Este miércoles, 20 de marzo, la Minga Social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz denunció que las comunidades que permanecen en el punto de concentración del municipio de Cajibío, sector El Cairo, corren serio peligro por la presencia de personas vestidas de negro que han activado artefactos explosivos.
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“Desde
las 6:30 de la tarde, las comisiones de seguridad y de garantías y derechos
humanos, del sitio de concentración, constataron
que en tres oportunidades individuos vestidos de negro se acercaron a escasos
metros de la concentración, y tan pronto advirtieron que se acercaba una
comisión de campesinos, los desconocidos emprendieron la huida y, en uno de los casos, uno de los individuos
lanzó un artefacto explosivo”, denunció la Minga.
Señalaron,
además, que los hostigamientos se prolongaron hasta horas de la noche, cuando
las comunidades descansaban luego de realizar una jornada pedagógica en la vía
Panamericana. Advirtieron que entre las
9:40 y 9:42 de la noche, en inmediaciones al sitio de concentración, continuaron
escuchando “el sonido de artefactos explosivos”.
También
denuncian el trato represivo que han recibido por parte de la Fuerza Pública la
Comisión de Derechos Humanos y las comunidades de la Minga indígena y campesina, anotando que este miércoles,
20 de marzo, un campesino fue golpeado durante una requisa.
Relatan
que “cerca de las 10:30 de la mañana, en un puesto de control policial, varios
integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) proceden a requisar a un
grupo de campesinos. Un integrante del
ESMAD les grita que eran unos flojos y que los iban a golpear a todos. Por lo
cual (el campesino) Isaías Camayo le dice que se iban a defender, e
inmediatamente un integrante del ESMAD procedió a golpearlo en el abdomen y en
el costado dorsal”.
Leer: Reiteran que Fuerza Pública sí disparó contra la Minga
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Por
estos hechos, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Minga Social ha
lanzado una alerta temprana a la comunidad nacional e internacional exigiendo garantías al Gobierno colombiano
para el ejercicio de la protesta social, y responsabilizando a la Fuerza
Pública por las acciones que ésta
pueda cometer “en contra de la vida, integridad y libertad personal de las
comunidades campesinas movilizadas en El Cairo (Cajibío)”.
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