Amenazas que fueron conocidas el 6 de julio contra estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Palmira, guardan relación con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del Cauca como Corinto y Miranda.
Un breve recorrido por
los hechos
El
sábado, 7 de julio, en el municipio de Guacarí (Valle del Cauca) fue asesinado
el líder campesino Fernando Gómez, dirigente de la Asociación Mixta Indígena y
Campesina (Asomic). Días antes, 2 de julio, a través de un panfleto paramilitares
de las Águilas Negras habían declarado “objetivo militar” a organizaciones indígenas
y campesinas de Valle y Cauca.
Leer: Paramilitares declaran objetivo militar a organizaciones indígenas y campesinas en Cauca y Valle
Previo
a estos hechos, otro caso también se había registrado. El 29 de junio, en zona
rural de Pradera (Valle del Cauca), Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación
de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), fue amenazado por
hombres armados, vestidos de negro y encapuchados.
Y
hace poco otras amenazas contra el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional
de Colombia, con sede en Palmira, fueron conocidas luego que el Proceso de
Organización Estudiantil (PROES) denunciara “reiteradas amenazas (vía
telefónica y panfletos)” que ponen en riesgo la vida de sus integrantes.
Andersson
Montes, representante estudiantil ante el Consejo de Sede, Francisco Romero,
representante estudiantil de la Facultad de Agronomía, y Juan Camilo Otero,
estudiante de Ingeniería Agronómica, son los estudiantes directamente afectados
por hechos que vienen ocurriendo hace más de un mes.
La conexión de los casos
El
PROES fue uno de los sectores en Palmira que apoyó la campaña a la
Presidencia de Gustavo Petro; y las amenazas contra sus integrantes iniciaron
el 29 de mayo, dos días después que el candidato de la ultraderecha, Iván
Duque, sacara, en primera vuelta, la mayor votación a la presidencia.
Ese día la amenaza ocurrió durante una actividad del movimiento estudiantil en la
Universidad Nacional, cuando el estudiante Andersson Montes recibió la llamada
de una mujer que le advirtió: “Lo mejor
es que se vaya con sus ideales a otro país u otro lugar donde sí tengan
aceptación”.
Unos
días después, el 4 de junio, de nuevo una mujer llamó al estudiante reiterando
las amenazas: “¿Ya pensó las cosas? Qué pensó
de lo último que hablamos. No sería tan chévere que su familia lo llorara por
estar de redentor”.
Luego
otro integrante del PROES se vio afectado por las amenazas. En el
panfleto de paramilitares de las Águilas Negras del 2 de julio, que ya
referenciamos, José Otero, padre del
estudiante Juan Camilo Otero, quien vive en el corregimiento La Diana del
municipio de Florida (Valle del cauca), fue declarado objetivo militar.
El
panfleto hace referencia a organizaciones indígenas y campesinas con presencia en
municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, y Miranda y Corinto en el
norte del Cauca. En éste también reiteran las amenazas contra Islenio Muñoz,
dirigente campesino de Astracava.
Las amenazas del 2 de
julio evidencian, por lo menos, las conexiones con Palmira, Pradera y Florida del
trabajo de inteligencia que el paramilitarismo intensificó después que la
ultraderecha volvió al poder en Colombia, un hecho de suma gravedad que ya cobró la
vida del líder social Fernando Gómez en Guacarí.
Estos casos no son hechos aislados como quiere presentarlos la institucionalidad. Por el contrario, muestran una coordinación en el departamento del Valle que demanda el pronunciamiento y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que permitan hacer frente al plan criminal de la estrategia paramilitar que, después de cobrar la vida de 311 líderes y lideresas sociales en dos años y medio, el Gobierno se niega a reconocer.
Estos casos no son hechos aislados como quiere presentarlos la institucionalidad. Por el contrario, muestran una coordinación en el departamento del Valle que demanda el pronunciamiento y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales que permitan hacer frente al plan criminal de la estrategia paramilitar que, después de cobrar la vida de 311 líderes y lideresas sociales en dos años y medio, el Gobierno se niega a reconocer.
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