Con arma de fuego amenazan a integrante de FARC en Palmira

Este fin de semana el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), a través de un comunicado, denunció que uno de sus integrantes fue amenazado con arma de fuego en la ciudad de Palmira (Ver comunicado).

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 28 de febrero, cuando el joven Johnier Andrei Flórez Rincón, psicólogo e integrante de la Comisión Electoral del partido, fue interceptado en horas de la mañana mientras se dirigía a su residencia por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta sin placas.

“Posteriormente el sujeto que iba de parrillero le amenaza con un arma de fuego diciéndole: ‘Dejá de molestar con temas electorales’; mientras esto ocurría el conductor de la moto le decía: “¡Pegáselo!, ¡pegáselo!”, haciendo alusión a que le disparara. Finalmente, los dos hombres se marchan, no sin antes que el sujeto del arma le advirtiera: ‘Ya sabés, dejá de joder con eso’”, advierte el comunicado.

Las amenazas se dan en un contexto donde diversas fuerzas sociales y varios partidos como la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y la FARC, adelantan trabajo alrededor de una convergencia con miras a las contiendas electorales del próximo mes de octubre.

En este contexto preocupa que integrantes de la dirección del partido Alianza Verde en Palmira hayan estado en peligro el pasado miércoles, 27 de febrero, en una situación que también involucra a hombres armados que intentaron ingresar a su sede en horas de la noche.

Según denunció la dirección del partido, “dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y portando armas de fuego intentaron irrumpir en el recinto, afortunadamente y para tranquilidad de los siete directivos y el concejal de la colectividad que estaban presentes en la reunión, no pudieron abrir la reja de seguridad, lo que impidió su ingreso” (Ver comunicado).

Dos partidos bajo amenaza en menos de una semana prenden las alarmas en el municipio de Palmira, más cuando son partidos que integran la convergencia que disputará el poder local en las próximas contiendas electorales.

Por lo anterior, diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno local, departamental y nacional brindar todas las garantías para el ejercicio de la oposición política y proteger la vida e integridad de las personas amenazadas, máxime cuando el número de líderes y lideresas sociales sobrepasa la cifra de 430 personas asesinadas en poco más de dos años, sin que el Gobierno colombiano haya tomado medidas efectivas para su protección.

Redacción REMAP