Este viernes el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), informó en rueda de prensa que suspenden temporalmente su campaña electoral porque
carecen de garantías de seguridad.
“Colombia no puede convertirse en un Estado fallido. Hemos decidido suspender temporalmente la campaña hasta que no se garanticen las condiciones de
seguridad”, explicó Jorge Torres Victoria (Pablo
Catatumbo), candidato al Senado e integrante del Consejo Político Nacional de
este partido.
La
decisión se da luego de los actos de violencia organizados por sectores de la
ultraderecha colombiana, como el partido Centro Democrático, contra candidatos
de la FARC y la Unión Patriótica (UP), y por el asesinato de cerca de 40
integrantes de este nuevo partido.
“No
estamos en contra de la protesta, estamos en contra es de las agresiones: tirar
piedras, agredir con palos”, dijo ‘Catatumbo’, recordando que en recientes
hechos en las ciudades de Cali y Yumbo (Valle del Cauca), periodistas, sindicalistas, mujeres y una niña fueron víctimas de
la violencia de los manifestantes.
“Lo
que estamos condenando es la violencia, la agresión. Eso es lo que no es lógico
en una contienda civilizada”, puntualizó 'Catatumbo'.
Por
su parte, Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), candidato al Senado y
miembro de la dirección de la FARC, también se refirió al tema expresando que,
contrario a lo dicho por sectores como el Centro Democrático para promover las manifestaciones
violentas, la FARC no desconocen a las víctimas que dejaron durante la guerra y
van a “aportar verdad” sobre lo sucedido.
“Nosotros
hemos, de manera reiterada, expresado nuestra voluntad irrestricta de acudir a
todas instancias que fueron acordadas en La Habana, para aportar verdad”,
señaló ‘Lozada’.
Y
agregó que son estos “sectores que se presentan como voceros de las víctimas,
los mismos sectores que, en el Congreso de la República, le negaron a esas
víctimas el derecho a tener su representación en el Congreso”, denunció el
candidato haciendo alusión a las 16 curules para las víctimas del conflicto que
no fueron aprobadas por el órgano legislativo.
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