El 15 de noviembre, estudiantes de distintas universidades, centros educativos y diversos sectores de la sociedad del municipio de Palmira (Valle del Cauca) fueron atacados por la Fuerza Pública mientras exigían presupuesto para la educación, y del mismo modo protestaban contra la pretensión del Gobierno colombiano de imponer impuestos a la canasta
familiar. Leer:Evitan masacre contra estudiantes en Palmira
REMAP dialogó con estudiantes
de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle, cuyos testimonios dejan al descubierto que la Fuerza Pública violó acuerdos y atacó
cuando todo estaba controlado y se protestaba de manera pacífica.
Las protestas realizadas en Palmira (Valle del Cauca) que exigen presupuesto para la educación pública y rechazan la imposición del IVA a la canasta familiar, dejaron este jueves, 15 de noviembre, un saldo cuatro estudiantes heridos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Por el momento, no se reporta ningún detenido.
El
caso de mayor gravedad lo presenta un estudiante con una herida en su cabeza
que permanece en observación, y cuya lesión
está siendo valorada para identificar el tipo de arma utilizada por el ESMAD.
Es
de recordar que, durante las protestas, al igual que en otras ciudades del
país, los estudiantes han denunciado la utilización
de armas no convencionales y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD.
Y
el caso de Palmira reviste un agravante, en tanto que el ESMAD esperó hasta
llegada la noche para confrontar a los estudiantes. Por fortuna, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, y la Personería del municipio mediaron para evitar una “masacre”.
El
otro hecho de gravedad se presentó en la Clínica Palma Real de esta ciudad,
donde dos personas de civil, que decían
pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se
negaron a identificarse e intimidaron a una estudiante que se rehusó
a darles información e impedir que interrogaran al joven herido.
Por
estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones
sociales han lanzado una alerta temprana
por el riesgo que corre la vida de los estudiantes y frente a las posibles judicializaciones
que pueda emprender el Estado colombiano para reprimir la protesta social,
y hacen un llamado a la comunidad internacional para estar atentos,
solidarizarse y rechazar la represión y asesinatos contra líderes y lideresas
sociales que suman más de trescientos.
Nota: REMAP lamenta
utilizar este tipo de imágenes, pero no hay otra forma de presentar la
violencia del Estado contra la protesta social en Colombia.
Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.
Y en Palmira, ciudad del
suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de
la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el
Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
“El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas
tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto
apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde
Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa
del Territorio y el Agua.
Las torres de energía
traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las
fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.
“Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra
específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua,
acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies
nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma
Salcedo.
Las comunidades han
manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo
al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la
entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de
diversa índole.
“Dentro de las
irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho
una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es
decir, no se tiene claridad por parte de
la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el
trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de
Planeación de Palmira
Salcedo además
denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en
cuanto a la forma en la que el Grupo de
Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de
demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar
que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”,
siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.
Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira
sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha
radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin
embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.
“La administración
municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender
el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la
ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche,
de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese
proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.
