El paramilitarismo no se define por el tipo de estructura armada empleada para desarticular y asesinar a la oposición política y organizaciones sociales. Al paramilitarismo lo define la intencionalidad política, los autores intelectuales que utilizan cualquier expresión armada
para cumplir los fines políticos de perpetuarse en el poder.
El asesinato del
humorista Jaime Garzón, ejecutado por la banda criminal La Terraza, cuya
responsabilidad intelectual recae en la Fuerza Pública, los organismos de
seguridad del Estado y el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil, es claro
ejemplo de cómo cualquier estructura criminal es utilizada para perpetuar un
modelo económico y político que derrama la sangre de la oposición y el
pensamiento crítico.
Sin embargo, el
Estado implantó en el imaginario de la sociedad un referente que asocia
paramilitarismo con estructuras armadas y mandos definidos, valiéndose para
esto de su experiencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estrategia
paramilitar que se caracterizó por contar con estructuras armadas
identificables y mandos visibles.
Los orígenes del
paramilitarismo indican que no es la estructura lo que lo define, sino la
política que lo mantiene. Las estructuras
se desmontan, descentralizan o mutan, pero la política paramilitar nunca
desaparece. Es de recordar que su nacimiento involucra
a integrantes de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos, quienes en 1962
visitaron el país recomendando la conformación de grupos paramilitares.
Lo
anterior se constata, como lo relata el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el informe del General Yarborough, director de investigaciones
de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, quien en un suplemento de carácter
secreto recomendó, en caso de ser necesario, “impulsar sabotajes y/o
actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del
comunismo”.
Ya
sea contra el comunismo, el anarquismo, la izquierda, el petrismo, contra
quienes “no quieren el progreso”, o cualquier otro calificativo que se les
ocurra, el fin de la estrategia paramilitar, principalmente, es asesinar y desarticular
procesos sociales y comunidades que representa un obstáculo para el actual régimen
corrupto neoliberal.
Bandas
criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), narcotraficantes y delincuencia
organizada, son algunos de los nombres y formas criminales que encubren la
política paramilitar, estructuras armadas que asesinan a líderes y lideresas
sociales, y bajo las cuales se escuda el Estado para negar la existencia del
paramilitarismo.
El paramilitarismo que
no existe en Pradera
El
29 de junio, Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Valle
del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano,
fue amenazado por hombres vestidos de negro, encapuchados y armados que
llegaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de
Pradera (Valle del Cauca).
Las
amenazas provocaron el desplazamiento del dirigente agrario y su familia, y estuvo
acompañado de un trabajo de inteligencia que incluyó preguntas sobre otras
personas de la zona, así como el robo de información depositada en documentos y
material audiovisual, según denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC).
Leer: Paramilitares declaran objetivo militar a organizaciones indígenas y campesinas de Valle y Cauca
Frente
a estos hechos, el Gobierno municipal ha respondido no con preocupación por la
presencia paramilitar en la zona, sino con preocupación porque esto ponga en
riesgo el proyecto turístico “La vuelta al cielo”, proyecto inconsulto y cuestionado
por algunas comunidades campesinas de Pradera que plantean otras necesidades y
prioridades en la política pública.
Silenciar
esta problemática para beneficio de la “buena imagen” del municipio, mientras
el riesgo es inminente para las comunidades de la zona, es la constante que organizaciones
como Astracava han sentido por parte del Gobierno municipal, tal como lo
expresa Kennedy Campo, dirigente de esta organización campesina:
“La
administración municipal lo que quiere es callar esta situación, y como organización
campesina rechazamos esa posición del Gobierno territorial porque nosotros
estamos en peligro latente, es una situación muy crítica”.
El
caso de Pradera sirve para ilustrar la estrategia del Estado de negar la política
paramilitar. Al no existir estructuras claramente identificables, como lo
fueron en su momento las AUC, o dándoles calificativos de “bandas criminales” o
Grupos Armados Organizados (GAO), niega la sistematicidad de los asesinatos de
líderes y lideresas sociales y permite que los crímenes del paramilitarismo prosigan.
La
Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes viene acompañando a las
comunidades y denunciando esta situación. Darnelly Rodríguez, coordinadora de
la red, manifiesta que previo a las amenazas
contra Islenio Muñoz ya había presencia de este grupo paramilitar en Pradera.
La defensora de Derechos Humanos también
agrega que la situación es preocupante porque “estos casos la institucionalidad
ha querido desligarlos de la gravedad que representan, simplemente porque no se
tiene concretamente identificado el grupo armado que hace presencia en la zona,
porque no se tiene un nombre de ellos”.
Lo que sucede en
Padrera es ejemplo de la forma y estrategia generalizada para permitir la expansión
del paramilitarismo en el país. Negar su existencia bajo análisis y excusas que
solo se refieren a este plan criminal como una estructura armada, es la infamia
que invita a desconocer que el paramilitarismo nunca fue desmontado en
Colombia, en tanto que como política siempre ha estado vigente para asesinar a la oposición
política y el pensamiento crítico.
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