No hay condenas contra financiadores del paramilitarismo en el Valle
Después de 19 años, no hay justicia ni verdad para victimas del paramilitarismo en el Valle.
Este martes, 31 de julio, las victimas del paramilitarismo del departamento del Valle del Cauca conmemoraron en La Moralia, corregimiento de Tuluá, 19 años de la resistencia a la estrategia paramilitar que, a través del Bloque Calima de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a miles de personas en el suroccidente colombiano entre 1999 y 2004.
El
homenaje a las víctimas del paramilitarismo se realiza desde el año 2012 bajo
el nombre Memoria y dignidad campesina, y es organizado por la Asociación
de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Coordinación
Campesina del Valle del Cauca (CCVC) y la Red de Derechos Humanos Francisco
Isaías Cifuentes. Ver:Álbum de fotos
Memoria y dignidad
campesina
significa para el campesinado vallecaucano una forma de resistir al olvido, una
lucha de la memoria que exige justicia, verdad y reparación frente a 19 años de
impunidad.
“La
reparación integral está en veremos. La justicia no ha esclarecido quiénes
financiaron y apoyaron los paramilitares. Desconocemos cuáles fueron las
razones de los asesinatos. Aún no sabemos qué objetivos tenían “los paras” (paramilitares) para
asesinar, desterrar, violar, desaparecer, robar y torturar. Tememos que las
garantías de no repetición sean palabras que se las lleve el viento y que la
Violencia se vuelva a ensañar con el territorio y nuestras gentes”, expresó
Astracava a través de una declaración.
Al
evento asistieron, además de organizaciones sociales y defensoras de Derechos
Humanos, la Mesa de Víctimas, funcionarios de la Alcaldía de Tuluá, la Secretaría
de Paz del departamento, delegados de la ONU, el PNUD, la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), la Pastoral Social de Palmira y la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), entre otros.
“La
dinámica de la guerra no fue ajena al área rural de Tuluá y con ella el dolor y
la muerte que ocupó este territorio; sin embargo, la dignidad y capacidad de
resistencia de la comunidad en los días más oscuros de la acción paramilitar
sigue brillando como inigualable ejemplo y mayor homenaje a las víctimas”, recordó
en una carta Luis Alberto Albán ('Marcos Calarcá'), representante a la
Cámara por la FARC.
Año tras año, la impunidad ha sido tema relevante en Memoria y dignidad Campesina, porque a pesar de existir testimonios de exparamilitares en la Fiscalía que, desde aproximadamente una década,
vinculan a sectores de la economía y la clase política con la financiación del
paramilitarismo, a la fecha no se conoce proceso alguno de la rama judicial
contra quienes auspiciaron el accionar paramilitar del Bloque Calima.
“Queremos
saber por qué altas personalidades de la vida pública nacional y departamental,
así como empresarios, políticos, terratenientes, militares y policías de alto
rango, entre otros, apoyaron la creación y desarrollo de los grupos
paramilitares”, reclamó Astracava
Nombres
de militares, de empresas como el Ingenio San Carlos y sus exgerentes Maria
Clara Naranjo Palau y Bernardo Tezna, son algunas de las menciones de exparamilitares
que les vincula como financiadores.
“Queremos
saber cuáles fueron las razones de la omisión y la connivencia de muchos sectores
gremiales y estatales para que el bloque Calima de las AUC tuviera durante
varios años ‘libertad de acción’. Tenemos derecho a que esta historia sea
contada, que no se quede en el olvido, a que no se repita la tragedia de cien
años de soledad y despojo”, agregó la organización campesina.
Las
organizaciones asistentes al evento resaltaron que uno de los instrumentos para
que la verdad conduzca a la justicia y reconciliación del país, lo constituye
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo emanado gracias al
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la exguerilla de la FARC.
No
obstante, la Corte Constitucional quitó el carácter de obligatoriedad a empresarios
y políticos de comparecer ante la JEP. Pero, aun así, diversas organizaciones e
instituciones insisten en que es necesario que concurran a declarar sobre sus
responsabilidades en la estrategia paramilitar.
“Yo
confío en la importancia de un instrumento como la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP). Hago un llamado a esos sectores para que comparezcan a la JEP, entre
otras cosas porque es una oportunidad que tienen para evitar ser tomados por la
Corte Penal Internacional”, afirmó Fabio Cardozo, secretario de Paz de la
Gobernación del Valle.
Para
Astracava otro un punto importante de la JEP radica en que está basada en
modelo de justicia restaurativa, y no vengativa, que aporta para que la
sociedad colombiana pueda reconciliarse, algo que también requiere, por parte
del Gobierno, del cumplimiento del Acuerdo de Paz:
“No
creemos en el ojo por ojo, diente por diente. Si nos basáramos en esa forma de
hacer justicia, al cabo de un tiempo, nuestra sociedad sería de ciegos. En
cambio, exigimos una justicia que contribuya a la restauración de los derechos
que nos fueron negados, que aporte en transformar nuestras realidades. Por ello,
la reparación integral a las víctimas debe incluir programas de dotación
gratuita de la tierra, proyectos productivos, vivienda y en el desarrollo de
los puntos contenidos en el Acuerdo Final de Paz”.
En
Colombia el paramilitarismo continúa blindado por la impunidad. Los asesinatos
cometidos en el Valle del Cauca entre 1999 y 2004 por el Bloque Calima, no son
los únicos que permanecen sin castigo. Los recientes asesinatos cometidos
contra más de 400 líderes y lideresas sociales son la continuidad de esta
política paramilitar que, gobierno tras gobierno, opera para sostener a un
modelo político y económico criminal.
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