agosto 2018
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Imagen: Andrés Rodas.
Debemos definir la corrupción política como un proceso impulsado por parte de individuos inmorales totalmente permeados por el sistema neoliberal, que buscan un beneficio propio a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, anteponiendo el capital al ser humano. En este contexto, la principal consecuencia de la corrupción política es la indiferencia generalizada de la población, e incluso el rechazo a la actividad política y al Estado, es decir, el no reconocimiento de la población en su papel de sujetos políticos.

Es evidente que la corrupción es mala, y que es uno de los elementos que más efectos nocivos causan a la sociedad; sin embargo, gran parte del pueblo colombiano la ha normalizado como un ejercicio cotidiano de la sociedad y cultura de Colombia, de tal manera la corrupción provoca que la apatía de la población colombiana hacia la política se generalice y se incremente cada vez más. Este no es un fenómeno casual, es un objetivo primordial que responde a los intereses de las élites políticas y económicas nacionales e internacionales.

La apatía política, por consiguiente, conviene a esas élites, pues si existe apatía política, no existe ningún control al poder estatal y a las acciones de los líderes políticos que conforman ese poder, es decir, no se ejerce un control y sanción a la corrupción política desde las bases de un país, los ciudadanos. El sistema hegemónico usa varias tácticas e instrumentos para generar, precisamente, el rechazo hacia la política, estos pueden ser: promesas electorales incumplidas, anteponer los intereses partidistas a los de la gente del común, el doble lenguaje moral de sus dirigentes, la banalización de la política convirtiendo a ésta en una especie de show televisivo de concurso de talentos, entre otros.

Por lo tanto, para analizar la corrupción hay que tener en cuenta dos elementos, uno referente a la cultura política y los orígenes por los cuales la población muestra absoluta apatía o desconocimiento en su papel como sujetos políticos y la relación que tienen respecto al ejercicio de la política como ciudadanos, y otro referente a la normalización de la corrupción en la cotidianidad de la sociedad que pasa directamente por la falta de control político por parte de la sociedad civil con sus gobernantes.

La apatía política se puede ver reflejada en la abstención electoral, frente a esta realidad es necesario reivindicar la política desde los movimientos sociales como un eje transformador de la sociedad actual: mayor justicia social, libertad, igualdad; este cambio se debe dar mediante la democracia participativa impulsada por las masas compuestas de seres humanos éticos, capaces de asegurar un sistema justo, con la finalidad de construir una mejor sociedad conformada de individuos morales involucrados en política que sean capaces de situar al ser humano por encima del capital y de denunciar cualquier injusticia y acto de corrupción, provenga de donde provenga.


Referencias bibliográficas:
Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente… la ética? (Spanish). (2014). Recerca, 14. 143-148.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “Moral y política (I)”, pág. 10 – 18.
Sánchez Vásquez, Adolfo, Ética y Política, “El humanismo hoy”, pág. 65 - 71 

Por: Andrés Rodas   


Hace más de un mes José Edgar Otero Medina, líder campesino del corregimiento La Diana, jurisdicción del municipio de Florida en el departamento Valle del Cauca, fue amenazado por grupos paramilitares que cambian de nombre a conveniencia según el lugar donde operan.


Desde entonces el líder campesino no cuenta con ninguna garantía de seguridad. A la fecha, ha recibido dos amenazas. Y este martes, 7 de agosto, la situación se agudizó cuando hombres ubicados en la vía que comunica al municipio de Florida con el corregimiento La Diana, le esperaban para emboscarle.


“El día 7 de agosto, después de asistir a una reunión, ya no pude llegar a mi parcela como normalmente lo hago: personajes en moto me esperaban en la vía”, denunció el líder campesino.

Por fortuna, José Otero, quien se desplazaba en su carro, logró escapar gracias a que una de las personas que le acompañaba divisó a los sujetos y le avisó al líder campesino. Al notar que el carro de Otero cambiaba de rumbo, los hombres empezaron a gritar “¡Ya no viene el carro de Otero! ¡Ya no viene el carro de Otero!”.

La situación es sumamente preocupante. Hasta el momento la Alcaldía de Florida y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no han actuado para garantizar la vida del líder campesino.

“A la fecha sobre la investigación de la Fiscalía, en relación al caso, no se sabe aún nada. De lo que está haciendo la alcaldía, tampoco sabemos nada en relación a estas amenazas. La Unidad (Nacional) de Protección no llega. Solo cuento con la preocupación y la buena voluntad de la Defensoría del Pueblo”, afirma Otero.



Este tipo de casos se repiten en Colombia una y otra vez, mientras el Estado colombiano niega la existencia del paramiltarismo y no brinda garantías para la oposición política. 

Leer: El paramilitarismo que no existe

“La pregunta que hago es: ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la institucionalidad actúe realmente?”, se pregunta el líder campesino.

Más de cuatrocientas lideresas y líderes sociales asesinados en menos de tres años es el saldo de un país que en la forma parece democrático, pero que en el fondo es la barbarie de un modelo político y económico que se sostiene gracias al accionar del Terrorismo de Estado.

Por: Redacción REMAP

Del 3 al 5 de agosto la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) discutió la política de comunicaciones que se verá reflejada en el buen vivir de sus procesos y la población colombiana en general.

Las discusiones se dieron en el marco del Encuentro Nacional de Comunicaciones de la CACEP que, a través de metodologías participativas, de construcción colectiva, cumplió el objetivo de definir lineamientos políticos en materia de comunicaciones para el sector campesino, indígena y afrodescendiente. Del mismo modo posibilitó construir una estrategia comunicativa y un plan de trabajo para incorporar los lineamientos a la política trazada por la CACEP, algo que espera fortalecer el accionar de la Cumbre Agraria en las regiones y a nivel nacional.

Otra experiencia importante radicó en la dinamización de propuestas como Radio Carajo, propuesta que se estableció como metodología para intercambiar experiencias, saberes, y fortalecer lazos afectivos.

“Radio Carajo sirvió para mostrarle a la gente que los procesos comunicativos agilizan, tejen, visibilizan y fortalecen a las comunidades, y de igual manera sirven para limar asperezas”, expresó con entusiasmo una de las comunicadoras populares que asistió al Encuentro.

Aunque la propuesta radial solo fue un ejercicio, una experiencia metodológica, para muchos de los procesos participantes esta podría ser una importante estrategia comunicativa que podría llegar a materializarse.

“Radio Carajo fue un éxito total. ¡Está del carajo! Y creo que Radio Carajo, si se llegase a implementar, podría ser una plataforma de visibilización de las comunidades, para que las mismas regiones puedan enviar sus iniciativas comunicativas y, así, fortalecer el proceso de la Cumbre Agraria”, expresó otros de los comunicadores populares.

De esta manera, con experiencias y propuestas novedosas, concluyó en medio de abrazos y armonizaciones, el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular que seguirá afianzando las luchas de los pueblos para el buen vivir.

“El encuentro permitió cumplir los objetivos planteados y traducirlos en estrategias que se incorporarán al plan de trabajo, algo que constituye un elemento importante que repontecializará a la Cumbre Agraria”, indicaron las vocerías del Encuentro.

Oficina de Prensa
Encuentro Nacional de Comunicaciones
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

Oficina de Prensa

Con nutrida asistencia de procesos y medios de comunicación alternativa, este viernes, 3 de agosto, inició el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con actividades que se extenderán hasta el 5 de agosto para definir lineamientos de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.

El encuentro es un logro de la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular de 2016, proceso de movilización donde el Gobierno, fruto de las negociaciones, acordó facilitar los mecanismos necesarios para la construcción de la política de comunicaciones de la Cumbre Agraria.


“El objetivo de este encuentro es dar unos lineamientos generales de la política de comunicaciones desde el mundo rural, donde nos encontramos los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Se trata de plantear, a partir de nuestra cultura, esas necesidades que tenemos en materia de legislación, infraestructura, fomento y financiación para el fortalecimiento de las formas propias de comunicar”, explicó Verónica Luna, integrante del Equipo Operativo y la Subcomisión de Comunicaciones de la Cumbre Agraria.


No obstante, el encuentro se da en medio de incumplimientos del Estado, en tanto que previamente debían realizarse siete encuentros regionales, tres sectoriales y uno nacional, pero el Gobierno no facilitó los recursos necesarios.

“Durante dos años el Gobierno no manifestó voluntad política para el desarrollo de los encuentros, y solo hasta este año (2018) avaló su realización con mucho menos presupuesto del requerido; por tanto, la Cumbre se vio obligada, por problemas de tiempo y presupuesto, a realizar solo tres encuentros sectoriales y uno nacional”, indicó Nidia Quintero de Fensuagro, vocera política de la Cumbre Agraria.


Para la Cumbre Agraria esta situación, aunque dificultó la labor, no fue impedimento para avanzar en el diseño de la política de comunicaciones.

“Al final del día el balance es positivo. El trabajo por regiones permitió identificar problemáticas comunes y plantear desafíos de cara al momento político que atraviesa el país. De acuerdo a la agenda se avanzó en objetivos estratégicos para la comunicación del mundo rural que servirán para proyectar el plan de trabajo en los siguientes del encuentro”, concluyó Verónica Luna.

Este martes, 31 de julio, las victimas del paramilitarismo del departamento del Valle del Cauca conmemoraron en La Moralia, corregimiento de Tuluá, 19 años de la resistencia a la estrategia paramilitar que, a través del Bloque Calima de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a miles de personas en el suroccidente colombiano entre 1999 y 2004.


El homenaje a las víctimas del paramilitarismo se realiza desde el año 2012 bajo el nombre Memoria y dignidad campesina, y es organizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Ver: Álbum de fotos

Memoria y dignidad campesina significa para el campesinado vallecaucano una forma de resistir al olvido, una lucha de la memoria que exige justicia, verdad y reparación frente a 19 años de impunidad.


“La reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las razones de los asesinatos. Aún no sabemos qué objetivos tenían “los paras” (paramilitares) para asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes”, expresó Astracava a través de una declaración.



Al evento asistieron, además de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, la Mesa de Víctimas, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá, la Secretaría de Paz del departamento, delegados de la ONU, el PNUD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otros.


“La dinámica de la guerra no fue ajena al área rural de Tuluá y con ella el dolor y la muerte que ocupó este territorio; sin embargo, la dignidad y capacidad de resistencia de la comunidad en los días más oscuros de la acción paramilitar sigue brillando como inigualable ejemplo y mayor homenaje a las víctimas”, recordó en una carta Luis Alberto Albán ('Marcos Calarcá'), representante a la Cámara por la FARC.

Año tras año, la impunidad ha sido tema relevante en Memoria y dignidad Campesina, porque a pesar de existir testimonios de exparamilitares en la Fiscalía que, desde aproximadamente una década, vinculan a sectores de la economía y la clase política con la financiación del paramilitarismo, a la fecha no se conoce proceso alguno de la rama judicial contra quienes auspiciaron el accionar paramilitar del Bloque Calima.


“Queremos saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental, así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos paramilitares”, reclamó Astracava

Nombres de militares, de empresas como el Ingenio San Carlos y sus exgerentes Maria Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, son algunas de las menciones de exparamilitares que les vincula como financiadores.


“Queremos saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante varios años ‘libertad de acción’. Tenemos derecho a que esta historia sea contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien años de soledad y despojo”, agregó la organización campesina.


Las organizaciones asistentes al evento resaltaron que uno de los instrumentos para que la verdad conduzca a la justicia y reconciliación del país, lo constituye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo emanado gracias al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la exguerilla de la FARC.

No obstante, la Corte Constitucional quitó el carácter de obligatoriedad a empresarios y políticos de comparecer ante la JEP. Pero, aun así, diversas organizaciones e instituciones insisten en que es necesario que concurran a declarar sobre sus responsabilidades en la estrategia paramilitar.


“Yo confío en la importancia de un instrumento como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hago un llamado a esos sectores para que comparezcan a la JEP, entre otras cosas porque es una oportunidad que tienen para evitar ser tomados por la Corte Penal Internacional”, afirmó Fabio Cardozo, secretario de Paz de la Gobernación del Valle.


Para Astracava otro un punto importante de la JEP radica en que está basada en modelo de justicia restaurativa, y no vengativa, que aporta para que la sociedad colombiana pueda reconciliarse, algo que también requiere, por parte del Gobierno, del cumplimiento del Acuerdo de Paz:


“No creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si nos basáramos en esa forma de hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello, la reparación integral a las víctimas debe incluir programas de dotación gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz”.


En Colombia el paramilitarismo continúa blindado por la impunidad. Los asesinatos cometidos en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004 por el Bloque Calima, no son los únicos que permanecen sin castigo. Los recientes asesinatos cometidos contra más de 400 líderes y lideresas sociales son la continuidad de esta política paramilitar que, gobierno tras gobierno, opera para sostener a un modelo político y económico criminal.

Redacción REMAP

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