julio 2018
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El 31 de julio de 1999, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron oficialmente en el corregimiento La Moralia, jurisdicción del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca.

Más de 6.000 víctimas dejó el Bloque Calima mientras operó en el suroccidente del país entre 1999 y 2004. Diecinueve años después, estos crímenes permanecen en la impunidad.

Para luchar contra el olvido y la ausencia de justicia por parte del Estado colombiano, organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos organizan en Tuluá, desde el año 2012, el evento Memoria y dignidad campesina, cuya sexta versión inició este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de julio.


Durante la apertura de esta actividad, REMAP dialogó con representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

Memoria y dignidad campesina es un acto de movilización en contra del olvido para exigirle al Estado que cese la impunidad, y que quienes orquestaron desde altos poderes políticos y económicos este tipo de crímenes, respondan por lo que hicieron y den a las víctimas la verdad, les den una posibilidad de sanar para que avancemos en el camino de la reconciliación y construir la paz real”, explicó Anderson Álvarez de Astracava.

La posibilidad de que la verdad se conozca y la responsabilidad de los terceros, es decir, que los sectores de la economía y clase política reconozcan que financiaron el accionar paramilitar del Bloque Calima, y cuenten la verdad a las víctimas, podría resolverse mediante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismos creados por el Acuerdo de Paz.


“Uno aspiraría a que, por los caminos de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz e, incluso, por medio de la justicia penal tradicional, distintas expresiones organizativas, políticas o institucionales puedan acudir en la defensa y exigencia de la restitución de esos derechos de las víctimas, incluida la plena verdad”, afirmó Diego Arias del Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de existir desde el año 2010 testimonios en la Fiscalía que vinculan a políticos y poderes económicos donde aparece el Ingenio San Carlos, en cabeza de sus exgerentes Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, quienes, según testimonios de exparamilitares, aportaban 20 millones de pesos mensuales, no hay investigación o condena alguna.

La FARC que pasó de grupo insurgente a convertirse, luego de la firma del Acuerdo de Paz, en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también recuerda la importancia de la JEP, instancia donde toda su dirigencia está compareciendo para asumir responsabilidades dentro del marco del conflicto.

“Reconocer la verdad ayuda a que un país se reconstruya y a que las víctimas sean reparadas de manera integral, eso está dentro del marco del Acuerdo de paz. Por eso es necesario que el sector del empresariado, militares y la clase política que apoyaron el paramilitarismo vayan a la JEP a contar la verdad, porque la JEP no es solo para la FARC”, expresó ‘Camila Cienfuegos’ de la dirección nacional de la FARC.

Sin embargo, contrario a lo acordado en el Acuerdo de paz, la Corte Constitucional quitó el carácter obligatorio para los terceros que debían concurrir a la JEP, decisión que afecta a las víctimas del paramilitarismo que exigen verdad. En eventos como Memoria y dignidad campesina se demuestra que este tipo de decisiones solo perpetúan la impunidad.


PROGRAMACIÓN
  
LUNES 30 DE JULIO

4:00 p.m. Proyección documental Memoria y dignidad campesina. Dirigido por Alexander Escobar. Lugar: Casa de la Cultura.

6:00 p.m. Proyección documental Alaska, entre la memoria y el tiempo. Dirigido por Camilo Ernesto López Meneses. Lugar: Casa de la Cultura.

MARTES 31 DE JULIO

9:00 a.m. Acto central por la Memoria y Dignidad de las Víctimas del paramilitarismo. Lugar: Corregimiento La Moralia.

Informes: 316 663 4536 | astracava.tulua@gmail.com
redfcifuentes.valle@gmail.com

Redaccion REMAP

En Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Florida (Valle del Cauca) este viernes, 27 de julio, se dio a conocer un panfleto que reitera amenazas contra 11 líderes y lideresas sociales que integran organizaciones campesinas e indígenas, y contra otros procesos organizativos como Marcha Patriótica y las Zonas de Reserva Campesinas.

Las amenazas fueron proferidas por paramilitares que dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Bloque Conjunto del Suroccidente Colombiano.

“Reiteramos nuestra opinión a nivel nacional, departamental y municipal, ya estamos haciendo limpieza en algunos municipios del país en donde estamos eliminando ratas, viciosos, jaladores de carros, extorsionistas, y vamos por los mal llamados líderes sociales que se escudan en ONG’s de Derechos Humanos, (Zonas) de Reserva Campesinas, líderes y guardias indígenas, Marcha Patriótica”, advierte el documento.

Las once personas ya habían sido amenazadas en otro panfleto que circuló el 2 de julio firmado por las Águilas Negras. Entre los amenazados se encuentra el líder campesino José Otero, quien en entrevista concedida a REMAP, el 13 de julio, manifestó no contar con garantías de seguridad para su vida.



Lo preocupante de estas amenazas es que evidencian un trabajo de inteligencia detallado de las actividades de las lideresas y líderes declarados objetivo militar. Saben, por ejemplo, quiénes han denunciado los hechos en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, y quiénes permanecen o han abandonado sus territorios de origen.

“Se le recomienda a la comunidad que se alejen de estas personas ya que las hemos buscado en las comunidades y no se encuentran en sus territorios. Por el bien de su vida váyanse como lo hicieron algunos líderes, como Nilson Casamachin que salió del país, él si estima su vida”, afirman los paramilitares.

La presencia paramilitar en la zona ya fue constatada en municipios como Pradera, donde Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano, ya fue amenazado por hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, que llegaron a su lugar de residencia.


Actualmente es claro que el paramilitarismo actúa en Valle y Cauca, y que utiliza nombres fachada como “Águilas Negras” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, utilizando diversas estructuras armadas para cumplir su cometido, sin que a la fecha el Estado colombiano tome medidas para evitar los cientos de asesinatos contra líderes y lideresas sociales, algo que se agrava por su postura de negar la existencia de la estrategia y política paramilitar en país.

Leer: El paramilitarismo goza de impunidad generalizada

“Pronto se darán cuenta de nuestra presencia. Ya estamos en Pradera, Florida, Palmira, Jamundí, Miranda y Corinto. Los muertos de estos municipios no son gratis”, sentencian los paramilitares, al tiempo que afirman que darán “muerte a izquierdistas”.

Personas amenazadas: 1. José Otero, líder campesino de Florida (Valle); 2. Raquel Trujillo Mestizo Mayora Indígena de Florida (Valle); 3. Aldivier Dagua, líder Indígena de Florida (Valle); 4. Horacio Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 5. Nilson Guainas, líder indígena de Florida (Valle); 6. Jhon Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 7. Enelia Mestizo, líder indígena de Florida (Valle); 8. Ernesto Dagua, líder indígena de Florida (Valle); 9. Nilson Casamachín, líder indígena de Miranda (Cauca); 10. Fredy Guevara, Gobernador indígena de Miranda (Cauca); 11. Hilario Guejia, Gobernador Cabildo Indígena de Corinto (Cauca).

Redacción REMAP

Del 28 al 31 de julio se realizará en Tuluá la sexta versión de Memoria y dignidad campesina, evento que rinde homenaje a las víctimas del paramilitarismo en el departamento del Valle del Cauca, una de las poblaciones que entre 1999 y 2004 resistió a los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La actividad es convocada por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracava Tuluá, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y la Marcha Patriótica, al cumplirse 19 de años la primera masacre oficial perpetrada por el Bloque Calima (31 de julio de 1999) en el corregimiento La Moralia de Tuluá.

Después de casi dos décadas de miles de asesinatos, y otro tipo de crímenes, sectores de la economía que financiaron el accionar paramilitar no han sido condenados, tal es el caso del Ingenio San Carlos que, según testimonios de exparamiltares, aportaba 20 millones de pesos mensuales al Bloque Calima.

“Las víctimas y las luchas del campesinado que sobrevivió al paramilitarismo, y que continúa enfrentándolo en sus nuevas formas, estructuras y nombres (‘Ratrojos’, ‘Águilas Negras’, ‘Urabeños’, etc.), pretenden ser olvidadas y condenadas al olvido por quienes fueron y son sus aliados en la política y la economía”, explican las organizaciones convocantes.

Leer: El paramilitarismo que no existe

Participar de las actividades no tiene ningún costo. Programación cultural, académica, intercambios de saberes y un profundo ejercicio de memoria para luchar contra la impunidad, nos esperan durante los cuatro días de Memoria y dignidad campesina.

Informes: 316 663 4536 | astracava.tulua@gmail.com
redfcifuentes.valle@gmail.com


PROGRAMACIÓN

SÁBADO 28 DE JULIO 

9:00 a.m. Lanzamiento del informe Bloque Calima, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano, a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lugar: Casa de la Cultura

3:00 p.m. Proyección documental Huellas de tierra. Dirigido por Diana María Rengifo. Lugar: Casa de la Cultura.

DOMINGO 29 DE JULIO

9:00 a.m. - 12 m. Mercado Campesino. Lugar: Plaza Cívica Boyacá.

LUNES 30 DE JULIO

4:00 p.m. Proyección documental Memoria y dignidad campesina. Dirigido por Alexander Escobar. Lugar: Casa de la Cultura.

6:00 p.m. Proyección documental Alaska, entre la memoria y el tiempo. Dirigido por Camilo Ernesto López Meneses. Lugar: Casa de la Cultura.

MARTES 31 DE JULIO

9:00 a.m. Acto central por la Memoria y Dignidad de las Víctimas del paramilitarismo. Lugar: Corregimiento La Moralia.

Redacción REMAP


En medio de una concurrida asistencia, la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó el informe Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano. El evento tuvo lugar este martes, 24 de julio, en el Salón Madera del Centro Cultural de la ciudad de Cali.

Descargar informe: AQUÍ

En el informe se detalla el accionar paramilitar del Bloque Calima que operó entre 1999 y 2004, cuyo resultado “implicó algo más de dos años de trabajo, la realización de unos doscientos ejercicios entre entrevistas a exparamilitares del Bloque Calima y otros actores y talleres con víctimas y testigos del accionar de este grupo paramilitar”, explicó Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del CNMH.

Para organizaciones defensoras de Derechos Humanos este trabajo reviste de gran importancia para esclarecer quiénes estuvieron detrás de las estructuras armadas: los sectores de la economía y la política que auspiciaron la llegada y permanencia del Bloque Calima en la región, hechos que permanecen en la impunidad

Darnelly Rodríguez, defensora de Derechos Humanos
El informe muestra realidades que instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría y otras, no han tenido en cuenta para condenar a los responsables. Es un gran aporte y gran avance para la construcción de memoria en Colombia”, expresó Darnelly Rodríguez, coordinadora de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

La impunidad es uno de los temas relevantes que surgen del informe luego de no encontrar condenas ni investigaciones claras por parte de la justicia contra quienes financiaron el paramilitarismo.

Álvaro Villarraga, Centro de Memoria Histórica
“No ha habido justicia, ha habido impunidad generalizada. No es una excepción esta región, es un lamentable hecho que se registra a nivel nacional. Y la misma memoria histórica pone de presente que la justicia no se ha ejercido frente a las víctimas de graves violaciones, frente a las responsabilidades que comprometen al Estado, a grupos paramilitares, a otros actores en el contexto del conflicto”, afirmó Villarraga

Durante la presentación además se destacó que la construcción de memoria es un ejercicio colectivo, el cual implica un trabajo continuo que se nutre de otras fuentes, procesos y lecturas sobre el paramilitarismo. Tal como lo expresó la coordinadora de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes


Consideramos que no se tuvo en cuenta algunos aportes que ya organizaciones habían realizado, esto lo decimos no como algo negativo, sino en el entendido de que la construcción de memoria es un esfuerzo colectivo que no se detiene para el Centro Nacional de Memoria Histórica y distintos procesos sociales y comunidades del país”, expresó Rodríguez.

El evento también tuvo espacio para presentar apartes del documental Memoria y dignidad campesina (2012), una producción de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la Marcha Patriótica Valle, y cuya realización estuvo a cargo de la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP).



El informe ratifica información expuesta hace seis años en el documental sobre nombres de empresas, personas y sectores de la economía que financiaron al Bloque Calima y que siguen sin castigo; asimismo aporta una gran cantidad de nuevos elementos fruto de años de investigación y rigurosidad, donde uno coincide con muchas conclusiones del informe, pero también uno difiere de algunas porque, al cruzar el informe con los testimonios del documental, se requiere de otros análisis”, indicó Alexander Escobar de REMAP.

Otro tema de importancia del informe, y los trabajos de este tipo que viene realizando la Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH, es que evidencian cómo el paramilitarismo no ha sido un tema superado en Colombia, y continúa operando en medio de la postura del Gobierno que niega su existencia.


“En Colombia no fue superado de manera integral el fenómeno paramilitar; fue parcialmente desactivado en sus grupos armados, entre 2003 y 2006, pero las raíces de fondo (que se entremezclan con economías ilegales, con aliados sociales e institucionales) permanecen en distintas regiones del país. Alianzas de tipo paramilitar entre estamentos oficiales, estamentos económicos, etc., tienen prolongaciones hasta la actualidad”, concluyó Villarraga.


Redacción REMAP

Este martes, 24 de julio, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentará en Cali (Valle del Cauca) el informe: Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano.

El informe es “producto de la aplicación del mecanismo no judicial de Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, demandados por la Ley 1424 de 2010, implementados por nuestra entidad desde 2012, cuyo objetivo está orientado al esclarecimiento sobre el fenómeno paramilitar”, según explica el CNMH.

El evento tendrá lugar a partir de las 2:00 p.m. en el Auditorio Salón Madera del Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera 5 No. 6-05, y estará a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.
                 
La socialización del informe también se realizará en los municipios de Popayán y Santander de Quilichao en Cauca, y Buenaventura y Tuluá en el Valle.


En Tuluá el lanzamiento se hará el 28 de julio dentro del marco del evento Memoria y dignidad campesina, actividad realizada en homenaje a las víctimas del paramilitarismo desde 2012 por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes.



Informes CNMH: yoapoyolaverdad@centrodememoriahistorica.gov.co
Teléfono: (1) 7965060 ext. 247

Informes Tuluá: astracavatulua@gmail.com, redcifuentes.valle@gmail.com
Teléfono: 316 6634356

Redacción REMAP / Fotograma: Memoria y dignidad campesina



Este viernes 20 de Julio la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava) y la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC)  emitieron un comunicado planteando su preocupación por el estado en el que se encuentra la  implementación de los acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, lo que se evidencia en los asesinatos y amenazas a líderes sociales en todo el territorio nacional y la decisión de los funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio de suspender  las actividades comunitarias urbanas y rurales relacionadas con la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la zona del Alto Patía – Norte del Cauca

A continuación el comunicado íntegro:


Posición de Astracava y CCVC ante la definición de la Agencia de Renovación Territorial (ART) de suspender actividades comunitarias del PDET Alto Patía - Norte del Cauca.


El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Menos de dos años han pasado desde ese trascendental momento de la historia de Colombia y contrario al anhelo de paz y reconciliación, somos testigos de excepción de la persecución sistemática al movimiento popular y sus dirigentes, el bloqueo parlamentario a la implementación normativa, la negligencia deliberada de las entidades del Estado para cumplir lo acordado, las mentiras o verdades a medias de los medios de comunicación para moldear la opinión pública en favor del partido del nuevo gobierno, que ha manifestado claramente sus intenciones de hacer trizas el acuerdo de paz.

Por el momento, el pulso por hacer fracasar la paz lo van ganando los buitres que se alimentan de la muerte y de la guerra, desde que se firmó el acuerdo, los medios alternativos reportan trescientos veintiséis asesinatos de líderes sociales, todos impunes en la actualidad. La presencia de grupos narcoparamilitares en las zonas rurales dejadas por la insurgencia de las FARC-EP y las sucesivas amenazas a los procesos organizativos e incluso a representantes de las instituciones encargadas del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y de la Agencia para la Renovación Territorial (ART) encargada de apoyar la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son fenómenos que demuestran el poder de los enemigos de la paz. Un poder violento capaz de configurar escenarios de terror en todos los territorios y las poblaciones donde se perciben intereses geoestratégicos de economías extractivas e implementación de megaproyectos, situación que se agudiza en la región suroccidental de Colombia, especialmente, en los 42 municipios del PDET Norte del Cauca – Alto Patía, a raíz de la incapacidad del Estado para investigar y juzgar los responsables y detener definitivamente el terror que padecen los pobladores, que derivó en que los funcionarios de la ART suspendieran las actividades comunitarias urbanas y rurales relacionadas con la formulación de este PDET.

La respetable definición de los funcionarios de la ART PDET Norte del Cauca – Alto Patía de suspender las actividades comunitarias en torno a la formulación del PDET, ponen de manifiesto la ausencia tanto de coordinación de las instituciones estatales como de voluntad política para garantizar la implementación integral del Acuerdo Final -que fuera ampliamente respaldado por los pobladores de los municipios de esta región del país-; escenario que no deja de sorprendernos en tanto que en los tiempos que precedieron al Acuerdo Final, existió una fuerte coordinación institucional y gubernamental para hacer la guerra por distintos medios y que conllevó a un drama humanitario de grandes proporciones. 

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional, en especial a los organismos internacionales encargados de velar por la protección de los derechos humanos y de hacer veeduría a la implementación que, a pocos días de posesionarse el nuevo gobierno, los avances en la materia están muy por debajo de las expectativas, los esfuerzos realizados por las comunidades agrarias y sus necesidades. Acudimos a Uds. para que, a través de su valiosa intermediación, se presione al Estado colombiano a investigar y poner fin al genocidio contra nuestros dirigentes sociales, a la judicialización de los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad, así como de sus autores materiales. Como veedores y garantes, les solicitamos exigir al Estado Colombiano verdaderas condiciones de seguridad en los territorios y el cumplimiento efectivo del Acuerdo Final suscrito con la antigua insurgencia de las FARC-EP, puesto que su carácter de Tratado Internacional, depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento. 

Los pobladores del campo no queremos continuar cargando con el lastre de la guerra que pesa sobre nuestros pueblos como si fuera un destino manifiesto. En solidaridad con nuestros hermanos afrocolombianos, indígenas y campesinos de todas las regiones del país quienes, por defender la vida, la paz y la justicia social, han sido vilmente asesinados, desaparecidos, torturados, amenazados y desplazados, convocamos al pueblo en general a marchar por la paz el próximo 7 de agosto en todas las ciudades y pueblos de nuestro país. 

La marcha del 7 de agosto será por la vida y contra el desarraigo, por la defensa e implementación integral del Acuerdo Final con las FARC-EP, por el mantenimiento de la mesa de diálogo con el ELN, por el logro de la solución política y dialogada del conflicto social y armado, por la concreción de la unidad de los obreros, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos y todos los sectores populares que desde decenios luchamos por un país en el que reine la paz, la justicia social y la felicidad para todas y todos sus habitantes. 

Desde ya anunciamos que los siguientes años serán de lucha contra todas las medidas que trazadas desde el gobierno del Sr. Iván Duque atenten contra la paz, el territorio y los intereses de las clases populares. 

¡Por la paz de la nación, continuaremos sin descanso luchando por la implementación!


Junta Directiva Departamental Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – Astracava
Coordinación Campesina del Valle del Cauca - CCVC
Palmira, julio 20 de 2018




El 2 de julio, 18 personas en los departamentos de Cauca y Valle fueron declaradas objetivo militar por paramilitares que dicen pertenecer al Bloque Occidental de las Águilas Negras. Estas personas se destacan por liderar procesos sociales, comunitarios, campesinos, indígenas y trabajar por la defensa de los Derechos Humanos.


El 13 de julio REMAP dialogó con José Otero, uno de los líderes amenazados que vive en el corregimiento La Diana, zona rural del municipio de Florida (Valle del Cauca).

Para el líder campesino, las amenazas –que hacen parte de la estrategia paramilitar que imparte órdenes desde el poder político y económico– podrían provenir de sectores de la economía que tienen intereses en una zona donde los ingenios azucareros monopolizan el agua, y en la cual el desarrollo de una carretera de 1.450 kilómetros, proyecto conocido como Conexión Pacífico-Orinoquía, pasará afectando gravemente los ecosistemas y la vida de las comunidades.



Florida es uno de los 170 municipios donde se adelanta el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iniciativa que surgió del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A pesar de las diferencias con el Gobierno, y el incumplimiento de éste en la implementación del Acuerdo de Paz, los PDET constituyen una herramienta para el empoderamiento de las comunidades en el territorio, las cuales cuentan con procesos organizativos que representan una amenaza para la política neoliberal que requiere del paramilitarismo para continuar imponiéndose a sangre y fuego. Las amenazas contra José Otero son tan solo una pequeña muestra de ello.

Redacción REMAP


Amenazas que fueron conocidas el 6 de julio contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Palmira, guardan relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda.

Un breve recorrido por los hechos

El sábado, 7 de julio, en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca) fue asesinado el líder campesino Fernando Gómez, dirigente de la Asociación Mixta Indígena y Campesina (Asomic). Días antes, 2 de julio, a través de un panfleto paramilitares de las Águilas Negras habían declarado “objetivo militar” a organizaciones indígenas y campesinas de Valle y Cauca.  


Previo a estos hechos, otro caso también se había registrado. El 29 de junio, en zona rural de Pradera (Valle del Cauca), Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), fue amenazado por hombres armados, vestidos de negro y encapuchados.


Y hace poco otras amenazas contra el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Palmira, fueron conocidas luego que el Proceso de Organización Estudiantil (PROES) denunciara “reiteradas amenazas (vía telefónica y panfletos)” que ponen en riesgo la vida de sus integrantes.

Andersson Montes, representante estudiantil ante el Consejo de Sede, Francisco Romero, representante estudiantil de la Facultad de Agronomía, y Juan Camilo Otero, estudiante de Ingeniería Agronómica, son los estudiantes directamente afectados por hechos que vienen ocurriendo hace más de un mes.

La conexión de los casos

El PROES fue uno de los sectores en Palmira que apoyó la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro; y las amenazas contra sus integrantes iniciaron el 29 de mayo, dos días después que el candidato de la ultraderecha, Iván Duque, sacara, en primera vuelta, la mayor votación a la presidencia.

Ese día la amenaza ocurrió durante una actividad del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, cuando el estudiante Andersson Montes recibió la llamada de una mujer que le advirtió: “Lo mejor es que se vaya con sus ideales a otro país u otro lugar donde sí tengan aceptación”.

Unos días después, el 4 de junio, de nuevo una mujer llamó al estudiante reiterando las amenazas: “¿Ya pensó las cosas? Qué pensó de lo último que hablamos. No sería tan chévere que su familia lo llorara por estar de redentor”.

Luego otro integrante del PROES se vio afectado por las amenazas. En el panfleto de paramilitares de las Águilas Negras del 2 de julio, que ya referenciamos, José Otero, padre del estudiante Juan Camilo Otero, quien vive en el corregimiento La Diana del municipio de Florida (Valle del cauca), fue declarado objetivo militar.



El panfleto hace referencia a organizaciones indígenas y campesinas con presencia en municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, y Miranda y Corinto en el norte del Cauca. En éste también reiteran las amenazas contra Islenio Muñoz, dirigente campesino de Astracava.

Las amenazas del 2 de julio evidencian, por lo menos, las conexiones con Palmira, Pradera y Florida del trabajo de inteligencia que el paramilitarismo intensificó después que la ultraderecha volvió al poder en Colombia, un hecho de suma gravedad que ya cobró la vida del líder social Fernando Gómez en Guacarí.

Estos casos no son hechos aislados como quiere presentarlos la institucionalidad. Por el contrario, muestran una coordinación en el departamento del Valle que demanda el pronunciamiento y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que permitan hacer frente al plan criminal de la estrategia paramilitar que, después de cobrar la vida de 311 líderes y lideresas sociales en dos años y medio, el Gobierno se niega a reconocer.

Redacción REMAP

El paramilitarismo no se define por el tipo de estructura armada empleada para desarticular y asesinar a la oposición política y organizaciones sociales. Al paramilitarismo lo define la intencionalidad política, los autores intelectuales que utilizan cualquier expresión armada para cumplir los fines políticos de perpetuarse en el poder.           

El asesinato del humorista Jaime Garzón, ejecutado por la banda criminal La Terraza, cuya responsabilidad intelectual recae en la Fuerza Pública, los organismos de seguridad del Estado y el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil, es claro ejemplo de cómo cualquier estructura criminal es utilizada para perpetuar un modelo económico y político que derrama la sangre de la oposición y el pensamiento crítico.

Sin embargo, el Estado implantó en el imaginario de la sociedad un referente que asocia paramilitarismo con estructuras armadas y mandos definidos, valiéndose para esto de su experiencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estrategia paramilitar que se caracterizó por contar con estructuras armadas identificables y mandos visibles.

Los orígenes del paramilitarismo indican que no es la estructura lo que lo define, sino la política que lo mantiene. Las estructuras se desmontan, descentralizan o mutan, pero la política paramilitar nunca desaparece. Es de recordar que su nacimiento involucra a integrantes de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962 visitaron el país recomendando la conformación de grupos paramilitares.

Lo anterior se constata, como lo relata el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el informe del General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, quien en un suplemento de carácter secreto recomendó, en caso de ser necesario, “impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo”.

Ya sea contra el comunismo, el anarquismo, la izquierda, el petrismo, contra quienes “no quieren el progreso”, o cualquier otro calificativo que se les ocurra, el fin de la estrategia paramilitar, principalmente, es asesinar y desarticular procesos sociales y comunidades que representa un obstáculo para el actual régimen corrupto neoliberal.

Bandas criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), narcotraficantes y delincuencia organizada, son algunos de los nombres y formas criminales que encubren la política paramilitar, estructuras armadas que asesinan a líderes y lideresas sociales, y bajo las cuales se escuda el Estado para negar la existencia del paramilitarismo.

El paramilitarismo que no existe en Pradera

El 29 de junio, Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Valle del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano, fue amenazado por hombres vestidos de negro, encapuchados y armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca).

Las amenazas provocaron el desplazamiento del dirigente agrario y su familia, y estuvo acompañado de un trabajo de inteligencia que incluyó preguntas sobre otras personas de la zona, así como el robo de información depositada en documentos y material audiovisual, según denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC).



José Otero, uno de los líderes amenazado

Frente a estos hechos, el Gobierno municipal ha respondido no con preocupación por la presencia paramilitar en la zona, sino con preocupación porque esto ponga en riesgo el proyecto turístico “La vuelta al cielo”, proyecto inconsulto y cuestionado por algunas comunidades campesinas de Pradera que plantean otras necesidades y prioridades en la política pública.

Silenciar esta problemática para beneficio de la “buena imagen” del municipio, mientras el riesgo es inminente para las comunidades de la zona, es la constante que organizaciones como Astracava han sentido por parte del Gobierno municipal, tal como lo expresa Kennedy Campo, dirigente de esta organización campesina:

La administración municipal lo que quiere es callar esta situación, y como organización campesina rechazamos esa posición del Gobierno territorial porque nosotros estamos en peligro latente, es una situación muy crítica”.

El caso de Pradera sirve para ilustrar la estrategia del Estado de negar la política paramilitar. Al no existir estructuras claramente identificables, como lo fueron en su momento las AUC, o dándoles calificativos de “bandas criminales” o Grupos Armados Organizados (GAO), niega la sistematicidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y permite que los crímenes del paramilitarismo prosigan.

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes viene acompañando a las comunidades y denunciando esta situación. Darnelly Rodríguez, coordinadora de la red, manifiesta que previo a las amenazas contra Islenio Muñoz ya había presencia de este grupo paramilitar en Pradera.

La defensora de Derechos Humanos también agrega que la situación es preocupante porque “estos casos la institucionalidad ha querido desligarlos de la gravedad que representan, simplemente porque no se tiene concretamente identificado el grupo armado que hace presencia en la zona, porque no se tiene un nombre de ellos”.

Lo que sucede en Padrera es ejemplo de la forma y estrategia generalizada para permitir la expansión del paramilitarismo en el país. Negar su existencia bajo análisis y excusas que solo se refieren a este plan criminal como una estructura armada, es la infamia que invita a desconocer que el paramilitarismo nunca fue desmontado en Colombia, en tanto que como política siempre ha estado vigente para asesinar a la oposición política y el pensamiento crítico.

Por: Alexander Escobar

Paramilitares, que afirman pertenecer al “Bloque Occidental de las Águilas Negras”, este lunes, 2 de julio, declararon objetivo militar a 18 personas pertenecientes a organismos defensores de Derechos Humanos, cabildos indígenas, y otras organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Marcha Patriótica. 

Leer: Amenazas contra estudiantes en Palmira evidencian un plan paramilitar en el Valle del Cauca


José Otero, uno de los amenazados

Las amenazas fueron proferidas a través de un panfleto que busca justificar la estrategia paramilitar, su accionar criminal, acusando falsamente a lideresas y líderes de ser “colaboradores de los disidentes de las FARC”. De igual manera las amenazas las hicieron extensivas para quienes apoyaron la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia, y cubren municipios en departamentos de Cauca y Valle.

Leer: El paramilitarismo que no existe en Pradera

“El comando occidental de las Águilas Negras hemos declarado objetivo militar a todos los colaboradores de los disidentes de las FARC y a todos que apoyaron al HP de Petro en las pasadas elecciones: Astracava, Fensuagro, Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Marcha Patriótica y Gobernadores Indígenas de Pradera, Florida, Miranda y militantes que apoyaron al hijueputa de Petro”, advierten los paramilitares.

Entre las personas declaradas objetivo militar se encuentra Islenio Muñoz, dirigente de Astracava y gerente de Café Soberano, quien hace menos de una semana, el 29 de junio, fue amenazado por hombres armados que, identificándose como paramilitares, ingresaron a su vivienda y hurtaron dinero, efectos personales e información perteneciente a la organización campesina.


“Para nosotros no existe ningún esquema de seguridad que los proteja, tenemos información concreta de nuestras redes de inteligencia que nos suministran información clara y precisa de todas las actividades diarias de sus familias, de los sitios de trabajo”, afirma el panfleto.

Leer: "La única garantía que yo tengo es mi ángel de la guarda"

Frente a la gravedad de la situación, donde queda claro que el paramilitarismo se extiende por todo el territorio sin control alguno por el Gobierno, diversas organizaciones sociales hacen un llamado urgente y solidario a organismos nacionales e internacionales para que acompañen, verifiquen y adelanten todos los mecanismos necesarios para garantizar la la vida de las personas y organizaciones amenazadas.

Redacción REMAP / Imagen ilustrativa

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