Los
hechos ocurrieron el pasado jueves, 28 de febrero, cuando el joven Johnier Andrei Flórez Rincón, psicólogo e
integrante de la Comisión Electoral del partido, fue interceptado en horas
de la mañana mientras se dirigía a su residencia por hombres armados que se
desplazaban en una motocicleta sin placas.
“Posteriormente
el sujeto que iba de parrillero le
amenaza con un arma de fuego diciéndole: ‘Dejá de molestar con temas
electorales’; mientras esto ocurría el
conductor de la moto le decía: “¡Pegáselo!, ¡pegáselo!”, haciendo alusión a que
le disparara. Finalmente, los dos hombres se marchan, no sin antes que el
sujeto del arma le advirtiera: ‘Ya sabés, dejá de joder con eso’”, advierte el
comunicado.
Las
amenazas se dan en un contexto donde diversas fuerzas sociales y varios
partidos como la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, la Unión
Patriótica y la FARC, adelantan trabajo alrededor de una convergencia con miras
a las contiendas electorales del próximo mes de octubre.
En
este contexto preocupa que integrantes
de la dirección del partido Alianza Verde en Palmira hayan estado en peligro el
pasado miércoles, 27 de febrero, en una situación que también involucra a
hombres armados que intentaron ingresar a su sede en horas de la noche.
Según
denunció la dirección del partido, “dos sujetos que se movilizaban en una
motocicleta y portando armas de fuego intentaron irrumpir en el recinto,
afortunadamente y para tranquilidad de los siete directivos y el concejal de la
colectividad que estaban presentes en la reunión, no pudieron abrir la reja de
seguridad, lo que impidió su ingreso” (Ver comunicado).
Dos
partidos bajo amenaza en menos de una semana prenden las alarmas en el municipio
de Palmira, más cuando son partidos que integran la convergencia que disputará
el poder local en las próximas contiendas electorales.
Por
lo anterior, diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno
local, departamental y nacional brindar todas las garantías para el ejercicio
de la oposición política y proteger la vida e integridad de las personas
amenazadas, máxime cuando el número de
líderes y lideresas sociales sobrepasa la cifra de 430 personas asesinadas en
poco más de dos años, sin que el Gobierno colombiano haya tomado medidas efectivas para su
protección.
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