No hay condenas contra financiadores del paramilitarismo en el Valle

Después de 19 años, no hay justicia ni verdad para victimas del paramilitarismo en el Valle.

Este martes, 31 de julio, las victimas del paramilitarismo del departamento del Valle del Cauca conmemoraron en La Moralia, corregimiento de Tuluá, 19 años de la resistencia a la estrategia paramilitar que, a través del Bloque Calima de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a miles de personas en el suroccidente colombiano entre 1999 y 2004.


El homenaje a las víctimas del paramilitarismo se realiza desde el año 2012 bajo el nombre Memoria y dignidad campesina, y es organizado por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

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Memoria y dignidad campesina significa para el campesinado vallecaucano una forma de resistir al olvido, una lucha de la memoria que exige justicia, verdad y reparación frente a 19 años de impunidad.


“La reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las razones de los asesinatos. Aún no sabemos qué objetivos tenían “los paras” (paramilitares) para asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes”, expresó Astracava a través de una declaración.



Al evento asistieron, además de organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, la Mesa de Víctimas, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá, la Secretaría de Paz del departamento, delegados de la ONU, el PNUD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), entre otros.


“La dinámica de la guerra no fue ajena al área rural de Tuluá y con ella el dolor y la muerte que ocupó este territorio; sin embargo, la dignidad y capacidad de resistencia de la comunidad en los días más oscuros de la acción paramilitar sigue brillando como inigualable ejemplo y mayor homenaje a las víctimas”, recordó en una carta Luis Alberto Albán ('Marcos Calarcá'), representante a la Cámara por la FARC.

Año tras año, la impunidad ha sido tema relevante en Memoria y dignidad Campesina, porque a pesar de existir testimonios de exparamilitares en la Fiscalía que, desde aproximadamente una década, vinculan a sectores de la economía y la clase política con la financiación del paramilitarismo, a la fecha no se conoce proceso alguno de la rama judicial contra quienes auspiciaron el accionar paramilitar del Bloque Calima.


“Queremos saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental, así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos paramilitares”, reclamó Astracava

Nombres de militares, de empresas como el Ingenio San Carlos y sus exgerentes Maria Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, son algunas de las menciones de exparamilitares que les vincula como financiadores.


“Queremos saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante varios años ‘libertad de acción’. Tenemos derecho a que esta historia sea contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien años de soledad y despojo”, agregó la organización campesina.


Las organizaciones asistentes al evento resaltaron que uno de los instrumentos para que la verdad conduzca a la justicia y reconciliación del país, lo constituye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo emanado gracias al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la exguerilla de la FARC.

No obstante, la Corte Constitucional quitó el carácter de obligatoriedad a empresarios y políticos de comparecer ante la JEP. Pero, aun así, diversas organizaciones e instituciones insisten en que es necesario que concurran a declarar sobre sus responsabilidades en la estrategia paramilitar.


“Yo confío en la importancia de un instrumento como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hago un llamado a esos sectores para que comparezcan a la JEP, entre otras cosas porque es una oportunidad que tienen para evitar ser tomados por la Corte Penal Internacional”, afirmó Fabio Cardozo, secretario de Paz de la Gobernación del Valle.


Para Astracava otro un punto importante de la JEP radica en que está basada en modelo de justicia restaurativa, y no vengativa, que aporta para que la sociedad colombiana pueda reconciliarse, algo que también requiere, por parte del Gobierno, del cumplimiento del Acuerdo de Paz:


“No creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si nos basáramos en esa forma de hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello, la reparación integral a las víctimas debe incluir programas de dotación gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz”.


En Colombia el paramilitarismo continúa blindado por la impunidad. Los asesinatos cometidos en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004 por el Bloque Calima, no son los únicos que permanecen sin castigo. Los recientes asesinatos cometidos contra más de 400 líderes y lideresas sociales son la continuidad de esta política paramilitar que, gobierno tras gobierno, opera para sostener a un modelo político y económico criminal.

Redacción REMAP

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