En el marco de las
manifestaciones estudiantiles que están transcurriendo en todo el país por la
defensa de la educación pública y en contra de las políticas del actual
gobierno que afectan la financiación de
las universidades, se presentan amenazas que ponen en riesgo la vida de líderes
y miembros del movimiento estudiantil.
Por una parte en el
municipio de Yumbo, estudiantes de la sede de la Universidad del Valle se
encontraban realizando una jornada informativa acerca del paro indefinido declarado por la Asamblea Regional de
la Universidad del Valle cuando fueron amenazados por una
funcionaria del municipio; la denuncia de la Federación de Estudiantes
Universitarios plantea: “Los estudiantes en medio de su acción pedagógica pacífica se ven increpados por la Sra, Amanda
Castañeda, conocida por su influencia en distintos sectores del municipio, la
cual los amenaza verbalmente, calumnia públicamente al denominarlos «vagos marihuaneros» y
posteriormente los estigmatiza por redes sociales a través de publicaciones en
las cuales cuestiona la autonomía universitaria de los estudiantes de la
Universidad del Valle y su derecho a la movilización; en sus reiteradas
amenazas en contra de los estudiantes alude a que va perjudicarlos físicamente
por medio de su asociación con pandilleros aledaños a la Universidad del Valle
sede Yumbo”. Esta situación de señalamiento pone en riesgo la integridad de
los estudiantes.
Por otra parte en la ciudad
de Palmira el sábado 6 de octubre es amenazado Carlos Andrés Ipial, representante
estudiantil ante el Comité de Regionalización de la Universidad del Valle, ese
día recibió una llamada telefónica en la
cual un hombre le dice: "le estamos siguiendo la pista, lo mejor es que se
quede callado, eso acá no va a pasar". La intimidación verbal a través del
teléfono móvil se repite en dos ocasiones más y posterior a eso, el registro
del número celular del cual recibe la amenaza desaparece del teléfono móvil.
En el contexto actual
es importante y necesario tener en
cuenta que estos casos no son hechos aislados, sino que hacen parte de una
campaña de persecución a líderes y lideresas sociales que se viene dando en
todo el territorio nacional y que hasta
la fecha ha cobrado la vida de más 3oo líderes sociales en dos
años y medio.
El pasado 6 de julio denunciábamos las amenazas contra estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira, que se unían a panfletos y ataques a campesinos e
indígenas en los municipios de Pradera y Florida, evidenciando una “relación
con un trabajo de inteligencia que el paramilitarismo desarrolla en el
departamento del Valle del Cauca y que afecta a otros municipios del norte del
Cauca como Corinto y Miranda”. [1]
A continuación
reproducimos las denuncias realizadas
por la Federación de Estudiantes Universitarios
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