La
Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo nacido del acuerdo de paz
entre el gobierno nacional y las FARC*** que se elaboró ante la necesidad de
construir un instrumento judicial que permitiera la verdad y la no impunidad en
la medida en que la justicia ordinaria está llena de trabas y corrupción y no
ha logrado ni verdad, ni justicia, ni reparación a las víctimas en todos estos años.
La
JEP estaba reglamentada de tal forma en que la verdad sobre la participación de
todos los actores en el conflicto fuera la premisa fundamental. Es decir, quien
dijera toda la verdad –elemento básico para la reconciliación y la construcción
de paz- tendría unas garantías mínimas en términos judiciales, en función de la
gravedad de los crímenes cometidos. Cuando hablamos de los actores del
conflicto no solo hablamos de las FARC y del Ejército Nacional, también nos
referimos a los miembros de la clase política y económica que fungieron como
financiadores y autores intelectuales de la guerra, es decir, miembros de las
élites como políticos, grandes empresarios, terratenientes y grandes ganaderos
que promovieron por ejemplo el paramilitarismo, que valga decir, ha dejado un
saldo mayor de víctimas que todas las guerrillas juntas, según datos de
informes de memoria histórica como “BASTA YA” y “Colombia Nunca Más”.
Los
medios corporativos de comunicación, así como los chismes del uribismo,
hicieron creer a la opinión pública que la JEP solo era para que las FARC
pudieran participar políticamente en un marco de legalidad, pero eso solo es
una mínima parte de lo que es en realidad la JEP, que como ya dijimos, es uno
de los mecanismos para la VERDAD de todos los actores implicados en el
conflicto armado.
La
clase política presente en el Congreso e incluso en la Corte le hicieron
zancadilla al propósito de VERDAD que buscaba la JEP ¿por qué? Resulta que en
la JEP estaban habilitados para ser magistrados las y los defensores de
derechos humanos, que la tienen bien clara sobre las vergüenzas de los actores
del conflicto en la guerra, porque son quienes más han escuchado a las víctimas
y se han caminado esa Colombia que va mucho más allá del Club de los Lagartos o
del Club el Nogal, también estaban habilitados personas internacionales que
podrían tener una visión más objetiva frente a los actores y los hechos
cometidos.
El
que defensores de derechos humanos pudieran ser magistrados era una garantía
para la verdad y la justicia ¿qué pasó entonces? Que la clase política
encabezada por las fuerzas uribistas del Centro Democrático, el Partido
Conservador y el Partido Cambio Radical, en alianza con el santismo, reformaron
los artículos 104, 10O Y 105 –entre otros- de la JEP, artículos que
posibilitaban la participación de los defensores de derechos humanos como
magistrados de la JEP. Como quien dice, en Colombia es una inhabilidad para el
aparato judicial ser defensor de derechos humanos. Mientras que los defensores
de militares, que han estado muy implicados en delitos de guerra, podrán ser
magistrados de la JEP ¿cómo la ve?
Sumado
a eso, los civiles como políticos, grandes empresarios, grandes ganaderos y
terratenientes ya no están en la obligación de integrarse a la JEP sino que
ahora va a ser una acción voluntaria, así que es decisión de ellos decirle o no
la verdad al país, y de igual forma, si deciden acceder a la JEP, con esas
reformas, pues no va a pasar nada, porque los magistrados habilitados van a ser
funcionales a la clase política o a la misma élite (política, económica y
militar) que estuvo relacionada con esos otros actores del conflicto armado.
¡Ah! Y quienes estaban imputados por para-política van a tener garantías de
participación política sin necesidad de que haya verdad. La “paz” se va a
cimentar sobre la impunidad de las élites que intervinieron en la guerra.
Todo
parece indicar que, hasta el momento, la única opción es que la ciudadanía
consciente que defiende la paz y la democracia salga(mos) a las calles a
defender una PAZ con justicia social y llena de VERDAD.
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No le coma cuento a los chismes del uribismo, ni santos es fariano ni las FARC
son santos ni santistas, son fuerzas diferentes y opuestas que defienden
intereses antagónicos y se sentaron a negociar. Los conflictos se tramitan
entre opuestos. Santos es una cara light de las élites, Uribe una versión dura,
pero a la larga Santos y Uribe, en términos económicos no guardan un discurso
opuesto, que es el del beneficio a las élites en detrimento del bolsillo de la
gente de a pie.
Por:
Revista Hekatombe
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