2019
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Se vuelve costumbre, o casi un accidente, pasar por alto aquello que tenemos más cercano. Lo anterior abarca, incluso, hasta desconocer el trabajo de la gente que nos rodea y comparte sueños, realidades y sacrificios.

Hace poco conocimos dos documentales realizados diez años atrás (2009) por nuestra compañera Ana Maritza Ramírez Echeverri. Descubrirlos fue reencontrar voces que resisten y no se resignan a un país sentenciado al olvido y la barbarie, voces que son rostros de vida que sobreviven y luchan a través de la memoria que no acepta como destino la muerte que la clase dominante trae gobierno tras gobierno.

Por ello con alegría y gran afecto en REMAP hoy presentamos Con la mano arriba y Pácora, caña y sol, por la dignidad de los corteros, dos documentales realizados por Ana Maritza y su equipo, y resguardados por el Festival de Cine Corto de Popayán.

Diez años han pasado para estos documentales, pero parecen tan vividos hace poco, que nos recuerdan que la memoria no son solo hechos, datos, experiencias o acontecimientos que rescatamos del olvido: es la memoria la capacidad de un pueblo para cambiar su presente a través de los sueños que nunca desaparecen, pues estos solo duermen, aguardan con sigilo, y se revitalizan día a día en los rostros de otras generaciones que materializaran las luchas y visiones de sus antepasados.

1. Con la mano arriba

Documental realizado desde las voces de quienes hicieron parte del partido político Unión Patriótica (UP) en el departamento del Cauca (Colombia). Con él se busca aportar a la memoria histórica desde el sentir de quienes hicieron parte de la UP, partido surgido en la década de los 80 como una luz de esperanza en el marco de los diálogos de paz, denominados “Cese al fuego, tregua y paz”, entre el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Belisario Betancourt, y la exguerrilla de las FARC-EP, pero que poco a poco el Estado y fuerzas paramilitares fueron apagando.

Dirección: Ana Maritza Ramírez Echeverri. Montaje: Hugo A. Rodríguez, Maritza Ramírez. Cámara: Oswaldo Palacios, Nicolás Muñoz, Cesar Peña, Ángela Astudillo. Sonido: Nilhem Díaz. Edición sonido: Rodolfo Chávez. Producción: Aida Lizeth Mera Prieto. Duración: 33:15. Año: 2009

Premios y festivales:
2009 - Selección Oficial Festival de Cine Corto de Popayán



2. Pácora, caña y sol, por la dignidad de los corteros

En el 2008 los corteros de caña del sur de Colombia se movilizaron para exigir mejores condiciones laborales. Este documental recoge la historia de su lucha por una vida más digna.

Dirección: Ana Maritza Ramírez Echeverri. Asistente de dirección, edición y montaje: Ángela María Astudillo Rivera. Guion: Maritza Ramírez, Ángela Astudillo. Script: Camilo Rodríguez Pulido. Cámara: Cesar Luis Peña Ávila, Ángela Astudillo. Sonido: Nicolás Muñoz. Iluminación: James Iván Larrea. Arreglo de color: Cesar Peña. Investigación: Oswaldo Palacios, Maritza Ramírez, Alexander Flores, David Peñalosa, James Iván Larrea, Camilo Rodríguez. Realización: Colectivo SurAlternativo. Producción: SINALCORTEROS, Maritza Ramírez. Duración: 26:30. Año: 2009.

Premios y festivales:
2009 – Mejor documental Festival de Cine Corto de Popayán

“No nos sentemos detrás de un computador, detrás de un micrófono a hacer radio, porque eso no es radio, radio es salir a investigar, conocer el ambiente en el que vivimos, de esa manera somos comunicadores indígenas, sino solamente vamos a ser programadores de música”, decía María Efigenia Vásquez Astudillo, comunicadora del resguardo de Kokonuko, convencida de que el camino es la comunicación comunitaria y solo es posible desde el conocimiento y la interacción con la comunidad.

María Efigenia asumió desde muy joven la lucha de su comunidad y la defensa de su territorio; usaba la radio para comunicar las tradiciones y las luchas de su pueblo. Cuando tenía solo 17 años comenzó a asistir a espacios de capacitación en comunicación comunitaria, con el tiempo, pasó a integrar el equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca.

El 18 de octubre de 2017, un proyectil acabo con sus sueños, en momentos en que cubría la movilización de los comuneros indígenas del resguardo de Kokonuko que reclamaban la propiedad colectiva del predio “Aguas Tibias”, un negocio turístico de termales que está en poder de un actor privado.


En medio de los enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la comunidad, se escucharon disparos -que venían del sitio donde estaba ubicado el ESMAD-, minutos después María Efigenia cayó herida al suelo, luego falleció en el Hospital San José de Popayán, a causa de, según el dictamen de Medicina Legal,  una  herida causada por un proyectil de arma de fuego de carga múltiple, que le produjo una herida cardiaca. El tipo de proyectil pudo ser de una escopeta o de un artefacto explosivo no convencional.

La denuncia realizada por la FLIP asegura que la guardia indígena solicitó el ingreso de una ambulancia para trasladar a la comunicadora a un centro médico, pero el vehículo nunca llegó debido a que, según el gobernador del Resguardo, el conductor afirmó que no le fue permitido ingresar al lugar. La comunidad entonces buscó un vehículo particular para trasladarla a un centro de salud, sin embargo, denunciaron que los uniformados intimidaron al conductor: “los del ESMAD se encontraban en parte de la carretera e incluso encañonaron al señor para que no la recogiera”, asegura un indígena testigo en el lugar de los hechos”.

Esta luchadora social de tan solo 31 años, era madre de tres hijos, hizo parte de la Guardia Indígena de su comunidad durante tres años y trabajaba de manera voluntaria en la emisora “Renacer Kokonuko” vinculada al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), único medio de comunicación del municipio de Puracé. Quienes trabajaron con ella la recuerdan como “una mujer sencilla, risueña, estudiosa, entregada al trabajo comunitario”.

A la comunidad del pueblo Kokonuko, al departamento del Cauca y a los procesos de comunicación alternativa, popular y comunitaria, les arrebataron una lideresa comprometida con la defensa del territorio, a una comunicadora popular convencida de la importancia del papel que juegan los medios de comunicación comunitarios en la transformación del país.

Ante la ausencia de garantías y la complicidad del Estado, en los territorios continúa el genocidio de líderes y lideresas sociales, sin embargo, las comunidades continúan organizándose y resistiendo desde sus diferentes contextos, desde la asamblea, la movilización o el ejercicio de comunicación popular se siguen tejiendo caminos de resistencia por los que han transitado lideresas como Efigenia Vásquez.


Trabajo gráfico realizado por Iskra


Redacción REMAP / Foto: Mural en homenaje a María Efigenia Vásquez, realizado por el colectivo Iskra en la ciudad de Popayán.


El pasado jueves, 6 de junio, fue asesinado por la Fuerza Pública Jefferson Trochez, un joven de solo 16 años, quien apenas comenzaba a vivir. Su asesinato ocurrió en la finca Vista Hermosa del municipio de Caloto, departamento del Cauca, en medio del desalojo que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejército realizaban contra comunidades indígenas que se encuentran asentadas allí desde hace tres años.

Quienes estaban presentes aseguran que el joven fue herido hacia las once de la mañana, y denuncian que, a pesar de la gravedad de las heridas, la Fuerza Pública lo arrastró y no permitió el paso de ningún delegado de Derechos Humanos, ni siquiera de la madre del menor, para verificar su estado de salud. Solo después de las dos de la tarde pudo ingresar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Para ese momento Jefferson estaba muerto y su cuerpo con signos de tortura, según denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes.

Para Andrea Sandoval, amiga del menor asesinado, la muerte de Jefferson produce indignación y sentimientos encontrados por la impotencia.“Yo como amiga y habitante de este territorio, digo que da mucha rabia y mucha indignación lo que pasó con Jefferson, y saber que murió en manos de la Fuerza Pública, más indignación le da a uno, porque se supone que ellos están es para protegernos, no para atentar contra las comunidades, no para matarnos”, expresó.

Según testigos de los hechos, “Jefferson quedó herido, él estaba vivo todavía y cada vez que la mamá y la defensora de Derechos Humanos Municipal daba un paso para llegar a donde estaba, el ESMAD tiraba gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento. No entendemos por qué no dejaban ingresar la mamá al menos, a ver cómo estaba, es que no daban ninguna explicación para impedir el ingreso de la mamá. Eso da para pensar que hay cosas turbias en este asesinato”, denuncian.

Jefferson era hijo de campesinos humildes, e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina del municipio de Caloto, organización que hace parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y de Marcha Patriótica, era defensor de Derechos Humanos y había sido miembro de la Guardia Campesina.

Quienes lo conocieron lo describen como un joven risueño, colaborador y muy comprometido, convencido de la necesidad de defender su comunidad y su cultura campesina.

La coordinadora de la Guardia Campesina, María Elena Gómez, lo recuerda así: “Él era un chico muy alegre que se vinculó a la Guardia Campesina cuando tenía 14 años y se retiró cuando tenía 15 años porque estaba estudiando y el tiempo no le daba para hacer las tareas; entonces yo le dije que se dedicara a estudiar, y que cuando tuviera la mayoría de edad podía volver a la guardia. Su muerte deja un vacío muy grande, engo muchos recuerdo con él, me queda la promesa que me hizo de que volvería a la guardia”.

Hasta el mes de mayo, según cifras de Indepaz, solo en el 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales en el país; y entre los años 2016 y 2018 la cifra registrada es de   681 líderes y defensores de derechos humanos asesinados que trabajaban por sus comunidades, por la defensa de sus territorios.

Tal es la magnitud del genocidio en Colombia que no deja tiempo de asimilar lo que está pasando, se termina naturalizando el asesinato, convirtiendo a líderes y lideresas sociales solo en cifras. Muchas veces ante el miedo y la impotencia se guarda silencio o en el peor de los casos, se intenta justificar el exterminio a través de campañas de odio y estigmatización.

El objetivo de asesinar a un líder social no es solo su desaparición física, con su muerte se envía un mensaje de terror a su comunidad, se rompe el tejido social, se fragmenta la organización, y las comunidades muchas veces se ven obligadas a desplazarse o a permanecer en silencio en sus territorios con la presencia constante de quienes siembran muerte y miedo.

Es así como con la muerte de Jefferson la comunidad pierde mucho, pierde a un joven comprometido, a un líder social, a un defensor de Derechos Humanos.

“Él tenía muchas ganas de luchar por la comunidad, él decía que le quería colaborar mucho a la gente, que quería trabajar mucho por el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que quería defender el territorio, los recursos naturales, nos va a hacer mucha falta, porque es un líder más que se nos va, un luchador que se nos va sin ver cumplido el sueño de crear la Zona de Reserva Campesina”, expresa la coordinadora de la Guardia Campesina.

Sergio Ordoñez, integrante de la Asociación Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto, al igual que el resto de la comunidad, no deja de sentir impotencia mientras lo describe como un muchacho muy educado que no se metía con nadie, que quería trabajar por su comunidad”.

Jefferson fue un joven que siempre estuvo presente para defender a la comunidad y el territorio. Antes de ser asesinado por la Fuerza Pública, Ordoñez lo recuerda participando en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, donde estuvo presente en el punto de concentración de El Cairo (Cajibío), viéndosele a todo momento como “un muchacho alegre, siempre presto a colaborar, muy respetuoso, con mucho compromiso y ganas de aprender”.

La ira y el dolor generalizado por el asesinato de un joven que apenas estaba comenzando a vivir se siente en el ambiente de Caloto, del mismo modo que la ausencia de garantías para la labor de lideresas y líderes sociales también es palpable en Colombia, traduciéndose en un genocidio comprobable en las cifras y la complicidad del Gobierno que no actúa y niega la sistematicidad de los asesinatos, los cuales, en casos como este, involucran directamente a la Fuerza Pública.

“Como integrante de la asociación siento mucha rabia. El Gobierno habla con su Fuerza Pública de un respeto a los derechos, pero, ¿cuál es el respeto?, lo que hacen es una violación a la vida de un ser humano, a un jovencito que apenas estaba comenzando a conocer la vida. No vemos una sola razón, si es que puede existir alguna, para que lo hayan asesinado”, concluye con indignación y dolor Sergio.

“Porque mordaza
sos muchisimo más que un trapo sucio
con gusto a boca libre y a puteada
sos la ley malviviente del sistema
sos la flor bienmuriente de la infamia”
Oda a la Mordaza, Mario Benedetti


Tras la publicación del artículo “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales” (New York Times, 18/05/2019), en el que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas denunciaron tener órdenes de duplicar las bajas a cualquier costo, incluso si ello implicaba aliarse con grupos criminales (el regreso a las políticas que incentivaron las ejecuciones extrajudiciales conocidas como Falsos Positivos), el ejército colombiano inició una cacería de brujas para identificar la filtración, pues fuentes de alta confiabilidad aseguraron al diario El Espectador que el Ejército colombiano estaría interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división, para saber quién le dio la información al NYTimes.

Las filtraciones que recibió el NY Times también fueron entregadas previamente a la Revista Semana, la cual decidió no publicarlas, tras una comida en Palacio entre el presidente Iván Duque y los dueños de dicha revista-Gabriel Gilinski y Felipe López, después de la cual se dio la visita del saliente Secretario General de Presidencia  Jorge Mario Eastman  a la Revista Semana, en la que el funcionario supo de la investigación. El Director de dicho semanario, Alejandro Santos, familiar del ex- Presidente de Colombia, le explicó al medio La Silla Vacía en el artículo "Semana tenía la investigación del New York Times”, que la visita de Eastman se hizo  por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa (fue viceministro de defensa de Uribe dos veces). El periodista Daniel Coronell fue despedido de la revista Semana dos días después de referirse a estos hechos en su columna “La explicación pendiente”, cuestionando el ocultamiento en estos términos:

"¿Por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero? ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las ordenes incluían la instrucción de "no exigir perfección" en el momento de efectuar operaciones militares? ¿Por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?".

A Daniel Coronell su ética y coraje profesional le ha costado su tranquilidad y la de su familia, pues tuvo que exiliarse debido a los seguimientos, chuzaDAS y amenazas de muerte contra él y su familia provenientes del computador del ex-congresista Carlos Nader Simmonds (quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, y es amigo cercano de Álvaro Uribe Vélez). Las investigaciones y denuncias que realizó durante el gobierno de Uribe Vélez, y que comprometían al gobierno colombiano, fueron el detonante de su exilio.

Los Corresponsales Nicolas Cassey (autor del artículo) y Federico Ríos del New York, tuvieron que abandonar el País, después de que la Senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, refiriéndose a dicho artículo, los señalara de ser amanuenses de FARC, poniendo en grave riesgo su vida, pues en Colombia, según el informe “TODOS LOS NOMBRES, TODOS LOS ROSTROS” de INDEPAZ y Marcha Patriótica, tras la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 133 excombatientes y 681 personas líderes sociales y defensoras de DDHH, quienes también fungían como voceros de sus comunidades. Cabal, recordada por su frase “Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”, es esposa de José Félix Lafaurie, político y actual Presidente de FEDEGAN, gremio ganadero que -según los artículos “FEDEGAN y el conflicto armado” de Razón Pública,  y “Ex embajador Jorge Visbal Martelo a juicio” de Verdad Abierta-, ha sido responsable de financiar el paramilitarismo y beneficiarse con grandes extensiones de tierras despojadas.

Es inquietante que en Colombia se le niegue el derecho a la información a la ciudadanía, y también que se usen mecanismos de censura indirecta o represalias contra periodistas críticos. Estos no son hechos aislados: desde hace décadas Colombia ha sido uno de los países más peligrosos para el periodismo. Hay investigaciones que dan cuenta de la sistematicidad de este fenómeno: “Un estado depredador de la Libertad de Prensa” (Fundación para la Libertad de Prensa, 2017), el informe “La Palabra y el Silencio” (CNMH, 2015), “La Prensa Silenciada” (Osuna, 2009), “La Espiral del Silencio” (Insuasti, 2018), son algunos de los títulos que recogen la mordaza impuesta por el Estado y los paramilitares durante el conflicto y hasta la fecha.

Desde el Observatorio Periodístico del Conflicto Armado nos solidarizamos con todas aquellas personas que tanto en los grandes medios, como desde los medios comunitarios, se juegan la vida en cada investigación, y están comprometidas con la verdad en cada publicación.

Existen en el Gobierno sectores que le tienen miedo a que se sepa la verdad del conflicto armado, y recurren a prácticas que violan el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece como Derecho Fundamental, que en este país “no habrá censura”. Solamente mediante  la construcción de una verdad completa de los hechos del conflicto armado, de ayer y de hoy, se podrá construir una paz estable y duradera.

Por: David Escobar

A los 71 días del asesinato del artista de RAP, joven y líder social Edwin Andrés Grisales Galvis en el municipio de Sevilla (Valle del Cauca), se escribe este artículo con la intención de visibilizar el poco interés y/o incapacidad de las instituciones judiciales y policiales del municipio de Sevilla para investigar y dar captura a los responsables materiales e intelectuales de segar la vida de los liderazgos sociales.

Leer: Artistas exigen justicia por asesinato de Edwin Grisales

Edwin Andrés Grisales Galvis fue un joven integrante de la Fundación Social y Cultural Red de Hip-Hop del municipio de Sevilla y, a su vez, de la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO), organizaciones que desde hace casi una década adelantan procesos culturales, políticos y sociales en el territorio sevillano, para brindar oportunidades de vida a jóvenes y comunidades de sectores vulnerables.

El crimen contra Edwin fue perpetuado el lunes 25 de marzo del 2019 a las 23:00 horas en el Barrio belén por grupos armados aún no identificados. Dos días después del asesinato de Edwin, se cita a su hermano y defensor de Derechos Humanos, Jhon Freddy Grisales, a una sesión del consejo de seguridad para presentar el caso ante las autoridades municipales; en dicha reunión, uno de los funcionarios locales dice, después de que Jhon Freddy manifestara que las denuncias se estaban presentando ante instituciones del orden departamental y nacional, “los organismos locales tenemos la capacidad de investigar y dar captura a los responsables del crimen de su hermano, por tardar en un mes tendremos resultados de los responsables”.

El día jueves 28 de marzo del 2019, tres días después del asesinato de Edwin, se realiza una reunión con integrantes de las centrales de inteligencia: SIJIN, SIPOL(1) y de la policía de Sevilla, quienes también expresaron una supuesta disposición para dar con el paradero de los responsables. 

Leer: Arte Popular contra el genocidio

El día 10 de abril del 2019, en horas de la mañana, en reuniones con funcionarios de la Fiscalía de Sevilla, quienes desde la estructura del Estado son los principales responsables del proceso de investigación, se manifestó expresamente que debíamos ser nosotros (la familia de Edwin Andrés Grisales), quienes debíamos conseguir y entregarle pruebas a la fiscalía para ellos poder avanzar en la investigación, porque supuestamente ellos no contaban con la capacidad. 

Es necesario destacar que a los ciudadanos no se les puede insinuar o delegar funciones de “investigación”, por no ser estos quienes tienen las competencias constitucionales y legales para desarrollar dicha labor. ¿Será que ahora en Sevilla los familiares de los líderes sociales (victimas), serán quienes deben investigar porque la Justicia en Sevilla no tiene la capacidad o el interés?

Hoy 5 de junio se cumplen 71 días del asesinato del Edwin Andrés Grisales Galvis y las autoridades locales aún no han sido capaz de mostrar avances en capturas o acusaciones contra los responsables de dicho crimen.

Esta situación nos conlleva a preguntarnos: ¿Por qué la justicia actúa de forma rápida y eficaz contra los crímenes de personas adineradas y/o de personalidades de la vida pública, pero, cuando se trata de liderazgos locales y de personas humildes estos crímenes se quedan en la impunidad?

¿Será que, para la fiscalía y policía local, las personas balen por lo que tienen (dinero o poder) y no por su condición de seres humanos?

¿Será que las instituciones locales no tienen capacidad de investigar y de judicializar a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos a líderes sociales?

¿Será que las autoridades locales no actúan con contundencia porque Edwin Andrés Grisales era un joven que expresaba un pensamiento de disidencia y rebeldía contra el régimen político actualmente vigente?

¿Será que las instituciones judiciales de Sevilla y del Valle del Cauca, no avanzan en la producción de capturas y obtención de pruebas porque no quieren o porque no tienen capacidad? 

Los anteriores hechos nos llevan a afirmar que, en Sevilla, la Fiscalia, SIJIN y SIPOL no tiene interés y/o capacidad para investigar el asesinato de líderes sociales y, por ende, la impunidad de los asesinatos a líderes sociales reina en Sevilla.

El Asesinato de Edwin se suma a los más de 88 líderes y excombatientes asesinados(2)  en lo que va corrido del año en Colombia y a los más de 837 desde que se firmó el acuerdo de paz de La Habana, en los que la incapacidad del Estado para investigar, capturar y judicializar sigue siendo el común denominador de estos hechos.

¡Que la paz no nos cueste la vida!
¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio!
¡No más impunidad contra el asesinato de líderes sociales y políticos!

*Jhon Freddy Grisales es integrante de la Fundación Social y Cultural Red de Hip-Hop de Sevilla y la Red de Artistas Populares del Suroccidente (RAPSO)

Por: Jhon Freddy Grisales


____________
(1) Seccional de inteligencia Policial (SIPOL)
(2)   https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-135-excombatientes-habrian-sido-asesinados-desde-firma-del-acuerdo-articulo-862367


Con el objetivo de avanzar en la construcción participativa a la solución definitiva al problema de las drogas en Colombia, nos reunimos en la audiencia Pública sobre Política Antidrogas, más de 800 delegados y delegadas de diversas organizaciones del país, principalmente de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, representantes de COCCAM, CNA, PUPSOC-Marcha Patriótica, CIMA, FENSUAGRO, Mesa Campesina Cauca, Congreso de Los Pueblos, CRIC, ONIC y parlamentarios de diversos partidos y movimientos políticos como: Decentes, Colombia Humana, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Polo Democrático, Alianza Verde, partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical, escenario del que se desprendieron insumos valiosos para la solución del problema de drogas en Colombia. 

El sentir desde los territorios, en la voz de las organizaciones sociales, se expresaron respecto a los flagelos a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y el medio ambiente derivados de la actual política antidrogas y el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Adicionalmente, se expusieron alternativas que nacen desde la percepción de las comunidades y los territorios. Lo que se convierte, en insumos fundamentales para la construcción de una ruta de trabajo para abrir la discusión nacional sobre el enfoque de la política antidrogas en el país.

En esta dirección, se acordó:

1.  Insistir en la articulación de trabajo parlamentario con las organizaciones sociales respecto a la defensa de la vida, los Derechos Humanos y el Medio Ambiente a través del rechazo y medidas de contención respecto a la política antidrogas del actual gobierno.      
2.    Posicionar en el debate político nacional la necesidad de un cambio de enfoque de la política antidrogas. 
3.  Desarrollar escenarios participativos para la construcción de proyectos de Ley y debates de control político sobre la política antidrogas. 
4.  Defender e impulsar la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el punto cuatro en articulación con la Reforma Rural Integral. 
5.   Articular esfuerzos para reversar el Proyecto de Ley 003 que pretende reformar la Ley 160 de Reforma Agraria y el decreto 902. 



Fumigarnos no es la solución 

Este jueves, 30 de mayo, en la ciudad de Cali diversos partidos y organizaciones sociales, cívicas y comunitarias oficializaron que disputarán el poder electoral en el departamento del Valle del Cauca. Reunidos bajo acuerdos políticos y programáticos, en un proceso que han denominado como “Convergencia”, aspiran a ser opción de poder en el departamento.


“Con la participación de los partidos y movimientos políticos de izquierda, alternativos y movimientos sociales se declara conformada la Convergencia por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la paz, la producción y la equidad social y económica de los vallecaucanos y vallecaucanas”, indicó la Convergencia.

Según comunicado oficial, la Convergencia está integrada por la Unión Patriótica, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Colombia Humana, así como otras expresiones sociales y organizativas del departamento.

Para la Convergencia, unirse tiene como prioridad ganar las elecciones del 27 de octubre, donde aspiran “derrotar las fuerzas que tradicionalmente han gobernado al Valle del Cauca y sus municipios, hacer de nuestro departamento una región del buen vivir, protegiendo el agua y el medio ambiente; superando la explotación minero energética, los monocultivos de caña, recuperando la vocación agroindustrial del Valle del Cauca y avanzando en la equidad social y económica para todos los grupos poblacionales que habitan nuestros territorios”.

A continuación, el comunicado oficial de la Convergencia:


DECLARACIÓN POLÍTICA
NACE CONVERGENCIA PARA GANAR Y SER PODER ALTERNATIVO EN EL VALLE DEL CAUCA

Sectores políticos y sociales Alternativos se unen en una convergencia programática y ética para ser opción política y ganar las elecciones regionales y locales en el Valle del Cauca. Con la participación de los partidos y movimientos políticos de izquierda, alternativos y movimientos sociales se declara conformada la Convergencia por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la paz, la producción y la equidad social y económica de los vallecaucanos y vallecaucanas.

Los delegados y delegadas de los partidos y movimientos, Unión Patriótica, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Colombia Humana, acordamos unirnos para ganar las elecciones del 27 de octubre, para derrotar las fuerzas que tradicionalmente han gobernado al Valle del Cauca y sus municipios, hacer de nuestro departamento una región del buen vivir, protegiendo el agua y el medio ambiente; superando la explotación minero energética, los monocultivos de caña, recuperando la vocación agroindustrial del Valle del Cauca y avanzando en la equidad social y económica para todos los grupos poblacionales que habitan nuestros territorios.

Anunciamos entonces que esta es una Convergencia Programática y Ética por la vida, el territorio, la paz con justicia social y la unidad en la pluralidad, la defensa de la producción y el trabajo nacional, con enfoque diferencial de género, diversidad y étnico. Proponiéndonos, en principio, ser alternativa electoral y política en nuestro departamento, ganar y gobernar allí donde obtuvimos resultados importantes en las contiendas electorales más recientes.

Invitamos a los movimientos sociales, de trabajadores y trabajadoras, comunitarios, estudiantiles, indígenas, afros, solidarios, barriales, comunales, juveniles, de mujeres, LGTBI a unirse a la Convergencia en la idea de participar unidos en la disputa por los cargos uninominales de elección popular y listas unificadas a corporaciones públicas en los municipios del Valle del Cauca.

Finalmente llamamos a apoyar un pacto político y social para eliminar la violencia y las armas como método político de resolver las diferencias, apoyar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana y la reanudación de las conversaciones con el ELN para alcanzar la reconciliación y la paz en nuestros Territorios.

VIVA LA CONVERGENCIA POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA PAZ, LA PRODUCCIÓN, LA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS, LA EQUIDAD Y LA UNIDAD

Santiago de Cali, 30 de mayo de 2019

Redacción REMAP

Como resultado de la movilización de la Minga Social por la Vida, el Territorio y la Paz en la que se encontraron comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes,  se concretaron algunos acuerdos con el Gobierno nacional, entre ellos el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y la reactivación de la Mesa Campesina, escenario que debía contar con la delegación de diferentes ministerios del Gobierno el día de hoy, 30 de mayo de 2019, en la ciudad de Popayán.

Ante el nuevo incumplimiento del Gobierno al campesinado colombiano, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) emiten el siguiente comunicado:


Gobierno le incumple  nuevamente al  Campesinado

Como acuerdo de la Minga Social, especialmente con el campesinado, pactamos la reactivacion de la Mesa Campesina  en la ciudad de Popayán para el día de 30 de Mayo de 2019.

A pesar de las  comunicaciones  continuas que intentamos realizar, sólo hasta el día de ayer, 29 de mayo, nos notifican que no se realizará la reunión.

Nuestra delegación se ha traslado desde diferentes Municipios del departamento del Cauca, invirtiendo tiempo y recursos, cargando sobre sus espaldas la esperanza de construir la política  pública,  pactar la compra  y mejora de vivienda, organizar la compra de tierras  y definir la inversión en  proyectos productivos.

Es un mensaje violento del Gobierno Nacional, El Gobierno  estará  hoy, en Popayán, en la Mesa Nacional de garantías: El show debe continuar, seguirán las mesas, se construirán protocolos, se establecerán  escenarios de coordinación  y al mismo tiempo  seguirán asesinando a nuestros compañeros y compañeras, seguirán incumpliendo a los acuerdos pactados.

Nos llaman a la violencia, pero debemos  insistir  en el diálogo. No crean que hemos olvidado como hemos alcanzado históricamente nuestros derechos.

FENSUAGRO - PUPSOC



Congresistas de diferentes partidos políticos constituyen una alianza para presentarle al país una nueva propuesta de política antidrogas que se entregará en la siguiente legislatura. Para el 31 de mayo en Popayán está prevista la audiencia pública sobre este tema.

Por: Coordinación de medios alternativos y populares del suroccidente

La política antidrogas en Colombia ha sido un fracaso total, los costos económicos son desastrosos. En quince años las cifras de la guerra sumaron 140.600 millones de dólares, de los cuales 9.600 millones fueron aportados por EE.UU para promover el Plan Colombia(1). El erario solo vislumbró cómo se malgastaron miles y miles de millones en una política que no tuvo resultados efectivos.


Hoy vuelve al debate público una nueva propuesta de política antidroga que atienda integralmente el problema, así lo hicieron saber congresistas de distintos partidos políticos que, en una alianza multiparlamentaria, presentarán en la próxima legislatura un paquete de proyectos de ley en torno a este problema.


“Vamos a formular una nueva política de drogas para el país. El fenómeno del narcotráfico está en la base de otra serie de problemas que afectan hoy en día a la sociedad colombiana. Por eso hemos consideramos que no podemos seguir insistiendo una política denominada lucha contra las drogas. Luego de 30 años se ha demostrado el fracaso. La nueva política de drogas debe estar formulada a partir de nuestras necesidades y de realidades como nación, no como producto de imposiciones de políticas que están formuladas a partir de los intereses geoestratégicos de los Estado Unidos”, expreso el senador Carlos Antonio Lozada del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Uso medicinal de la marihuana en el Cauca
Por su parte, Pablo Catatumbo, senador de la nueva colectividad política surgida de la firma del Acuerdo de Paz, expuso que las evidencias son claras en el fracaso de la política de drogas que ha estado presente en Colombia.

“Para acabar con este fenómeno es urgente reorientar la política antidrogas hacia el combate de la industria multinacional ilegal de las drogas ilícitas. No puede seguir haciendo carrera la lucha contra el campesino cultivador, allí no radica el problema. Solo por citar un ejemplo: tan solo en once años comprendidos entre el 2005 y el 2014 fueron erradicadas de manera manual y forzosa 346.371 hectáreas de coca que tuvo un costo de 7.9 billones de pesos. Mediante aspersión aérea otras 1.110.601 hectáreas fueron fumigadas con glifosato costándole al erario público 79.9 billones de pesos. El valor por hectárea para estos años fue de 23 millones de manera manual y 72 millones por vía aérea. Aunque para el exministro Gaviria, erradicar de manera definitiva una hectárea vale al año 70.000 dólares (210 millones de pesos)”, manifestó Catatumbo.


Otros de los congresistas que se refirió al tema fue el senador Armando Benedetti del partido de la U, invitó a estudiar el punto 4 del Acuerdo de Paz, donde están contenidos elementos transversales para enfocar el problema y lograr darle solución, tales como: sustitución voluntaria a los cultivos de uso ilícito; el consumo como un problema de salud pública; el combate a organizaciones ilegales que se lucran de esta industria multinacional ilegal, así como la lucha contra la corrupción derivada de este fenómeno.


Convertir estos aspectos en leyes y políticas públicas propiciará la constitución de un nuevo marco legal y de acción para la puesta en marcha de iniciativas que pongan fin al flagelo que vive la sociedad.

El bloque de congresistas para llevar al Congreso esta novedosa propuesta ya está conformado, las organizaciones de cultivadores de coca, marihuana y amapola agremiados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) han saludado esta iniciativa de lucha contra la industria multinacional de las drogas ilícitas, y el próximo 31 de mayo en Popayán se llevará a cabo la primera audiencia pública sobre este aspecto, luego del acuerdo multiparlamentario.


Reportaje realizado en diciembre de 2016

La COCCAM es un acumulado de un antiguo proceso de creación de comités y coordinaciones de cocaleros en las veredas, municipios y departamentos, que nació con el ánimo de exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz en materia de sustitución.

Por: Coordinación de Medios Alternativos / Imágenes: Toribío, marihuana y paz


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