Cuando el neoliberalismo habla de progreso, habla la muerte. Cientos de comunidades lo han comprobado a través de la historia. El megaproyecto Hidroituango es el referente más cercano a esta barbarie que desplaza y asesina a comunidades para imponer intereses económicos.
Y en Palmira, ciudad del
suroccidente colombiano, continúa la barbarie, se aproxima con el proyecto de
la Unidad de Planeación Minero Energética UPME-04 de 2014, el cual adelanta el
Grupo de Energía de Bogotá (GEB).
“El proyecto va a atravesar con una totalidad de 92 torres eléctricas
tipo gato, grandísimas, el cual trae 500.000 voltios; y es un proyecto
apalancado por el Grupo de Energía de Bogotá que se desprende desde
Hidroituango”, explica José Salcedo, integrante del Colectivo Pro-defensa
del Territorio y el Agua.
Las torres de energía
traen consigo daños a los ecosistemas de la zona, afectando especialmente las
fuentes hídricas y los acueductos comunitarios.
“Es un proyecto que atenta contra las fuentes hídricas, contra
específicamente el río Nima, el río Amaime, contra los yacimientos de agua,
acueductos comunitarios, contra las especies endémicas, contra las especies
nativas y obviamente contra la vegetación y las especies arbóreas”, afirma
Salcedo.
Las comunidades han manifestado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su rechazo al proyecto, y exigen que niegue el permiso para su ejecución. En octubre la entidad visitó a Palmira, donde recibió denuncias por irregularidades de diversa índole.
“Dentro de las
irregularidades hemos encontrado que el Grupo de Energía de Bogotá no ha hecho
una debida socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental, es
decir, no se tiene claridad por parte de
la comunidad ni de los actores sobre las posibles afectaciones que tendría el
trazado de este proyecto”, manifiesta Diego Mauricio Carrera, Secretario de
Planeación de Palmira
Salcedo además
denuncia que hubo “violación a los Derechos Humanos de las comunidades en
cuanto a la forma en la que el Grupo de
Energía de Bogotá accedió con mentiras a los predios para hacer unos temas de
demarcación”; y agrega que han utilizado reuniones y visitas para afirmar
que la comunidad acepta el proyecto, “cosa que es gravísima porque no es así”,
siempre las comunidades han dicho no a esta iniciativa.
Y la ANLA también ha actuado de forma irregular al trabajar en Palmira
sin notificar a la administración municipal, entidad territorial que ha
radicado dos oficios donde expone las irregularidades del proyecto. Sin
embargo, extrañamente, en octubre la ANLA dijo desconocer estos documentos.
“La administración
municipal está empeñada en solicitarle a la ANLA algún mecanismo para suspender
el trámite de la licencia (ambiental), y también estamos estudiando, de manera articulada con el Concejo municipal y la
ciudadanía, llevar a cabo una Audiencia Pública para que la ANLA escuche,
de primera mano, cuáles son las irregularidades que han llevado a cabo en ese
proceso y que la licencia sea negada”, concluye Carrera.
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