El 31 de julio de 1999, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se presentaron oficialmente en el corregimiento La Moralia, jurisdicción del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca.
Más de 6.000 víctimas dejó el Bloque Calima mientras
operó en el suroccidente del país entre 1999 y 2004. Diecinueve años después, estos crímenes permanecen en la impunidad.
Para luchar contra el
olvido y la ausencia de justicia por parte del Estado colombiano, organizaciones
campesinas y defensoras de derechos humanos organizan en Tuluá, desde el año 2012, el evento Memoria y dignidad campesina,
cuya sexta versión inició este fin de semana y se extenderá hasta el 31 de
julio.
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“Memoria y dignidad campesina es
un acto de movilización en contra del olvido para exigirle al Estado que cese la
impunidad, y que quienes orquestaron desde altos poderes políticos y económicos
este tipo de crímenes, respondan por lo que hicieron y den a las víctimas
la verdad, les den una posibilidad de sanar para que avancemos en el camino de
la reconciliación y construir la paz real”, explicó Anderson Álvarez de
Astracava.
La posibilidad de que
la verdad se conozca y la responsabilidad de los terceros, es decir, que los sectores
de la economía y clase política reconozcan que financiaron el accionar
paramilitar del Bloque Calima, y cuenten la verdad a las víctimas, podría resolverse
mediante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
mecanismos creados por el Acuerdo de Paz.
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A pesar de existir
desde el año 2010 testimonios en la Fiscalía que vinculan a políticos y poderes
económicos donde aparece el Ingenio San
Carlos, en cabeza de sus exgerentes Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, quienes, según testimonios de exparamilitares,
aportaban 20 millones de pesos mensuales, no hay investigación o condena
alguna.
La FARC que pasó de
grupo insurgente a convertirse, luego de la firma del Acuerdo de Paz, en el
partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también recuerda la importancia de la JEP, instancia donde toda su dirigencia está compareciendo para asumir responsabilidades dentro del marco del conflicto.
“Reconocer la verdad ayuda
a que un país se reconstruya y a que las víctimas sean reparadas de manera integral,
eso está dentro del marco del Acuerdo de paz. Por eso es necesario que el sector del empresariado, militares y la clase
política que apoyaron el paramilitarismo vayan a la JEP a contar la verdad,
porque la JEP no es solo para la FARC”, expresó ‘Camila Cienfuegos’ de la dirección
nacional de la FARC.
Sin embargo, contrario
a lo acordado en el Acuerdo de paz, la
Corte Constitucional quitó el carácter obligatorio para los terceros que debían concurrir a la JEP, decisión que afecta a las víctimas del paramilitarismo que
exigen verdad. En eventos como Memoria
y dignidad campesina se demuestra que este tipo de decisiones solo perpetúan
la impunidad.
PROGRAMACIÓN
LUNES 30 DE JULIO
4:00
p.m. Proyección documental Memoria y
dignidad campesina. Dirigido por Alexander Escobar. Lugar: Casa de la
Cultura.
6:00
p.m. Proyección documental Alaska, entre la memoria y el tiempo. Dirigido por
Camilo Ernesto López Meneses. Lugar: Casa de la Cultura.
MARTES 31 DE JULIO
9:00
a.m. Acto central por la Memoria y Dignidad de las Víctimas del
paramilitarismo. Lugar: Corregimiento La Moralia.
Informes: 316 663 4536 | astracava.tulua@gmail.com
redfcifuentes.valle@gmail.com
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