dice que ellos “solo cumplen órdenes”.

Los verdugos se van río arriba. Sopla un sinsabor entre los guayaberos, como si tuvieran la certeza que, un día no muy lejano, esa arma pude acabar con la vida de uno de ellos.

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La zona que fue corredor estratégico para el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena medio –entre los departamentos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar–, pasó a ser una zona de impacto estratégico de megaproyectos como el puerto multimodal de Barrancabermeja, el ferrocarril del Carare que pasa cerca de los playones, y el dragado del río Magdalena que no es para los campesinos sino para los ricos. Además, estamos seguros de que aquí hay oro y petróleo. También vienen incrementando los monocultivos de arroz y palma de aceite. Un coronel del Ejército y un fiscal de la Nación echaron 1516 búfalos a los playones para secarlos y sembrar palma. Han muerto peces. Destruyeron los pastos naturales. Están destruyendo toda la fauna de un patrimonio de la comunidad.

Mi rol, como líder campesino, es defender los derechos humanos a través del derecho a la tierra, un campesino sin tierra no viviría en este planeta. El alcalde de Puerto Wilches saca pecho diciendo que en diciembre ellos les traen un carrito y una muñeca a los niños. Yo le dije: “Nosotros les hemos dado regalos mejores: el estudio, el amor. Todo lo que ellos visten es de la tierra. Ese es el mejor regalo que usted les puede dar a estos niños: dejar que sus padres trabajen la tierra”.

—¿Erick no te da miedo asumir esa responsabilidad?
—Miedo sí. Yo le tengo más miedo a la cárcel que a la muerte. La cárcel es oprimir a la persona, tenerla ahí encerrada, eso mata más.
—Cuando escuchas en las noticias que mataron a un líder, ¿qué sentís?
—Impacta, es duro. Se pregunta uno: ¿el próximo seré yo? Da miedo. ¿Le digo qué hago? Muchas veces apago el televisor. Lo apago. No soy capaz de ver eso.
—¿Nunca pensaste en salir de El Guayabo?
—No, esta es mi tierra, yo aquí muero. Yo de aquí no salgo jamás. Por otra parte, del país no cambio esto.
—¿Cómo te imaginas El Guayabo en diez años?
—Ay hermano, si Dios me tiene con vida, me imagino una comunidad de paz. Una comunidad llena de comida. Una comunidad próspera. Ver feliz a todo el mundo. Que cada campesino tenga tierra, ojalá Dios me diera esa oportunidad. Ojalá cuando ustedes vuelvan, no estemos hablando de esto, sino comiéndonos un pescado; que yo le pregunte cómo está su familia y usted me pregunte cómo van mis cultivos.

Por: Periferia / Juan Alejandro Echeverri

A la Unidad Defensora del Espacio Público al parecer le importa más defender los derechos de un pedazo de andén que respetar los derechos humanos de los vendedores ambulantes. ¿Importan más los derechos del andén que los derechos humanos de los vendedores ambulantes? Así es nuestra querida Colombia.

He visto escenas indignantes de personas empobrecidas llorando y rogando para que la gente del espacio público no les decomise los productos que venden para ganarse la vida. Casi siempre son personas que viven en la extrema pobreza y que elaboran unos cuantos fritos y jugos con el fin de ganarse unos pocos pesos y no dejarse arrastrar al fondo de la quinta paila del infierno de la miseria; algunas son víctimas de desplazamiento, las cuales son reconocidas como seres humanos con derechos constitucionales especiales por su condición de vulnerabilidad y por la negligencia del Estado colombiano en la preservación de su seguridad integral. Yo sé que hay personas que desearían monopolizar el espacio de todos.

Pero, aunque los vendedores ambulantes desplazados cuentan con todos esos privilegios de orden constitucional, parecería que en ocasiones no se tienen en cuenta por los que defienden el espacio público. Deberían tener presente que prima el derecho al trabajo, como derecho fundamental, sobre el derecho al espacio público, así como el derecho al debido proceso, puesto que Colombia sigue siendo un Estado Social de Derecho.

Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina; sin embargo, la persecución judicial y la criminalización de la pobreza en el país aumentan con el nuevo Código de Policía. Es como si la gente empobrecida estorbara y en lugar de combatir la pobreza y la desigualdad social prefirieran esconder a los pobres y acaso acabar con ellos. Nos quitaron la justicia y nos dejaron la Ley, la ley del más fuerte, como dijo Eduardo Galeano.

Los ricachones que se piensan los dueños de las ciudades turísticas del Caribe colombiano creen que el turismo solo puede hacerse con mar, arena, sol y agua y escondiendo a la gente empobrecida, tal como hicieron en Cartagena de Indias en la pasada visita del papa Francisco. En lugar de construir con urgencia un moderno acueducto para la Bahía más linda de América, construyeron El Parque del Agua para que los turistas se bañen. Por lo visto el inmenso mar Caribe no les parece suficiente a los ingeniosos hidalgos de Santa Marta.

Yo sólo me opongo al desarrollo urbano que genera exclusividad y exclusión social; no odio el concreto, pues mi relación con él es, ha sido y será muy cordial. Estoy en total oposición a todo tipo de violencia contra los más débiles y, por supuesto, que tiendo a fraternizar con todos los que anden en el andén, los que estén mal por culpa de la injusticia, especialmente, porque yo mismo la he sufrido en carne propia.

Ya es hora de escuchar a la gente y tomarla en cuenta, como ocurre en las democracias de verdad. Hacen falta soluciones integrales a este fenómeno. Los vendedores ambulantes no merecen ser tratados como delincuentes. Es necesario realizar un censo de los vendedores ambulantes a nivel local y nacional y concertar mesas de trabajo con ellos para formalizarlos y reubicarlos. ¡Así que la persecución contra los vendedores ambulantes tiene que cesar ya!

Por: La Oreja Roja / Fernán Medrano

La Corporación de Periodistas del Valle del Cauca (CPV) emitió este lunes, 12 de febrero, un boletín de prensa donde denuncia que “personas extrañas” vigilan su sede y toman registro fotográfico a sus integrantes.

La situación se presenta a pocos días que un grupo de personas, incitadas por la ultraderecha representada en partidos como el Centro Democrático, atacaran a periodistas, docentes y estudiantes universitarios durante la rueda de prensa del candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri (Timo), realizada en Cali en la sede de la corporación el 7 de febrero.

También denunciaron seguimientos contra uno de sus afiliados, el periodista Fabián Pérez Martínez, quien fue perseguido por una de las personas que protagonizó los hechos violentos del 7 de febrero.

Relata el CPV que el comunicador “fue seguido de cerca por uno de los protestantes de esa jornada –identificado en los videos– fungiendo hablar por celular todo el tiempo, desde la esquina hasta el Boulevard del Río Cali, Calle 11 con Carrera 1, antes de seguir al Paseo Bolívar, en pleno centro de la ciudad”.

Asimismo, la corporación de periodistas recuerda que en los hechos de violencia participaron personas involucradas en el “cartel de los testigos falsos”, como Gustavo Adolfo Roa, condenado por falso testimonio en los casos de Sigifredo López y Luis Fernando Velasco, y sujetos que “expresaron en sus intervenciones sus vínculos con paramilitares, aduciendo que habían sido fuerza pública y hoy siguen las orientaciones del movimiento Patria Nueva del General Luis Mendieta, a nivel nacional”.

Por estos hechos, desde la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) expresamos nuestra solidaridad a la Corporación de Periodistas del Valle y rechazamos estos hechos que ponen de manifiesto un plan macabro que va más allá de un simple sabotaje electoral, en tanto que son hechos que pretenden imponer un tipo de sociedad irreflexiva y manipulada por el odio y la violencia, propia de dictaduras y proyectos fascistas donde se persigue y asesina a opositores políticos, se silencia el pensamiento crítico, y donde los periodistas también son objetivo de amedrentamiento y exterminio.

En la foto: Servio Ángel Castillo, presidente del CPV

Redacción REMAP / Foto: Alexander Escobar

Este viernes el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), informó en rueda de prensa que suspenden temporalmente su campaña electoral porque carecen de garantías de seguridad.

“Colombia no puede convertirse en un Estado fallido. Hemos decidido suspender temporalmente la campaña hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad”, explicó Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo), candidato al Senado e integrante del Consejo Político Nacional de este partido.

La decisión se da luego de los actos de violencia organizados por sectores de la ultraderecha colombiana, como el partido Centro Democrático, contra candidatos de la FARC y la Unión Patriótica (UP), y por el asesinato de cerca de 40 integrantes de este nuevo partido.


“No estamos en contra de la protesta, estamos en contra es de las agresiones: tirar piedras, agredir con palos”, dijo ‘Catatumbo’, recordando que en recientes hechos en las ciudades de Cali y Yumbo (Valle del Cauca), periodistas, sindicalistas, mujeres y una niña fueron víctimas de la violencia de los manifestantes.

“Lo que estamos condenando es la violencia, la agresión. Eso es lo que no es lógico en una contienda civilizada”, puntualizó 'Catatumbo'.

Por su parte, Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), candidato al Senado y miembro de la dirección de la FARC, también se refirió al tema expresando que, contrario a lo dicho por sectores como el Centro Democrático para promover las manifestaciones violentas, la FARC no desconocen a las víctimas que dejaron durante la guerra y van a “aportar verdad” sobre lo sucedido.

“Nosotros hemos, de manera reiterada, expresado nuestra voluntad irrestricta de acudir a todas instancias que fueron acordadas en La Habana, para aportar verdad”, señaló ‘Lozada’.

Y agregó que son estos “sectores que se presentan como voceros de las víctimas, los mismos sectores que, en el Congreso de la República, le negaron a esas víctimas el derecho a tener su representación en el Congreso”, denunció el candidato haciendo alusión a las 16 curules para las víctimas del conflicto que no fueron aprobadas por el órgano legislativo.

Redacción REMAP / Foto: NC Noticias

Este miércoles un grupo de personas violentó la sede de la Corporación de Periodistas del Valle (CPV) en Cali, y agredió a periodistas y personas que asistían a la rueda de prensa del candidato a la presidencia del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño (Timo).

Nathali Pareja Bernal, docente y estudiante de derecho, fue una de las víctimas de las agresiones. Palabras soeces como “perra” y “fea” fueron algunos de los insultos lanzados por quienes se agolparon a las afueras del CPV, lanzando objetos contra periodistas y personas del común.

“Me asomé a ver qué estaba sucediendo y empezaron a gritarme cosas como ‘perra’, ‘fea’, ‘por eso es que no tenés hijos’, un montón de cosas para agredirlo a uno como mujer. Fue una agresión, ante todo, por mi condición de mujer

Además de violencia de género, los manifestantes también mostraron cercanía ideológica con el paramilitarismo que masacró a miles de colombianos y colombianas que aún permanecen desaparecidas o sin identificar en fosas comunes. “A la cárcel o a la tumba” y “ya viene Castaño”, fueron frases recurrentes empleadas en alusión al exjefe paramilitar Carlos Castaño.

Leer: FARC: No estamos en contra de protesta

La rueda de prensa con el candidato a la presidencia de la FARC en las instalaciones del CPV, hace parte de una serie de eventos realizados en la sede de los comunicadores con diferentes candidatos de distintos partidos para dar pluralidad al debate. Por ello, Servio Ángel castillo, presidente del CPV, lamentó y rechazó estos hechos que afectan la libertad de prensa.

“Tiraron piedras, una le pegó a la periodista Andrea Sarria e impidieron la tarea periodística, hay gente que no ha podido entrar”, denunció el presidente del CPV.

El comunicador además precisó que, quienes protagonizaron los hechos violentos, están vinculados al uribismo; y algunos son exmilitares investigados por asesinar civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, un caso conocido como “falsos positivos” en Colombia.

“Vinieron unos a nombre del Centro Democrático con camisas negras; vinieron otros que son exmilitares que fueron sacados por corruptos de la Fuerza Pública; por sus falsos positivos han estado presos y condenados, ahí los vimos”, afirmó el periodista.

Pero a pesar de los hechos violentos, la FARC realizó la rueda de prensa, calificándola como un éxito por la asistencia masiva de medios alternativos, nacionales y de la región. Sobre lo sucedido Rodrigo Echeverri se manifestó llamando al debate a través de las ideas y no por medio de hechos vergonzosos y criminales como los vividos en la sede del CPV.

Yo he tenido encuentros con personas del Centro Democrático, uribistas de pura sangre, y hemos tenido intercambios bien interesantes; incluso, al despedirnos, siempre me dicen: ‘Nos llevamos una imagen complemente distinta de ustedes'”, expresó el candidato de la FARC como ejemplo de respeto a la diferencia de pensamiento.

Redacción REMAP / Foto: Alexander Escobar

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