noviembre 2018
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El 15 de noviembre, estudiantes de distintas universidades, centros educativos y diversos sectores de la sociedad del municipio de Palmira (Valle del Cauca) fueron atacados por la Fuerza Pública mientras exigían presupuesto para la educación, y del mismo modo protestaban contra la pretensión del Gobierno colombiano de imponer impuestos a la canasta familiar.

Leer: Evitan masacre contra estudiantes en Palmira

REMAP dialogó con estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle, cuyos testimonios dejan al descubierto que la Fuerza Pública violó acuerdos y atacó cuando todo estaba controlado y se protestaba de manera pacífica.

Las protestas realizadas en Palmira (Valle del Cauca) que exigen presupuesto para la educación pública y rechazan la imposición del IVA a la canasta familiar, dejaron este jueves, 15 de noviembre, un saldo cuatro estudiantes heridos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Por el momento, no se reporta ningún detenido.

El caso de mayor gravedad lo presenta un estudiante con una herida en su cabeza que permanece en observación, y cuya lesión está siendo valorada para identificar el tipo de arma utilizada por el ESMAD.



Es de recordar que, durante las protestas, al igual que en otras ciudades del país, los estudiantes han denunciado la utilización de armas no convencionales y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD.

Y el caso de Palmira reviste un agravante, en tanto que el ESMAD esperó hasta llegada la noche para confrontar a los estudiantes. Por fortuna, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, y la Personería del municipio mediaron para evitar una “masacre”.

El otro hecho de gravedad se presentó en la Clínica Palma Real de esta ciudad, donde dos personas de civil, que decían pertenecer a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), se negaron a identificarse e intimidaron a una estudiante que se rehusó a darles información e impedir que interrogaran al joven herido.

Por estos hechos diversas organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales han lanzado una alerta temprana por el riesgo que corre la vida de los estudiantes y frente a las posibles judicializaciones que pueda emprender el Estado colombiano para reprimir la protesta social, y hacen un llamado a la comunidad internacional para estar atentos, solidarizarse y rechazar la represión y asesinatos contra líderes y lideresas sociales que suman más de trescientos.

Nota: REMAP lamenta utilizar este tipo de imágenes, pero no hay otra forma de presentar la violencia del Estado contra la protesta social en Colombia.

Redacción REMAP

Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.

Y en Palmira, ciudad del suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el Grupo de Energía de Bogotá (GEB).

El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa del Territorio y el Agua.

Las torres de energía traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.

Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua, acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma Salcedo.


Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.

“Dentro de las irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es decir, no se tiene claridad por parte de la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de Planeación de Palmira

Salcedo además denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en cuanto a la forma en la que el Grupo de Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”, siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.

Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.

“La administración municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche, de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.

Por: Alexander Escobar

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