Leer: ESMAD golpea a periodista y retiene sus equipos
“Rechazamos
y deploramos la agresión hacia la comisión de la defensoría del pueblo,
manifestamos nuestra solidaridad el señor defensor Felipe Vernaza y su equipo
de trabajo, quienes han desarrollado una labor extraordinaria con quienes nos
encontramos en los puntos de movilización”, afirma el comunicado.
Además,
la comisión política aclaró que estas agresiones fueron ocasionadas por “provocadores”
ajenos a la protesta pacífica que adelantan las comunidades campesinas, indígenas
y afrodescendientes en el punto de El Cairo.
“Nuestros
protocolos de seguridad y acción serán mejorados continuamente, no permitiremos
la permanencia de provocadores y haremos lo que se encuentre en nuestras
posibilidades para garantizar un ejercicio de movilización acorde a nuestros
principios y que prioricen el dialogo y la negociación”, expresaron los
manifestantes.
De
igual manera denunciaron que han sido víctimas de represión por parte del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMAD), fuerza estatal que ha dado un trato de guerra,
militar, a la protesta pacífica que adelantan a través de un ejercicio
pedagógico con la comunidad. Uno de los casos más graves ocurrió el jueves, 14
de marzo, cuando el defensor de Derechos Humanos, Edward Hoyos, fue herido en el rostro y el cuerpo por el ESMAD.
En
el comunicado, la comisión política también reconoce la labor de organizaciones
internacionales, nacionales e instituciones que han hecho presencia en la zona.
“Reconocemos
el esfuerzo de la secretaria de Gobierno del Cauca, las Naciones Unidas, La
MAPP-OEA, las redes de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, con quienes
nos hemos encontrado en nuestro punto de concentración y quienes han sido
testigos del ejercicio pedagógico realizado”, expresa la comisión.
Hasta
el día de hoy, la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y
la justicia social, ubicada en varios municipios del Cauca y lugares de la vía
Panamericana, aún aguarda por la presencia del Presidente de la República para instalar
una mesa de negociación que permita poner final al paro de las comunidades
indígenas, campesinas y afrodescendientes del suroccidente colombiano.
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